Ante aprobación de Central Río Cuervo: Anuncian arremetida para frenar hidroeléctricas en Patagonia Chilena

En conferencia de prensa, los Parlamentarios (PPD) Guido Girardi y Enrique Accorsi junto a los abogados de la Corporación FIMA, Ezio Costa y Diego Lillo, y el secretario ejecutivo del Consejo de Defensa de la Patagonia (CDP), Patricio Rodrigo, alertaron sobre los altos riesgos sociales y ambientales del Proyecto Hidroeléctrico Río Cuervo de Energía Austral -recientemente aprobado por el Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Aysén- anunciando que se prepara una arremetida legal, ciudadana y parlamentaria que paralice este tipo de emprendimientos en la zona.

El senador Girardi lamentó que “se impongan las lógicas de rentabilidad, aumentando la concentración y monopolio del sector eléctrico, lo que tiene de rodillas al país, porque este es un mal proyecto para Chile”. “Tenemos una autoridad ambiental que está de rodillas y es servil, dispuesta a cometer fraudes ambientales como lo hizo con HidroAysén, Castilla y Pascua Lama (…) que no está permitiendo que exista desarrollo sustentable y un equilibrio adecuado entre los poderes económicos y las comunidades, que no tienen como defenderse” puntualizó el parlamentario.

Ante ello y escuchando las demandas de la ciudadanía y de los sectores productivos, el diputado Enrique Accorsi anunció la elaboración de un estatuto especial que proteja la zona de mega proyectos destructivos y, que a su vez, permita el desarrollo de actividades compatibles con el patrimonio ambiental, y de esta manera se evite estar luchando proyecto a proyecto.

El abogado de Fima, Ezio Costa cuestionó que los estudios geológicos solicitados a Energía Austral, mediante un recurso de protección presentado por Fima el año 2012, se hayan presentado en su totalidad “La corte se refiere a una resolución de Sernageomín que solicita 3 estudios distintos y Energía Austral solo presentó uno y en eso creemos que hay una primera ilegalidad”. El jurista indicó además que en el proceder del SEA Aysén se vulneró el espíritu la evaluación ambiental y la lógica de política pública, por cuanto las autoridades declararon que este proyecto no va a aumentar las posibilidad de un terremoto, sin embargo, “es un hecho innegable que se van a producir nuevos sismos o terremotos en la zona de la falla Liquiñe-Ofqui, donde se emplazaría Río Cuervo, y los daños que se pueden provocar en la ciudad de Puerto Aysén son muchísimos más graves que los que se provocarían sin estas centrales.”

Finalmente, el secretario ejecutivo del CDP, Patricio Rodrigo, expresó que la aprobación de un proyecto de represas tan o más nefasto en lo ambiental que HidroAysén, situado sobre una falla geológica activa, que inundaría 13 mil hectáreas de dos lagos prístinos y humedales, ha sido un golpe a la Patagonia, poniendo en riesgo la vida de ayseninos”. ”Patagonia Sin Represas en este caso dará el mismo tratamiento que se le ha dado a HidroAysén, realizando todas las acciones legales, internacionales, políticas y de activación social para que la ciudadanía tome conciencia y el Gobierno sepa que se equivocó” puntualizó Rodrigo.

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Quince países de América Latina preparan convención internacional por derechos ambientales

Nota

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de Helmuth Huerta Radio Universidad de Chile

Entre los gobiernos presentes en la instancia se cuentan Brasil, Argentina, Colombia, México y Chile, los cuales están negociando una Convención Internacional sobre ‘democracia ambiental’, para aplicar el Principio 10 de la Convención de Río, y fijar así una base institucional, administrativa y política sobre tres pilares: acceso a información, participación ciudadana y derecho a Justicia en materia medioambiental. El Gobierno chileno preside actualmente el proceso, que se encuentra en fase de negociación técnica. Esta es llevada a cabo por 40 profesionales de los ministerios: de Medioambiente, de Relaciones Exteriores, de Desarrollo Social, y de la Secretaría General de la Presidencia.

