Magallanes: Informe señala que aprobación de salmoneras en Reserva Nacional Kawésqar es ilegal

El documento elaborado por organizaciones nacionales e internacionales apunta a la incompatibilidad entre este tipo de industria y el objeto de protección de la zona, en la cual, aún sin contar con un plan de manejo establecido, ya existen 57 concesiones salmoneras, 113 en trámite y se han aprobado 6 resoluciones de calificación ambiental luego de la creación de la Reserva.

30 de marzo 2021. Las comunidades Kawésqar, Atap, As Wal Lajep, Grupos Familiares Nómades del Mar, Residentes Río Primero e Inés Caro, entregaron a CONAF un informe técnico elaborado por las ONG FIMA, Greenpeace y AIDA, que busca aportar información respecto al grave impacto que la industria salmonera genera en los ecosistemas marinos, para ser considerado en el plan de manejo que la entidad de gobierno debe elaborar y ejecutar para dar cumplimiento a la protección de las aguas marinas que conforman la Reserva Nacional Kawésqar.

“Hoy CONAF debe garantizar el cumplimiento de lo que se estableció en la Consulta Indígena y prohibir explícitamente la salmonicultura en el plan de manejo de la Reserva, esta definición es clave para la salud futura de los ecosistemas marinos patagónicos”, explica Estefanía González, Coordinadora de campañas de Greenpeace “La falta de regulación interna que existe sobre las áreas protegidas, ha permitido una interpretación que arbitrariamente le ha abierto la puerta a la instalación de 57 concesiones salmoneras dentro de esta área protegida y más de 1.000 en toda la zona austral, con desastrosas consecuencias expresadas en el daño ambiental provocado por esta industria, hoy la salmonicultura es completamente incompatible con la mantención de ecosistemas marinos sanos.” agrega.

Proceso histórico para la protección de los mares australes

La creación de la Reserva Nacional Kawésqar en 2018 fue un hito clave para la participación de las comunidades y personas de este pueblo originario en la decisión sobre los ecosistemas que componen su territorio ancestral. En esa oportunidad, a través de la consulta indígena se estableció expresamente la necesidad de proteger las aguas y de impedir el desarrollo de actividades como la salmonicultura, considerando la particular situación de fragilidad ecosistémica del área y el legado cultural Kawésqar, firmemente ligado al mar.

En el informe, las organizaciones llegan a la conclusión de que la salmonicultura es una actividad incompatible con los objetivos de protección de las Reservas Nacionales, desde el punto de vista legal y ecosistémico, y en particular con la Reserva Nacional Kawésqar debido a la gran cantidad de riesgos que implica la actividad. Entre los daños que esta industria causa, se encuentran la contaminación biológica al introducir especies exóticas, el uso indiscriminado de antibióticos, las periódicas fugas masivas de salmones y los alimentos y fecas que se depositan en el fondo marino los cuales generan condiciones anaeróbicas y mareas rojas. Todo lo anterior pone en peligro un área marina con una diversidad única en el mundo y que el mismo Estado ha decidido proteger.

“Permitir la salmonicultura en la Reserva Nacional Kawésqar haría inútil la protección entregada al área. Este punto ha sido reconocido incluso por la dirección nacional de CONAF que al ser consultada en 2019 por la contraloría sobre el cultivo de salmones dentro de áreas protegidas, señaló que de acuerdo con el marco legal vigente nacional e internacional, entre los que se encuentran la “Convención de Washington”, no sería admisible una actividad como la salmonicultura en un área que protege el ecosistema marino”, agrega Victoria Belemmi, abogada de ONG FIMA.

Ver el informe completo aquí

Pronunciamiento de Contraloría

Por su parte, la ONG AIDA presentó un escrito ante la Contraloría General de la República para que esta se pronuncie respecto de la aprobación de un proyecto de ampliación de biomasa de un centro de salmonicultura ubicado en la Reserva Alacalufes, hoy Reserva Nacional Kawésqar, que se encontraba operando en condiciones anaeróbicas.

“La aprobación de este proyecto implicó que se autorizó aumentar la producción de salmones en una zona donde ya había evidencia de que la capacidad de carga del lugar estaba superada. El hecho que el centro estaba ubicado en las aguas bordeando la Reserva Alacalufes (hoy Kawésqar) lo hace aún más grave”, comenta Florencia Ortúzar abogada de la ONG AIDA.

El bajo nivel de oxígeno que afectaba las aguas fue evidenciado por documentación oficial que reconoce la normativa para ese fin – la Caracterización Preliminar del Sitio que el titular del centro presentó para solicitar la ampliación y varios informes preliminares (INFA) que confirmaban la situación-. Con la aprobación, el centro adquirió autorización para casi triplicar su producción original. Subpesca había notado la situación, incluso interponiendo una observación al respecto dentro del proceso. Sin embargo, poco después emitió su pronunciamiento conforme al proyecto. Luego, el SEA aprobó el proyecto mediante RCA.

