Este martes 27 de noviembre en la Sala de la Cámara de Diputados se votará el proyecto de ley que prohíbe la instalación y funcionamiento de centrales termoeléctricas a carbón en todo el país, a partir del año 2025. La iniciativa que establecería por ley el cierre de carboneras contaminantes urge debido a que el cierre de termoeléctricas a carbón comprometido por las empresas y el ejecutivo en el Plan de Descarbonización anunciado en 2019, es de carácter voluntario y con un laxo plazo de 20 años, terminando de cerrar estas centrales contaminantes al 2040.
Actualmente un mundo que se encuentra en una grave crisis climática y ecológica requiere que los países sean pioneros e implementen políticas que avancen en la mitigación de las emisiones de orden global. A su vez, en nuestro país se requiere del urgente cierre debido a que dichas centrales termoeléctricas se encuentran afectando los ecosistemas y la salud de los habitantes de las 5 zonas de sacrificio en donde se encuentran concentradas las 25 carboneras: Tocopilla, Mejillones, Huasco, Quintero- Puchuncaví y Coronel.
Las personas que habitan las zonas de sacrificio y los ecosistemas que las comprenden, han tenido que soportar por décadas la contaminación generada por este tipo de empresas, siendo gravemente expuestas a la contaminación y envenenamiento del agua, el suelo y el aire, exponiéndolas a enfermedades respiratorias, neurológicas y cardiacas, quedando en el abandono, ante un Estado que no toma medidas que remedien y reparen los diversos efectos que generan estas empresas.
El proyecto de ley, busca prohibir la instalación y funcionamiento de plantas de generación termoeléctrica a carbón en todo el territorio nacional. Esta cuestión es necesaria, ya que dada la voluntariedad de la política energética que ha instalado el gobierno permite que este tipo de centrales podrían seguir instalándose en caso de que alguien decida hacerlo.
A su vez cuenta con un artículo transitorio que indica que las termoeléctricas a carbón que tengan menos de 30 años de antigüedad tendrán que dejar de funcionar al 31 de diciembre de 2025. Lo anterior es necesario, ya que el proyecto se hace cargo de la grave situación que viven las zonas de sacrificio y de la privación que tienen estas personas y sus territorios de vivir en un ambiente libre de contaminación, de tener derecho a la salud y el derecho y acceso a la justicia e información ambiental, cuestión que ha sido denegada por este gobierno al no firmar el Acuerdo de Escazú.
Es por ello qué instamos a esta Sala, a que reitere la voluntad ya expresada con ocasión de la aprobación del Proyecto de Acuerdo N°15 de 24 de septiembre de 2019, mediante el cual se solicitó al Presidente de la República, la reducción del plazo para el cierre de las termoeléctricas en el marco del Plan de Descarbonización.
Hoy al votar, al fin, un proyecto que materializa las esperanzas de nuestras comunidades golpeadas por la injusticia y la desidia de quienes no han tomado las medidas necesarias, esperamos que se repita el holgado guarismo de 104 votos a favor, ningún voto en contra y ninguna abstención, llevando así un mínimo de esperanza para quienes han sido condenados a vivir en zonas de sacrificio.
En el contexto de la Cumbre Social por la Acción Climática, instancia que desde el 2 de diciembre se realiza en Cerrillos como acción paralela a la 25.ª conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, fue lanzada la última versión de la revista contiene diferentes perspectivas sobre cómo abordar la acción climática tanto nacional como global con el objetivo de promover el derecho a vivir en un medio ambiente sano.