América Latina no tiene plataformas de información ambiental de alcance continental, para saber, por ejemplo, de la transferencia de contaminantes entre países, derivada de actividades extractivas o productivas como la minería, la generación termoeléctrica, los transgénicos, o la situación del suelo, el aire y el agua. Tampoco existe estándar básico de participación ciudadana en las decisiones políticas y productivas, y menos todavía una base sobre acceso a Justicia para exigir derechos ambientales.

Con ese vacío en mente, 15 países de América Latina buscan crear una institucionalidad continental, a fin de operacionalizar el Principio 10 de la Convención de Río. Además del trabajo continuo que se hace a través de teleconferencias, ya se han realizado dos reuniones internacional en noviembre de 2012 en Santiago y en abril de este año en México, donde se fijó la hoja de ruta. La próxima es a fines de octubre o comienzos de noviembre en un país aún por definir.

Al amparo de Naciones Unidas, la Unión Europea ya creó en 1999 la llamada “Convención de Aarhus” sobre derecho a información, participación ciudadana y acceso a justicia, considerado el instrumento más avanzado sobre ‘democracia ambiental’, y firmado ya por 46 países. Pese a ello, la abogada y negociadora del Ministerio de Medioambiente, Constance Nalegach, aduce que se optó por crear una institucionalidad nueva, porque en América Latina los recursos naturales son más necesarios para la economía en comparación con Europa:

“Si bien la Convención de Aarhus está abierta a todos los países del mundo, nosotros como América Latina y El Caribe también enfrentamos desafíos que son particulares a nuestra región. El uso de los recursos naturales en nuestra región es una base de la economía, lo que no es tan fuerte en Europa. En nuestra región ya hay ciertos indicios sobre todo de temas de conflictos de interés e incluso de conflictos ambientales por el uso de los recursos naturales”, adujo la funcionaria.

Por su parte, el director de Medio Ambiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, Waldemar Coutts, informa los temas que propuso Chile en esta instancia internacional:

“Llegamos con dos temas a la conferencia de Río + 20 del llamado ‘Principio 10’ que abarca estos tres pilares, y también la importancia que reviste la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en la consecución del desarrollo sustentable, y que se refleja en el documento final de la conferencia, denominado “El futuro que queremos”, y eso quedó reflejado en dos párrafos, el 46 sobre la importancia de la RSE y el 47 referida a la importancia de que las empresas, tanto del Estado como las privadas que cotizan en la bolsa, generen informes de sustentabilidad”, acotó el funcionario de Cancillería.

En representación de la sociedad civil actúa la “Iniciativa Acceso”, que incorpora una organización no gubernamental (ONG) por cada país. Chile es representado por la Fiscalía del Medio Ambiente (FIMA), una de las de mayor tradición en la defensa de derechos ambientales. Su director ejecutivo, Ezio Costa, resalta el papel del Gobierno para revertir el vacío institucional ambiental en América Latina.

“No hay nada a nivel latinoamericano, por eso es importante tener una convención como esta, que permita tener ciertas lógicas comunes, que a la larga lleven a algún nivel de gestión común, pues los recursos naturales, el medioambiente y los ecosistemas son recursos comunes que traspasan las fronteras, de tal manera que esas políticas consideren la existencia de estos derechos reconocidos internacionalmente y el acuerdo y la voluntad de los Estados de América Latina de hacerlos cumplir, y de respetar sus obligaciones internacionales. Hasta ahora ha sido un proceso que en el caso de Chile ha tomado muy en cuenta a la sociedad civil organizada”, dijo el ambientalista.

Ver nota completa de Radio Universidad de Chile

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Evalúan creación de organismo que asesore a comunidades ante proyectos que afecten el medio ambiente

La iniciativa está siendo discutida por el Consejo de la Sociedad civil del Servicio de Evaluación Ambiental, y buscaría la implementación de un organismo o instancia que pueda asesorar técnica y legalmente a las comunidades que serán afectadas por proyectos presentados al Sistema de Evaluación Ambiental (SEIA), y que no cuentan con recursos para hacer valer efectivamente sus derechos.

La propuesta, impulsada por FIMA, parte de la idea de que el SEIA no recoge adecuadamente la posible contradicción de intereses entre las comunidades y los titulares de proyectos, donde el Estado actúa solo como mediador, dejando a las comunidades de escasos recursos prácticamente en la indefensión.