Covid-19: Organizaciones entregan a autoridades propuesta de medidas “verdes” para reactivar la economía

Ante la crisis económica y social que traerá la pandemia por el Covid19, ONG Fima, Oceana, el Observatorio de Políticas Económicas, Chile Sustentable y Greenpeace entregan a autoridades chilenas una serie de medidas que integran condiciones ambientales a las líneas de créditos de grandes empresas, potenciamiento de las economías sustentables locales e incentivar la inversión privada verde.

23 de abril 2020. Recientemente el Fondo Monetario Internacional (FMI) anticipó que los efectos del COVID19 llevarán a una recesión incluso más profunda que la vivida durante la Gran Depresión. La expansión del virus no sólo traerá consecuencias sanitarias devastadoras sino que también tendrá efectos sociales considerables, lo cual sin duda agudizará  los efectos de la crisis social en nuestro país.

En la línea del llamado internacional de no volver al mismo sistema económico y social que nos trajo a esta crisis y ser conscientes que la pandemia entrega una oportunidad de cambios profundos sociales y ambientales, es que ONG Fima, Oceana, el Observatorio de Políticas Económicas, Chile Sustentable y Greenpeace entregan a Presidencia, Ministerio de Economía, Ministerio de Hacienda, Gobiernos regionales y Seremis una serie de medidas para una reactivación sustentable.

“Los costos de la crisis no pueden ni debe ser una carga para las y los trabajadores de nuestro país, estamos en un momento clave para implementar políticas públicas que permitan el el cambio hacia un modelo de desarrollo económico sustentable, ecológico,  equitativo y preocupado de los derechos laborales y sociales. Para esto, necesitamos redefinir los principios que han orientado la actividad económica del país hasta ahora y dar los primeros pasos hacia una economía centrada en el cuidado del medio ambiente, las personas, el desarrollo productivo más que sólo la ganancia de utilidades” afirma Luis Silva de OPES.

En este paquete de nueve propuestas que entregan las organizaciones se encuentran el establecimiento de condiciones a las líneas de créditos de grandes empresas, donde se entregue beneficio público a aquellas empresas que superen las 25 mil UF y que cumplan con requisitos medioambientales específicos de reducción de emisiones, estrategias de protección de cuencas, eficiencia y seguridad hídrica, protección de humedales, borde costero y restauración de ecosistemas terrestres.

Sara Larraín de Chile Sustentable agrega «Estamos preocupados del lobby para relajar las regulaciones ambientales con la excusa de la reactivación económica. Hoy estamos demandando al gobierno atenerse rigurosamente a la regulación ambiental vigente y transparentar a los ciudadanos que los dineros públicos que se aporten para el salvataje de empresas y para la reactivación económica tengan claros condicionamientos sociales y ambientales; ajustadas a objetivos climáticos, protección de la biodiversidad y equidad social»

Otra medida a implementar es el rescate de empresas mediante su adquisición parcial o total, con prioridad en aquellas empresas cuyas metas institucionales sean acordes con los objetivos climáticos, la protección de la biodiversidad y de las cuencas hidrográficas, incluidos los glaciares y humedales, y que, al mismo tiempo, sean estratégicas en términos de generación de empleo; el cumplimiento de la normativa ambiental pese a condiciones externas desfavorables. .

“Esta crisis sanitaria y económica nos pone en posición de tomar medidas que apunten a cambiar el modelo de desarrollo. La  reactivación económica, acá y en el mundo, debe ir en la línea de acelerar la transición hacia una economía realmente sustententable, que se haga cargo de la ineludible conexión con el medio ambiente.  La transición es necesaria de cara a la crisis climática, pues no podemos continuar un sistema destructivo que nos tiene al borde de un colapso mayor al que vivimos en estos días”, seña Ezio Costa, Director Ejecutivo de ONG FIMA

Entre otras de las medidas que proponen las diversas organizaciones se encuentran potenciar la inversión pública verde, a través del establecimiento de una red de agua potable y saneamiento total en el país, sobre todo en zonas rurales, que disminuya la brecha de carencia de alcantarillado y tratamiento de aguas.

En tanto, la pobreza energética es otro de los fenómenos que afecta diariamente a la población en el país, es por ello que el reacondicionamiento de hogares se vuelve fundamental, a través de subsidios en medidas de aislación y de recambio de cocinas y calefactores. Medida que traería una reducción importante en la emisión de contaminantes por quema de leña, la reducción del riesgo de enfermedades producidas por material particulado  y ahorros monetarios para las familias que reciben el subsidio.

“La transición a un modelo ecológico debe comenzar ahora, la política pública debe aplicarse de manera multiescalar con estos fines, reconociendo y potenciando el valor de las economías ancestrales y locales sustentables, estableciendo incentivos para una inversión privada que promueva el respeto de los derechos humanos y a valores propios del bien común. Como también avanzar decididamente en la descarbonización de la matriz energética” puntualiza Matías Asún Director Nacional de Greenpeace

Impulsar acciones de restauración ecológica, que busquen restablecer ecosistemas que han sido degradados, dañados o destruidos e invertir en el desarrollo de una industria nacional de valorización de residuos, incentivando al mismo tiempo la transición hacia un modelo de economía circular son otros de los aspectos relevantes que deberían ser considerados por las autoridades para realizar una reactivación económica que sea sustentable con el medio ambiente.

Ver documento con propuestas