Continuando con los análisis de política ambiental, este segundo volumen se refiere al concepto de Capital Natural, sus características e importancia, y su contexto nacional e internacional.
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El Tercer Tribunal Ambiental dio la razón a la comunidad en la reclamación interpuesta en contra de la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) por no sancionar a la empresa al eludir someter su proyecto a evaluación ambiental
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Actualmente, se encuentra en implementación la Ley 21.368 que regula la entrega de plásticos de un solo uso en establecimientos de expendio de alimentos y de botellas plásticas, cuyas primeras obligaciones comenzaron a regir en febrero de 2022. Bombillas, cucharas, tenedores, cuchillos y revolvedores de plásticos de un solo uso, así como contenedores de plumavit, ya no pueden entregarse en ningún local de comida del país. En paralelo, se exige que todos los supermercados ofrezcan y reciban botellas retornables, tanto en sus canales de venta físico como online.
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El 43% de los centros que operan dentro de la Reserva, han arrojado condiciones anaeróbicas en el marco de sus operaciones, lo que, acompañado del uso intensivo de antibióticos; escape de salmones; e incidentes como accidentes navales, mortalidades masivas y basura en los mares ponen en riesgo su alto valor ecosistémico.
Este martes 24 de enero, representantes de las organizaciones AIDA, FIMA y Greenpeace, entregaron al director de CONAF, Christian Little, el informe “Incompatibilidad de la salmonicultura con la Reserva Nacional Kawésqar: Antecedentes y contribuciones para el proceso de elaboración del plan de manejo de la Reserva”.
El informe tiene como objetivo contribuir en el proceso de generación del Plan de Manejo de la Reserva. El documento concluye que la posibilidad de desarrollar la actividad de salmonicultura dentro de la Reserva Nacional Kawésqar es incompatible desde un punto de vista ecosistémico y legal.
Actualmente en la Reserva existen 68 concesiones de salmonicultura aprobadas y 57 en trámite, las que ponen en riesgo el alto valor de las áreas a proteger, el interés en la conservación de las eco-regiones terrestres involucradas y el atractivo turístico de la zona.
“Esperamos que este informe contribuya a que -de una vez por todas- se declare la incompatibilidad de la salmonicultura con la categoría de Reserva Nacional, conforme la ley de pesca y los tratados internacionales lo ordenan y, ahora último, las luces del tribunal ambiental” Macarena Martinic, coordinadora de Acceso a la Justicia de ONG FIMA.
La Reserva presenta características únicas de sus ecosistemas, los fiordos presentes en ella absorben dióxido de carbono y contribuyen al enfriamiento global del océano, procesos claves para enfrentar el cambio climático.
“Los argumentos técnicos y jurídicos están, por lo que hacemos un llamado a cumplir con la ley y no permitir la aprobación e instalación de centros salmoneros en la Reserva Nacional Kawésqar, junto con poner un freno definitivo a la expansión de esta industria” afirma Estefanía González, Coordinadora de campañas de Greenpeace.
El informe también agrega que la industria, en particular la empresa Nova Austral, ha sido objeto de numerosos procedimientos sancionatorios por sus reiteradas infracciones cometidas dentro del Parque Nacional Alberto de Agostini. Estas infracciones transcurren entre sobreproducción, fraccionamiento, daño ambiental, así como la ocultación de información solicitada por el órgano fiscalizador y anaerobia, donde 14 de sus 19 concesiones ubicadas dentro del Parque Nacional se han presentado en estas condiciones. Las sanciones, que van desde multas a revocación de sus resoluciones de calificación ambiental, no han sido un disuasivo suficiente para que la empresa se ajuste a la ley.
“Este informe da cuenta de la incompatibilidad ambiental y jurídica de permitir la salmonicultura en espacios de especial protección ambiental como la Reserva Kawésqar. Si la autoridad va a diseñar políticas, planes, programas y normas con la mejor ciencia disponible -y en línea con los compromisos de Chile-, debe prohibir sin excepciones la acuicultura marina de especies invasoras” agrega Cristina Lux, abogada Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA).