La idea de la instancia es que pueda, al menos, leer e interpretar adecuadamente los complejos estudios de impacto ambiental y con esa información pueda apoyar a quienes recibirán los impactos de la intervención que se realizará al medio ambiente.

Para la próxima sesión del consejo de la sociedad civil del SEIA, FIMA se ha comprometido a entregar a los consejeros un informe con las opciones para dar cuerpo a esta iniciativa.

Se invita a quienes quieran aportar en este proceso, a enviar sus propuestas a fima@fima.cl

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Artículos de Justicia Ambiental ahora están disponibles en SSRN, red internacional de publicaciones académicas

Los artículos del N°4 de nuestra Revista Justicia ambiental han sido indexados en una de los más importantes redes de búsqueda de artículos a nivel mundial, el Internacional Social Science Research Network (SSRN) (www.ssrn.com). La red es codirigida por importantes instituciones como la Escuela de Derecho de la Universidad de Standford y la Universidad de Corea.

El objetivo de esta alianza los artículos de la Revista Justicia Ambiental, estén a disposición de todos quienes busquen papers y material académico relacionado con los temas de derecho ambiental.

Social Science Research Network (SSRN) está dedicado a la rápida difusión a nivel mundial de investigaciones en el área de las ciencias sociales. Está compuesta por un importante número de redes especializadas en cada una de las áreas de las Ciencias Sociales, y ha recibido numerosos e importantes premios por su sitio web.

Cada uno de los miembros de la SSRN fomenta la temprana distribución de resultados mediante la publicación de resúmenes de investigaciones y la publicación de síntesis de los más destacados papers de investigación en el mundo. Tiene cientos de diarios, editoriales, e instituciones asociadas, que proveen trabajos académicos por medio de su biblioteca electrónica y boletines.

La biblioteca electrónica de la SSRN, se compone de dos partes: una base de datos con más 486.600 resúmenes de trabajo académico y aquellos que se encuentran en desarrollo; y una colección digital de Papers con más 395.800 textos completes disponibles para su descarga en formato PDF. Esta librería también incluye la búsqueda trabajos de investigación desde una base de datos de pago.

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Corte de Apelaciones Desconoce Derecho Constitucional de Vecinos

La Constitución Política de la República, creó el recurso de protección teniendo por objeto que las Cortes conozcan de los actos u omisiones ilegales que quebranten derechos fundamentales protegidos por nuestra constitución.

Con fecha 28 de Mayo en causa ROL 26.994-2013, la Corte de Apelaciones de Santiago, declaró inadmisible el recurso de protección presentado por los vecinos de la

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Comuna de Lo Espejo y la Fiscalía del Medio Ambiente, en contra la Resolución de Calificación Ambiental del proyecto «Mejoramiento Integral de la Infraestructura Ferroviaria Tramo: Santiago – Rancagua» que presentó EFE.

En su sentencia, la I. Corte señala que los hechos descritos “… sobrepasan los márgenes del recurso interpuesto, toda vez que las materias planteadas deben ser ventiladas en el procedimiento contenido en la Ley 20.600, ante el Tribunal Ambiental creado especialmente al efecto“.

Esta resolución, contraviene lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, que crea el recurso de protección teniendo por objeto que las Cortes conozcan de los actos u omisiones ilegales que quebranten derechos fundamentales protegidos por nuestra constitución, señalando “… sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes”.

Lo anterior reviste aún más gravedad, dado que la Ley Nº 20.600, que crea los Tribunales Ambientales, no considera ninguna acción que tenga una finalidad similar al recurso de protección, dejando un vacío de justicia para quienes enfrenten este tipo de irregularidades.

Proyecto de EFE

Con fecha 24 de Mayo 2013, FIMA junto con los vecinos de Lo Espejo, presentó un recurso de protección contra la Resolución de Calificación Ambiental del proyecto «Mejoramiento Integral de la Infraestructura Ferroviaria Tramo: Santiago – Rancagua» de EFE.

