La porfía contra la evidencia

Por Antonio Pulgar, Coordinador de Estudios en ONG FIMA

Este lunes, casi a un año de que el Primer Tribunal Ambiental acordara el fallo del caso Dominga, la sentencia fue publicada. En ella se ordena, por segunda vez, un nuevo pronunciamiento de la Administración, el tercero sobre este caso. Anteriormente, el 2021 y durante el gobierno de Sebastián Piñera, se ordenó una nueva votación de la COEVA, luego del rechazo por el Comité de Ministros en el mandato de Bachelet. Al respecto, algunas reflexiones.

Primero, los hechos indesmentibles: hablamos de un proyecto que ha sido rechazado tres de las cuatro veces que ha sido calificado por los órganos competentes, en distintos gobiernos y temporalidades. A diferencia de lo que se ha planteado, la causa de la evaluación negativa no es algún tipo de rencilla política, sino que los órganos sectoriales y técnicos han determinado que la información presentada por el titular es deficiente. El proyecto no integra de buena manera las consideraciones ambientales y la fragilidad de la biodiversidad del Archipiélago de Humboldt y la comuna de La Higuera, sin lograr descartar los impactos ambientales significativos, ni acreditar la suficiencia de las medidas de mitigación, compensación o reparación propuestas. En simple, es un proyecto que no alcanza los estándares mínimos de la regulación ambiental.

En segundo término, conviene recordar el rol de los tribunales ambientales dentro de la institucionalidad. Como tribunal de control de legalidad, en estas instancias los tribunales deben revisar si las decisiones de la Administración están tomadas dentro de los límites de sus atribuciones legales, pero considerando una limitación -álgidamente discutida en el Congreso- presente en el artículo 30 de la Ley 20.600: los tribunales ambientales no puede sustituir las competencias de los órganos técnicos, quienes de manera siempre técnicamente justificada deben tomar las decisiones ambientales que la ley les señala.

Ciertamente su rol no es aprobar o rechazar proyectos, eso corresponde al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, donde los antecedentes presentados por los titulares son evaluados técnicamente por los organismos competentes. Al tribunal le corresponde analizar si la decisión tomada por el Comité de Ministros es conforme a derecho, pero en ningún caso fijar medidas sobre cómo estos deben resolver. Precisamente ahí se encuentra el gran problema de la sentencia publicada esta semana, en que se le indica cómo debe razonar, se restringen los temas a revisar y se da un plazo muy acotado para que el Comité vote nuevamente el proyecto. Todo eso le otorga un contenido discrecional y político a la sentencia, extralimitándose en las funciones del tribunal.

Más allá de las posiciones personales sobre el diseño institucional, hay una cuestión que no podemos perder de vista: el respeto por el Estado de Derecho implica que los organismos respeten sus funciones. Las reglas del juego, que han sido establecidas para todos por igual, deben ser cuidadas para tener una razonable vida en sociedad. Varios comentaristas olvidan esto y parecen creer que en nombre de la inversión, cualquier cosa es justificable.

Ya van once años de este caso y la demora en su decisión final no responde al ejercicio de las funciones de los servicios públicos ni a la judicialización por parte de sus opositores. Más bien, su problema es la porfía de seguir empujando un proyecto incapaz de justificar que es viable y razonable.

Columna publicada en la sección Frente a Frente de La Tercera – 13/12/24

Surfeando la ola de las COPs: los océanos lo conectan todo

  • Felipe Cárcamo, analista de Programa en ONG FIMA

Quienes saben surfear entienden que el ritmo de las olas es cambiante. Aferrado a la tabla, observando el océano, se decide qué ola tomar o dejar pasar, calculando la dirección. Y de pronto, sin buscarlo, ya estás de pie, deslizándote por el mar… Por el ritmo del océano, mirando al horizonte, puedes ver con claridad lo que se avecina.

Este año ha sido decisivo en la gestión de las crisis ecológicas que afectan el océano. Actualmente navegamos entre tres Conferencias de las Partes (COP) de las Naciones Unidas, dedicadas a tres convenciones diferentes de la ONU. Cada una tiene un orden del día diferente, pero también varios elementos en común. Entre ellos, el océano destaca como un tema transversal y potencialmente unificador.

Pero a pesar de su importancia central, hay un déficit de atención al océano y sus tres crisis. El cambio climático, la contaminación y la pérdida de biodiversidad en los mares ya se están manifestando en la subida del nivel del mar, temperaturas récord del agua, cambios en las precipitaciones, acidificación y desoxigenación de los océanos y declive de los ecosistemas.

