Entra en vigencia el Protocolo de Protección a Defensores: un paso para la implementación del Acuerdo de Escazú en Chile

Entra en vigencia el Protocolo de Protección a Defensores: un paso para la implementación del Acuerdo de Escazú en Chile
Chile avanza en la protección de defensores de derechos humanos y del medio ambiente con la entrada en vigencia de un protocolo específico, enmarcado en los compromisos del Acuerdo de Escazú. Este instrumento busca garantizar su seguridad y promover un entorno que facilite la defensa de derechos fundamentales.

Las personas defensoras de los derechos humanos ambientales han trabajado históricamente en un entorno marcado por conflictos socioambientales y presiones económicas. Así se ha visto con casos emblemáticos como el de Julia Chuñil, desaparecida en la Región de Los Ríos hace dos meses y reconocida por su activismo y defensa del bosque nativo; o el de Rodrigo de la O, fundador y director de Maule-Itata Coast Keeper, quien se opuso públicamente al desarrollo de un proyecto inmobiliario en el Santuario de la Naturaleza Arcos de Calán, humedal costero de alto valor ecológico y que fue demandado sin fundamentos por la empresa con el solo propósito de hacerlo desistir de su defensa. Estos hechos ejemplifican cómo estas situaciones tienden a ser una constante para quienes buscan el cuidado del medio ambiente. 

En el mundo también se ha visto un aumento en las amenazas contra activistas, líderes comunitarios y periodistas. En 2022, según Global Witness, una persona defensora fue asesinada cada dos días en América Latina, lo que resulta en que nuestra región concentra más del 60% de estos casos con países como México, Colombia y Brasil a la cabeza. Estos informes subrayan la urgencia de implementar soluciones efectivas. En Chile, aún no hemos llegado a los niveles de nuestros vecinos, sin embargo, cada día conocemos más casos de amedrentamiento, amenazas y demandas legales. 

En este contexto, el Acuerdo de Escazú, ratificado en nuestro país en 2022, marca un hito como el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe que vincula derechos humanos y medio ambiente. Este compromiso internacional además de establecer principios como el acceso a la información, la participación ciudadana y la justicia ambiental, recalca la protección prioritaria a quienes defienden el medio ambiente, reconociendo los riesgos inherentes a su labor.

En Chile, el Acuerdo ha implicado superar desafíos importantes. La necesidad de adaptar el marco legal y desarrollar políticas públicas ha llevado al país a ponerse al día en aquellas áreas donde estaba más débil, especialmente el artículo 9 del tratado que indica que “cada Parte garantizará un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad”.  Es por ello, que el Protocolo de Protección a las Personas Defensoras de Derechos Humanos, a cargo de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, significa un avance en esta materia, buscando mejorar la respuesta del Estado y establecer medidas de articulación institucional.

“El protocolo de Protección a las personas defensoras de Derechos Humanos es un avance en una materia en la que estábamos totalmente en deuda en Chile. Si bien, en su elaboración hubiésemos agradecido una mayor participación ciudadana, creemos que la puesta en marcha de esta instancia de coordinación es fundamental para visibilizar la labor que realizan quienes día a día están en los territorios trabajando por conservar nuestro medio ambiente”, señala Constanza Dougnac, Coordinadora del Proyecto Escazú y Clima de ONG FIMA.  

¿Qué es el Protocolo? 

El Protocolo, que empezó a regir a partir del 27 de diciembre, fue diseñado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en él se establecen medidas para prevenir riesgos, como la identificación temprana de amenazas y la creación de canales de denuncia accesibles y confidenciales. Además, fomenta la articulación interinstitucional y la capacitación de funcionarios en derechos humanos, asegurando que el enfoque sea integral y especializado. 

