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Con respecto de lo que se señala en el reportaje publicado en la edición del diario “La

Tercera” del sábado 3 de marzo del presente año, titulado «Los Mecenas de Patagonia sin Represas» (páginas R 12 a R 14), queremos aclarar que: La Fiscalía del Medio Ambiente (Fima) es una ONG fundada el año 1999. Desde sus inicios ha debido financiar su trabajo principalmente con el tiempo que muchos abogados y estudiantes de derecho le entregan generosamente sin percibir remuneración alguna, más los aportes de fundaciones extranjeras. Esto último debido a que en Chile no está muy desarrollado el espíritu de filantropía en estas materias. Por otra parte, las fundaciones que se indican en su reportaje han colaborado con Fima en los distintos programas que hemos realizado, desde mucho antes que existiera el proyecto Hidroaysén. No obstante, si bien alguna de ellas nos han apoyado en nuestro programa denominado «Defensa de las Aguas del Sur de Chile«, hecho que nunca hemos negado y que lo hemos indicado públicamente en nuestra página web (www.fima.cl), no son efectivos los montos que se mencionan en dicho reportaje, los que además de ser incorrectos, no consideran la labor de fiscal sponsor (esto es, contralor pero no beneficiario de los recursos que se le entregan) que Fima efectuó en algunas oportunidades, todo lo cual se encuentra debidamente detallado en nuestros balances e informado a las autoridades competentes. Adicionalmente, durante los años 2008 a 2010, los aportes que hemos recibido de esas fundaciones han tenido como destino programas distintos de aquellos relacionados con Hidroaysén, además de la oposición a ese proyecto. En nuestra página web ya indicada, es posible encontrar información sobre cada uno de esos programas que hemos ejecutado o estamos ejecutando, los que van desde la publicación de una revista de derecho ambiental (“Justicia Ambiental”), pasando por el estudio de la afectación del abastecimiento de agua a distintas comunidades por proyectos mineros en el norte de Chile, así como el ejercicio de acciones legales contra otros proyectos ambientalmente nocivos, todo ello a requerimiento de las personas directamente perjudicadas por ellos. Para finalizar, hay dos temas que se desearíamos resaltar. Primero, Fima no habría tenido ningún inconveniente en responder las inquietudes que pudieron haberle formulado los autores del reportaje en lo relativo a este tema, considerando especialmente que se trata de un asunto delicado. Sin embargo, a diferencia de otras ocasiones -en que han habido noticias ambientales destacadas-, nadie nos contactó. En segundo lugar, en virtud de un elemental principio de equidad periodística sería conveniente contrastar lo señalado en esa información respecto de los supuestos dineros que las ONGs opositoras al proyecto Hidroaysén han destinado a la defensa del patrimonio ambiental de todos los chilenos, con los fondos que Hidroaysén, controlada mayoritariamente hoy por ENDESA (una empresa de capitales italianos, por tanto también extranjera) ha destinado a la publicidad de su proyecto exclusivamente económico y a la defensa legal del mismo. Esto con el objeto de evitar que la comunidad nacional se forme una opinión sesgada sobre este tema, sobre todo si se considera que lo que está en juego es el patrimonio ambiental de todos los chilenos, amenazado por una iniciativa de efectos irreversibles. Francisco Ferrada C. DIRECTOR EJECUTIVO DE FIMA.]]>