Descarga el informe completo “Incompatibilidad de la salmonicultura con la Reserva Nacional Kawésqar: Antecedentes y contribuciones para el proceso de elaboración del plan de manejo de la Reserva” a continuación:
El proyecto termo solar busca convertir las centrales 1 y 2 de la termoeléctrica Angamos en Mejillones a un sistema de sales solares fundidas
Inicialmente, el proyecto ingresó al sistema de evaluación ambiental por medio de una declaración de impacto ambiental (DIA), por lo que fueron los vecinos de Mejillones quienes tuvieron que exigir la apertura de este proceso de participación ciudadana para poder ingresar sus comentarios y dudas respecto, instancia que fue otorgada a partir de este martes 10 de enero y que contempla 20 días hábiles, es decir, estará disponible hasta el día 6 de febrero.
Si bien para la comunidad es importante terminar con la generación a base de carbón, también es muy necesario que esta reconversión se haga tomando en cuenta un proceso de transición justa en el que se expliquen todos los alcances e impactos que este sistema pudiera generar tanto ambientales como sociales.
“Los habitantes de Mejillones hemos vivido muchos años sin ser escuchados y en el constante riesgo que genera ser el sector con la mayor cantidad de centrales termoeléctricas del país. Por lo cual valoramos de forma positiva el reemplazo de la Central Termoeléctrica Angamos, pero esto no se puede realizar sin que la comunidad tenga todos los antecedentes del proyecto y pueda plantear sus legítimas dudas”. Agrega que “estamos muy contentos de que se inicie este proceso de participación ciudadana que tuvimos que solicitar debido a que ingresó por Declaración de Impacto Ambiental. Esperamos que toda la comunidad ingrese y haga sus preguntas en el proceso y participe en las instancias de información que se desarrollen”, señala Manuel Carvajal de la organización Despierta Mejillones.
De qué se trata
La planta contempla utilizar el mismo espacio físico en el que se encuentran hoy las centrales termoeléctricas Angamos 1 y 2 para la producción de energía eléctrica a partir de energía solar. Para esto se utilizarían sales solares que, al ser calentadas, permiten para evaporar agua. Este vapor será usado en la generación de energía eléctrica al circular a través de una turbina.
Esta última etapa funcionaría de la misma forma que una central termoeléctrica clásica, siendo la única diferencia el origen de la energía que permite evaporar el agua. Por una parte, el proyecto Alba contempla el uso de energía eléctrica para calentar las sales solares, mientras que en el caso de una termoeléctrica convencional, ésta se origina por un proceso de combustión cuya materia prima puede ser, por ejemplo, combustibles fósiles como el carbón o biomasa
Qué y quiénes pueden hacer observaciones
“Pueden participar de este proceso todas las personas jurídicas y naturales, no importa que no vivan en el territorio donde se emplaza el proyecto” explica Marcos Emilfork, Coordinador del área de Acceso a la Justicia de ONG FIMA
Para participar, las personas puede hacerlo electrónicamente ingresando al Portal de Participación Ciudadana en sea.gob.cl o por escrito en la oficina del SEA en la región de Antofagasta (Oficina de Partes SEA, Dirección Regional de Antofagasta: República de Croacia N° 0336, Antofagasta)
Respecto a los temas que se pueden observar, “estos no tienen limitaciones en tanto tengan relación con el proyecto mismo. Es así, como por ejemplo se puede preguntar por infraestructura que se utilizará, terreno en que se implementará, riesgos climáticos o para los ecosistemas que se puedan producir, fuerza de trabajo que requerirá, medidas previstas para evitar accidentes, etc.” agrega el abogado de ONG FIMA.
Para saber más sobre cómo y quién puede hacer una observación ciudadana, puedes ingresar a este link de la web Poder Ambiental.
