Tribunal Constitucional declaró inconstitucional construir embalses sin pasar por evaluación ambiental

El órgano acogió el reclamo de 41 diputados y organizaciones ciudadanas que evidenciaron que una glosa presupuestaria no puede pasar por sobre la normativa ambiental

Ayer el Tribunal Constitucional falló a favor del recurso para invalidar una disposición de la ley de presupuesto que permitía construir embalses de hasta 300.000 metros cúbicos sin que deba realizarse una evaluación ambiental

La acción fue presentada por parlamentarios liderados por el diputado, Diego Ibáñez, con el patrocinio de la ONG FIMA, cuyo director ejecutivo, Ezio Costa, fue el único abogado en presentarse para los alegatos del pasado martes 18.

Para Ezio Costa, Director Ejecutivo de ONG FIMA “El Tribunal Constitucional vio que existía una grave inconstitucionalidad en la norma que se estaba aprobando y que permitía la construcción de embalses sin la norma ambiental correspondiente en una ley de presupuesto, cuestión que a todas luces no se puede hacer, por lo que resolvió a nuestro favor y por supuesto eso nos deja muy satisfechos, puesto que era una norma importante que cambiaba de alguna forma la manera en que se hacen las evaluaciones ambientales de proyectos de gran envergadura como estos, que no tienen características necesariamente favorables en relación con los ciclos hídricos de las cuencas y que por lo tanto requieren de una discusión de fondo”. Agregó que Si el gobierno quiere empujarlos como política pública, tiene que dar esa discusión de fondo y no incorporarlo a través de una ley de presupuesto”

En la misma línea, el diputado frenteamplista, Diego Ibáñez (CS), señaló “Valoro que el tribunal constitucional haya eliminado las partes de la glosa que permitan que los embalses postularan a ingresos sin haber previamente pasado por el SEA que es el encargado de velar por proteger el medio ambiente. El gobierno sigue castigando el medio ambiente a nombre del desarrollo, incluso pasando por sobre la constitución. La institucionalidad ambiental no puede subordinarse al lobby, menos en la emergencia climática que vivimos, donde el futuro está en juego. La sequía no se puede combatir con las mismas políticas públicas que la han profundizado, beneficiando a los mismos de siempre.”

En el fallo, el tribunal resolvió acoger parcialmente el requerimiento y declarar la inconstitucionalidad de las siguientes disposiciones:

  1. Expresión: “sin que éstos deban ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental establecido en la ley N° 19.300, que aprueba la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente, y sus reglamentos”, con siete votos por acoger y dos por rechazar. Estuvieron por acoger los Ministros señores Iván Aróstica Maldonado, Gonzalo García Pino, Juan José Romero Guzmán, Cristián Letelier Aguilar, Nelson Pozo Silva, José Ignacio Vásquez Márquez y la Ministra señora María Pía Silva Gallinato. Estuvieron por rechazar la Presidenta del Tribunal Constitucional, Ministra señora María Luisa Brahm Barril y el Ministro señor Miguel Ángel Fernández González.
  1. Frase: “Los proyectos que no postulen a los concursos de CNR, pero que sean de la misma naturaleza que los antes mencionados, tendrán las mismas exenciones”, en votación unánime.

Comunicado del Tribunal Constitucional

 

Tiempos de emergencia climática: ONG FIMA lanza XI versión de Revista Justicia Ambiental

Martes 10 de diciembre. La ONG FIMA lanzó la XI Revista Justicia Ambiental y climática, edición que contiene estudios y comentarios de jurisprudencia sobre temas tales como humedales y elementos ambientales de la regulación minera, como también un compilado especial de artículos breves en torno a la COP 25.

En el contexto de la Cumbre Social por la Acción Climática, instancia que desde el 2 de diciembre se realiza en Cerrillos como acción paralela a la 25.ª conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, fue lanzada la última versión de la revista contiene diferentes perspectivas sobre cómo abordar la acción climática tanto nacional como global con el objetivo de promover el derecho a vivir en un medio ambiente sano.