Tres reuniones de la ONU dominan la agenda medioambiental de fin de año: la COP16 del Convenio sobre la Diversidad Biológica en Colombia, la COP29 de la Convención Marco sobre el Cambio Climático en Azerbaiyán y la COP16 de la Convención de Lucha contra la Desertificación en Arabia Saudita. ¿Recibirá el océano la atención que requiere?

Octubre | Biodiversidad, COP16 | Cali

En 2022, las partes del Marco Mundial Kunming-Montreal de la diversidad biológica (KMGBF, por sus siglas en inglés) fijaron el objetivo de proteger el 30% de las zonas terrestres y marinas para 2030. A mitad de camino, se reunieron en Cali, Colombia, el mes pasado, donde quedó claro que la protección mundial de los océanos está muy lejos de este objetivo.

Otro tratado de la ONU será un elemento clave para alcanzar este objetivo: el Acuerdo sobre la Conservación y el Uso Sostenible de la Biodiversidad Fuera de Jurisdicción Nacional, también conocido como Tratado de Alta Mar. Una vez ratificado por 60 países —actualmente solo lo han hecho 14, y muy recientemente se ha sumado Francia—, permitirá establecer zonas marinas protegidas en alta mar, los dos tercios del océano que se encuentran fuera de las jurisdicciones nacionales. Su protección complementará los esfuerzos por alcanzar el objetivo del 30% del KMGBF.

La protección de los océanos se ve reforzada por otros instrumentos internacionales negociados en los últimos años: el Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector de Puerto (MERP) y el Acuerdo sobre Subvenciones a la Pesca, orientados a combatir la pesca ilegal y promover la sostenibilidad marina.

El financiamiento, sin embargo, siguió siendo un desafío central y pendiente en la COP16 de Cali.

La Red Latinoamericana y Caribeña por un Sistema Financiero Sostenible (REDFIS) afirma que es necesario establecer el flujo de financiación destinado específicamente a la protección y conservación de la biodiversidad en cada país. La red afirma que los recursos financieros actualmente disponibles son insuficientes y que la crítica situación de los mercados de deuda en los países del Sur Global está desviando fondos que podrían combatir el cambio climático al pago de intereses. REDFIS también afirma que se necesitan mecanismos más eficaces para canalizar los fondos directamente a quienes protegen la naturaleza, en particular las comunidades locales, los pueblos indígenas y los afrodescendientes que gestionan las zonas marinas.

Noviembre | Cambio climático, COP29 | Bakú

Es de esperar que un informe reciente indique un punto de inflexión para que los debates sobre el cambio climático incorporen suficientemente el océano. Recopilado por los facilitadores del “diálogo sobre los océanos” de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el reporte subraya la necesidad de sinergias entre diversos marcos multilaterales de las Naciones Unidas. Por ejemplo, entre la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el Acuerdo sobre la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica fuera de las Jurisdicciones Nacionales y el Marco Mundial sobre la Diversidad Biológica. El informe destaca que esta colaboración es fundamental para el éxito de las políticas nacionales sobre cambio climático, incluidas las de adaptación y mitigación.

Un tema central de la COP29 será cómo poner en práctica los compromisos climáticos. El informe del diálogo sobre los océanos insta a los países a unificar sus esfuerzos para evitar la duplicación y reforzar la acción colectiva sobre los océanos. La financiación de los compromisos climáticos de los países en desarrollo ocupará un lugar destacado.

Para América Latina, es crucial establecer un Nuevo Objetivo Colectivo Cuantificado (NCQG, por sus siglas en inglés) que defina un nivel de apoyo internacional para la financiación climática que apoye efectivamente a los países en desarrollo en la protección de sus aguas. Además, los países deben integrar a los océanos en sus Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional y en sus Planes Nacionales de Adaptación para 2025. Ambos objetivos detallan los esfuerzos de los países para reducir las emisiones de dióxido de carbono y adaptarse al cambio climático.

La tecnología se está convirtiendo en un tema controvertido cuando las preocupaciones oceánicas se encuentran con el cambio climático, sobre todo en dos ámbitos. El primero es la geoingeniería para el secuestro de carbono marino, supervisada por la Organización Marítima Internacional de la ONU. Las consecuencias de estas tecnologías están aún por demostrarse. Podrían aumentar la absorción de dióxido de carbono por parte de los océanos, pero también podrían no marcar una diferencia significativa y dañar aún más a estos ecosistemas ya afectados.