Sin embargo, el protocolo enfrenta desafíos significativos. Uno de los principales es garantizar que los recursos asignados para su implementación sean suficientes y sostenibles en el tiempo. También existe preocupación respecto a la voluntad política necesaria para asegurar que las medidas se apliquen de manera uniforme en todo el país, especialmente en contextos de conflicto socioambiental. Y aunque la participación de la sociedad civil es un elemento positivo, es crucial que esta no sea simbólica, sino que implique una influencia real en la toma de decisiones. Las organizaciones de la sociedad civil han señalado que se requieren recursos suficientes y mecanismos de seguimiento sólidos, que incluyan la participación activa de los defensores en todas las etapas.

«Se trata de un primer paso pero no es suficiente, ya que su impacto dependerá de cómo se articulen las instituciones responsables y se implemente. Hoy en día proteger a los defensores no es solo reaccionar ante amenazas, sino también reconocer públicamente su valor por alzar la voz. Este protocolo debe ser más que un documento, debe convertirse en una garantía real para que sigan trabajando sin miedo», puntualiza Carolina Palma, coordinadora de Incidencia de ONG FIMA.

Funcionarios municipales de la Región de Valparaíso finalizan capacitación en justicia ambiental

“Transferencias para el Fortalecimiento de Capacidades para el Acceso a la Justicia Ambiental”

El programa fue implementado por  ONG FIMA con el aporte del Gobierno Regional de Valparaíso para  capacitar en derecho ambiental y acceso a la justicia a funcionarios y funcionarias municipales  de la región.

 

En una ceremonia realizada en la Facultad de Derecho de la Universidad de Valparaíso, 53 funcionarios y funcionarias de 12 municipalidades de Valparaíso recibieron una certificación por su participación en el programa “Transferencias para el Fortalecimiento de Capacidades para el Acceso a la Justicia Ambiental”, un proyecto desarrollado entre 2023 y 2024 gracias al aporte de un Fondo Nacional de Desarrollo Regional del GORE de Valparaíso. 

El objetivo del programa es dejar capacidades permanentes en los municipios para que los mismos profesionales puedan hacer frente a los riesgos o afectaciones ambientales existentes en sus localidades, de modo de poder facilitar el acceso a la justicia ambiental sin la necesidad de contratar servicios jurídicos externos.

“Los municipios son, sin duda, el primer lugar al que recurren los ciudadanos y ciudadanas cuando tienen problemas o conflictos relacionados con el medio ambiente”, señaló Ezio Costa, abogado y director ejecutivo de ONG FIMA. “Al conversar con las y los participantes y ver cómo han recibido todos los elementos del programa, creo que efectivamente esto les va a permitir tener un rol más activo en proteger sus territorios y en ayudar a las personas que viven en esas comunas a llevar adelante tanto proyectos y procesos de protección ambiental, como a solucionar sus conflictos”, agregó.

Felipe Perillán, abogado de ONG FIMA y coordinador del programa, destacó que ha sido un trabajo muy arduo que “se traduce en frutos, en productos, que pueden ser relevantes para abordar las problemáticas que puedan tener los distintos municipios, generar capacidades a nivel de funcionarios municipales y también generar herramientas y entregar metodologías para poder trabajar con las comunidades locales y relevar sus sentires y sus preocupaciones”.

Un proceso de dos años

Para la selección de quienes fueron parte del programa, por un lado, se invitó a participar a los municipios en cuyos territorios existiera algún conflicto socioambiental identificado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Por otra parte, también se llevó a cabo una convocatoria entre otras municipalidades de la Región de Valparaíso que tuvieran interés en ser parte. Finalmente, las comunas beneficiadas fueron Algarrobo, Cartagena, Catemu, Concón, Nogales, Petorca, Puchuncaví, Putaendo, Quilpué, Quintero, San Antonio y Viña del Mar.

Uno de los participantes del programa fue Vladimir Vicencio, encargado de Asuntos Hídricos de la Municipalidad de Petorca, quien se refirió a los próximos desafíos ambientales ante una nueva administración edilicia. “Es importante podamos extrapolar las herramientas conseguidas gracias a este proyecto a la nueva administración y que en conjunto podamos conseguir los resultados que buscamos, que es que todas las industrias y las empresas que están trabajando y desarrollando riquezas en Petorca cumplan con la normativa ambiental sin perjudicar a ningún vecino ni vecina”, comentó.