Ezio Costa, Director Ejecutivo de ONG FIMA afirma que «Nos pone muy orgullos lanzar este número 11 de la Revista Justicia ambiental, ayudar a que exista un espacio para investigadores jóvenes y difundir cuestiones ambientales que son clave para avanzar en la protección del medio ambiente y en la reconfiguración de la relación entre la sociedad y el medio ambiente. Este año la revista es de justicia ambiental y climática, y como novedad, tiene varios artículos cortos, muy interesantes, sobre cambio climático desde diversas perspectivas.»

El lanzamiento fue continuado por un panel denominado «Explorando alternativas para abordar el Medio Ambiente en una nueva Constitución» que abordó temas tales como los derechos de la naturaleza, el contenido y características del derecho a vivir en un medio ambiente sano, deberes estatales en materia ambiental entre otros modelos constitucionales, y se anunció que esa será la temática del próximo número. En el debate participaron Dominique Hervé, Paloma Infante, Francisco Soto y Ezio Costa, y fue moderado por el Director de la revista Raúl Campusano.

“Dos temas están muy presentes hoy en la ciudadanía: por una parte, qué resultados y decisiones se tomarán en las reuniones de la COP 25 en relación con las formas de enfrentar los desafíos del cambio climático, y por la otra, cómo puede incorporarse el medio ambienta en la nueva Constitución. En relación con el primer tema, la esperanza y la expectativa es alta porque el problema es real, grave y urgente. No hay tiempo que perder y las respuestas deben partir siendo globales. En relación con el segundo tema, puede abrirse una reflexión interesante si pasamos de entender el medio ambiente como un derecho (art. 19 Nº 8) y lo conceptualizamos como un principio. De esta forma la ecología puede ser un principio rector que ilumine el texto constitucional en forma integral y sistémica.” Raúl Campusano, Director de la Revista

Muy pronto la Revista Justicia Ambiental estará disponible en versión digital por capítulo en la web www.revistajusticiaambiental.cl

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Lanzamiento informe sobre el ODS 16 de Acceso a la Justicia en Chile

El jueves  10 de octubre en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, estuvimos en el conversatorio y lanzamiento del informe sobre el ODS 16 de Acceso a la Justicia en Chile, junto a Namati.
El informe fue presentado por Gabriela Burdiles, Directora de Proyectos de ONG FIMA. El panel estuvo conformado por la profesora Valentina Durán del Centro de Derecho Ambiental, Facultad de Derecho Universidad de Chile, el Ministro del Tribunal Ambiental de Antofagasta, Cristián Delpiano, la abogada de Oceana Chile, Javiera Calisto, y la moderadora Marie Claude Plumer.
Les dejamos el streaming del encuentro.

PARTICIPA EN LA CARTA DE SANTIAGO ¡No más decisiones sin nosotros/as!

Todos invitados al primer encuentro deliberativo para la Carta de Santiago: ¿En qué mundo queremos vivir?.
El 19 de octubre, desde las 10 horas, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.

A 8 semanas de la celebración de la próxima Conferencia de las Partes (COP), como Sociedad Civil por la Acción Climática (SCAC) creemos que los organismos internacionales encargados de la negociación climática, así como el Gobierno de Chile, en su calidad de presidencia de la actual COP25, no han mostrado voluntad real de escuchar y considerar las voces de la sociedad civil en la agenda climática del país.

No es posible pensar una política climática ambiciosa sin tener en cuenta la opinión de todas y todos aquellos que se ven afectados día a día por las consecuencias del cambio climático, de los pueblos indígenas que cargan en su historia saberes ancestrales, sin la voz de los jóvenes que deberán cargar con las consecuencias de políticas que se niegan a escuchar a la ciencia y que no han sido capaces capaces de tomar las medidas radicales y sin precedentes que exige el panel de expertos de la ONU de Cambio Climático (IPCC).

Porque sabemos que las decisiones se deben tomar en los territorios, y no en los escritorios, decimos fuerte y claro: nunca más sin nosotros. Como sociedad civil tenemos el desafío y la responsabilidad de pensar en el mundo que queremos vivir, y el derecho a exigirlo en todas las instancias formales e informales existentes.

Dicha posición debe quedar plasmada en un documento tangible y difundible, un manifiesto ante la emergencia climática y ecológica que nos permita tener una base común como agentes activos de la sociedad civil latinoamericana. Queremos que este año en Santiago, se viva una instancia democrática sin precedentes, que sea un puntapié inicial en la lucha civil contra el cambio climático.

