ONG FIMA y GORE Los Lagos inician trabajo para el desarrollo de una Asamblea Climática en la Región

El proyecto se da en el marco del convenio entre ambas entidades para potenciar la participación ciudadana en el Plan de Acción Regional de Cambio Climático. 

La firma del convenio se enmarca en el Programa de Acción para la Democracia Climática, una iniciativa internacional impulsada por el World Resources Institute (WRI), People Powered y ONG FIMA, que busca capacitar a los gobiernos locales y a la sociedad civil en el diseño e implementación de procesos participativos que sean más inclusivos y deliberativos. El objetivo final es el desarrollo de políticas de acción climáticas que sean legitimadas por la ciudadanía. 

En concreto, el convenio tiene la finalidad de generar un proceso participativo para poner en marcha el Plan de Acción Regional de Cambio Climático de Los Lagos.

“El diseño del proceso participativo aún está en su etapa inicial”, explicó Catalina Fernández, antropóloga del área de Incidencia de ONG FIMA y coordinadora del proyecto que se lleva adelante con el GORE Los Lagos. “Nuestra intención es poder llevar a cabo una asamblea climática, que consiste en un grupo de personas seleccionadas al azar bajo ciertos criterios de representatividad, como edad, géneros, etnicidad, entre otros, que aprenden sobre una problemática, deliberan y luego hacen recomendaciones sobre cómo abordarla. Son herramientas ideales para involucrar a las comunidades y ayudarlas a decidir cómo abordar el cambio climático”

Para que el diseño de la asamblea climática integre las perspectivas de la sociedad civil y otros tomadores de decisiones, se constituyó un Comité de Diseño Participativo para la Democracia Climática, el cuál sostuvo su primera sesión el lunes 12 de diciembre, y en el que participaron representantes de nueve organizaciones de la sociedad civil de la Región de Los Lagos, tres asociaciones municipales, y miembros del Consejo Regional.

“Como parte de MODATIMA Osorno transmito que estamos esperanzados y motivados por este proceso regional, ya que es una región con carencias en la protección al medioambiente, por eso la participación ciudadana es esencial para lograr buenos resultados en este tipo de procesos”, señaló María Inés Barrera, quien participó de la primera sesión en representación de su colectividad.

Las sesiones del Comité se extenderán hasta fines de febrero de 2023, e incluirán la revisión de experiencias internacionales de asambleas climáticas, la exposición del Plan Regional de Cambio Climático de Los Lagos y el codiseño del proceso participativo. 

Se espera que la Asamblea Climática se implemente entre marzo y julio de 2023.

Cabe destacar que, en el mismo marco del Programa de Acción para la Democracia Climática de World Resources Institute (WRI), People Powered y ONG FIMA, también se está trabajando con el Gobierno Regional Metropolitano. En dicho caso, el proceso participativo se diseñó y se implementará para el Plan de Acción de la Estrategia Regional para la Conservación de la Biodiversidad.

Columna: «Viviendo y gobernando la crisis climática»

Por Ezio Costa Cordella

Director Ejecutivo de ONG FIMA

Quizás una de las cosas más difíciles y necesarias de comunicar es que la crisis climática es un proceso en el que ya estamos y que, ni en el corto ni en el mediano plazo, tolera el habitual pensamiento binario de «dentro/fuera», sino que nos pone en un continuo de menor gravedad a mayor gravedad y en la necesidad de encontrar un camino hacia una salida cuyo tiempo sobrepasa nuestro tiempo de vida.

Caer en cuenta de lo anterior, muchas veces afecta a las personas en su esperanza de superar la crisis, lo que se ve potenciado por un modo de comunicar cuestiones como las COP, donde lo que se busca es una evaluación binaria de «fracaso/éxito» que difícilmente engloba las múltiples complejidades que tiene un asunto como estas negociaciones.

