Plataforma Chilena de la Sociedad Civil sobre Derechos Humanos y Empresas comienza su planificación estratégica 2024-2026

Las 21 organizaciones sociales que componen la Plataforma Chilena de la Sociedad Civil sobre Derechos Humanos y Empresas se reunieron para definir los focos y prioridades que guiarán su actuación durante los próximos tres años.

La actividad tuvo también la participación del subsecretario de Derechos Humanos, Xavier Altamirano, quien comentó algunas de las prioridades que tendrá la cartera para este año y agradeció la oportunidad de contar con una contraparte organizada en la materia de derechos humanos y empresas. «Este proceso nos permitirá avanzar en un proyecto de Ley de Debida Diligencia, clarificando el espacio de intervención de las empresas y su contribución a un cambio cultural y social demandado por la ciudadanía. Además, los estándares internacionales nos exigen cumplir con ellos», señaló.

La Plataforma es un espacio compuesto por organizaciones de la Sociedad Civil, que busca la articulación entre los diferentes actores sociales y políticos, y busca incidir en la adopción de instrumentos que regulen, promuevan y faciliten el pleno respeto de los derechos humanos por parte de los actores económicos, privados y públicos.

El equipo de Coordinación, compuesto por Carolina Rudnick de Libera, Yerko Ljubetic de la FEN UAH, y Juan Carlos Cayo del Observatorio Ciudadano, dio la bienvenida al proceso, que se extenderá por tres meses y abordará temas como la gobernanza, el sistema de decisiones, y las prioridades de la Plataforma

Para Yerko Ljubetic, también ex ministro del Trabajo, este trabajo representa “la consolidación de la Plataforma como una organización fuerte de articulación en materia de derechos humanos y empresas, y que piensa generar una propuesta desde la sociedad civil para una Ley de Debida Diligencia a fines de año”.

Por su parte, Carolina Rudnick señaló, “este proceso no sólo nos ha permitido conocer las proyecciones que tiene el gobierno con respecto a derechos humanos y empresas, sino también es un encuentro que nos permite ponernos de acuerdo en pos de instalar y fortalecer un sistema robusto de protección de derechos humanos por parte de las empresas”.

Fortalecer el trabajo de la plataforma DD.HH y Empresas

El fortalecimiento de la Plataforma es parte de los objetivos del proyecto REDAR (Respeto Empresarial, Derechos, Ambiente y Responsabilidad) financiado por la Unión Europea y adjudicado a ONG FIMA, Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, y el Observatorio Ciudadano, estos últimos como coejecutores.

Sobre esto, Carolina Palma, coordinadora de incidencia de ONG FIMA y quien también está a cargo del proyecto REDAR, comenta que “La Plataforma de Derechos Humanos y Empresas se ha visto fortalecida gracias al proyecto REDAR, financiado por la Unión Europea, con esto hemos logrado proporcionar herramientas para apoyar a las organizaciones y empoderar a la sociedad civil, además de fomentar la investigación y promover la incidencia en políticas públicas relacionadas con los derechos humanos y las empresas».

Por último, el coordinador Ejecutivo de la Plataforma, Roberto Morales, señaló que esta instancia permite que la Plataforma cumpla un rol mucho más activo desde el punto de vista de interlocución desde la sociedad civil con lo diferentes actores “para incidir de manera oportuna y pertinente para realizar los cambios estructurales, generar normas y leyes, y otro tipo de acciones que permitan incorporar las condiciones desde el punto de vista de los impactos negativos que están produciendo las empresas en su desarrollo productivo”.

Conoce más de la plataforma en el sitio www.derechoshumanosyempresas.cl

Sentencia a favor de la protección medioambiental: Corte de Apelaciones de Talca ordena el restablecimiento del Estero Llico

En una reciente decisión judicial, se ha acogido el recurso de protección presentado por vecinas y vecinos en contra de la Municipalidad de Vichuquén, el Ministerio del Medio Ambiente y el Ministerio de Obras Públicas, respecto al cierre de la desembocadura del Estero Llico, ordenando a dejar sin efecto el cierre artificial y abstenerse de repetir la acción sin las autorizaciones legales correspondientes.

Mayo, 2024. Durante años, la cuenca del Vichuquén ha sido escenario de denuncias por cierres ilegales en la desembocadura del Estero Llico. Desde el año 2014 se han registrado bloqueos con maquinaria pesada y relleno de arena con el objetivo de evitar que ingrese agua marina por el estero, buscando que el agua del lago Vichuquén mantenga su caudal estable. Para abordar los conflictos que esto generaba en la comunidad, se conformó una mesa técnica compuesta por la Dirección de Obras Portuarias de la Región del Maule, la Dirección de Aguas Región del Maule, la Armada de Chile, la Municipalidad de Vichuquén, y sociedad civil, el año 2015, del cual emana el “Protocolo de apertura y cierre desembocadura del Estero Llico”, sin embargo, se ha cuestionado su efectividad ya que, a la fecha, no han logrado resolver de manera efectiva los problemas.

