Este instrumento ya cuenta con su primer borrador y desde la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB) se trabaja en el desarrollo de una segunda propuesta en conjunto al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en Chile.
Durante el año 2021, la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB), la Cumbre Judicial Iberoamericana, la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y el Programa Iberoamericano de Acceso a la Justicia (PIAJ) iniciaron un proceso histórico: la creación de un convenio internacional que establezca un marco normativo obligatorio para garantizar el acceso a la justicia en los países iberoamericanos. Esta propuesta surge en un contexto donde diversas barreras -económicas, geográficas, culturales, entre otras- dificultan dicho acceso, por lo que se busca establecer un estándar mínimo de garantías a escala internacional para asegurar que los Estados establezcan suficientes mecanismos para el ejercicio de los derechos de sus ciudadanos ante tribunales.
¿Qué dice el primer borrador del convenio?
El documento preliminar plantea un enfoque integral que no solo refuerza los mecanismos jurisdiccionales tradicionales, sino que también incorpora estrategias preventivas como la educación en derechos, el empoderamiento jurídico y la asistencia legal gratuita. Además, destaca la necesidad de garantizar una justicia más inclusiva, considerando medidas específicas para mujeres, niños, personas con discapacidad, comunidades indígenas y poblaciones en contextos de exclusión social.
Entre los puntos clave del Convenio está la promoción de mecanismos de justicia alternativa y restaurativa, incluyendo la mediación, el arbitraje y la justicia comunitaria, con el objetivo de hacer más accesible la resolución de conflictos. También se propone la implementación de un sistema de justicia abierto basado en la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana, asegurando que la información sobre el funcionamiento del sistema judicial sea comprensible y accesible para toda la población.
“Existen varios obstáculos que enfrentan las personas para acceder a la justicia en Iberoamérica, los cuales varían de país a país. En principio están, por ejemplo, el que no exista un acceso gratuito a la justicia, la ausencia de funcionarios y funcionarias especializados y capacitados para atender adecuadamente a poblaciones y grupos en situación de vulnerabilidad o que la justicia tome demasiado tiempo en cumplir con lo resuelto, etc.”, explicó Sofía Rivera, investigadora del equipo de Estudios de ONG FIMA, organización que promueve este convenio en Chile.
Participación de la sociedad civil
La participación de la sociedad civil ha sido clave en el proceso de elaboración del Convenio, siendo ONG FIMA un punto focal en Chile. La organización ha aportado especialmente en la coordinación de las instituciones interesadas en el acceso a la justicia. En este sentido, un hito clave fue la realización del “Encuentro Regional: Avanzando hacia el Convenio Iberoamericano de Acceso a la Justicia”, desarrollado en diciembre de 2024, el cual impulsó el involucramiento de organizaciones de la sociedad civil (OSC) y de la academia, destacando la participación del Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, todos estos esfuerzos, se han hecho en estrecha colaboración con “Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia” (ACIJ), organización argentina que ha sido líder en la articulación de la sociedad civil iberoamericana.
Dentro de las observaciones que han realizado las OSC iberoamericanas, se ha enfatizado en que los Estados asuman compromisos vinculantes en lugar de limitarse a recomendaciones, asegurando además la asignación de recursos financieros y humanos para implementar las políticas acordadas. Por otro lado, se ha insistido en que el Convenio garantice un enfoque inclusivo, eliminando barreras económicas, geográficas y culturales que aún persisten en la región.
“La participación de la sociedad civil es una de las más importantes porque son quienes están a ‘pie de cañón’, acompañando, guiando y orientando a las personas sobre cómo acceder a la justicia, ofreciendo defensa gratuita y viviendo el proceso de acceso junto a las víctimas y usuarios. De igual forma, la academia cumple el rol de ser el pensamiento crítico, reforzando el conocimiento práctico con un sustento teórico que permite identificar y mejorar los obstáculos que enfrentamos”, señaló la investigadora de ONG FIMA.
Otro punto relevante impulsado desde las OSC es la creación de un robusto sistema de datos de justicia que permita recopilar información detallada sobre las necesidades jurídicas y la calidad de los servicios. Mediante la implementación de encuestas de victimización, estudios cualitativos y el seguimiento de indicadores, se busca garantizar la transparencia y la rendición de cuentas, lo que facilitaría el acceso público a la información, permitiendo que la ciudadanía supervise y participe activamente en la mejora continua del sistema de justicia.
Desafíos y rol clave de Chile
Chile juega un rol esencial en el desarrollo del Convenio Iberoamericano para el Acceso a la Justicia, ya que su Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ha sido designado como el organismo técnico encargado de liderar el proceso de redacción del documento. Esta responsabilidad representa una oportunidad única para que las organizaciones nacionales participen activamente y contribuyan con sus aportes a la construcción de un marco normativo que garantice un acceso equitativo y efectivo a la justicia en toda la región.
Mientras las autoridades de la COMJIB y los Ministerios de Justicia analizan el borrador y consideran las propuestas de la sociedad civil, las organizaciones participantes del proceso, trabajan para que el contenido del Convenio reconozca los desafíos y brechas de la región, e incorpore medidas que permitan la operacionalización del instrumento lo antes posible.
En este contexto, se está organizando el evento “Diálogos para la Justicia”, que se llevará a cabo el 19 de marzo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. El espacio busca reunir a diversas OSC, con el objetivo de recopilar críticas, comentarios y sugerencias que fortalezcan el Convenio, de cara a las próximas etapas de su negociación. La interacción entre quienes enfrentan diariamente barreras para acceder a la justicia y los especialistas académicos será clave para identificar los principales desafíos y oportunidades que deberá abordar este convenio regional.
