Nuevo informe de ONG FIMA que revela las tensiones entre la actividad salmonera y los objetivos de conservación en la Reserva Nacional Kawésqar.
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La serie de informes aborda las razones por las cuales es necesario incluir la protección del medio ambiente en la constitución, revisando en esta segunda y tercera entrega, algunos principios, derechos ambientales e instituciones.
Febrero 2022. La crisis climática y ecológica hacen ver la necesidad urgente de cambiar nuestra relación con la naturaleza, mientras que el escenario constituyente en el que se encuentra Chile, se presenta como la oportunidad de orientar dichos cambios hacia una mayor protección de la naturaleza y los ecosistemas.
Por eso, desde ONG FIMA se ha trabajado en distintos informes para avanzar en el camino hacia una Carta Magna que integre al medioambiente como un eje central. Ejemplo de ello son la serie “Protección Constitucional del Medio Ambiente”, documentos que abordan las razones por las cuales impulsar una Constitución Ecológica, entregando las bases para lograrlo.
En la primera parte “¿Por qué necesitamos una Constitución Ecológica?”, se revisaron cinco de las razones por las que se debe mejorar la protección constitucional del medio ambiente, enfocándose en el contexto político, social y ambiental del país.
En la misma línea, en “Principios Constitucionales”, segunda entrega de la serie, se profundiza en los principios que debiesen ser incluidos en la nueva Constitución y que permitirían avanzar en la protección del medio ambiente y en una vida en armonía con la naturaleza. Mientras que en la tercera parte, “Derechos y nuevas Instituciones” se revisan algunos derechos ambientales para los seres humanos y se plantean nuevas instituciones para la protección de las personas, de la naturaleza y los animales no humanos.
Informe «De la movilización territorial a la Convención Constitucional: una visión desde los territorios»
La revuelta social de octubre de 2019 se convirtió en una ventana de oportunidad para incorporar temáticas socioambientales. En este contexto, el trabajo desarrollado entre ONG FIMA y el Colectivo de Estudios Político-Ambientales (CEPA) rescata experiencias, perspectivas y expectativas de activistas ambientales en el proceso constituyente, a partir de la interrogante: ¿Cuál es el rol que tienen los actores territoriales en el posicionamiento de las temáticas socioambientales en el proceso constituyente?
A partir de esta pregunta, el informe se propone 3 objetivos centrales:
1) Evidenciar los orígenes socioambientales de la revuelta de octubre.
2) Explorar la diversidad de perspectivas de las y los activistas territoriales en torno al proceso constituyente.
3) Visibilizar las preocupaciones y demandas socioambientales de estos en la confección de la nueva constitución.
Los objetivos presentados tienen por finalidad contribuir a la discusión político-ambiental en la Convención Constitucional, para así visibilizar las miradas territoriales sobre la discusión constitucional. Para esto, se aplicaron entrevistas y encuestas a activistas de distintas regiones, militancias, trayectorias, profesiones, etc., con el fin de dar cuenta de la diversidad de miradas y necesidades sobre el proceso.
Informe Emergencias y Desastres Ambientales 2018
El seminario «El Rol del Estado ante los Desastres Ambientales», convocado por ONG FIMA en conjunto con la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, fue el escenario perfecto para el lanzamiento del «Informe de Emergencias y Desastres Ambientales 2018» que esta ONG realizó para reunir y analizar las diversas informaciones respecto a 4 grandes desastres ambientales que se produjeron durante el 2018.
Los encargados de analizar el informe fueron Diana Pei – Médico General de Atención Primaria de Viña del Mar, Miembro del departamento de Derechos Humanos, Medio Ambiente y Biodiversidad del Regional Valparaíso y del departamento de Medio Ambiente Nacional del Colegio Médico; Estefanía Gonzalez – Coordinadora de Campañas de Greenpeace en Chile; y Sergio Canals, ex Subsecretario de Medio Ambiente. Quienes destacaron los datos recogidos por el informe, y tuvieron consenso en que el Estado no ha a la altura de las necesidades enfrentadas el año pasado. Mientras que la moderación estuvo a cargo de Felipe Pino de ONG FIMA.
El segundo panel titulado Contaminación ambiental: Problemas de la legislación vigente fue moderado por Victoria Belemmi y estuvo a cargo de Monserrat Madariaga – Investigadora en el Centro de Derecho del Mar de la PUCV; Maria Jose Zegers – Abogada de RCZ y Javiera Calisto – Abogada de Oceana.
Por último, el tercer panel titulado Justicia climática y daño, contó con la participación de Anahí Urquiza, Investigadora Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2; Felipe Sabando – Ministro Titular del Segundo Tribunal Ambiental; Diego Lillo – Coordinador del Área de Litigios ONG FIMA y fue moderado por Patricia Araya, Coordiandora de Cambio Climático de ONG FIMA.
