El Servicio de Evaluacion Ambiental (SEA) da inicio a proceso de información pública de la Central Termoeléctrica Mejillones Unidad 2 perteneciente a Engie Energía Chile S.A. El procedimiento contemplado en el artículo 25 quinquies de la Ley Nº19.300, de Bases Generales del Medio Ambiente, establece la posibilidad de revisar una RCA, por el titular de un proyecto como por parte del afectado. “Cuando ejecutándose el proyecto, las variables evaluadas y contempladas en el plan de seguimiento sobre las cuales fueron establecidas las condiciones o medidas, hayan variado sustantivamente en relación a lo proyectado”. La solicitud apunta a la revisión de variaciones sustantivas en la calidad del aire y agua marina, así como afectaciones a la macrofauna y la abundancia de especies en la zona.
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La Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental, que oficia como secretaría del Comité de Ministros, resolvió rechazar el recurso de reposición presentado por la empresa Anglo American, en el que pedía excluir siete reclamaciones ciudadanas presentadas por comunidades y organizaciones ambientales.
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Un Estado que garantice la protección del medio ambiente y el bienestar de la población
30 julio 2020 – Declaración frente a los convenios suscritos entre la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables y el Servicio de Evaluación Ambiental
El año 2018, en el marco de la agenda pro inversión, el Presidente Sebastián Piñera creó por decreto la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables (GPS), dependiente del Ministerio de Economía. El objetivo declarado de esta iniciativa era agilizar el proceso de autorización y aprobación de proyectos de inversión priorizados por el gobierno.
Los proyectos que ha respaldado esta oficina están tan alejados del concepto de sustentabilidad, que encontramos proyectos como Mina Invierno, Mina Los Pelambres, el Data Center de Google y la ampliación del Tranque de relaves Talabre. A pesar de encontrarnos en medio de una crisis climática, sanitaria y económica, que nos obliga a pensar otras formas de relacionarnos con la naturaleza, la labor de la Oficina GPS muestra la obstinación del Gobierno con un modelo de desarrollo que llegó a su límite: tenemos que detener la destrucción de los ecosistemas y la contaminación de los territorios.
Un punto totalmente reprochable de la forma de operar de la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables, es su relación con la Evaluación Ambiental de los proyectos que respalda. En primer lugar, la GPS funciona como secretaría ejecutiva de un Comité Asesor de Proyectos, integrado por las subsecretarías de distintos Ministerios que luego deben participar en la Calificación Ambiental de los mismos proyectos, eliminando cualquier posibilidad de imparcialidad.
En segundo lugar, la Oficina GPS ha traspasado sumas de hasta $92 millones al Servicio de Evaluación Ambiental1 para facilitar la tramitación de los proyectos que patrocina, ejerciendo una influencia que es a todas luces ilegítima. Esto ha quedado recientemente en evidencia, a propósito de la evaluación del proyecto Los Bronces Integrado, de la compañía Anglo American, donde una profesional contratada a honorarios por el SEA con dineros provenientes del Ministerio de Economía, coordinó las reuniones de lobby del titular con los órganos de la Administración del Estado que participan en la calificación ambiental del proyecto.
Esta práctica, que vulnera los ámbitos de acción de los organismos de la institucionalidad ambiental y que es reñida con la probidad, al favorecer intereses privados sobre el interés público, nos parece inaceptable. Estamos frente a un gobierno que ha destinado fondos públicos para facilitar la tramitación de proyectos que impactan los bienes comunes y la salud de las personas, haciendo caso omiso de la igualdad ante la ley. Estas prácticas deslegitiman aún más al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, erosionando su correcta operación, cuyo objetivo debiese ser la promoción del desarrollo sostenible y la prevención efectiva de impactos significativos. Solicitamos a la Cámara de Diputados la constitución inmediata de una Comisión Investigadora para fiscalizar esta situación y evitar que continúe.
1 https://interferencia.cl/sites/default/files/31_enero_2020_convenio_economia_sea.pdf
Firman
1. Agrupación Aisén Reserva de Vida
2. AIDA – Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente
3. Antuko Resiste, Movimiento Socioambiental Antuco
4. Alerta Isla Riesco
5. Asamblea Ciudadana Última Esperanza
6. Asociación gremial de hostales y afines Natales
7. Axe Tim Baue
8. Bestias del Sur Salvaje
9. Caminantes de la Niebla
10. Catemu en Movimiento
11. Centro Cultural Arrayán
12. Centro Ecológico Cultural de Longavi
13. Centro Ecosocial Latinoamericano
14. Centro ProSus
15. ChaoPescao
16. Chile Sustentable
17. Ciudadanos y Clima
18. CODEFF
19. Comisión Justicia y Paz del Vicariato Apostólico de Aysén
20. Comité Ambiental Algarrobo
21. Comité Unión Diguillín
22. Comisión de Sustentabilidad y Medioambiente del PPD
23. Comunidades de Lo Barnechea-Colina
24. Consejo de Defensa de Los Queñes
25. Coordinadora Cerro Vida y Resistencia
26. Coordinadora Ciudadana No Alto Maipo
27. Corporación de Defensa del Río Mapocho
28. Corporación El Canelo
29. Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén
30. Corporación Vecinos Camino a Farellones
31. Corporacion de Protección y Desarrollo de Camino a Farellones
32. Cverde
33. Defendamos la Ciudad
34. Defensoría Ambiental
35. Ecosistemas
36. Ética en los Bosques
37. Fundación Derecho y Defensa Animal
38. Fundación Glaciares Chilenos
39. Fundación Mar y Ciencia
40. Fundación Multitudes
41. Fundación Plantae
42. Fundación Relaves
43. Fundación Tantí
44. Fundación Terram
45. Greenpeace Chile
46. Junta de Vecinos Las Varas de Camino a Farellones
47. Llay Llay Nativo
48. Malen Leubü
49. MODATIMA Colina
50. Movimiento Social en Defensa del Río Ñuble
51. Mujeres de Zona de Sacrificio en Resistencia
52. Ocoa Nativa
53. ONG Aula de Mar
54. ONG Cárcava
55. ONG CEUS Chile
56. ONG Defensa Ambiental
57. ONG ECOMAR
58. ONG FIMA
59. ONG Ríos To Rivers
60. ONG Vigilante Costero
61. ONG Vinculación Territorial
62. Papudo Nativo
63. Patagonia Limpia
64. Puchuncaví Nativo
65. Real Chile
66. Red por Los Ríos Libres
67. SCAC Magallanes
68. Somos Biobío, agrupación medioambiental de Santa Bárbara
69. Territorios Colectivos
70. Wilson Reyes, Consejero Nacional Indígena
Casi cinco mil personas adhieren a las Carmelitas Descalzas solicitando que se rechace la central El Canelo
Las Carmelitas, con el respaldo de la comunidad de El Cajón del Maipo, buscan que el Comité de Ministros retire el permiso ambiental otorgado a la empresa Energía Coyanco y así evitar las graves consecuencias que esta central tendría para el medio ambiente y para la vida de contemplación de la congregación.