Por su parte, Daniela Albornoz, del Departamento de Medio Ambiente de Catemu y parte de Catemu en Movimiento, fue otra de las 53 personas que recibieron el certificado por haber completado su participación en el proyecto. Durante la ceremonia destacó el rol de la ciudadanía en la protección del territorio. “Necesitamos que la población, en general, tenga un pronunciamiento respecto de estos temas y, para que esto ocurra, necesitamos que la gente se interese y pueda tener la confianza y la seguridad de saber que, con las capacidades que tiene, puede abordar un proceso de evaluación ambiental, por ejemplo”. Agregó también que existe una responsabilidad institucional de parte de los municipios como tomarse un espacio para difundir sobre un proyecto, sobre la participación ciudadana, etcétera, pero es mutuo, porque a veces la ciudadanía puede tener muchas ganas pero no tiene las herramientas”.

Los resultados del proyecto

La implementación del programa Transferencias para el Fortalecimiento de Capacidades para el Acceso a la Justicia Ambiental comenzó en marzo de 2023 con la capacitación a funcionarios y funcionarias de 6 comunas de Valparaíso en temas de derecho ambiental. Las primeras municipalidades beneficiadas fueron: Concón, Nogales, Petorca, Puchuncaví, Quintero y San Antonio, quienes luego realizaron talleres abiertos a la comunidad sobre fiscalización ciudadana y denuncias ambientales, haciendo uso de los nuevos conocimientos adquiridos.

Este mismo proceso se repitió durante 2024 con los municipios de Algarrobo, Cartagena, Catemu, Putaendo, Quilpué y Viña del Mar.

Como resultado general, a lo largo del proyecto se realizaron 96 sesiones de capacitación para 80 funcionarios y funcionarias además de otras 60 sesiones para el co diseño de 14 talleres abiertos a la comunidad.

Sumado a lo anterior, el programa también incluyó un trabajo para la identificación de ecosistemas dañados, así como la realización de un informe de diagnóstico sobre su estado. Para esto, se generó un cuestionario ciudadano enfocado en las 12 comunas participantes, aunque no excluyente, a través del cual se logró identificar 180 ecosistemas de la región de Valparaíso con algún tipo de daño o intervención. Algunos de los más mencionados por los habitantes de la región fueron las Dunas de Concón, el Estero La Cigüeña, el Estero Marga Marga, el Humedal Ojos de Mar, el Río Putaendo y la Laguna El Peral. 

En tercer lugar, en el marco del proyecto se desarrolló el sitio web Poder Ambiental, una plataforma con información legal para proteger el medioambiente explicada de forma clara y sencilla, a fin de poder acercar la normativa chilena a quienes buscan defender sus territorios. Actualmente la página cuenta con diversas entradas sobre temas como conservación de ecosistemas, contaminación, derecho al agua y gestión ambiental local. Finalmente, con el objetivo de difundir el trabajo de los municipios, la academia y la sociedad civil en la protección del medio ambiente, se grabó el podcast Diálogos por la Justicia Ambiental, que consta de 16 capítulos de entrevistas con distintos actores, principalmente de la Región de Valparaíso. Los episodios se están emitiendo a través de Radio Valparaíso y están disponibles también a través de Spotify.

“Transferencias para el Fortalecimiento de Capacidades para el Acceso a la Justicia Ambiental”
“Transferencias para el Fortalecimiento de Capacidades para el Acceso a la Justicia Ambiental”
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Nuevo Policy Brief de la Alianza de Humedales Andinos: Análisis de la Estrategia Nacional del Litio

La Alianza de Humedales Andinos ha publicado un segundo Policy Brief titulado «Red de Salares Protegidos: Análisis crítico de la implementación de criterios de la Estrategia Nacional del Litio». 