En el marco del convenio de colaboración con Gobierno Regional de Valparaíso, nuestra organización capacitará a distintos municipios de la región para que tengan un rol activo ante casos de degradación ambiental.
De acuerdo con el Mapa de Conflictos Socioambientales en Chile del Instituto de Derechos Humanos, en la Región de Valparaíso se han reportado 21 de estos conflictos, de los cuales 16 se encuentran activos y otros tres en estado latente. Algunos de ellos, como la contaminación en la bahía de Quintero y Puchuncaví o la escasez hídrica en Petorca, se han convertido en símbolos de la conflictividad ambiental a nivel nacional.
Teniendo en cuenta esta realidad, y en el contexto del Fondo Nacional de Desarrollo Regional del GORE de Valparaíso, ONG FIMA, se adjudicó el proyecto“Transferencia para el Fortalecimiento de Capacidades para el Acceso a la Justicia Ambiental”. La iniciativa, tiene como fin la capacitación y asesoramiento a 12 municipios de la Región en acceso a la justicia en materia de reparación ambiental, para que estos puedan tomar un rol activo en la toma de acciones institucionales y/o jurídicas.
“El Programa busca ser un aporte para abordar una de las necesidades urgentes de los gobiernos locales del país: fortalecer sus capacidades para hacer frente ante casos de degradación ambiental”, explica Felipe Pino, abogado y coordinador de Proyectos de ONG FIMA. “Además de las facultades de las Municipalidades en la gestión ambiental de sus comunas, estos organismos tienen un rol preponderante en el accionar ante tribunales ambientales para buscar la reparación en casos de daño ambiental. Desde ONG FIMA queremos potenciar el uso de esta facultad, aportando con una asesoría especializada a funcionarios municipales para que estos puedan llevar autónomamente dichos casos, sin depender de la contratación de servicios jurídicos externos.
El programa tendrá una duración de 26 meses e incluirá actividades tales como la capacitación de funcionarios municipales en derecho ambiental, talleres de empoderamiento jurídico ambiental para comunidades y organizaciones sociales de la Región de Valparaíso, y un diagnóstico sobre el estado de ecosistemas relevantes para la zona, así como la causalidad de los daños que se identifiquen en ellos.
La Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto Condominio Alta Vista Pucón II quedó sin efecto por orden del Tercer Tribunal Ambiental, mientras que la Corte Suprema ratificó la anulación de la RCA del proyecto inmobiliario Pinares del Lago.
Alta Vista Pucón II
El Tercer Tribunal Ambiental decidió dejar sin efecto la RCA del proyecto Condominio Alta Vista Pucón II, acogiendo de esta forma la reclamación presentada por la Municipalidad de Pucón, la Unión Comunal de Juntas de Vecinos y varios habitantes de la comuna, con el apoyo de ONG FIMA.
Según se argumentó ante el Tribunal, el titular del proyecto, no descartó correctamente sus impactos ambientales, pues, entre otros puntos, en la evaluación ambiental se desconoció la existencia de un cauce natural en el área de influencia, no se levantó información suficiente sobre la biodiversidad y no se hizo cargo de los efectos que el proyecto tendría sobre la Zona de Interés Turística Araucanía Lacustre.
Además, se señaló que existiría un fraccionamiento, ya que hay antecedentes suficientes para afirmar que existe una “Unidad de Proyectos” entre los condominios Alta Vista Pucón I y Alta Vista Pucón II, lo que obliga a su titular a evaluarlo cabalmente ante el Servicios de Evaluación Ambiental.
Marcos Emilfork, abogado y coordinador del área de Acceso a la Justicia de ONG FIMA, explicó que el Proyecto Alta Vista Pucón contemplaba la construcción de tres condominios, de los cuales “al menos dos de ellos tienen el mismo titular, idéntico nombre y se encuentran adyacentes, separados por la Calle 4, que es una obra común por la cual se accede a ambos proyectos y que fue construida a propósito de la ejecución del primer condominio. Estos proyectos cuentan con señalética común desde el camino internacional y la construcción y tramitación administrativa ha sido parcialmente paralela. Esto permitió al Tribunal afirmar que es en realidad una «Unidad de Proyectos» que obliga a su titular a evaluarlo íntegramente”.
