Ley para la naturaleza en su recta final

Por Felipe Perillán, abogado del área de Incidencia en ONG FIMA

La protección de la biodiversidad y la preservación de los espacios naturales son temas cruciales para el futuro del planeta y de nuestro país.

En este sentido, el proyecto de Ley para la Naturaleza (que crea el el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, en adelante SBAP) representa un paso importante hacia la consolidación de una institucionalidad ambiental más sólida y una mejor gobernanza de la biodiversidad.

Comprometido hace más de 10 años (la ley 20.417 ordenó en 2010 que se creara en 6 meses), ha sido largamente retrasada por diversas controversias y obstáculos. Hoy la creación del SBAP se encuentra en la recta final de su tramitación, y su aprobación significará mejorar la regulación actual de las áreas protegidas en Chile, que hoy carece de herramientas efectivas para su protección.

Dentro de los próximos días, la Comisión Mixta deberá resolver dos puntos críticos de la discusión; por un lado, hacerse cargo de la regulación de los sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad; por el otro, solucionar el evidente conflicto que produce la autorización de actividades productivas en las áreas protegidas.

En este esfuerzo, un primer aspecto clave del proyecto de ley es la regulación de los sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad, su forma de administración y protección. Sin embargo, el proyecto de ley presenta algunas contradicciones que deben ser abordadas.

Actualmente, los sitios prioritarios son designados por la Estrategia Nacional de Biodiversidad y las Estrategias Regionales, instrumentos de política pública que surgieron luego de que Chile ratificó el Convenio sobre la Diversidad Biológica en 1994.

Aunque hasta el momento se han identificado 331 sitios prioritarios en el país, solo 64 de ellos han sido considerados como relevantes para efectos del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Lo anterior, dado que sólo los sitios prioritarios contenidos en la Estrategia Nacional son considerados para definir si un determinado proyecto o actividad requiere pasar por un Estudio de Impacto Ambiental para su aprobación.

Esta diferencia se debe a una determinación administrativa adoptada el año 2010 por el Servicio de Evaluación Ambiental y que ha dejado fuera los sitios identificados en las Estrategias Regionales para la Conservación de la Biodiversidad.

Esto implica, en la práctica, la desprotección de espacios naturales con condiciones únicas para la conservación de especies, pese a haber sido designados luego un proceso de estudio técnico y haberse empleado fondos públicos a nivel regional para dicho fin, además de la evidente confusión que genera el tener dos categorías distintas con igual denominación.

La protección de la biodiversidad debe ser universal, pero en un contexto nacional y global con recursos limitados, es imprescindible priorizar aquellos sitios que son de mayor importancia para la conservación.

En este sentido, el proyecto de ley SBAP brinda una oportunidad inédita para incorporar seriamente estos sitios prioritarios en la discusión y asegurar su protección efectiva, lo que hasta el momento no ha ocurrido.

Así, una cuestión fundamental en la instancia en que nos encontramos es la inclusión tanto de los sitios identificados en la Estrategia Nacional como en las Estrategias Regionales de Biodiversidad bajo el rótulo de sitios prioritarios que contempla el proyecto. Una solución contraria deja en absoluta desprotección más de 250 sitios identificados como tales, mientras no se haga la categorización correspondiente, sin tampoco asegurar que sean incluidos luego de que esta se lleve a cabo.

Un segundo tema clave a tratar, es la preocupante inclusión de una categoría de concesiones, denominadas sectoriales, al interior de las áreas protegidas, pues esto podría comprometer la integridad de estos espacios y permitir la instalación de actividades económicas nocivas que amenacen la biodiversidad. Una adecuada protección de los espacios naturales no puede admitir el desarrollo de actividades extractivas intensivas que degraden los ecosistemas y pongan en riesgo la conservación.

Es fundamental resolver estas contradicciones en el proyecto de ley sin comprometer la protección ambiental que busca asegurar. Las designaciones de áreas protegidas no deben ser meramente nominales, sino que deben ir acompañadas de medidas concretas para garantizar su preservación efectiva. De nada sirve tener grandes extensiones de tierra y mar bajo alguna categoría de protección si aquello no se materializa en acciones para su conservación y, por el contrario, permite abiertamente la degradación de estos espacios.

Columna publicada en El Desconcierto – 26/05/23

Minería chilena: deudas pendientes para proyectar el futuro

  • Por Antonio Pulgar, Coordinador de Estudios en ONG FIMA

El 6 de marzo se publicó en este mismo medio la columna “Minería chilena: más que extracción y comercialización de minerales”. En ella, el actual Subsecretario de Minería, Willy Kracht, remarca la necesidad de que Chile “exporte minería”, que comparta su capacidad de entregar soluciones a este sector a nivel mundial, por medio de la agregación de valor a la explotación y exportación de minerales, así como globalizando soluciones tecnológicas y de optimización de los procesos productivos. Todo esto en el marco de los desafíos climáticos que nos ponen en primera línea para ser un agente comercial clave en el mundo, aportando insumos esenciales para los desafíos de transición energética y electromovilidad.