Presentación del Informe
Compartimos con ustedes las palabras de Naiara Susaeta, Coordinadora del Área de Estudios de ONG FIMA para presentar el informe.
Muy buenos días, a quienes madrugaron para asistir a esta primera mesa del Seminario “Rol del Estado ante los desastres ambientales”, pues además me imagino están aquí con conocimiento del lanzamiento que hacemos con este evento de un Informe elaborado por el área de estudios de ONG FIMA sobre este mismo tema.
El documento que dejamos a su disposición en nuestro sitio web se denomina “Informe de Emergencias y Desastres ambientales del 2018”, circunscribiéndose en todo caso solamente a nuestro país. Agradezco enormemente a todos quienes colaboraron en que su creación fuera posible, en especial a Felipe Pino, miembro del equipo de ONG FIMA, y a Solen Kerloch, pasante internacional, pues ambos fueron los principales responsables de este trabajo.
La primera pregunta entonces es, ¿por qué elegimos hacer por primera vez un Informe sobre este tema este año? Y supongo que la respuesta es evidente para todos, lo que de algún modo responde a la pregunta. El año 2018, el país se vio azotado por una serie de desastres, varios de ellos sin precedente, que en algunos casos alcanzaron una fuerte impresión mediática por la manera en que afectaron a la población, y que en otros incluso sin tener esta afectación tomaron tal relevancia por la explícita y grave manera en que produjeron un daño o invasión a ciertos componentes ambientales. Cómo la sensibilidad de la sociedad se ha ido volviendo cada vez mas consciente de estos desastres, es algo que no nos parecía irrelevante, y por el contrario, creemos es un avance no sólo para quienes constantemente trabajamos por la protección del medio ambiente, sino también para la sociedad en general, refiriéndome con ello tanto a las generaciones actuales como a las futuras.
Fue así como decidimos recopilar las experiencias vividas el 2018 en ciertos desastres específicos, que creemos tocan distintos elementos – en cuanto al daño -, involucraron a distintos y diversos organismos del Estado, tienen lugar en distintas regiones, etc., criterios que nos parecen relevantes para poder examinar la reacción del Estado en una variedad de escenarios disímiles: 1. El derrame de pintura antifouling en el río Trainel, en la comuna de Chonchi, de la Isla Grande de Chiloé, 2. El escape de 690.000 salmones en la comuna Calbuco, región de Los Lagos, 3. La emergencia ambiental en las comunas de Quintero y Puchuncaví, región de Valparaíso y 4. El derrame de 720.000 litros de petróleo en la comuna de Primavera, Tierra del Fuego, Región de Magallanes, siendo estos los eventos analizados en el documento.
El informe, de este modo, pretende colaborar a la difusión de los problemas ambientales que existen en nuestro país, y además, avanzar de forma constructiva haciendo una revisión no sólo de lo sucedido en el componente ambiental, sino también de la manera en que estos desastres fueron enfrentados por el gobierno, es decir, cómo fue la gestión y el manejo de los riesgos y los daños en los casos escogidos.
Así, cada caso tiene una estructura que consiste, en primer lugar, en una relación de los hechos, luego, expone la normativa que fue utilizada por los distintos actores involucrados en el caso, sigue con una enumeración de las principales acciones del Estado desde diversos organismos, y finaliza con conclusiones para cada caso, en que se expresa el nivel de cumplimiento de los compromisos adquiridos por la autoridad.
Nuestra intención, con este formato, es aportar con la entrega de elementos que permitan al lector llegar a su propia conclusión respecto a la manera en qué se abordan los desastres ambientales en Chile. No es difícil notar, por ejemplo, las diferencias existentes en las distintas regiones, las deficiencias normativas según el sector empresarial, y así, una lista de cosas que dan cuenta de los avances y el nivel de preparación que tiene nuestro país para hacer frente a estos escenarios, pero que a su vez, dejan abiertos una serie de desafíos que cómo país debemos asumir tanto desde la sociedad civil como desde el gobierno, y que esperamos puedan descubrir a medida que revisen el documento.
Es importante, a este respecto, tener en cuenta, que las deficiencias del manejo de los desastres ambientales están en todos esos niveles, pues no ha existido una integración efectiva de los riesgos dentro de la regulación ambiental. Un análisis más exhaustivo de los mismos, requiere no solamente actualizar normas sectoriales, sino que crear normas generales para la gestión de estos desastres, cuestión que pasa por prevenirlos, reducir la vulnerabilidad de los posibles afectados y facilitar las vías de sanción y reparación.
El informe, además, permite conocer el nivel de cumplimiento de los compromisos gubernamentales respecto al tema, lo que parece fundamental en un contexto de alta desinformación, considerando que la participación y presencia ciudadana son fundamentales para lograr que estos compromisos se lleven a cabo de forma adecuada.
Esperamos sinceramente que este trabajo contribuya en ese camino.
Descargar informe:
Informe Emergencias y Desastres Ambientales 2018