En este documento se evalúan los criterios empleados para la priorización de la Estrategia, identificando brechas que favorecen la explotación por sobre la protección ambiental. Los salares, fundamentales para el equilibrio socioecológico, enfrentan riesgos no evaluados adecuadamente, lo que podría generar impactos irreversibles en estos ecosistemas ya vulnerables.

Entre las conclusiones principales, se identifican cinco aspectos claves que no están siendo considerados: el balance entre criterios productivos y ecológicos, la protección de ecosistemas vulnerables, adecuada participación ciudadana y consulta indígena, la transparencia en la información pública y comprender adecuadamente la interconexión entre los salares y acuíferos subterráneos.

Alianza de Humedales Andinos

La Alianza de Humedales Andinos reúne a organizaciones de la sociedad civil, comunidades locales y movimientos socioambientales en Argentina, Bolivia y Chile, entre ellas ONG FIMA, cuyo objetivo es la protección, conservación y defensa de los humedales andinos en territorios campesinos e indígenas. El enfoque del trabajo de la alianza se basa en la conservación ambiental, el respeto a los derechos humanos y la justicia ambiental ante la crisis ecológica y climática.
Conoce más en www.humedalesandinos.org

Descarga el Policy Brief N°2

Acceso a la justicia y fortalecer la normativa ambiental: el trabajo de ONG FIMA

Por Ezio Costa, Director Ejecutivo de ONG FIMA

Recientemente en su medio y otros de la región se ha replicado una carta enviada por el Sr. Carlos Odebret, presidente de los salmonicultores de Magallanes, preguntándose por qué ONG FIMA realiza capacitación de funcionarios públicos en normativa ambiental. Se lo pregunta a propósito del curso gratuito que nuestra organización impartirá en Magallanes.

Es una buena oportunidad para informar a la opinión pública de nuestro trabajo, que por 25 años ha estado centrado en el progreso del derecho ambiental y la protección de la naturaleza y las personas, de modo de propender a un desarrollo nacional armónico. Como organización sin fines de lucro, esta labor se realiza de distintas maneras, entre las cuales está la colaboración con el Estado en el cumplimiento de sus objetivos en materia ambiental, razón por la cual hemos realizado asesorías e impartido cursos en centenares de ocasiones. La mayoría de esas actividades se han desarrollado de manera gratuita para los asistentes, pues por nuestra parte hacemos el esfuerzo de conseguir la inversión para que esas acciones puedan realizarse.

Otra de nuestras labores es acompañar con abogados a quienes buscan justicia ambiental. Contrario a lo que el señor Odebret señala, ONG FIMA generalmente no judicializa permisos de funcionamiento ni se encuentra a favor o en contra de ninguna actividad en particular. Nuestro trabajo es proveer de acceso a la justicia a quienes lo necesitan, en aquellas áreas en que dicho acceso es relevante para asegurar el cumplimiento del derecho ambiental y la protección del bien común. Esta es, precisamente, otra forma de contribuir al desarrollo de estándares que generen certeza jurídica y protejan el futuro del país. 

Pero me permito una reflexión, en tiempos en que pareciera que lanzar acusaciones infundadas y generar polémicas artificiales es la mejor forma de comunicar. Esta reflexión tiene que ver precisamente con la pregunta que nos hicimos sobre si contestar o no la carta del señor Odebret y la observación de cómo lamentablemente ha existido desde algunos sectores de la industria salmonicultora un ánimo por denostar a las organizaciones de la sociedad civil, culpándolas de sus problemas. 

Esa estrategia difícilmente contribuye al desarrollo del país, sino todo lo contrario. Las ONG cumplimos un rol en la sociedad y dentro de él está colaborar porque la normativa ambiental proteja efectivamente a la naturaleza y las personas. Parte de ese rol, en el caso de la ONG FIMA, es propiciar la educación en derecho ambiental entre todos los actores, incluyendo especialmente a los funcionarios públicos. 

