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Señor Director:
A pesar de que las Juntas de Vigilancia cumplen una función esencial en la gestión de las aguas, también, por su composición, obedecen principalmente a intereses de las personas que tienen derechos de aprovechamiento. Esto significa que la gestión apunta a usos mayoritariamente productivos, sin que se haya regulado cómo debieran considerarse otras variables de relevancia pública, como la protección de las cuencas y la incorporación de los intereses de personas que dependen de ellas pero no tienen derechos de aguas.
El agua es un bien nacional de uso público y por lo tanto pertenece a la comunidad toda. Por lo mismo, la gestión debe incorporar al Estado, a quienes tienen derechos de agua y también a quienes no lo tienen.
Los consejos de cuenca que se pilotean hoy tienen la virtud de no caer en una solución Estado-céntrica y ser compatibles con los roles que cumplen las Juntas de Vigilancia, mientras se incluye a los demás actores.
La discusión al respecto tiene aspectos virtuosos y levanta puntos interesantes, pero a la vez aparece como una conversación carente de profundidad y claridad. Si el temor es que los usuarios dejen de tener injerencia en la gestión, dicho temor es atendible y sería poco razonable llegar a ese resultado. Pero si la intención es, en un escenario crítico como el actual, mantener la gestión del agua completamente dependiente de quienes se hicieron de derechos de aprovechamiento, dicha razonabilidad se pierde.
El agua, bien nacional de uso público, requiere de una mirada de lo común que no puede depender sólo de sus usuarios, pues razonablemente sus intereses no serán los mismos que aquellos de la comunidad nacional.
Carta al Director publicada en La Segunda – 21/09/23
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