Esta desesperanza fue particularmente notoria en esta COP27, graficada en la portada de la revista The Economist que circuló antes de la reunión y donde se le decía adiós (creo que prematuramente) a la posibilidad de cumplir la meta del acuerdo de París, dada la dificultad que significa cambiar nuestros modos de vida a escala global. Además, la percepción de dicha desesperanza se potenció, a ojos del público general, por el énfasis que la COP puso en la solución de las pérdidas y daños.

Pero el hecho es que la temperatura de la Tierra ya aumentó 1,1° y vemos sus efectos en todas partes, incluyendo sequías, marejadas, huracanes, olas de calor y otros eventos climáticos extremos. La meta que nos hemos puesto es que ello no supere los 1,5°, porque por cada décima que se aumenta se aumentan las pérdidas naturales, humanas y económicas. En esto último, por ejemplo, se ha calculado que la falta de acción podría llegar a costar 51% del PIB mundial y solo en 2021 los daños sobrepasaron los 343 mil millones de dólares.

El hecho de que en esta COP se haya por fin abordado este daño, entendiendo que afecta a los países más vulnerables, por la acción de los países más ricos que son quienes causan mayormente la crisis, es un gran avance; un avance porque permitirá a los países más vulnerables superar en parte los daños y también porque incentiva a los más ricos a acelerar la reducción de sus emisiones, de modo de mantener más controlados los daños y no tener que comprometer más capital en repararlos.

De ninguna manera eso significa darse por vencidos en la mitigación de la crisis, la meta de París sigue viva con todas las dificultades que ello implica y debemos cumplirla. Pero eso no nos puede cegar, pues en paralelo también es necesario hacerse cargo de los daños ya provocados y los que vendrán, fortaleciendo las medidas de adaptación, la reparación de daños y las lógicas de transición justa.

Ni el negacionismo de quienes temen a los cambios, ni el nihilismo de quienes han optado por un discurso sobre el colapso, son útiles en este escenario. Gobernar en tiempos de crisis climática demanda empujar a la vez los cambios que nos hagan emitir menos y aquellos que nos permitan la adaptación y la reparación, con un ojo especialmente puesto en quienes se encuentran en situaciones más vulnerables.

Columna publicada en Cooperativa – 01/12/2022

Columna: «La lucha contra el cambio climático requiere un nuevo rol del Estado

Por Santiago Correa

Economista e Investigador de ONG FIMA

En tiempos de grandes festivales, el estudio de la economía vivió su propio festival, encabezado por dos grandes cabezas de cartel, como Mariana Mazzucato y Joseph Stiglitz. Este último, Nobel de Economía en 2001.

Parte de la siempre conservadora e ideologizada elite criolla intentó presentarlos como economistas marginales y caracterizar sus ideas como propias de un estatismo trasnochado, a pesar de que ambos gozan de alta influencia en la definición de políticas económicas en todo el mundo y que están lejos de ser considerados economistas radicales.

A riesgo de pecar de reduccionismo, la tesis central del trabajo de ambos sostiene que el mercado por sí solo no cuenta con las herramientas suficientes para afrontar los grandes desafíos que encara el planeta y, con ello, la humanidad en el siglo XXI. Sin ser ninguno de los dos especialistas, ni mucho menos activistas en materias ambientales, coinciden en que el cambio climático representa el ejemplo más claro y acuciante de esta falta de herramientas del mercado.

Ante la presencia de costos no internalizados por los productores, los mercados producirán bienes en mayor cantidad que la socialmente óptima, como sería el caso de combustibles fósiles y su consiguiente emisión de gases de efecto invernadero (GEI). Siguiendo la misma lógica, cuando los productores no puedan apropiarse de los beneficios de producir algún bien, tenderán a producir por debajo de lo deseable, como sería el caso de la investigación y desarrollo. Hasta ahí, la tesis se centra en las premisas básicas de lo que se conoce por externalidades, a lo que el paradigma económico dominante respondería que existe espacio para que el Estado corrija estas situaciones por la vía, por ejemplo, de subsidiar la investigación y desarrollo, a la vez que gravar con impuestos las emisiones de GEI.