Específicamente, Alta Vista Pucón II consistía en la construcción de 6 edificios de departamentos con 4 pisos, que incluían un total de 306 viviendas. Además, de la construcción de 317 estacionamientos de vehículos, 153 estacionamientos de bicicletas y 2 piscinas. Todo esto en un terreno de 2,1 hectáreas emplazadas en la comuna de Pucón, Región de la Araucanía.
Pinares del Lago
Por su parte, la Tercera Sala de la Corte Suprema declaró inadmisible el recurso de casación presentado por el Servicio de Evaluación Ambiental en contra de la sentencia que anuló la RCA del proyecto inmobiliario Pinares del Lago, dictada por el Tercer Tribunal Ambiental en abril de 2022.
En dicha ocasión, el Tribunal consideró que durante su etapa de evaluación el titular del proyecto no entregó los antecedentes suficientes para poder descartar de forma adecuada los impactos ambientales sobre el humedal La Poza, el cual actualmente está reconocido como humedal urbano.
El proyecto inmobiliario Pinares del Lago consistía en la construcción de 3 condominios con alrededor de 480 viviendas y 600 estacionamientos, los que se instalarían en la comuna de Pucón en el camino hacia el lago Villarrica.
Medio Ambiente, Salud, Subsecretaría de Pesca, Conaf, Dirección General de Aguas y SAG dejaron en claro sus reparos a la minera en los documentos que el Comité de Ministros deberá tener a la vista para votar si aprueba o rechaza la iniciativa de Andes Iron.
Desde Alianza Humboldt, agrupación que reúne a organismos nacionales e internacionales por la defensa del archipiélago, afirman que los informes confirman los antecedentes técnicos que justifican el rechazo del proyecto.
Santiago, 30 de diciembre, 2022. “Esta Subsecretaría sugiere una calificación ambientalmente desfavorable del proyecto Dominga”, “es claro que no da cumplimiento a la normativa ambiental vigente”, “no existió durante todo el proceso una definición adecuada del área de influencia, desestimando toda base científica existente”, son solo algunas de las conclusiones a las que llegaron los distintos servicios públicos que hicieron llegar sus informes al Comité de Ministros, instancia que deberá votar el futuro del proyecto minero portuario de la empresa Andes Iron.
Los reportes, publicados en la web, serán parte de los antecedentes que los ministros y ministras del Medio Ambiente, Agricultura, Economía, Energía, Minería y Salud deberán tener a la vista cuando se lleve a cabo la votación, cuya fecha aún no ha sido fijada.
“No nos extraña que el pronunciamiento de los servicios que son competentes hayan nuevamente expresado y destacado la gran cantidad de deficiencias técnicas que hacen que este proyecto sea inviable en una zona tan biodiversa como el archipiélago Humboldt”, afirmó Liesbeth van der Meer, Directora Ejecutiva de Oceana. Desde FIMA, la abogada Antonia Berríos, representante de la Asociación de Pescadores y Mariscadores de Los Choros agregó que «si todas estas deficiencias hubieran sido notadas a tiempo, si se hubieran considerado las observaciones de los vecinos, Dominga ya estaría terminada. Las deficiencias son graves y dan cuenta de una evaluación superficial e irresponsable que minimizó los impactos de un proyecto como este».
Lo que dicen los informes.
El reporte emitido por la Subsecretaría de Medio Ambiente asevera que la empresa no consideró dentro de su área de influencia, las zonas utilizadas por especies emblemáticas del archipiélago como el pingüino de Humboldt, el pato yunco y el chungungo por lo que “no es posible descartar que el proyecto generaría impactos significativos en el ecosistema”. Adicionalmente, alerta sobre la insuficiente información de línea de base especialmente en lo que respecta a los cetáceos, concluyendo que las medidas de mitigación, compensación y reparación de la fauna marina protegida afectada por el proyecto no son suficientes.