Lo anterior, muy relacionado con iniciativas como la de Congreso Futuro de “minería verde”, reavivan un discurso que, apuntando a la responsabilidad mundial de proveer de los minerales estratégicos para la electromovilidad, ponen a Chile en primera línea del sacrificio ambiental. Resulta fácil reproducir el argumento desarrollista, reformulado incansablemente durante las últimas décadas en torno a las estrategias de crecimiento que, apelando a una mayor capacidad y eficiencia en la producción, olvidaron considerar los límites biofísicos que los ecosistemas son capaces de soportar, y que produjeron las condiciones de la crisis climática y ecológica actual.

El aumento de la producción mineral conlleva costos socioambientales de corto, mediano y largo plazo que nadie quiere asumir. Esos costos no son distribuidos equitativamente en la sociedad, sino que recaen en las comunidades más vulnerables y que no cuentan con las herramientas para ejercer su derecho a la participación de manera debida. Evidencia de esto abunda en nuestro país. Las faenas mineras, incluso las que publicitan altos estándares verdes, no logran hacerse responsables de obligaciones ambientales -que en realidad no son tan altas-. La afectación a los cuerpos de agua y la falta de mantención en los sistemas de monitoreo, la deficiente aplicación de metodologías para la evaluación de las variables ambientales y climáticas, o el daño irreparable al patrimonio arqueológico del país, son algunos de los casos recurrentes del desarrollo minero.

Este discurso no solo evoca la discusión en torno a la real responsabilidad del Estado chileno de participar en la explotación y sus rentas. Nos permite poner también en la mesa la problemática relación norte-sur global, que desplaza los costos de la transición energética mundial hacia los territorios que deben soportar procesos de producción cada vez más intensos, que siguen amenazando la calidad ambiental, incluyendo la supervivencia de la biodiversiad y la calidad y cantidad de las aguas de nuestras cuencas, con una institucionalidad que no genera un el involucramiento real de las comunidades en su planificación y que, finalmente, replican las mismas estrategias que durante los últimos 50 años nos dirigieron directamente a la crisis.

Para subsanar aquello, cualquier discusión sobre la agregación de valor en la minería debe considerar en serio las obligaciones ambientales. Debemos reflexionar y replantearnos la contribución a los efectos climáticos extremos que las prácticas productivas actuales generan en nuestros ecosistemas. Para exponer a Chile en la escena internacional de la minería, ninguna estrategia puede olvidar la necesaria consideración a los ecosistemas, territorios y comunidades que habitan nuestro país, realzando las obligaciones de prevención y garantía en torno a sus condiciones de dignidad mínima que deben ser resguardadas. De otra manera, las estrategias de transición socioecológica no lograrán incorporar la dimensión de “justicia” que tanto se necesita.

Columna publicada en La Tercera – 13/03/23

Cuidado con el péndulo

  • Por Ezio Costa, Director Ejecutivo de ONG FIMA

Empieza la tercera fase del proceso constituyente chileno y el péndulo de las opciones ideológicas se mueve sobre nuestras cabezas, amenazando con dejarnos nuevamente en un estado de bloqueo donde la deliberación pública no termine por dar solución a nuestros problemas institucionales.

Mientras la primera fase (2016-2018) fue frustrada desde arriba, la segunda fase (2021-2022) terminó con un rechazo popular orquestado por sectores desde el centro hacia la derecha quienes, entre otras cosas, consideraron que sus visiones del mundo quedaban excluidas.

Algo similar a lo que sucedió entre octubre 2019 y comienzos de 2020, con otra parte muy importante de la sociedad que sintió como la desigualdad y los abusos eran contrarios a la posibilidad de vivir con dignidad. Millones salieron a marchar y cacerolear, votaron para que existiera una nueva Constitución y que ella fuera generada por un órgano mayormente ciudadano.

En esta nueva fase, y de solo observar la manera en que se ha planteado, ya es posible saber que un porcentaje de la derecha, sobre todo sus manifestaciones extremistas, votará en contra de la propuesta. Lamentablemente en ese sector aún hay pleitesía por el legado de la dictadura y se le defiende con religiosidad. En la izquierda, si bien la oportunidad de terminar con ese legado será un incentivo a aprobar, quienes se posicionan de manera más extrema o anti-institucional también rechazarán lo que sea que se les presente.