Dicho proyecto, que forma parte de un plan mayor denominado «Rancagua Xpress», implicará el aumento en la frecuencia (al menos 1 cada 4 minuto) y velocidad de los trenes, los cuales pasarán a solo 8 metros de las casas de los vecinos. Esta ampliación, provocará fuertes ruidos y vibraciones, segregando las comunas, y afectando el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación, el derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, y finalmente el derecho de propiedad de sus vecinos.

Lo anterior, es aún más grave, ya que en su presentación, EFE incurrió en importantes ilegalidades, puesto que como la misma empresa reconoce, fraccionó el proyecto, pues se trataría de un subproyecto de «Rancagua Xpress». Al hacer esto, la presentación ingresó al SEIA como Declaración de Impacto Ambiental, siendo que debió hacerlo por Estudio de Impacto Ambiental, toda vez que generará graves consecuencias ambientales y sociales, al existir: reasentamiento de comunidades humanas, alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres, y riesgos a la salud de las personas. Ninguno de esos impactos fue evaluado ni considera medidas de compensación, reparación o mitigación para las personas y comunidades afectadas.

En conclusión, resulta particularmente grave que la Corte de Apelaciones de Santiago, por el hecho de existir una ley especial, declare inadmisible acciones de protección. De esta forma, la I. Corte, está contraviniendo lo ordenado por nuestra constitución, en la que se expresa claramente su obligación de conocer las causas de su competencia.

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FIMA presenta reclamación para proteger el río Achibueno

La reclamación busca revertir la calificación favorable que el Servicio de Evaluación Ambiental y el Consejo de Ministros, otorgó al proyecto Hidroeléctrico Achibueno, de propiedad de la empresa Hidroeléctrica Centinela S.A. La acción fue hecha en el Segundo Tribunal Ambiental de Santiago, a nombre de Oscar Spichiger, quién es uno de los ciudadanos que formó parte del proceso de participación ciudadana en oposición al proyecto.

Esta iniciativa, responde a las resoluciones que modificaron la Resolución de Calificación Ambiental del proyecto en octubre 2012, y que a pesar de reconocer vicios de la Evaluación Ambiental llevada a

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cabo por el SEA, modifica la RCA, pero en ningún caso corrigió dichos vicios y, más aún, decide favorablemente en base a dos informes solicitados al Ministerios de Medio Ambiente y a la Dirección General de Aguas, en que ambos organismos se manifiestan disconformes con lo resulto en primer término por el SEA.

Por su parte, la Fiscalía del Medio Ambiente, FIMA, se encuentra estudiando nuevas vías de impugnación, mientras se resuelven las reclamaciones que están aún pendientes.

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14 países de Latinoamérica y el Caribe adoptan un ambicioso plan de acción para mejorar el derecho de acceso a la información en la región

GUADALAJARA, MEXICO (Abril 18, 2013) – Catorce países de Latinoamérica y el Caribe se reunieron en Guadalajara, México el 16 y 17 de abril de 2013 para adoptar un ambicioso plan de acción para el período 2013 – 2014, para mejorar los derechos de acceso a la información, la partición pública y el acceso a la justicia.

Este plan de acción busca implementar la declaración del Principio N 10, el cual fue firmado en la conferencia Río +20 de junio de 2012, en el que los países aceptaron trabajar hacia un instrumento regional para mejorar el acceso a los derechos.

Los países de Latinoamérica y el Caribe bajo este plan de acción, se comprometen a:

  • Promover la Declaración e incorporar nuevos firmantes en el proceso;

  • Fortalecer y poner de relieve los progresos realizados en materia de derechos de acceso a la información, participación y justicia;

  • Promover la participación activa de la sociedad civil a nivel nacional;

  • Trabajar hacia la creación de un instrumento regional a través de grupos de trabajo para debatir en el desarrollo de capacidades y esfuerzos de cooperación, y determinar la naturaleza y alcance de este instrumento regional.

“Este nuevo plan de acción muestra la voluntad política de transformar la justicia ambiental y la transparencia en la región. Conforma un espacio en la agenda para abordar el desafío de negociación de un instrumento regional”, señaló Carol Excell, del Instituto de Recursos Mundiales www.wri.org, asociado a The Access Initiative.