Es por esto te invitamos a ser parte de este proceso deliberativo, mediante el cual la sociedad civil se manifieste y declare, de forma organizada y articulada, cómo es el mundo en el que quiere vivir, y cual es el futuro que quiere construir, confeccionando así el Primer Manifiesto de la Sociedad Civil ante la Emergencia Climática y Ecológica. Hasta ahora, hemos denominado este documento como «La Carta de Santiago», y esperamos se convierta en la hoja de ruta de lo desafíos ambientales y sociales venideros, tanto a nivel local como internacional.

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Fernanda Salinas en «La otra cara de la moneda»

Radio Santa María 10.10.2019

¡Por si no la pudiste escuchar!

Les dejamos el audio de la entrevista de la Dra. Fernanda Salinas, Investigadora Asociada de ONG FIMA, en el programa «La Otra Cara de la Moneda», de Erwin Sandoval. Una conversación y análisis respecto al informe presentado ante el Tercer Tribunal Ambiental por la Reclamación al Proyecto Almacenamiento de Agua de Interior Mina Javiera en Laguna Salitrosa, comuna de Chile Chico, Región de Aysén, de la Compañía Minera Cerro Bayo.

 

 

Campaña: Soy defensor/a ambiental y mi testimonio cuenta

América Latina es una de las regiones con más defensores ambientales asesinados. Si bien en Chile –afortunadamente- el número es bajo, las amenazas son una práctica común que pone en jaque el verdadero acceso a la participación y la justicia socio-ambiental en un país con más de 100 conflictos, tal como lo indica el Mapa de Conflictos Socioambientales del INDH. A la fecha, Chile no cuenta con herramientas para otorgar un entorno seguro para defensores ambientales ni tiene un registro de los casos de hostigamientos y amenazas. Un claro mandato para avanzar en estos temas está presente en el Acuerdo de Escazú, el primer Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales y que Chile aún no firma.

En este marco, la ONG FIMA junto a Alerta Isla Riesco, proponemos recopilar testimonios de personas que han sufrido amenazas por su trabajo en la defensa del medio ambiente. No revelaremos el nombre de quienes den su testimonio (a menos que exista una autorización expresa por parte de la persona afectada) pero sí solicitamos medios de verificación de la amenaza. Este formulario NO PRETENDE ser una estadística, ni tampoco es una herramienta legal que pueda ser usada como defensa, si no que se remite a ser una forma de REUNIR EXPERIENCIAS y así dar a conocer una realidad que es negada en nuestro país: los y las defensores ambientales ponen en riesgo su vida por la defensa de sus derechos.

Sabemos que nos queda un largo camino por recorrer para alcanzar un estándar aceptable en materia de democracia ambiental, por ello, creemos que comenzar por reunir testimonios sobre las amenazas que enfrentan las personas por defender al medio ambiente, puede ser un primer paso para dar a conocer la problemática.

Ayúdanos a difundir esta iniciativa. Envía este formulario a las personas que crees que puedan tener un testimonio que compartir.

Ingresar al formulario: https://forms.gle/1AepoWjZJPSqdms97

#SoyDefensorAmbiental

Alianza Humboldt celebra nuevo revés que sepulta aspiraciones de Minera Dominga

  • Corte Suprema descarta vicios formales en rechazo de proyecto Dominga
  • Antecedentes técnicos y científicos revelan la insuficiencia del proyecto

 

Santiago, 26 de septiembre, 2019. Como un gran paso calificaron desde Alianza Humboldt el fallo dado a conocer por la Corte Suprema. Tras meses de espera, el máximo tribunal desestimó los argumentos presentados por Andes Iron, titular del proyecto minero portuario Dominga, que había acusado vicios formales en el rechazo que su iniciativa había sufrido en el Comité de Ministros y la Comisión Regional.

Además, la Corte Suprema acogió los argumentos de los opositores al proyecto, las cuales señalaban que el Primer Tribunal Ambiental no se había pronunciado sobre los aspectos técnicos y científicos que avalaban el por qué Dominga debía mantenerse rechazado.