El avance y adecuado cumplimiento de la normativa ambiental es muy relevante para el país, las personas, las generaciones futuras, y también las industrias, incluída la salmonicultora que debe cumplirla para asegurar la calidad de sus productos. Para eso, necesitamos de un buen funcionamiento del derecho y las instituciones; es en ese espíritu que la ONG FIMA realiza sus labores.

Carta publicada en el medio SalmonExpert – 4/10/24

Magallanes: Nueva versión del Curso de Derecho, Gestión y Política Ambiental para funcionarios/as públicos

El Curso de Derecho y Política Ambiental es una iniciativa de ONG FIMA que tiene como propósito proporcionar una visión práctica y general de los principios del Derecho Ambiental, centrándose en las responsabilidades y facultades de los funcionarios públicos, y brindando herramientas jurídicas para fortalecer la gestión ambiental a nivel comunal.

Esta es la segunda vez que se amplía su alcance a funcionarios públicos, y no solo a funcionarios municipales como versiones anteriores. Estará dirigido a la región de Magallanes y la Antártica Chilena, y cuenta con el financiamiento de la Fundación Heinrich Böll y la colaboración del Centro de Investigación GAIA Antártica de la Universidad de Magallanes, el Centro de Estudios Regionales y la Facultad de Derecho de la Universidad de Magallanes.

Este curso contará con 8 sesiones virtuales a realizarse los martes y jueves entre el 8 y 31 de octubre de 15 a 17 hrs, y una clase magistral presencial el 7 de noviembre. Además, se entregará un certificado de participación para quienes asistan a un mínimo de 80% de las sesiones. Para participar, cada institución podrá inscribir hasta dos personas, teniendo como plazo de postulación el 1 de octubre a las 23:59 horas.

Para más información o consultas, escribir a g.simonetti@fima.cl

¡Postula aquí!

Reforma ley 19300: 200 organizaciones de todo Chile llaman a bajar urgencia de ley de “permisología”

En una declaración apoyada por un amplio espectro de agrupaciones ambientales y territoriales, los firmantes indican las principales deficiencias del proyecto, el cual en lugar de proteger el medio ambiente es situado como un traje a la medida para los inversionistas

Luego de meses en que la narrativa de la “permisología” permeara toda la discusión política, económica y ambiental del país, el gobierno envió al Senado la reforma a la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente – más conocida como 19300 – , la que actualmente se encuentra en primer trámite constitucional.

En la declaración, las organizaciones firmantes, entre las que se encuentran ONG ambientalistas, movimientos territoriales y pueblos indígenas, señalan que “el proyecto, que era esperado como una oportunidad de mejora en los estándares de protección ambiental, puede transformarse, en caso de aprobarse las indicaciones presentadas por el gobierno y por la oposición, en una amenaza las posibilidades de sustentabilidad, entregando un poder desmedido a los intereses económicos y limitando al control del Estado sobre el patrimonio natural del país”, haciendo énfasis en la profundización de la desigualdad y conflictos sociales que esta reforma acarreará. 

“Este proyecto de ley no va a beneficiar al medio ambiente ni los derechos de las personas, está hecho simplemente como una lógica de favorecer ciertos intereses económicos más poderosos, cuestión que a larga genera grandes perjuicios para el país. Genera mayor conflictividad, menores posibilidades de desarrollo efectivo, y por lo mismo, creemos que debe hacerse una reflexión sobre este proyecto, quitarle la urgencia, y volver a ver si es posible una negociación que sea razonable para la protección ambiental”, señala Ezio Costa, Abogado y Director Ejecutivo de ONG FIMA.