Lo que proponen Mazzucato y Stiglitz, en cambio, es superar esta visión del Estado como un mero corrector de las fallas de mercado y darle al aparato público herramientas proactivas para pensar las soluciones a largo plazo que el mercado es incapaz de proveer. De la lectura del trabajo de ambos autores, es muy fácil observar que sus propuestas son muy distantes de la visión estatista que los críticos locales pretenden imputarles. La base de sus estudios es la observación de que las grandes transformaciones productivas de nuestros tiempos, como lo es el internet, provienen de la inversión estatal.

La transición hacia una economía ecológicamente razonable requiere, sin dudas, de este impulso público, pues la propia estructura e incentivos del mercado de capitales hace imposible que una trayectoria riesgosa y de largo plazo sea liderada por el sector privado. Así, por ejemplo, ambos economistas mencionaron en sus conferencias en Chile el caso de Tesla, paladín de la inversión privada en tecnologías verdes, pero cuya mitología omite que en sus inicios fue subvencionado por el Estado con US$465 millones.

Mazzucato y Stiglitz nos invitan entonces a abrir la imaginación y pensar en el Estado como una entidad que se anticipa a los problemas del futuro, que invierte en potenciales soluciones a un nivel de riesgo que no puede sostener la inversión privada y, tan importante como ello, a redistribuir las ganancias de esas inversiones. Si los contribuyentes debieron pagar de sus impuestos los US$465 millones en subvención a Tesla, ¿qué razón de eficiencia hay para que no participen de sus ganancias? Y si las hubiera, ¿por qué estas deben anteponerse a las consideraciones de justicia para que así lo hagan?

Incluso si se está en contra de la posición que sostienen ambos economistas, es necesario reconocer que esta es una disputa política que, en un país democrático, debe ser resuelta por la voluntad de las mayorías. Nuestra actual Constitución, sin embargo, consagra explícitamente la servicialidad del Estado al amparo de los grupos intermedios, dando implícitamente forma al principio de subsidiariedad, lo que hace inconstitucional –o sujeto a voluntades supramayoritarias– la adopción de ciertas políticas que otorguen un rol mayor al Estado en la planificación económica.

Los desafíos que nos impone el cambio climático requieren entonces no solo una habilitación mayor a la participación del Estado en la economía, sino también un cuestionamiento a las recetas económicas que han probado una y otra vez no dar el ancho y cuyas alternativas parecen estar proscritas en la discusión pública local.

Columna publicada en El Mostrador– 24/11/2022

Municipios de Chile participan de jornada de trabajo para la elaboración y aplicación de Planes de Acción Comunal de Cambio Climático

En el marco del 2° Encuentro Nacional de Municipios Verdes, que contó con la participación de representantes de 22 municipalidades de todo Chile, se llevó a cabo una jornada de trabajo para fortalecer la lucha contra la crisis climática. Esto a través de un estudio sobre la elaboración de Planes de Acción Comunal de Cambio Climático y la ejecución de medidas de adaptación y mitigación.

La jornada  se llevó a cabo este 28 de noviembre en el Teatro Municipal de Maipú, dónde tuvo lugar el evento organizado por ONG FIMA, la Ilustre Municipalidad de Maipú y la Fundación Friedrich Ebert (FES).

«Frente a la crisis climática que estamos enfrentando, que lamentablemente va destruyendo el planeta a un ritmo acelerado, tenemos pocos recursos, pocas atribuciones, pero oportunidades directas de incidir en un cambio. A través, por ejemplo, de la elaboración de la estrategia hídrica local, la gestión residuos, de nuestra política ambiental, de las políticas de energía eléctrica, de la digitalización que estamos viviendo dentro del municipio para reducir la cantidad de papel que utilizamos y así un montón de prácticas que nos permiten ir construyendo sociedades y entornos mucho más sustentables y ecológicos”, dijo el alcalde Tomás Vodanovic.