En total fueron 4919 firmas de adhesión a la solicitud de invalidación de la Resolución de Calificación Ambiental de la Central Hidroeléctrica El Canelo, que las religiosas hicieron llegar al Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental (SEIA), Hernán Brücher.
En el documento, entregado en las oficinas del SEIA, las personas firmantes y que buscan hacerse parte, señalan:
La invalidación de este proyecto como comunidad y vecinos del monasterio nos resulta imprescindible para mantener un ecosistema y una forma de vida en Cajón del Maipo que ya llevamos en conjunto con las Carmelitas Descalzas desde 1995. De esta forma, nuestro interés se manifiesta en la necesidad de perduración del monasterio y el medio ambiente en el que se desenvuelve y por consiguiente, en la invalidación del proyecto Central El Canelo de San José.
Para Ezio Costa, Director Ejecutivo de ONG FIMA, organización que representa a la congregación Carmelitas Descalzas del Amor Misericordioso, “esta es una muestra más de que el proyecto de Energía Coyanco, afecta a toda la comunidad que actualmente habita el Cajón del Maipo y no solo a las religiosas, a quienes por supuesto perturba particularmente pues las tuberías pasarían por el monasterio, distando radicalmente del argumento de la empresa que ha querido hacer ver esto como una disputa entre privados. Acá hay una muestra de respeto efectivo por la diversidad, por proteger una comunidad con una forma de vida diferente, de contemplación y espiritualidad.”
Fallo de la Corte Suprema
Anteriormente, la Corte Suprema había fallado a favor de las religiosas en el Recurso de Casación que buscaba volver a la etapa de evaluación de la Resolución de Calificación Ambiental por parte del Comité de Ministros, para que este, en vista de las observaciones realizadas por las religiosas, analice a fondo las circunstancias y efectos de este proyecto que dividirá en dos el monasterio en el que habitan desde 1995 en voto de silencio, y que por lo tanto tendrá una grave afectación para su vida de oración y contemplación; además de poner en riesgo la existencia de especies vegetales protegidas como el Guayacán.
El Comité de Ministros, presidido por la Ministra de Medio Ambiente Carolina Schmidt, deberá decidir sobre el futuro de la central hidroeléctrica, que previamente fuera rechazada por la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana.
Tribunal Ambiental deja sin efecto resolución que le permitía a Mina Invierno contaminar más de lo que su RCA autorizaba
“No tiene sentido que exista un proceso de evaluación ambiental, donde se aprueban proyectos en base a ciertos parámetros y condiciones fijadas para su ejecución, para que después estos mismos soliciten al SEA la modificación unilateral de los valores de esos parámetros mediante un recurso de aclaración, que solo está destinado a corregir errores formales y evidentes de los actos administrativos. Esto es más grave aún en el caso concreto en que previamente la SMA había detectado un incumplimiento respecto de las emisiones de MPS de Mina Invierno ”, señaló Diego Lillo.
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Hoy finalizan los 20 días hábiles para realizar observaciones al proyecto emplazado en Magallanes, luego de que ineditamente en marzo pasado la Corte Suprema ordenara revocar la Resolución de Calificación Ambiental, RCA, de Mina Invierno para el uso de Tronaduras en Isla Riesco, y abrir el Proceso de Participación Ciudadana.
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“Acá se escondió la información, no se hizo una campaña de facilitación de la información, excluyendo así a gente que está directamente afectada por el proyecto y que por el solo hecho de no saber que se iba a realizar el proyecto, no pudo participar. Eso es una infracción a la ley”, explicó Diego Lillo abogado y Coordinador de Litigios de ONG FIMA.
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Para los reclamantes, el SEA no fue capaz de resolver de cara a la comunidad, ya que transcurrida la participación ciudadana, el proyecto no contaba con la información esencial para que los vecinos pudieran conocer de que trataba en su totalidad, cuestión que hasta el día de hoy desconocen a pesar de que ya hay obras en construcción.
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En el taller se dieron a conocer las principales características de los mecanismos de apoyo gubernamentales para el proceso de participación pública en la evaluación ambiental de proyectos que se implementa en Estados Unidos, destacando la experiencia con las naciones indígenas y con los grupos más vulnerables.
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