Recientemente, en octubre de 2023, la Municipalidad de Vichuquén ejecutó nuevamente el cierre de manera ilegal, utilizando una barrera artificial que impide el flujo natural del agua. Estas acciones no solo infringen normativas ambientales y de aguas, sino que también tienen consecuencias directas en el ecosistema, como el aumento de material orgánico en el Estero Llico, lo cual podría estar relacionado con el manejo deficiente de aguas servidas y representa una amenaza para la biodiversidad del humedal y la población.

Producto de este último evento, el año xxx vecinas y vecinos de la zona acudieron a ONG FIMA para que les represente en la interposición de un recurso de protección en contra de la Municipalidad de Vichuquén, el Ministerio del Medio Ambiente y el Ministerio de Obras Públicas. El 30 de abril, la Corte de Apelaciones de Talca dictó una sentencia en la que se se acoge el recurso, fundamentando su decisión en la ilegalidad y arbitrariedad del cierre realizado por la Municipalidad de Vichuquén, y ordenando a dejar sin efecto el cierre y prohibiendo la realización de esta acción en el futuro sin las autorizaciones legales correspondientes.

6 comunas de la Región de Valparaíso serán beneficiadas con programa para el acceso a la justicia ambiental

El proyecto, que se lleva a cabo gracias a un Fondo Nacional de Desarrollo Regional del Gobierno Regional de Valparaíso, beneficiará a las comunas de Algarrobo, Putaendo, Quilpué, Catemu, Viña del Mar y Cartagena.

Según el Mapa de Conflictos Socioambientales en Chile del Instituto de Derechos Humanos (INDH), 21 de ellos se han reportado en la Región de Valparaíso, de los cuales 16 se encuentran activos y otros tres en estado latente. Esto la convierte en la región con el mayor número de conflictos socioambientales del país.

En este contexto, ONG FIMA inició el programa “Transferencias para el Fortalecimiento de Capacidades para el Acceso a la Justicia Ambiental”, cuyo fin es la capacitación y asesoramiento a municipios de la Región de Valparaíso en materia de reparación ambiental. El proyecto inició en marzo de 2023 gracias al financiamiento de un Fondo Nacional de Desarrollo Regional del GORE de Valparaíso y durante el 2024 beneficiará a las comunas de Algarrobo, Putaendo, Quilpué, Catemu, Viña del Mar y Cartagena.

“El objetivo del programa es dejar capacidad instalada en los municipios que forman parte, para que puedan hacer frente a los riesgos o afectaciones ambientales que existen en sus territorios” explicó Felipe Perillán, abogado de ONG FIMA y coordinador del proyecto. “A la vez, se busca incentivar las instancias de encuentro entre el municipio y los habitantes del territorio para tratar estos temas, para lo cual estaremos desarrollando talleres abiertos a la comunidad”.

En concreto, la implementación de este programa incluirá sesiones virtuales de capacitación en derecho ambiental para los funcionarios y funcionarias municipales participantes, talleres abiertos a la comunidad y la realización de informes de diagnóstico sobre el estado de ecosistemas relevantes para la zona. Adicionalmente, se está desarrollando una plataforma web gratuita que contendrá insumos sobre las competencias municipales en materia ambiental, instrumentos de planificación ecológica, entre otros.

“Esta plataforma tendrá el nombre de Poder Ambiental y buscará facilitar el acceso a herramientas legales para la protección del medio ambiente, así como servir de base para la generación de una comunidad en línea que se apoye y discuta sobre temáticas ambientales”, señaló Felipe Perillán.

Durante el 2023, este mismo programa se llevó a cabo en otras seis comunas de la región: Concón, Nogales, Petorca, Puchuncaví, Quintero y San Antonio. Al finalizar el trabajo con estas comunas, se les entregó una minuta de estrategia jurídica para que pudieran decidir autónomamente de qué forma abordar los conflictos socioambientales presentes en sus territorios.

¡Plazo extendido! | Período de participación pública de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) de la Central Termoeléctrica Mejillones 2

El Servicio de Evaluacion Ambiental (SEA) da inicio a proceso de información pública de la Central Termoeléctrica Mejillones Unidad 2 perteneciente a Engie Energía Chile S.A. El procedimiento contemplado en el artículo 25 quinquies de la Ley Nº19.300, de Bases Generales del Medio Ambiente, establece la posibilidad de revisar una RCA, por el titular de un proyecto como por parte del afectado. “Cuando ejecutándose el proyecto, las variables evaluadas y contempladas en el plan de seguimiento sobre las cuales fueron establecidas las condiciones o medidas, hayan variado sustantivamente en relación a lo proyectado”. La solicitud apunta a la revisión de variaciones sustantivas en la calidad del aire y agua marina, así como afectaciones a la macrofauna y la abundancia de especies en la zona.

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