«Este es ya el tercer año que trabajamos junto a ONG FIMA temas medioambientales relacionados con el trabajo de los municipios en el nivel local. Y creemos que es un tema ineludible para poder enfrentar la crisis climática y ecológica que vivimos. La generación de redes entre municipios y el desarrollar temas específicos como las estrategias hídricas locales y la fiscalización ambiental de los gobiernos locales, ayuda a fortalecer las tareas concretas de la primera línea del trabajo de adaptación climática que es la que se desarrolla a este nivel”, aseguró Cäcilie Schildberg, representante de la Fundación Friedrich Ebert (FES) en Chile.

«Las municipalidades son actores fundamentales para enfrentar la Crisis Climática», señaló Carolina Palma, coordinadora de Incidencia de ONG FIMA. «Es por ello que esperamos que esta red de Municipios Verdes y las actividades que se generen les sean de utilidad para desarrollar sus Planes de Acción Comunal, tal como mandata la Ley Marco de Cambio Climático, y ejecutar medidas para la adaptación y mitigación del calentamiento global».

El 2° Encuentro Nacional de Municipios Verdes contó también con la presencia de María Inés Sepúlveda, alcaldesa de San Clemente, quien expuso sobre los principales avances ambientales realizados en la comuna durante su administración.

«Implementamos una política ambiental que no existía, hemos realizado una trabajo muy intenso en estos 18 meses de gestión», señaló la alcaldesa de San Clemente, quien también explicó la situación ambiental actual que se vive en la localidad. «Somos una comuna que está intervenida, el río Maule tiene 14 centrales hidroeléctricas y también tenemos la amenaza de 76 torres de alta tensión».

Este segundo encuentro nace de la iniciativa «Compromiso Municipio Verde«, promovida por ONG FIMA y FES. Entre las autoridades asistentes se encuentran los alcaldes de Maipú, Ancud, Casablanca, y las alcaldesas de Ñuñoa y Quilpué.

«Los municipios somos quienes estamos más cerca de la ciudadanía y vemos permanente cuáles son las necesidades en torno al déficit de políticas públicas para el cuidado del medio ambiente», manifestó Valeria Melipillán, alcaldesa de Quilpué, «es muy necesario generar instancia y diálogos con distintos actores para impulsar estas políticas y que sean mucho más eficientes.

«En Ancud, en Chiloé, hace algunos años atrás hubiera sido imposible imaginar los problemas que hoy tenemos de crisis hídrica (…) estamos trabajando fuertemente con nuestras establecimientos educacionales con el fin de educar a nuestros niños y que sean ellos quienes impulsen a los mayores y todos contribuyamos a evitar las consecuencias del cambio climático», dijo el alcalde de Ancud, Carlos Gómez, quien también destacó la gestión de residuos y el reciclaje como sus principales líneas de trabajo.

Otros municipios como Providencia, Huechuraba y Vitacura, si bien no son firmantes del Compromiso Municipio Verde, fueron invitados dado su avance en temas ambientales y su trabajo previo junto a la red.

La Ley Marco de Cambio Climático, promulgada en junio de este año, en su artículo 12, establece que la municipalidades deberán elaborar Planes de Acción Comunal de Cambio Climático en un plazo máximo de tres años. En ellos deberán incluir, entre otros datos,  la caracterización de las vulnerabilidades de la comuna, las medidas de mitigación y adaptación, y los plazos de implementación. De no cumplir con lo que mandata la Ley, los municipios arriesgan multas.

Compromiso Municipio Verde

El Compromiso Municipio Verde es un documento de libre suscripción elaborado por ONG FIMA y FES que consta de 10 puntos para avanzar en la gestión ambiental, con lo que busca ser una hoja de ruta para el desarrollo de medidas sustentables en las comuna.

“A través de Municipio Verde, buscamos que las municipalidades se comprometan a utilizar al máximo sus facultades ambientales, y desde ONG FIMA, con el apoyo de Fundación Friedrich Ebert, proporcionamos material que sirva de guía para que puedan cumplir el compromiso, así como espacios para el intercambio de experiencias”, explicó Carolina Palma, coordinadora de Incidencia de ONG FIMA. 