“La sentencia de la Corte Suprema termina por sepultar el proyecto minero portuario Dominga porque rechaza que el Comité de Ministros y la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo hayan incurrido en algún tipo de vicio formal, que es lo que esgrimía Dominga”, señaló Liesbeth van der Meer, directora ejecutiva de Oceana, organización miembro de la Alianza Humboldt. “Ahora el Tribunal Ambiental tendrá que ver los temas de fondo, que son la deficiencia en la línea de base y sobre la cual prácticamente todos los científicos relevantes del país han señalado que es insuficiente”, agregó.

Por su parte, el director ejecutivo de ONG FIMA, el abogado Ezio Costa, explicó que el fallo “acoge casi todas las reclamaciones que nosotros hicimos. Se nos da la razón en cuestiones muy relevantes como el hecho de que los terceros pueden interponer recursos de casación, con eso se amplía el acceso a la justicia”. Costa añadió que “este fallo tiene consideraciones muy notables como la falta de cuidado que existió por parte del Tribunal Ambiental en revisar las cuestiones de fondo, habiendo hecho solo un análisis de forma que era evidentemente poco profundo, sin dejar espacio para la verdadera discusión sobre los impactos”.

La sentencia del máximo tribunal señala que “esta Corte ordenará remitir los antecedentes al referido tribunal para que se pronuncie respecto de aquellas materias que fueron omitidas”, agregando que el Primer Tribunal Ambiental “a través de Ministros no inhabilitados, conocerá y decidirá el fondo del asunto debatido, vinculado a las materias respecto de las cuales se omitió pronunciamiento”.

Desde Alianza Humboldt señalaron que se trata de un paso muy importante para intentar preservar el Archipiélago Humboldt, un lugar único en el país. “Llama la atención que nuevamente sea la Corte Suprema la que señale el camino que se debe seguir en materia de protección ambiental”, afirmó Matías Asun, director nacional de Greenpeace en Chile. “Ojalá el gobierno comprenda que debe estar más cerca de las personas y el cuidado del patrimonio medio ambiental del país y más lejano de las empresas y la defensa de proyectos que en el momento de emergencia climática que enfrentamos resultan completamente inadmisibles», puntualizó.

Desde la organización Chao Pescao advirtieron que seguirán movilizándose y avanzando “en el impulso de un área marina protegida real con el fin de preservar actividades sustentables como la pesca artesanal y el turismo”, señaló Cristóbal Díaz de Valdés.

El proyecto minero portuario Dominga fue rechazado por la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo en marzo 2017, por presentar una deficiente línea de base para el medio marino, poner en riesgo las reservas marinas de la zona, y por presentar medidas de mitigación insuficientes, entre otros argumentos. En agosto de ese mismo año, y por las mismas razones, el Comité de Ministros confirmó el rechazo. Posteriormente, Andes Iron reclamó ante el Tribunal Ambiental de Antofagasta, instancia que determinó que el rechazo no cumplió con el proceso administrativo y ordenó que el proyecto se volviera a votar en la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo. Ante tal sentencia, organizaciones locales y medio ambientales interpusieron recursos de casación alegando que el fallo del Tribunal Ambiental no se pronunció sobre los aspectos técnicos.

Dominga consideraba la construcción de dos minas a rajo abierto para la extracción anual de 12 millones de toneladas de hierro y 150 mil toneladas de concentrado de cobre en sólo 26,5 años de vida útil. Además, incluía un puerto de embarque que se ubicaría a 10 kilómetros del puerto Cruz Grande de CAP. Ambas industrias, se emplazarían en el centro del Archipiélago de Humboldt, donde se encuentran las reservas marinas Islas Choros y Damas e Isla Chañaral, y la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt, que alberga el 80% de la población mundial de esta especie. Asimismo, es zona de reproducción, alimentación y migración de animales como el chungungo, el pato yunco, las ballenas azul y fin, todos en peligro de extinción.

Desde la Higuera, comunidad que se vería amenazada por este proyecto, han celebrado la noticia dada a conocer por la Corte Suprema. Rosa Rojas, presidenta del Movimiento en Defensa del Medioambiente, MODEMA, afirmó que “seguiremos adelante hasta sacar este proyecto de un lugar que es patrimonio de todos los chilenos”.