El segundo ámbito es la explotación minera de los fondos marinos, supervisada por la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos. A algunos expertos les preocupa que esto pueda perturbar el secuestro de carbono en las profundidades, mientras que sus defensores afirman que es una fuente vital de elementos necesarios para la transición verde. Algunos países, entre ellos varios latinoamericanos, promueven una moratoria. Esto permitiría seguir investigando científicamente estos ecosistemas poco conocidos de las profundidades, aplicando el principio de precaución ante posibles impactos ambientales.

Para lograr avances significativos en la protección de los océanos en Bakú, es necesario llegar a un acuerdo sobre cambios concretos en todos los ámbitos mencionados.

Diciembre | Desertificación, COP16 | Riad

La conexión entre la tierra y el océano es de especial relevancia para la tercera COP de 2024: en Arabia Saudita, los miembros de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación se reunirán para celebrar su decimosexta conferencia.

Al abordar la intensificación de las sequías, la convención subraya la necesidad de alinear los esfuerzos con las conclusiones del Sexto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. El enfoque de la convención es holístico: destaca la interrelación de los ecosistemas terrestres y marinos, y fomenta un desarrollo que refuerce su resiliencia. También reconoce que las presiones sobre los ecosistemas oceánicos y los recursos hídricos están íntimamente ligadas a la necesidad de garantizar alimentos y agua para millones de personas.

Este año ha estado marcado por ciclones devastadores y un calentamiento oceánico sin precedentes, lo que nos alerta sobre el rol fundamental de los océanos en el clima y la biodiversidad. La “simultaneidad” de estas tres COP ofrece una oportunidad única para generar sinergias efectivas entre los espacios multilaterales.

Resulta esperanzador constatar que detrás de cada decisión política siempre existe una lucha activista incesante, conformada por comunidades locales, indígenas y afrodescendientes, movilizadas por la protección de los océanos.

Como saben los surfistas, hace falta equilibrio para subir a la tabla. Domar las olas del cambio exige un triple equilibrio: guiarse por los conocimientos científicos y locales, tomar medidas permanentes que sean contundentes y tener una gran ambición en la labor de mitigar el cambio climático. Hagámoslo bien y, antes de que nos demos cuenta, estaremos de pie, surfeando sobre el mar.

Publicada en Dialogue Earth – 08/11/24

Las inexplicables deudas del país con sus áreas protegidas

  • Por Silvana Espinosa (vocera de Greenpeace); Felipe Perillán (abogado de Incidencia en ONG FIMA) y Florencia Ortúzar (abogada senior en AIDA).

La reciente imagen de una ballena jorobada muerta en las mallas de un centro de cultivo de salmones, instalado al interior de la Reserva Nacional Kawésqar, es un duro recordatorio de las consecuencias que el retraso en la aplicación de la normativa ambiental implica para nuestros ecosistemas y especies.

La recién finalizada COP 16 de Biodiversidad celebrada en Cali, Colombia, reforzó la relevancia de la conservación de ecosistemas marinos. Sin ir más lejos, la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, fue designada “Champion” para destrabar las negociaciones sobre biodiversidad marina, costera e insular. En ese rol es que se logró un acuerdo respecto de modalidades para actualizar y ampliar las descripciones de las zonas marinas de importancia ecológica o biológica (EBSAS) y se instó a más países a firmar el Acuerdo sobre la Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad Marina más allá de las Jurisdicciones Nacionales (BBNJ), para que este pueda entrar en vigor.

En nuestro país, el 21 de agosto se cumplió un año de la promulgación de la Ley SBAP, que creó el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Se trata de un pilar fundamental de la institucionalidad ambiental en Chile, necesario para garantizar la conservación de nuestra biodiversidad. Sin embargo, su lenta implementación preocupa: de los 21 reglamentos necesarios para que la ley entre en vigencia plena, sólo dos han sido sometidos a consulta pública, por lo que parece difícil que se logre cumplir con el plazo fijado para el 6 de septiembre de 2025.