Actualmente, hay más de 30 alcaldes y alcaldesas que han firmado el Compromiso, entre los que se puede mencionar a Calama, Viña del Mar, Santiago, Talca, Pucón, Valdivia y Coyhaique, entre otros.

Columna: «¿Pueden las ciudades salvarnos de la crisis climática?»

Por Felipe Pino

Coordinador de Proyectos de ONG FIMA

De un tiempo a esta parte, luego de años levantar evidencia sobre las implicancias holísticas del calentamiento global, y de asignar responsabilidades comunes pero diferenciadas a los diversos países del mundo, la acción climática local ha ido ganando terreno en la teoría y la práctica como un factor clave de la lucha contra el cambio climático.

La premisa clásica sigue siendo verídica: no todos los países tienen el mismo nivel de responsabilidad respecto del momento climático y ecológico en el que nos encontramos. En ese sentido, el adagio “misma tormenta, diferentes botes” sigue siendo representativa de las abismantes diferencias ambientales, sociales y económicas de los países que conviven en el planeta tierra.

Sin embargo, si miramos con detención a cualquiera de estos países, sean estos más o menos responsables del inventario de emisiones global, nos daremos cuenta que las responsabilidades también son abismalmente diferentes según la escala y características de los centros urbanos que lo componen. Así, las grandes ciudades, las ciudades intermedias y las localidades pequeñas tienen diferencias significativas respecto a las variables relevantes para efectos del cambio climático, tales como la cantidad de emisiones, infraestructura, número de habitantes, consumo de energía, entre otras.

Por lo mismo, la academia, la sociedad civil, y los tomadores de decisión a nivel internacional y nacional han volcado su atención a qué están haciendo las ciudades frente al cambio climático. Ello, no solo porque un cambio en sus procesos y estilos de vida serán significativos en suma, sino también por la mayor facilidad para tomar acciones ambiciosas en plazos acotados, cuando la escala de implementación es más pequeña.

Así, cada vez más actores consideran superado el concepto dosmilero de “Ciudades Sustentables” como horizonte a alcanzar, y se han centrado en la necesidad de permear la planificación urbana con un enfoque de “Urbanismo Climático”. Dicha idea implica que las ciudades no solo deben ser “más verdes” porque así sus actividades generarán menos impactos, sino que, dado que parte importante de las soluciones para la crisis climática y ecológica deberán ser implementadas en ciudades, estas se convertirán derechamente en soluciones tan relevantes como aquellas basadas en la naturaleza.

La afirmación anterior cobra sentido si observamos algunas premisas clave sobre la relación entre las ciudades y la situación ambiental actual. En primer lugar, es un hecho no controvertido que la energía es el sector que más emisiones GEI aporta a nivel global. Asimismo, también es un hecho indiscutido que las ciudades, sobre todo las grandes ciudades o metrópolis, son el tipo de asentamiento que mayores niveles de consumo energético acumula, tanto en electricidad como en el uso de otros combustibles.

Asimismo, dichos niveles de consumo energético, así como otras actividades antrópicas que generan emisiones GEI (residuos, uso de suelo, desforestación, etc.) son directamente proporcionales al aumento en la densificación y expansión de las ciudades, cuyas cifras han crecido de forma exponencial en las últimas dos décadas. Si bien todavía existen ciertos sectores “anti-ciudades”, que aseveran que para vivir de forma sustentable es inevitable un giro (o retorno) hacia la vida en asentamientos humanos de menor escala, estas soluciones no han logrado permear en la agenda política de ambiental y climática internacional, en la cual ha dominado la necesidad (y presión) de mejorar el diseño de las ciudades del futuro, en términos de resiliencia y sustentabilidad.

Dicho enfoque ha ido tomando forma también en las políticas urbanas y climáticas de nuestro país, y sobre todo posicionando nuevos centros urbanos como potenciales pioneros climáticos. En ese sentido, si bien la capital tiene cierto nivel de recorrido en lo que respecta a la conciencia y la acción climática; la planificación y toma de acción climática en ciudades intermedias como Talca, Temuco, Valdivia y Puerto Varas se ha potenciado a propósito de considerar a las ciudades no como las causantes del cambio climático, sino como aquellas que, con la ayuda y atención necesaria, podrán convertirse en verdaderas soluciones de relevancia local y global.