En el documento se identifican 10 puntos como los más perjudiciales de la reforma, entre los que se encuentran el fin del principio preventivo en la evaluación de proyectos; aceleración de tramitación de proyectos elegidos discrecionalmente con el criterio político del gobierno de turno; creación de una estamento del Estado destinado a revisar y aprobar las reclamaciones de privados; se eleva el rol del Servicio de Evaluación Ambiental, dándole a éste la posibilidad de modificar sus observaciones para responder a un criterio economicista por sobre el de otros estamentos especializados. 

Por su parte, Sara Larraín, Directora de Chile Sustentable, señala, “El gobierno y los sectores productivos parecen olvidar que la ‘permisología’ contra la cual protestan ha sido clave para mitigar los conflictos socioambientales en Chile, controlar la contaminación atmosférica y prevenir la proliferación de nuevas zonas de sacrificio. El propósito central de nuestro sistema ambiental es proteger el medio ambiente y, con ello, la salud de las personas y el patrimonio ambiental; por lo tanto, no podemos retroceder en sus estándares”, 

Larraín enfatiza que, “para brindar certidumbre y eficiencia tanto a los inversionistas como a la población, el sistema ambiental chileno necesita inversión y fortalecimiento de sus estructuras. Se requieren más recursos, tanto técnicos como humanos, una solución que todos reconocen, pero que nadie parece dispuesto a asumir”.

Por otra parte, desde el mundo ambiental, se detecta la renuncia del gobierno a su propia propuesta en pos de las presiones del empresariado y la oposición. Al respecto, la declaración denuncia, entre otras: relega la participación local en la evaluación ambiental de proyecto, con indicaciones que restringen la injerencia de los Gobiernos Regionales y Municipalidades en la Evaluación Ambiental; Deja de lado la posibilidad de revisar proyectos si es que surgen nuevos impactos no considerados previamente en la evaluación original; Se reduce la importancia del Ministerio de Medio Ambiente en la evaluación de proyectos, limitando su intervención en la Evaluación Ambiental Estratégica, instrumento clave para la planificación. 

La declaración culmina con un llamado al Ministerio de Medio Ambiente a quitarle urgencia legislativa al proyecto y, en caso de continuar, insta al Congreso a rechazar el proyecto de reforma a la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, pues constituye un retroceso respecto a la legislación vigente. 

Revisa la declaración completa con firmas:

Declaración

Ley para la Naturaleza: una oportunidad para reconectar con los territorios

Por Felipe Perillán, abogado de Incidencia en ONG FIMA

En los últimos años, Chile ha demostrado un compromiso creciente con la protección del medio ambiente y la conservación de su biodiversidad. Ejemplo de ello es la aprobación de la Ley N° 21.600, que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, una deuda histórica respecto de nuestra institucionalidad ambiental. Esta ley constituye un avance sustantivo en materia de conservación de la biodiversidad tanto dentro como fuera de áreas protegidas y creación de herramientas para dicho fin. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados, aún queda mucho camino por recorrer, estando pendiente la elaboración, por parte del Ministerio del Medio Ambiente, de una serie de reglamentos que establece la denominada “Ley para la Naturaleza”, así como la determinación de los nuevos sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad, la reclasificación y homologación de las áreas protegidas existentes, entre otras materias.

Estando aún pendiente el inicio de varios de estos procesos, es preocupante la poca difusión que el Ministerio ha dado a dos de estos: i) la determinación de los sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad, en el marco de la Estrategia Nacional de Biodiversidad y las Estrategias Regionales de Biodiversidad cuyo proceso de recepción de antecedentes para la macro zona norte ya concluyó, para la la macro zona centro se encuentra abierto hasta el 16 de junio y el de la macro zona sur aún no inicia y ii) la elaboración del reglamento de compensaciones de biodiversidad, para el cual se recibirán antecedentes hasta el 5 de agosto. Estos procesos son fundamentales para la instalación de la nueva institucionalidad, pues influirán directamente en la creación de instrumentos clave que operativizarán la ley. 