En el mismo sentido, el país está al debe en la creación de planes de manejo para sus áreas protegidas. Actualmente, en Chile existen 28 áreas marinas protegidas, lo que representa alrededor de un 43% de su Zona Económica Exclusiva, superando -al menos nominalmente- la llamada Meta 30×30 -una de las principales del Marco Mundial de la Diversidad Biológica- respecto de ecosistemas marinos. Sin embargo, 22 de esos 28 espacios (casi el 80%), no cuentan con un plan de manejo , lo que impide que se cumplan los objetivos de protección y conservación para los que fueron creadas, es decir, carecen de una protección y gestión efectiva.

Estas demoras y carencias impactan directamente en nuestras áreas protegidas, tan valiosas para resguardar nuestro patrimonio ambiental, darnos resiliencia frente a la crisis climática y, en general, darle chance a la naturaleza de regenerarse.

Un caso emblemático es el de la Reserva Nacional Kawésqar, expuesta desde antes de su creación a los impactos de la industria salmonera. En ella existen hoy 67 concesiones de cultivo de salmón aprobadas, mientras otras 55 están en trámite para iniciar operaciones. Varias de las concesiones muestran señales de desgaste ambiental, como condiciones anóxicas oanaeróbicas en el agua y altos índices de contaminación, y existen procesos sancionatorios contra otras tantas. La falta de un plan de manejo efectivo que gestione adecuadamente el área debilita su capacidad para cumplir su función de protección.

Chile tiene la posibilidad de sacar adelante dicho plan, destrabando el proceso participativo que las comunidades Kawésqar llevan esperando hace casi cinco años, desde la reclasificación de la Reserva Nacional Los Alacalufes en el año 2018. En esa ocasión, se ampliaron los territorios de la reserva y se reclasificó, creando el Parque Nacional Kawésqar en territorio terrestre y la Reserva Nacional Kawésqar en sus aguas marinas. Uno de los propósitos detrás de estos cambios fue proteger dichas aguas y responder a las demandas del pueblo Kawésqar. Sin embargo, el proceso de elaboración del plan de manejo para esta área protegida sigue estancado, y el plazo para realizar la consulta indígena comprometida con las comunidades ya está vencido.

El hallazgo del cadáver de una ballena jorobada enmallada en un centro de cultivo de salmones de Australis Mar S.A., dentro de la reserva, es un duro recordatorio de la urgencia de actuar. Cabe recordar que, de las 94 especies de cetáceos que hay en el mundo, 43 se encuentran en Chile y 26 habitan específicamente en la Patagonia. Pero, lamentablemente, ni nuestros mares, ni sus áreas protegidas son hoy espacios seguros para la biodiversidad marina.

A pesar de la falta de estudios y de información o registros oficiales, existen muchos casos documentados de muertes de delfines y ballenas en centros de cultivos de salmones en Chile, tanto por el enmallamiento involuntario de estas especies, como por los daños colaterales que genera el tránsito de embarcaciones de la industria en estas zonas. Al respecto, existen registros de colisiones que causan muerte o heridas graves en los cetáceos y el ruido de los barcos también les afecta a nivel fisiológico, conductual y en sus formas de comunicación.

Un oportuno plan de manejo podría aportar inmensamente en este sentido. Sin uno, esta área protegida corre el riesgo de convertirse en una declaración vacía, sin efectos reales para la conservación de nuestros ecosistemas y especies.

En este momento crítico para el planeta, donde la crisis climática y la pérdida de biodiversidad demandan respuestas inmediatas y efectivas, Chile tiene la oportunidad de liderar con el ejemplo. Hagamos de este Día de las Áreas Protegidas uno para recordar y celebrar, uno en el que Chile muestre al mundo que la protección de ecosistemas claves es prioridad.

Publicada en El Dínamo – 08/11/24

Miles de vidas contaminadas

Por Constanza Dougnac, coordinadora de Comunicaciones y Redes de ONG FIMA

Miles de personas en Arica viven con el peso de una contaminación. La semana pasada se inauguró la exposición “Metales”, en el Espacio Cultural Veta de Santiago. La actividad, que es parte de la campaña #UnaVidaSinMetales de Fundación Relaves, nos recuerda la lucha de familias como la de Claudio y su hijo Isaías, un adolescente que no ha podido tener una vida como la de cualquier niño debido a múltiples enfermedades que lo afectan producto de haber vivido sus primeros años en el Cerro Chuño de Arica, población construida al lado de un depósito de desechos tóxicos traídos desde Suecia a principios de la década del 80. El objetivo de Claudio es reunir fondos para llevar a Isaís a España a realizarse un tratamiento de quelación que podría retirar los metales de su cuerpo, y así lograr que su hijo tenga la oportunidad de desarrollarse plenamente. El esfuerzo incansable de esta familia nos permite hablar nuevamente de un tema que ningún gobierno ha querido resolver, y que sigue dejando secuelas en miles de personas. 