Columna publicada en La Tercera– 01/08/2022

Columna: «Conciencia social: democracia ambiental y manifestaciones por la tierra»

Constanza Gumucio

Sofía Riveros

Nicole Mansuy

Investigadoras ONG FIMA

La magnitud de la crisis climática ha generado que las personas demanden cada vez más información de lo que ocurre en sus territorios y de cómo les afectan las actividades que se desarrollan en ellos.

El 22 de abril fue declarado, en 2009, el día internacional de la tierra por la Asamblea General de la ONU. El origen de esta conmemoración se remonta a una movilización nacional multitudinaria en Estados Unidos (1976), donde se reunieron por primera vez más de 20 millones de personas a manifestar su molestia por el deterioro que estaba sufriendo el medio ambiente. Esta movilización marcó un hito fundamental: la toma de conciencia por parte de la sociedad civil de la importancia de los asuntos ambientales y de la necesidad de actuar frente al problema, exigiendo a las tomadoras de decisiones que se hagan cargo.

Desde el 22 de abril de 1976 han pasado más de cuatro décadas y el escenario a nivel mundial y nacional no ha cambiado. En el caso de Chile, es notorio. Desde 2009 y 2010 ha habido grandes movilizaciones (por ejemplo, la “revolución pingüina”), donde también comenzaron a aparecer las temáticas ambientales (en el ejemplo, las movilizaciones por HidroAysén, Barrancones, Alto Maipo). Luego en 2019, en el contexto del “estallido social”, se convocó a 48 manifestaciones que propugnaban asuntos ambientales.

La preocupación por el medio ambiente no solo se ha relevado en los últimos años a través de movilizaciones, sino que también en lo institucional. Un ejemplo de ello es el proceso constituyente de 2017, en que se fijó al medio ambiente como uno de los valores, principios y derechos más relevantes; y actualmente tenemos una Convención Constitucional marcada por la consigna ambiental. Desde un inicio la elección de 16 convencionales con propuestas ambientales, demostró la importancia de la demanda ambiental, al igual que el reconocimiento de la crisis climática en su reglamento. Luego, la convención decidió establecer una comisión específica para tratar las temáticas ambientales, y en las iniciativas populares de norma se levantaron 11 iniciativas ambientales de las 77 que lograron firmas suficientes.

En este contexto, donde por primera vez podemos discutir democráticamente el texto de la Constitución, es importante resaltar la importancia que la Naturaleza y el medio ambiente ha tomado para la ciudadanía, y que esa toma de conciencia tiene como sostén el mayor acceso a la información que tiene la comunidad con respecto al deterioro del medio ambiente, pero también a su salud y calidad de vida. Esto ha llevado a que las personas quieran participar de las decisiones que afecten sus territorios y sus sistemas de vida, como también que exijan el respeto de sus derechos. Sin embargo, aún quedan muchas tareas pendientes en orden a dar respuesta a esta creciente preocupación por el medio ambiente.

La magnitud de la crisis climática ha generado que las personas demanden cada vez más información de lo que ocurre en sus territorios y de cómo les afectan las actividades que se desarrollan en ellos, así como la exigencia de más participación y el respeto a sus derechos por medio del acceso a la justicia. Esto es precisamente lo que recogen los pilares de la llamada “Democracia Ambiental”, a saber: el acceso a la información, participación y justicia. Y es que solo cuando existe una participación informada por parte de las comunidades en los procesos de toma de decisiones, se generan políticas ambientales más transparentes y mejor fundadas, lo que repercute a su vez en la existencia de un medio ambiente más sano y que las personas puedan gozar de calidad de vida, salud y alimentación.