El primero de los procesos mencionados tiene una directa relación respecto de la forma en que los organismos del Estado con competencias ambientales tratan los sitios identificados como prioritarios de cara a los procedimientos de evaluación de impacto ambiental, siendo actualmente de mayor relevancia y considerados como tales los considerados en la Estrategia Nacional. Actualmente existen 350 sitios prioritarios de los cuales sólo 64 de ellos se encuentran reconocidos en la Estrategia Nacional, haciendo infructuoso el trabajo de levantamiento de información y destinación de recursos a nivel regional para la identificación de los 286 sitios restantes. Esta nueva identificación de sitios prioritarios en el marco del proceso de planificación ecológica que mandata la ley viene a determinar cuáles serán los que pasarán a regirse por los efectos de la nueva legislación y, por ende, podrán ser objeto de los distintos instrumentos de conservación que con ella se incorporan y gozarán de protección ante las infracciones establecidas. El segundo proceso mencionado apunta a la elaboración de un reglamento que definirá criterios y estándares a efectos de determinar, en el marco de la evaluación ambiental de proyectos y actividades, si las medidas de compensación propuestas resultan apropiadas para hacerse cargo de los efectos, características o circunstancias que se proyecta que produzcan los proyectos o actividades en evaluación ambiental, los que deberán cumplir con las reglas para la compensación específicamente en materia de biodiversidad.

Como lo mandata el Acuerdo de Escazú, adoptado por Chile, es esencial que se promueva una amplia participación ciudadana, no solo para la aportación de antecedentes sino también para las consultas públicas necesarias en el futuro. Escazú establece claros estándares de información y participación que deben ser respetados. No cumplir con estos estándares significaría no solo un incumplimiento del acuerdo, sino también una oportunidad perdida para fortalecer la gobernanza ambiental en el país.

En el mismo sentido debemos recordar la importancia de cumplir con las metas N° 21 y 22 del Marco Mundial de la Biodiversidad adoptado en la COP 15 de la Convención de Diversidad Biológica, del que Chile es parte y que van en la misma línea que Escazú. La meta N° 21 se enfoca en asegurar que los mejores datos, información y conocimientos estén disponibles para los encargados de la toma de decisiones, los profesionales y el público. Esto es esencial para una gobernanza eficaz y equitativa, y para una gestión integrada y participativa de la diversidad biológica. Asimismo, destaca la necesidad de mejorar la comunicación, la educación, la investigación y la gestión de los conocimientos, respetando siempre los conocimientos tradicionales y las prácticas de los pueblos indígenas y las comunidades locales, con su consentimiento libre, previo e informado.

La meta N° 22, por su parte, subraya la importancia de lograr una participación y representación plena, equitativa, inclusiva y efectiva de los pueblos indígenas, las comunidades locales, las mujeres, los jóvenes y las personas con discapacidad en la toma de decisiones. También enfatiza el acceso a la justicia y a la información en materia de diversidad biológica, y la protección de los defensores de los derechos humanos ambientales.

Es fundamental que el gobierno aproveche esta oportunidad para marcar una diferencia en la manera en que se toman las decisiones relacionadas con la conservación de la biodiversidad y la protección del medio ambiente. La generación de procesos transparentes y participativos no solo reforzará la confianza pública, sino que también asegurará que las políticas y reglamentos desarrollados sean más robustos y eficaces. Para ello se requiere que la difusión de los procesos iniciados se lleve a cabo por medios adecuados y efectivos, siendo insuficiente su mera publicación en el Diario Oficial. Necesitamos la participación tanto de las comunidades locales como de la comunidad científica a fin de que esta nueva regulación pueda tener bases sólidas.

Instamos al Ministerio de Medio Ambiente a redoblar sus esfuerzos en la facilitación de información, generación de mecanismos de participación idóneos y difusión de estos importantes procesos y a cumplir con los estándares internacionales que hemos adoptado. Es momento de que el compromiso con la conservación de la biodiversidad se refleje no solo en palabras, sino en acciones concretas y transparentes.

Columna de opinión publicada en Ladera Sur – 13/06/24