Esta historia comenzó a finales de la década del 70’, cuando la empresa sueca Boliden entregó a la chilena Promel casi 21 mil toneladas de desechos tóxicos, los cuales, en plena dictadura y con la autorización del Servicio de Salud de Arica, fueron importados hasta esa ciudad, donde finalmente fueron abandonados en lo que se denominó “sitio F”. Entre los tóxicos se encontraban plomo, arsénico y cadmio.

Cerca del lugar ya se encontraba la población Sica Sica y con el crecimiento de la ciudad, en 1992 – ya en democracia- comenzó la construcción de las poblaciones Cerro Chuño y Los Industriales, a escasos metros del acopio de desechos tóxicos. Familias enteras se mudaron con la esperanza de empezar una nueva vida y poco a poco fueron arreglando las viviendas ocupando la tierra del cerro gris que tenían cerca, mientras niños y niñas jugaban en el depósito como si se tratara de la mejor plaza de diversiones. Al poco tiempo comenzaron a aparecer los primeros síntomas. Abortos espontáneos, niños con dificultades de aprendizajes, jaquecas, dolor de huesos y cáncer son recurrentes entre las personas que habitaron estas poblaciones.

El año 1999 más de 900 afectados demandaron al Estado de Chile, se ordenaron exámenes, perose extravió evidencia clave y se les dijo cosas como que el problema era la desnutrición de los niños. Años más tarde, en el 2007, la Corte Suprema ordenó indemnizar a 350 personas por el “daño moral” en el que habría incurrido el Estado, sin embargo, no explicó nunca por qué se determinó esa cantidad de personas ni el criterio para seleccionar a las indemnizadas. Fueron 8 millones de pesos por persona que estaban muy lejos de ser una solución para las enfermedades que enfrentaban y que dividió a toda una comunidad. 

Ese mismo año, ONG FIMA presentó una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y recién en octubre del año 2022 hubo una respuesta de parte del Gobierno allanándose a un proceso de “solución amistosa de controversias”, ante lo cual las y los demandantes presentaron un petitorio en octubre del año 2023.

En el intertanto, los metales fueron removidos a un lugar provisorio, en el que todavía continúan, y el sitio F “reparado” con una delgada carpeta de asfalto. Los vecinos fueron trasladados a nuevas viviendas, pero las antiguas no fueron demolidas y hoy, sin servicios básicos, fueron tomadas por personas sin hogar e inmigrantes. 

Lamentablemente, la historia de Arica se sigue contando y ,como si la salud de los habitantes les permitiera seguir esperando, todavía aguardan una respuesta.

Claudio e Isaías tampoco puede seguir esperando, te invitamos a sumarte a la campaña en unavidasinmetales.cl y a seguir contando esta historia para que todas estas familias no tengan que seguir esperando. 

Referentes energéticos

Por Felipe Pino Zúñiga, coordinador de Programa en ONG FIMA

Sr. Director:

Esta semana se publicó un artículo manifestando preocupación por la situación competitiva de Chile ante Brasil en términos de energías renovables, refiriéndose a este último como la “Arabia Saudita Verde”. Este seudónimo, es perfecta expresión de las contradicciones de la agenda verde que se ha impulsado en ciertos países de la región, especialmente  en Chile.

Las energías renovables son una oportunidad de resolver un problema actual va más allá de la carbono neutralidad y son una alternativa para generar sociedades más justas, equitativas y resilientes ante las múltiples crisis que nos azotan.

Si bien, somos un país “rico” en recursos renovables, nuestras experiencias previas en la gestión de estos indican que tenemos mucho que aprender. Para esto, debiésemos preguntarnos cómo no caer en los mismos errores del modelo que queremos superar. Entendiendo que la transición es mucho más que un cambio tecnológico, imitar a las potencias fósiles terminará por replicar las mismas ineficiencias e injusticias.

Chile todavía puede convertirse en un referente en esta materia, pero para ello debemos evitar ser mero exportador de energía, apostando a la transformación energética como vehículo de justicia socioambiental. Ese es nuestro verdadero potencial renovable.