Recordemos que en la misma zona donde pretendía instalarse el mega puerto de Andes Iron, hace más de 10 años se ha intentado generar un Área Marina Protegida de Múltiples Usos, debido a la riqueza marina de la zona, una de las más importantes de toda la corriente de Humboldt. La propuesta, que fue entregada por Oceana, fue sociabilizada por la comunidad y se mantiene a la espera de ser aprobada por las autoridades medioambientales del país.

Alianza Humboldt está formada además por las organizaciones Oceana, Greenpeace, Sea Shepherd, Parley, Chao Pescao, Fundación Terram, Chile Sustentable, ONG FIMA, Defensoría Ambiental, Geute, Ecosistemas, Fundación Jane Goodall, Ayni, Chinchimén, Fundación Relaves, Aula de Mar, Panthalassa, Codesa y C-Verde; junto a agrupaciones de la zona en conflicto coordinadas a través de Alianza Humboldt Coquimbo-Atacama, la cual está compuesta por Defensa Ambiental IV Región, MODEMA y Sphenisco, y otras 90 organizaciones regionales.

 

Audiencia histórica: ORGANIZACIONES ALERTAN A LA CIDH DE LOS IMPACTOS DE LA CRISIS CLIMÁTICA EN LOS DERECHOS HUMANOS

15 organizaciones nacionales y regionales, de más de nueve países de América, comparecieron en una audiencia sobre los impactos que el cambio climático y las medidas para afrontarlo tienen en grupos en situación de vulnerabilidad.

Washington D. C. En su 173º período de sesiones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos escucharon los argumentos de representantes de organizaciones nacionales y regionales sobre los impactos que el cambio climático tiene en los derechos humanos en grupos en situación de vulnerabilidad, incluyendo pueblos indígenas, mujeres, niños y comunidades rurales.

El panel de la audiencia fue presidido por cuatro comisionadas mujeres: la Presidenta Esmeralda Arosemena de Troitiño, Antonia Urrejola, Margarette May Macaulay y Soledad García-Muñoz.

Las organizaciones destacaron que los impactos a los derechos humanos se producen en varias fases del ciclo del cambio climático: durante la generación de emisiones de gases de efecto invernadero, en los efectos negativos de los eventos climáticos y en las soluciones que se plantean para paliar la crisis.

Sostuvieron además que las desigualdades estructurales de América Latina y el Caribe pueden exacerbar los impactos en los grupos vulnerables que menos han contribuido a la crisis climática.

En la audiencia, un líder indígena de la Amazonía peruana presentó casos que ejemplifican los impactos del cambio climático en diferentes países. Abordó temas como el acceso al agua, la participación de las empresas, así como los daños de la contaminación, el fracking, el extractivismo, la minería en ecosistemas sensibles y la deforestación.

Un punto resaltado tanto por las organizaciones como por las comisionadas fue la importancia de exigir el cumplimiento de derechos humanos a empresas, en particular a las corporaciones internacionales, teniendo en cuenta el importante rol que juegan frente a la crisis climática. En ese sentido, se enfatizó el rol crucial del Sistema Interamericano en generar sus propios estándares en materia de empresas y derechos humanos, los cuales garanticen el acceso a información ambiental para evitar conflictos de interés en procesos de toma de decisiones públicas.

Las comisionadas acogieron la solicitud de audiencia y reconocieron la necesidad de asumir la crisis climática con la urgencia y relevancia que las circunstancias lo ameritan. Manifestaron su voluntad de seguir, junto con la sociedad civil, desarrollando y profundizando los aspectos de la lucha contra la crisis climática.

«Hubo una excelente recepción de las comisionadas sobre el tema que planteamos las organizaciones. El cambio climático afecta tres veces en los derechos humanos de los más vulnerables. Primero cuando se extraen y queman los combustibles fósiles o cuando se deforesta, luego cuando el daño al clima los impacta con eventos extremos, y finalmente cuando las soluciones son mal implementadas. Lo vemos en las zonas de sacrificio, donde tienen que respirar el carbón, soportar luego la sequía y pérdida de recursos marinos y por último que se les quiera instalar proyectos industriales de desalación, por ejemplo» señaló Ezio Costa, Director Ejecutivo de ONG FIMA, quien expuso en la audiencia.