Conaf, uno de los servicios que posee más información de la zona, reiteró sus críticas a la empresa al no haber definido adecuadamente el área de influencia del proyecto, sin tomar en cuenta la evidencia científica, y no realizar un levantamiento de la línea de base sobre las especies protegidas de la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt. “La ciencia ha sido categórica en demostrar que toda la bahía del archipiélago dentro del cual se proyecta el puerto del Titular es un sitio clave para alimentación, descanso y reproducción de especies de aves que anidan en la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt y las otras islas del archipiélago de Humboldt”, argumentó el servicio que además es el encargado de resguardar y administrar la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt. Adicionalmente, alerta sobre los impactos del ruido submarino y la contaminación lumínica, esta última podría llevar a la extinción en el corto plazo del yunco, ave marina que utiliza esta zona para reproducirse.
Desde la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca) calificaron que los antecedentes aportados por la empresa “no fueron suficientes ni adecuados” para hacerse cargo de los impactos que el proyecto generaría sobre las especies de comunidades intermareales y submareales de baja movilidad, lo cual es especialmente sensible para las comunidades costeras que dependen de estos recursos naturales. Asimismo, el organismo pone de manifiesto que posterior a la evaluación ambiental, la empresa propuso algunas medidas para mitigar los impactos de la planta desaladora, las cuales no pudieron ser evaluadas por Subpesca, especialmente en lo referente a las áreas de manejo de recursos bentónicos, cruciales para los pescadores artesanales de la zona.
“La pureza de nuestro mar es la que nos permite tener las áreas de manejo de locos más productivas de Chile, por lo que la intervención de la minera y el puerto pone en riesgo no solo nuestra fuente de trabajo, sino que la alimentación de cientos de personas, considerando que nosotros producimos el 60% de la pesca del norte grande”, afirmó Gabriel Molina, vocero y secretario de la Asociación de Pescadores y Mariscadores de Los Choros. ”Desde el territorio que se vería afectado por el proyecto hemos sido claros en que no queremos Dominga, han sido años en que hemos visto cómo esta empresa ha destruido el tejido social de la comunidad con sus regalos y ofrecimientos, por lo que esperamos que de una vez por todas se rechace de manera definitiva”, afirmó Tamara Gaymer, Presidenta del Movimiento en Defensa del Medio Ambiente de La Higuera (MODEMA).
Por su parte, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) criticó varios aspectos del proyecto, primero, la limitada área de influencia establecida por la empresa y no haber evaluado el efecto sinérgico y acumulativo con el proyecto Cruz Grande y su afectación a la fauna marina; segundo, la escasa línea de base y el “muestreo de solo dos días” realizado en invierno sin que existiera una justificación técnica que permita asegurar que “la intensidad y oportunidad de muestreo sea la apropiada”, y finalmente, el servicio califica de “insuficiente” la medida para mitigar el impacto sobre la fauna de derrames de hidrocarburos.
La Dirección General de Aguas (DGA) criticó la intervención del acuífero Los Choros, mostrando su preocupación por las serias falencias en la información aportada por Andes Iron lo que impediría asegurar que se han identificado correctamente todos los impactos adversos significativos relativos a la conservación de los acuíferos que resultarán afectados por el proyecto. En las observaciones ciudadanas se hizo notar una gran preocupación por la estabilidad, disponibilidad y calidad de las aguas del acuífero Los Choros, por los diversos servicios ecosistémicos que este presta. Entre ellos, la irrigación del valle y el uso para la pequeña agricultura campesina.
Desde la cartera de Salud mostraron sus reparos respecto a la evaluación de los impactos asociados al material particulado y gases que se generarían por las obras y actividades del proyecto. De acuerdo con la empresa, las emisiones atmosféricas de Dominga no provocarían cambios significativos en la calidad del aire, pero la Subsecretaría de Salud advierte que la norma que se utilizó en la evaluación ambiental del proyecto, en 2013, ya no está vigente y fue reemplaza por una más exigente que data de 2021.