El camino que tendrán que recorrer los constituyentes será muy estrecho para lograr que se apruebe un nuevo texto. Se deberán balancear las opciones y preocupaciones del 38% que quería aprobar la propuesta constitucional en 2022, con las de ese porcentaje desconocido de personas que rechazaron, pero que quieren ver otro proyecto que sí los represente. Cualquier exceso, pero también cualquier bloqueo muy relevante hacia un lado y otro, puede desequilibrar la propuesta y amenazar su viabilidad. En el peor de los casos, un eventual nuevo rechazo puede empoderar a las fuerzas populistas y profundizar la crisis social e institucional del país, cuestión que bien saben quienes quieren que así suceda y que no escatimarán esfuerzos para lograrlo. Detener el péndulo y posicionarse en el plano de la igualdad, con miradas de largo plazo, será esencial en esta tarea.

Columna publicada en La Segunda – 10/03/23

Defensoras del medio ambiente

  • Por Constanza Dougnac, Coordinadora de Comunicaciones de ONG FIMA

Con el avance de la crisis climática y ecológica se ha evidenciado mediante diversos estudios, el impacto desigual que esta tiene sobre las mujeres, en particular por la asociación que existe entre género y labores de cuidado que históricamente les han sido asignadas.

En ese contexto, al ser las encargadas de ir a buscar agua, recolectar alimentos, y hacerse cargo en general de las labores domésticas y de subsistencia de la familia, muchas de ellas se ven más expuestas a las inclemencias meteorológicas.

Además, otro factor son las desigualdades estructurales, como el desmedro en el poder adquisitivo, lo que las hace necesitar de los recursos naturales, pero no poder ser dueñas de ellos.

Esto no es una situación que ocurra solo en lugares que culturalmente vemos como muy lejanos. También sucede en nuestro país. Al respecto, es interesante analizar el Sexto Reporte Estado del Medio Ambiente, publicado por el Ministerio de Medio Ambiente.

Sin embargo, por estos mismos roles, la necesidad de adaptarse frente a los cambios del ambiente, y los impactos directos que estos tienen en sus vidas, las mujeres han debido tomar acción.

Así las hemos visto actuando contra la contaminación que impacta a todo su entorno familiar, como lo que ocurre en las denominadas zonas de sacrificio y otros lugares a lo largo de Chile; en el rescate de sus tradiciones, como lo hacen las mujeres Kawésqar o Changas o Aymarás, o Mapuche, y tantas otras pertenecientes a de cada uno de los pueblos originarios presentes en nuestro país; defender el agua como lo hacen en Petorca, Aculeo y muchos lugares asolados por los monocultivos; y así una suma y sigue de catástrofes, en su mayoría producto de las acciones humanas, que tienen directo impacto en el clima.

Pero siempre se hace evidente que la defensa territorial no es suficiente y las demandas han de escalar al sistema político y jurídico, encontrándose muchas veces con una nueva barrera de acceso, que castiga el conocimiento empírico por no haber pasado por la academia y no tener los recursos para contratar expertos externos al territorio.

Y a pesar de todo lo anterior, en Chile, las mujeres siguen en la lucha por el cuidado del medio ambiente. Como mencionamos antes, desde las necesidades del territorio y el conocimiento al que se llega a través de la observación y vivencias, pero también desde la academia y la sororidad para llevar las voces de esas mujeres a otros lugares donde deben ser escuchadas.

Ocupar espacios de incidencia nacional no ha sido fácil y los logros no siempre son lo suficientemente impactantes en términos mediáticos. Pero poco a poco, se ha ido construyendo un sistema, que si bien, sigue teniendo muchas falencias, está más adelante que lo que había hace 30 años.

Es necesario aprovechar  este momento para reconocer esa labor a personas como Berta y Nicolasa Quintremán, Adriana Hoffmann, Flavia Liberona, Sara Larraín, Katta Alonso, Cristina Dorador, Marcela Mella, Miriam Chible y tantas otras que corrieron la barrera de los mínimos que hoy entendemos como aceptables cuando hablamos de medioambiente.

Junto con la experiencia concentrada en estas mujeres, nuevas defensoras se ponen al servicio del medioambiente. Formando una retroalimentación de conocimientos, recordándonos que la lucha seguirá y que es urgente tener presente la justicia intergeneracional para abordar la actual crisis planetaria.

Nuevas generaciones que no pueden olvidar que su camino también será seguido por otras y así sucesivamente, los saberes recogidos por sus predecesoras, serán la mejor herramienta para enfrentar el futuro.

Columna publicada en El Desconcierto – 08/03/23

Columna: «El capital natural y los platos rotos del crecimiento»

Por Santiago Correa 

Investigador de ONG Fima

El capital natural y los platos rotos del crecimiento

Créditos: Agencia Uno.