Carta publicada en el Diario Financiero – 29/10/24

Huracán Milton, catástrofes naturales y cambio climático

Por María José Kaffman, investigadora de Estudios en ONG FIMA

Las noticias de los últimos meses, y en particular de las últimas semanas, han dado cuenta de la ocurrencia de diversos fenómenos naturales extremos, siendo uno de los más comentados el huracán Milton. Este huracán se posiciona como el segundo huracán más intenso registrado en el golfo de México, el cual tocó tierra en Florida, Estado Unidos, el 9 de octubre del presente año, dos semanas después del paso del huracán Helene, el segundo huracán más mortal registrado en ese país.

Esto debiera ayudarnos a recordar uno de los principales efectos del cambio climático, advertido por los científicos: nos enfrentamos al aumento en la frecuencia e intensidad de los fenómenos meteorológicos y climáticos extremos.

En el caso de los huracanes se calcula que hoy, en relación a la era preindustrial, es 2,5 veces más probable la ocurrencia de un huracán de tales características e intensidad, lo que responde a los cambios en las condiciones climáticas, que considera entre otros el aumento de la temperatura superficial del océano.

El aumento de los riesgos asociados a estos eventos se multiplican si integramos otros fenómenos naturales cuya frecuencia e intensidad también van al alza: ciclones, sequías, inundaciones, olas de calor extremo e incendios forestales, los que en su conjunto aumentan la vulnerabilidad tanto de los grupos humanos como de los ecosistemas. De esta manera, se puede entender al cambio climático no solo en función de los cambios en los parámetros climáticos y ambientales, sino también a partir del aumento en la probabilidad que tienen las personas de vivir uno o más de estos desastres naturales de gran magnitud, a lo largo de su vida.

Sobreexplotación y degradación de los ecosistemas

A pesar de experimentar actualmente las consecuencias del cambio climático, los esfuerzos dirigidos a modificar nuestro comportamiento como sociedad, profundizan un modelo basado en el crecimiento continuo, para satisfacer necesidades ilimitadas, a costa de la sobreexplotación y degradación de los ecosistemas.

Los principales discursos sobre soluciones climáticas apuntan principalmente a mantener el modelo en base al optimismo en las mejoras tecnológicas. Así, por ejemplo, la discusión sobre la sostenibilidad en la generación y distribución energética no es transparente sobre los riesgos y vulnerabilidades que generan en los ecosistemas y las poblaciones locales.

Con la imagen reciente de los incendios forestales que asolaron la Amazonía y ad portas de nuestra temporada de verano, resulta indispensable recordar que si bien el cambio climático impacta en la conservación de los ecosistemas, también se puede afirmar que la conservación de los ecosistemas contribuye a combatir el cambio climático, tanto en mitigación como en adaptación. Insistir en arriesgar la salud de los sistemas naturales, puede conducir a reducir aún más nuestras posibilidades de gestionar y reducir los riesgos climáticos.

Columna de opinión publicada en Biobío Chile – 22/10/24

Acceso a la justicia y fortalecer la normativa ambiental: el trabajo de ONG FIMA

Por Ezio Costa, Director Ejecutivo de ONG FIMA

Recientemente en su medio y otros de la región se ha replicado una carta enviada por el Sr. Carlos Odebret, presidente de los salmonicultores de Magallanes, preguntándose por qué ONG FIMA realiza capacitación de funcionarios públicos en normativa ambiental. Se lo pregunta a propósito del curso gratuito que nuestra organización impartirá en Magallanes.

Es una buena oportunidad para informar a la opinión pública de nuestro trabajo, que por 25 años ha estado centrado en el progreso del derecho ambiental y la protección de la naturaleza y las personas, de modo de propender a un desarrollo nacional armónico. Como organización sin fines de lucro, esta labor se realiza de distintas maneras, entre las cuales está la colaboración con el Estado en el cumplimiento de sus objetivos en materia ambiental, razón por la cual hemos realizado asesorías e impartido cursos en centenares de ocasiones. La mayoría de esas actividades se han desarrollado de manera gratuita para los asistentes, pues por nuestra parte hacemos el esfuerzo de conseguir la inversión para que esas acciones puedan realizarse.