“El proyecto Dominga no cumple con los estándares ambientales mínimos tanto en tierra como en mar, cuestión que hemos alertado desde un inicio y sobre todo hoy cuando han pasado 10 años desde que la empresa hizo sus estudios de línea de base”, sostuvo Alejandra Donoso, Directora de Defensoría Ambiental y representante de las comunidades locales. “El siguiente paso es que el Comité de Ministros, en atención a los antecedentes por todos conocidos y denunciados por organizaciones y comunidades, termine con este proyecto nefasto”, sentenció Matías Asun, Director de Greenpeace en Chile.
Los informes ya publicados están a disposición de los ministros y ministras, faltando únicamente el pronunciamiento por parte de la cartera de Energía.
Recordemos que el proyecto minero portuario Dominga fue rechazado en 2017 tanto a nivel regional como por el Comité de Ministros durante el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, pero la empresa decidió judicializar el caso. Desde entonces, y luego de dos instancias en el tribunal ambiental y en la Corte Suprema, esta última derivó la decisión al Comité de Ministros el que deberá votar próximamente si confirma el rechazo.
De acuerdo con el Tercer Tribunal Ambiental, la evaluación de los proyectos no permite descartar impactos sobre el medio marino, el paisaje y el turismo que se lleva a cabo en la Reserva.
Diciembre 2022. Se trata de dos de los nueve centros de cultivo de Nova Austral que se emplazan al interior de la Reserva Nacional Kawésqar, Clarence 6 y Clarence 14, ambos parte del proceso de fusión y relocalización que la empresa intenta llevar a cabo con sus centros de engorda ubicados en el Parque Nacional Alberto de Agostini. Actualmente, más de la mitad de estos centros ha reportado condiciones anaeróbicas.
Las comunidades Kawésqar y los habitantes de la región de Magallanes, junto con las organizaciones Greenpeace, AIDA y ONG FIMA, alegaron que se trataba de centros de cultivo incompatibles con los objetos de protección de la Reserva Nacional Kawésqar, poseían evaluaciones deficientes que impiden descartar impactos en el medio marino, paisaje y turismo que se lleva a cabo en la Reserva, y omitían la consideración del territorio como ancestral y de relevancia para las comunidades Kawésqar.
El tribunal señaló que la evaluación sería ilegal, ya que el Servicio de Evaluación Regional no habría advertido la potencialidad de los proyectos para generar impactos sinérgicos, los cuales podrían derivar de la utilización simultánea de tramos comunes de las rutas de navegación, los efectos que el tránsito de embarcaciones puede generar sobre la fauna marina y los eventuales impactos sobre el valor turístico y paisajístico. Asimismo, indicó que los proyectos son parte de uno mayor que se encontraría dividido.
Según explicó Macarena Martinic, abogada de ONG FIMA: “el fallo es un avance en la protección de la Reserva Nacional Kawésqar, ya que derechamente anula dos RCA de dos centros de Nova Austral que forman parte de la estrategia de la empresa de relocalizar los centros de cultivo que hoy enfrentan diversas sanciones y demandas por el daño ambiental que causaron en el Parque Nacional Alberto de Agostini. Esperamos esto pueda ser un puntapié inicial para la prohibición de la salmonicultura debido a la incompatibilidad de la actividad con la Reserva Nacional Kawésqar”.
De acuerdo con Leticia Caro, representante de los Grupos Familiares Nómades del Mar, “Hoy fue una lluvia de alegría y esperanza frente al fallo del Tribunal ambiental, pues luego de mucho tiempo y trabajo, buscar indagar y exigir que los procesos se cumplan según lo dictamina la ley, la invalidación de estos permisos no hace más que demostrar que lo que decimos es real, que nuestro territorio no es compatible ni lo será con la industria Salmonera y que nuestros antiguos hoy nos ven desde las memorias del territorio.”