El embajador José Balmaceda de Chile, señaló que “(el plan de acción)… es una fuerte señal política para la comunidad internacional, de que estamos respondiendo de forma responsable con este compromiso (principio 10). Estamos en un nuevo tiempo histórico para la región. Esta es la primera vez que representantes de los gobiernos de estos 14 países y de la sociedad civil, se sientan a debatir al mismo nivel con transparencia y confianza asuntos relevantes para el futuro de la región. Este es un legado para la madurez en la región. Hemos estados dispuestos a alcanzar consensos en el plan de acción que nos permitirá movernos hacia delante en los procesos nacionales y esfuerzos regionales. Estoy seguro de que esto resultará motivante para otras naciones que querrán unirse al proceso”.

Daniel Barragan del Centro Ecuatoriano de Derecho Ambiental, ONG, explicó: “Esperamos que para el final del 2014 podamos contar con el desarrollo de un instrumento en el Principio 10, que establezca acciones concretas para garantizar a todos los ciudadanos y comunidades de nuestra región una participación efectiva e informada, para que podamos tener una voz y ser parte de la toma de decisiones en lo referente a medio ambiente y recursos naturales”.

El Plan incluye una serie de disposiciones innovadoras, incluidos los procedimientos para la participación del público en este proceso regional y sus grupos de trabajo y las oportunidades de cierre del Sur a Sur en la creación de capacidades en materia de derechos para promover la transparencia, la participación pública y el acceso a la justicia. También proporciona un mayor apoyo para la aplicación efectiva a nivel nacional. En la reunión, se vio a Colombia y Honduras firmando la declaración, así como copresidentes ser elegidos para dirigir grupos de trabajo. Costa Rica y Brasil recibieron el mandato para diseñar el instrumento regional del Principio 10 y Jamaica y Colombia recibieron la tarea de facilitar el trabajo en cooperación y desarrollo de capacidades. 

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Fima presenta Observaciones Ciudadanas para Proyecto de Expansión Andina

Los puntos analizados fueron entregados al Servicio de Evaluación Ambiental como parte del proceso de observaciones ciudadanas que dispone la ley de Bases del Medio Ambiente, para la autorización de proyectos que puedan tener efectos sobre el patrimonio natural y la ciudadanía.

Las observaciones entregadas por FIMA, tienen relación con los siguientes factores:

  • Ausencias de información sobre impacto en sitios prioritarios, flora y fauna.
  • Descripción insuficiente de la influencia en Santuario Yerba Loca:
  • Predicción y evaluación del impacto ambiental, incluidas las eventuales situaciones de riesgo
  • Medidas de Reparación, Mitigación y Compensación
  • Plan de seguimiento de las variables ambientales relevantes
  • Inexistente evaluación de los impactos del proyecto sobre ambientes periglaciares
  • Falta de compensaciones emisiones Región de Valparaíso sector Cordillera
  • Falta de datos en la estimación de línea de base.
  • Inserción de un total de 18 mil trabajadores en la etapa de construcción del proyecto que dura 6 años. 2043 trabajadores para los próximos 65 años y 1000 trabajadores para los 2-3 años siguientes.
  • Ausencia de análisis costo – beneficio

Ver Observaciones

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Los invitamos a ver el segundo número del boletín de la Iniciativa de Acceso a la Información (TAI)

The Access Initiative es

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la red de trabajo de organizaciones de la sociedad civil más grande que existe. Está dedicada a asegurar que las comunidades locales tengan los derechos y la capacidad para acceder a la información y participar en la toma de decisiones que afecten sus vidas y medio ambiente. Miembros de todo el mundo llevan a cabo la promoción basada en fomentar la colaboración y la innovación para avanzar en la transparencia, cuentas públicas e inclusividad en la toma de decisiones en todos los niveles. En materias que van desde las leyes para la libertad de información, la participación en estudios
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de impacto ambiental, hasta asegurar que comunidades aisladas tengan la capacidad de influir en las decisiones políticas para la apertura de tribunales públicos en casos de daño medio ambiental, pertenecen al trabajo de TAI, para así unir las luchas por la reforma política, ayudando a construir una democracia ambiental. TAI Newsletter Special LAC Edition Volume 2]]>