Otra de nuestras labores es acompañar con abogados a quienes buscan justicia ambiental. Contrario a lo que el señor Odebret señala, ONG FIMA generalmente no judicializa permisos de funcionamiento ni se encuentra a favor o en contra de ninguna actividad en particular. Nuestro trabajo es proveer de acceso a la justicia a quienes lo necesitan, en aquellas áreas en que dicho acceso es relevante para asegurar el cumplimiento del derecho ambiental y la protección del bien común. Esta es, precisamente, otra forma de contribuir al desarrollo de estándares que generen certeza jurídica y protejan el futuro del país. 

Pero me permito una reflexión, en tiempos en que pareciera que lanzar acusaciones infundadas y generar polémicas artificiales es la mejor forma de comunicar. Esta reflexión tiene que ver precisamente con la pregunta que nos hicimos sobre si contestar o no la carta del señor Odebret y la observación de cómo lamentablemente ha existido desde algunos sectores de la industria salmonicultora un ánimo por denostar a las organizaciones de la sociedad civil, culpándolas de sus problemas. 

Esa estrategia difícilmente contribuye al desarrollo del país, sino todo lo contrario. Las ONG cumplimos un rol en la sociedad y dentro de él está colaborar porque la normativa ambiental proteja efectivamente a la naturaleza y las personas. Parte de ese rol, en el caso de la ONG FIMA, es propiciar la educación en derecho ambiental entre todos los actores, incluyendo especialmente a los funcionarios públicos. 

El avance y adecuado cumplimiento de la normativa ambiental es muy relevante para el país, las personas, las generaciones futuras, y también las industrias, incluída la salmonicultora que debe cumplirla para asegurar la calidad de sus productos. Para eso, necesitamos de un buen funcionamiento del derecho y las instituciones; es en ese espíritu que la ONG FIMA realiza sus labores.

Carta publicada en el medio SalmonExpert – 4/10/24

Ley para la Naturaleza: una oportunidad para reconectar con los territorios

Por Felipe Perillán, abogado de Incidencia en ONG FIMA

En los últimos años, Chile ha demostrado un compromiso creciente con la protección del medio ambiente y la conservación de su biodiversidad. Ejemplo de ello es la aprobación de la Ley N° 21.600, que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, una deuda histórica respecto de nuestra institucionalidad ambiental. Esta ley constituye un avance sustantivo en materia de conservación de la biodiversidad tanto dentro como fuera de áreas protegidas y creación de herramientas para dicho fin. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados, aún queda mucho camino por recorrer, estando pendiente la elaboración, por parte del Ministerio del Medio Ambiente, de una serie de reglamentos que establece la denominada “Ley para la Naturaleza”, así como la determinación de los nuevos sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad, la reclasificación y homologación de las áreas protegidas existentes, entre otras materias.

Estando aún pendiente el inicio de varios de estos procesos, es preocupante la poca difusión que el Ministerio ha dado a dos de estos: i) la determinación de los sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad, en el marco de la Estrategia Nacional de Biodiversidad y las Estrategias Regionales de Biodiversidad cuyo proceso de recepción de antecedentes para la macro zona norte ya concluyó, para la la macro zona centro se encuentra abierto hasta el 16 de junio y el de la macro zona sur aún no inicia y ii) la elaboración del reglamento de compensaciones de biodiversidad, para el cual se recibirán antecedentes hasta el 5 de agosto. Estos procesos son fundamentales para la instalación de la nueva institucionalidad, pues influirán directamente en la creación de instrumentos clave que operativizarán la ley. 

El primero de los procesos mencionados tiene una directa relación respecto de la forma en que los organismos del Estado con competencias ambientales tratan los sitios identificados como prioritarios de cara a los procedimientos de evaluación de impacto ambiental, siendo actualmente de mayor relevancia y considerados como tales los considerados en la Estrategia Nacional. Actualmente existen 350 sitios prioritarios de los cuales sólo 64 de ellos se encuentran reconocidos en la Estrategia Nacional, haciendo infructuoso el trabajo de levantamiento de información y destinación de recursos a nivel regional para la identificación de los 286 sitios restantes. Esta nueva identificación de sitios prioritarios en el marco del proceso de planificación ecológica que mandata la ley viene a determinar cuáles serán los que pasarán a regirse por los efectos de la nueva legislación y, por ende, podrán ser objeto de los distintos instrumentos de conservación que con ella se incorporan y gozarán de protección ante las infracciones establecidas. El segundo proceso mencionado apunta a la elaboración de un reglamento que definirá criterios y estándares a efectos de determinar, en el marco de la evaluación ambiental de proyectos y actividades, si las medidas de compensación propuestas resultan apropiadas para hacerse cargo de los efectos, características o circunstancias que se proyecta que produzcan los proyectos o actividades en evaluación ambiental, los que deberán cumplir con las reglas para la compensación específicamente en materia de biodiversidad.