“Celebremos la decisión del Tribunal Ambiental que reconoce la ilegalidad del fraccionamiento, que impide evaluar los impactos sinérgicos, que son más complejos que la suma de todos los impactos”, declaró Florencia Ortúzar, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). “El rápido avance de la industria salmonera hace que los impactos sinérgicos sean cada vez más peligrosos. Faltan medidas disuasivas para que las empresas dejen de intentar el fraccionamiento”.
“Es realmente insólito que empresas que están hoy enfrentando incluso juicios por demanda ambiental por el propio Consejo de Defensa del Estado producto de un historial de malas prácticas y que ya tienen comprobados efectos en los fondos marinos en parques nacionales como NOVA AUSTRAL, busque hoy casi como un premio instalarse en estas aguas puras y sanas. Anularle estos permisos es una importante victoria del trabajo conjunto con comunidades, pero también un llamado de atención para que de una buena vez las autoridades eviten esta invasión en los fiordos patagónicos de nuestro país” señaló Matías Asún, director nacional de Greenpeace.
ONG FIMA, con el apoyo de la Fundación Heinrich Böll, realizó el lanzamiento de una nueva edición de la Revista Justicia Ambiental, con la cual se busca contribuir al desarrollo y perfeccionamiento del derecho ambiental en Chile.
Diciembre 2022. La Participación Ciudadana, los efectos de la salmonicultura y la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (REP), son algunos de los temas incluidos en la edición n° 14 de la Revista Justicia Ambiental, publicación de ONG FIMA y la Fundación Heinrich Böll que ya se encuentra disponible en formato digital.
El lanzamiento de la Revista se realizó el 22 de diciembre en la sede de la Fundación Heinrich Boll, y contó con la exposición del abogado, doctor en derecho y ministro del Segundo Tribunal Ambiental, Cristián Delpiano.
En esta ocasión, Antonio Pulgar, coordinador del área de Estudios de ONG FIMA, y Nicole Mansuy, investigadora del área de Estudios de ONG FIMA, fueron los encargados de escribir la editorial, donde se aborda la evolución y los desafíos actuales del derecho ambiental tanto en el nivel nacional como internacional a 50 años de la Conferencia sobre el Medio Ambiente Humano de Estocolmo.
Entre los contenidos de la revista, se incluyeron cuatro artículos seleccionados a través de una convocatoria abierta, los cuales son: “¿Función ecológica de la propiedad en Chile?: análisis teórico y comparativo con miras a su incorporación en la nueva Constitución”, por Sofía Rivera y Alejandro Ramírez; “La participación ciudadana ambiental: fundamentos e importancia para legitimación de decisiones”, por Claudio Alhmabra; “Resignificando a los municipios: la garantía institucional de la autonomía y el interés legítimo”, de Aníbal Acevedo; y “Los sistemas de gestión de la Ley N° 20.920, su implementación normativa y el caso de los sistemas no domiciliarios y los consumidores industriales”, por Jorge Canals y Javiera Estenssoro.
Adicionalmente, se incluye el comentario de jurisprudencia de Diego Lillo, “Acuicultura y anaerobismo: algunas consideraciones sobre el sistema de respuestas dispuesto en la normativa chilena. Comentario a la sentencia de causa rol R-19-2020 del Tercer Tribunal Ambiental”.
La Revista Justicia Ambiental N°14 finaliza con tres informes del área de Estudios de ONG FIMA, redactados en el marco del proceso constituyente que tuvo lugar durante 2021 y 2022: “Hacia una Constitución Ecológica: Acceso a la Justicia Ambiental”; “Ordenamiento territorial en la propuesta de Nueva Constitución” y “Agencias reguladoras independientes en materia ambiental”.
Puedes encontrar esta y todas las versiones anteriores en www.revistajusticiaambiental.cl