La solicitud de audiencia fue presentada por Fundación Pachamama (Ecuador), Dejusticia (Colombia), EarthRights International (regional), AIDA (regional), FUNDEPS (Argentina), FIMA (Chile), DPLF (regional), IDL (Peru), CELS (Argentina), Engajamundo (Brazil), AHCC (Honduras), Conectas (Brazil), FARN (Argentina), CEMDA (México), y La Ruta del Clima (Costa Rica).

En el marco de la audiencia, las organizaciones pidieron que la Comisión inste a los Estados de la región a:

  1. Tomar acciones concretas y efectivas que pongan fin a las actividades que agravan la crisis climática y amenacen el disfrute efectivo de los derechos humanos, tales como la explotación de hidrocarburos, carbón, operación de plantas generadoras de energía a combustión, construcción de megaproyectos, como hidroeléctricas y carreteras.
  2. Promover modelos de transición energética que garanticen derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, especialmente de los pueblos indígenas, niños, niñas y adolescentes, mujeres y comunidades rurales, asegurando su participación efectiva para que no se repitan los patrones de violencia generados por la política extractivista actual.
  3. Tomar medidas específicas para garantizar el acceso a la información relacionada con los impactos del cambio climático y de sus medidas de respuesta; asegurar la participación pública en la toma de decisiones en el contexto del combate al cambio climático; y proveer mecanismos accesibles y efectivos a la justicia en materia climática.
  4.     Implementar la igualdad de género en el derecho a la información, participación política, el acceso a la justicia y toma de decisiones en los temas de adaptación y mitigación del cambio climático.

Y a la Comisión le solicitaron:

  1. Incorporar en su mandato la crisis climática como un asunto prioritario que amenaza todos los derechos humanos y los ecosistemas, especialmente a través del litigio de casos, elaboración de informes temáticos, visitas in loco, y demás acciones de litigio, monitoreo y promoción de derechos humanos.
  2. Que impulse las peticiones y medidas cautelares relacionados con el cambio climático y sus medidas de respuesta, de manera que se asegure la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de grupos vulnerables, teniendo en cuenta los estándares desarrollados por la Corte IDH en la OC 23.
  3. Que exija a los estados la protección y garantía de los derechos de defensores y defensoras ambientales y del territorio.
  4. Que exhorte a los estados a diseñar e implementar acciones climáticas más ambiciosas a través de las CDN de 2020, en armonía con sus obligaciones de derechos humanos. Para tal fin, la CIDH podría dar seguimiento al avance de dichas políticas y observar su concordancia con las obligaciones en materia de derechos humanos asumidas por los estados.
  5. Que enfatice la responsabilidad de las empresas y las instituciones financieras en respetar los derechos humanos en el contexto del cambio climático, utilizando los estándares más garantistas en materia de empresas y derechos humanos.

Puedes ver la audiencia en este link: https://www.youtube.com/watch?v=THZYEPeytm0&t=309s

 

ONG FIMA y NAMATI publican Informe sobre Estado del ODS 16 sobre acceso a la Justicia en Chile

En 2015, se acordaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas (ODS), buscando que cada país organice sus prioridades y políticas para avanzar hacia la consecución del desarrollo sostenible. El ODS 16 compromete a los países a: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, proporcionar acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles”, encontrándose dentro de este objetivo, la meta 16.3, que insta a los gobiernos a “promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos” (énfasis nuestro).

Cada cuatro años cada país debe realizar una revisión e informar sobre los progresos realizados a Naciones Unidas en el Foro Político de Alto Nivel (o HLPF por sus siglas en inglés), y para ello, cada objetivo contempla una serie de indicadores que deben ser medidos por cada país. En julio del presente año, Chile presentó su Informe Nacional Voluntario, actualizando los avances de los indicadores de la agenda 2030, incluyendo al ODS 16.3.

En este contexto, la ONG Fiscalía del Medio Ambiente (FIMA) con al apoyo de Namati: Innovations in Legal Empowerment, elaboraron un informe alternativo o diagnóstico, con el fin de: i. Identificar avances, dificultades y desafíos en la implementación del ODS 16.3, con foco en el acceso a justicia ambiental; ii. Difundir estos hallazgos y realizar recomendaciones para que Chile impulse medidas para mejorar el acceso a la justicia ambiental en Chile.