Como lo mandata el Acuerdo de Escazú, adoptado por Chile, es esencial que se promueva una amplia participación ciudadana, no solo para la aportación de antecedentes sino también para las consultas públicas necesarias en el futuro. Escazú establece claros estándares de información y participación que deben ser respetados. No cumplir con estos estándares significaría no solo un incumplimiento del acuerdo, sino también una oportunidad perdida para fortalecer la gobernanza ambiental en el país.

En el mismo sentido debemos recordar la importancia de cumplir con las metas N° 21 y 22 del Marco Mundial de la Biodiversidad adoptado en la COP 15 de la Convención de Diversidad Biológica, del que Chile es parte y que van en la misma línea que Escazú. La meta N° 21 se enfoca en asegurar que los mejores datos, información y conocimientos estén disponibles para los encargados de la toma de decisiones, los profesionales y el público. Esto es esencial para una gobernanza eficaz y equitativa, y para una gestión integrada y participativa de la diversidad biológica. Asimismo, destaca la necesidad de mejorar la comunicación, la educación, la investigación y la gestión de los conocimientos, respetando siempre los conocimientos tradicionales y las prácticas de los pueblos indígenas y las comunidades locales, con su consentimiento libre, previo e informado.

La meta N° 22, por su parte, subraya la importancia de lograr una participación y representación plena, equitativa, inclusiva y efectiva de los pueblos indígenas, las comunidades locales, las mujeres, los jóvenes y las personas con discapacidad en la toma de decisiones. También enfatiza el acceso a la justicia y a la información en materia de diversidad biológica, y la protección de los defensores de los derechos humanos ambientales.

Es fundamental que el gobierno aproveche esta oportunidad para marcar una diferencia en la manera en que se toman las decisiones relacionadas con la conservación de la biodiversidad y la protección del medio ambiente. La generación de procesos transparentes y participativos no solo reforzará la confianza pública, sino que también asegurará que las políticas y reglamentos desarrollados sean más robustos y eficaces. Para ello se requiere que la difusión de los procesos iniciados se lleve a cabo por medios adecuados y efectivos, siendo insuficiente su mera publicación en el Diario Oficial. Necesitamos la participación tanto de las comunidades locales como de la comunidad científica a fin de que esta nueva regulación pueda tener bases sólidas.

Instamos al Ministerio de Medio Ambiente a redoblar sus esfuerzos en la facilitación de información, generación de mecanismos de participación idóneos y difusión de estos importantes procesos y a cumplir con los estándares internacionales que hemos adoptado. Es momento de que el compromiso con la conservación de la biodiversidad se refleje no solo en palabras, sino en acciones concretas y transparentes.

Columna de opinión publicada en Ladera Sur – 13/06/24

Menos permisos, más claridad

Por Ezio Costa, Director Ejecutivo de ONG FIMA

Hay algo de cierto en los reclamos de las industrias respecto de la cantidad de permisos que se requieren para hacer proyectos en Chile. Nuestra legislación ha sido muy permisiva y bajo la pretensión de que todo riesgo es controlable, ha optado por estos títulos de intervención en lugar de efectivamente los derechos de las personas y el bien común y, por lo tanto, prohibir derechamente que se hagan ciertas actividades que atentan contra ellos.

Para la certeza jurídica de todos, sería óptimo que se establecieran derechamente prohibiciones en el futuro. Existirían menos riesgos para todos y menos permisos que pedir.

Por ejemplo, podríamos partir por prohibir que se construya en áreas protegidas y humedales urbanos, aprovechando la discusión sobre la reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), en lugar de hacer un enrevesado trámite para cumplir condiciones que, de lo que se puede ver en los diarios, son muy complejas para los promotores de proyectos.

Agreguemos a eso que, en general, esas condiciones son muy poco fiables para la protección del bien jurídico en cuestión, cosa que genera una mayor conflictividad. 

Pero para que esto suceda, la próxima vez que tengamos una discusión sobre cómo proteger el medio ambiente y otros bienes jurídicos, tendría que existir voluntad para aceptar que no es no.

Carta al Director publicada en El Mercurio – Viernes 12 de abril