Estas demandas han hecho eco en el seno de la Convención, existiendo propuestas que buscan fortalecer estos pilares. De esta manera, por ejemplo, a través de la creación de una Defensoría de la Naturaleza y del establecimiento de Acciones Populares para ampliar el acceso a la justicia, y de la consagración de un derecho de acceso a la información y participación, se está buscando avanzar en una mayor democracia ambiental. Estos derechos son vitales para que no se sigan reproduciendo injusticias ambientales y para evitar la generación de conflictos, por lo que relevar su desarrollo en la Constitución es fundamental en este día, donde se conmemora la preocupación de la tierra que todos y todas habitamos.

Columna publicada en El Desconcierto – 22/04/2022

DECLARACIÓN COALICIÓN CHAO CARBÓN SOBRE PROYECTO DE LEY QUE PROHÍBE LA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE CENTRALES TERMOELÉCTRICAS A CARBÓN EN TODO EL PAÍS AL 2025

Este martes 27 de noviembre en la Sala de la Cámara de Diputados se votará el proyecto de ley que prohíbe la instalación y funcionamiento de centrales termoeléctricas a carbón en todo el país, a partir del año 2025. La iniciativa que establecería por ley el cierre de carboneras contaminantes urge debido a que el cierre de termoeléctricas a carbón comprometido por las empresas y el ejecutivo en el Plan de Descarbonización anunciado en 2019, es de carácter voluntario y con un laxo plazo de 20 años, terminando de cerrar estas centrales contaminantes al 2040.

Actualmente un mundo que se encuentra en una grave crisis climática y ecológica requiere que los países sean pioneros e implementen políticas que avancen en la mitigación de las emisiones de orden global. A su vez, en nuestro país se requiere del urgente cierre debido a que dichas centrales termoeléctricas se encuentran afectando los ecosistemas y la salud de los habitantes de las 5 zonas de sacrificio en donde se encuentran concentradas las 25 carboneras:  Tocopilla, Mejillones, Huasco, Quintero- Puchuncaví y Coronel.

Las personas que habitan las zonas de sacrificio y los ecosistemas que las comprenden, han tenido que soportar por décadas la contaminación generada por este tipo de empresas, siendo gravemente expuestas a la contaminación y envenenamiento del agua, el suelo y el aire, exponiéndolas a enfermedades respiratorias, neurológicas y cardiacas, quedando en el abandono, ante un Estado que no toma medidas que remedien y reparen los diversos efectos que generan estas empresas.

El proyecto de ley, busca prohibir la instalación y funcionamiento de plantas de generación termoeléctrica a carbón en todo el territorio nacional. Esta cuestión es necesaria, ya que dada la voluntariedad de la política energética que ha instalado el gobierno permite que este tipo de centrales podrían seguir instalándose en caso de que alguien decida hacerlo.

A su vez cuenta con un artículo transitorio que indica que las termoeléctricas a carbón que tengan menos de 30 años de antigüedad tendrán que dejar de funcionar al 31 de diciembre de 2025. Lo anterior es necesario, ya que el proyecto se hace cargo de la grave situación que viven las zonas de sacrificio y de la privación que tienen estas personas y sus territorios de vivir en un ambiente libre de contaminación, de tener derecho a la salud y el derecho y acceso a la justicia e información ambiental, cuestión que ha sido denegada por este gobierno al no firmar el Acuerdo de Escazú.

Es por ello qué instamos a esta Sala, a que reitere la voluntad ya expresada con ocasión de la aprobación del Proyecto de Acuerdo N°15 de 24 de septiembre de 2019, mediante el cual se solicitó al Presidente de la República, la reducción del plazo para el cierre de las termoeléctricas en el marco del Plan de Descarbonización.

Hoy al votar, al fin, un proyecto que materializa las esperanzas de nuestras comunidades golpeadas por la injusticia y la desidia de quienes no han tomado las medidas necesarias, esperamos que se repita el holgado guarismo de 104 votos a favor, ningún voto en contra y ninguna abstención, llevando así un mínimo de esperanza para quienes han sido condenados a vivir en zonas de sacrificio.