Este esfuerzo se enmarca también, en el proceso de firma del Acuerdo Regional de Escazú, adoptado en nuestra región en 2018, el cual obliga a los Estados a establecer políticas y tomar medidas legislativas en orden a permitir el desarrollo pleno de los derechos de acceso a la información, a la participación en la toma de decisiones públicas y a la justicia en asuntos ambientales. En este último aspecto, dispone en su artículo 8 numeral cuarto, que las partes deben “reducir o eliminar barreras al ejercicio del derecho de acceso a la justicia”.

Para ello, en primer lugar, el informe realiza una revisión de la información contenida en diversas fuentes, tanto nacionales como internacionales, correspondientes a índices de medición, estudios o informes de centros de investigación, como datos o cuentas públicas de organismos públicos de Chile. Además, se ha utilizado también una estrategia metodológica participativa para conocer las impresiones y percepciones de actores clave en esta materia. Dicha información se organizó en torno a los siguientes temas: i. Órganos competentes e independientes; ii. Acciones o recursos oportunos y efectivos para reclamar; iii. Legitimación activa amplia para la defensa del medio ambiente; iv. Asequibilidad de los procedimientos y acceso a la asistencia legal; v. Reparaciones efectivas y oportunas vi. Ejecución y cumplimiento de las decisiones; vii. Transparencia; y viii. Situación de defensores de derechos humanos y medio ambiente.

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Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibirá a ONG Nacionales para abordar impactos del cambio climático y ataques a defensores ambientales en la región

En medio de los voraces incendios que afectan a las Amazonas y a pocos meses de realizarse la próxima COP25 en Chile, reconocidas organizaciones especializadas en protección de medioambiente en América solicitaron audiencia ante principal comisión de la OEA.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concedió dos audiencias especiales solicitadas por ONG Fima junto a otras organizaciones ambientales de Latinoamérica, las cuales se realizarán el próximo 25 y 27 de septiembre en Washington, Estados Unidos, durante su 173º período de sesiones. Ambas citas, que se llevarán a cabo la misma semana en que se realizará la próxima Asamblea General de la ONU, tienen como objeto abordar dos de los principales problemas que aquejan a Chile y los países de América Latina y el Caribe: impactos del cambio climático en los derechos humanos y ataques a defensores ambientales.

Respecto a la problemática de los defensores ambientales en la región, la audiencia fue solicitada por la ONG chilena y más de 30 organizaciones ambientales y de derechos humanos de Argentina, Ecuador, Estados Unidos, México, Nicaragua y Perú “para abordar el acuciante problema de criminalización de defensoras y defensores ambientales en la región”, tal como manifestaron en la carta entregada a la CIDH en julio pasado.

Motivados por el número creciente de casos de persecución estatal a través de procesos judiciales en contra de ambientalistas, y de desapariciones o matanzas de defensores en la región, esta solicitud también se realiza en medio del proceso de adherencias y ratificaciones del Acuerdo de Escazú, principal convenio regional en la materia y que las autoridades chilenas aún no han firmado.

En tanto, la segunda audiencia busca presentar alternativas para guiar a los Estados en el cumplimiento de su deber de prevenir, y atender los impactos del cambio climático en los derechos humanos, relevando el rol estratégico que instituciones como la CIDH tienen para prevenir y/o mitigar una potencial crisis sin precedentes a nivel humano y ambiental. Derechos como el derecho a la vida, el agua, la salud, el trabajo y el medio ambiente, se ven amenazados por la crisis climática.

Para el director ejecutivo de FIMA, Ezio Costa, con la aceptación de estas audiencias por parte de la Comisión “está dando una señal de compromiso y preocupación con dos temas que es fundamental tratar este año, en particular desde Latinoamérica y el Caribe”. “Mientras el cambio climático avanza, destruyendo el ambiente, quienes lo defienden también sufren cada día amedrentamientos y su vida está en serio peligro, todo esto ante la inacción de los Estados”, agrega.

Según el último informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés), la mitigación de las emisiones globales calculadas en base a los actuales compromisos reflejados en las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDCs por sus siglas en inglés), no limitarían el calentamiento global a 1.5°C, tal como se habría discutido en el Acuerdo de París, siendo Chile uno de los países con NDCs menos ambiciosos en la materia.

Más información y contacto de prensa: Constanza Dougnac +56 9 9937 8564