Desde algunos sectores ambientalistas se critican iniciativas como estas por ser antropocéntricas, pues consideran el valor de la naturaleza en términos de los servicios que le presta al ser humano. Sin embargo, reconocer que parte del valor de la naturaleza es monetizable no excluye en ningún caso el reconocimiento de su valor intrínseco en cuanto vida. A partir del hecho de que nuestros cuerpos inspiran oxígeno y expiran CO2 en adelante, todas nuestras decisiones deben tomarse pensando en la menor afectación posible, y ahí el valor intrínseco de la naturaleza (que sin duda existe y es altísimo) no establece criterios que permitan priorizar acciones, si no que nos condenan al inmovilismo.

Hasta 1989, la comuna de Cochamó, en la Región de Los Lagos, no contaba con conectividad por tierra con el resto del territorio, por lo que su historia estaba marcada por la dificultad en el acceso a bienes y servicios básicos. Tras decenios de rezago, y de la mano de las salmoneras, llegó a fines de los noventa la esperada promesa del desarrollo.

La economía agrícola, ganadera y pesquera local fueron en parte reemplazadas por el empleo en la salmonicultura, que capacitó y contrató mano de obra local. Toda una generación acostumbrada a migrar a Puerto Montt en búsqueda de oportunidades laborales o educacionales vio un futuro y se estableció en el pueblo. Durante este boom, algunas casas de la comuna cambiaron, ampliándose incluso al punto de poder arrendar a trabajadores de la propia salmonicultura. Gracias al aporte directo de la industria, el último tramo que conecta Cochamó con Puerto Varas fue pavimentado, mejorando las condiciones materiales de sus habitantes.

En paralelo, la irresponsabilidad ambiental de esta industria implicó que paulatinamente se fuera acumulando una capa de alimento y de heces de salmón en el fondo marino, la que en su proceso de degradación agotó el oxígeno disponible en el estuario, dañando así el desarrollo de la vida. Ello sin mencionar la contaminación por plásticos y plumavit, la matanza indiscriminada a lobos marinos y otras especies que rompían las jaulas, entre otros daños a los ecosistemas y su biodiversidad. A medida que el agua se enturbió, la mayoría de las salmoneras abandonaron sin siquiera tomarse la molestia de retirar sus instalaciones.

Hoy el pueblo renace de la mano del turismo, pero los nuevos restaurantes que han surgido en los últimos años no sirven ni pescados ni mariscos locales, casi nadie vive ya del mar. El desarrollo fue real y algunos de sus beneficios se pueden disfrutar aún, pero este es uno de los muchos ejemplos donde el capital producido tuvo por contrapartida una depredación del capital natural.

Como sociedad no nos hacemos cargo aún de estos costos, en parte, porque no los medimos. Mientras que los salarios que recibió cada persona que trabajó en las salmoneras, la ampliación de viviendas, el pavimento del camino y todos los beneficios están cuantificados y sumaron al “milagro chileno” de aquellas décadas, no hay registro de los peces muertos ni de las oportunidades laborales truncadas por ello. Tampoco sabemos cuántas toneladas de gases de efecto invernadero dejó de absorber el estuario por la pérdida de su capacidad de fijación de carbono, o el efecto que pudo causar la menor presencia de insectos sobre las aves migratorias.

Es por ello que cabe celebrar la iniciativa del Gobierno de crear un Comité de Capital Natural que avance en mecanismos de medición de la riqueza contenida en la naturaleza, la posibilidad de monetizar algunos de sus servicios ecosistémicos y, con ello, tener una gestión que permita su conservación en el tiempo.

Desde algunos sectores ambientalistas se critican iniciativas como estas por ser antropocéntricas, pues consideran el valor de la naturaleza en términos de los servicios que le presta al ser humano. Sin embargo, reconocer que parte del valor de la naturaleza es monetizable no excluye en ningún caso el reconocimiento de su valor intrínseco en cuanto vida. A partir del hecho de que nuestros cuerpos inspiran oxígeno y expiran CO2 en adelante, todas nuestras decisiones deben tomarse pensando en la menor afectación posible, y ahí el valor intrínseco de la naturaleza (que sin duda existe y es altísimo) no establece criterios que permitan priorizar acciones, si no que nos condenan al inmovilismo.

El concepto de capital natural, en cambio, nos permite tener nociones del patrimonio natural del país y con ello gestionarlo de forma de que este pueda ser conservado para las futuras generaciones. ¿Está Cochamó en mejores condiciones que antes de la llegada de las salmoneras? No sabemos, pero sí sabemos que la respuesta es mucho más compleja que el majadero discurso que contrapone el crecimiento y el empleo con “los pescaditos y los pajaritos”. Es de esperar que este comité ayude a desentrañar parte de esas complejidades.

Columna publicada en El Mostrador- 22/01/2023