Categoría: Noticias

Este viernes 4 de diciembre se realizarán los alegatos en el Tribunal Ambiental de Santiago. En esta nueva instancia se hace parte de la causa la Comunidad Quechua Aymara Jach’a Marka, quienes realizan ceremonias hace más de 30 años en el Centro Ceremonial Pucará de Chena ubicado a solo 1,3 km de las instalaciones de la multinacional.

Desde el año 2015 vecinos de la comunidad Lomas de Mirasur de la Comuna de San Bernardo y de sectores de la comuna de Calera de Tango han librado una batalla judicial para defender su calidad de vida y el patrimonio cultural de la zona, los cuales se han visto altamente impactados debido a la aprobación y construcción del Centro de Distribución El Peñón de Walmart. Estas instalaciones son las más grandes de la empresa en Latinoamérica, lo que implica el tránsito constante de camiones de alto tonelaje y ruidos molestos durante todo el día. Pero este no es el único impacto, ya que en la zona también se encuentra ubicado el Pucará de Chena, centro ceremonial sagrado para la comunidad Quechua-Aymara que habita el área; motivo por el cual la Asociación Indígena Jach’a Marka se ha hecho parte en la reclamación judicial, que este viernes 4 de diciembre tendrá sus alegatos en el Segundo Tribunal Ambiental.

El Pucará de Chena se ubica a tan solo 1,3 km del Centro de Distribución de Walmart, y su valor cultural, antropológico e histórico es invaluable, siendo constantemente sub dimensionado por los titulares del proyecto. Es más, hoy es reconocido como un lugar sagrado o huaca, hallándose en su cima restos de muros y recintos de origen incaico identificados como construcciones parte de una red de sitios sagrados del Tawantisuyu.

“Hemos decidido apoyar este proceso porque consideramos que no es justo para las comunidades que una empresa multinaciona se instale haciendo prevalecer la fuerza económica por sobre la voluntad y el respeto a las comunidades, porque ese modo de actuar no es sustentable, no es respetuoso con el ecosistema, con las personas, ni lo está siendo con nuestra cosmovisión”, explica Samuel Yupanqui, Presidente de la Asociación Indígena Aymara- Quechua Jach’a Marka.

Desde la la organización indígena, agregan que la afectación que la construcción de un Centro de Distribución de las magnitudes del de Walmart interfiere con sus sistemas de vida y costumbres. A pesar de lo anterior, durante toda la evualuación Walmart omitió considerarlos dentro del área de influencia del proyecto.

Por su parte, Diego Lillo, Coordinador de Litigios de ONG FIMA, organización que está a cargo de la causa en tribunales, indicó que en la aprobación de este proyecto hubo una serie de irregularidades, las cuales se espera que ahora sean corregidas por el Tribunal Ambiental.

“Este proyecto tiene impactos que afectan drásticamente la vida de las personas que habitan el sector y de los cuales hasta el día de hoy Walmart no se ha hecho cargo, pero también fue aprobado negligentemente por parte del Servicio de Evaluación Ambiental, el cual sabiendo de la existencia del Pucará de Chena, que es directamente afectado por la implementación del Centro de Distribución El Peñon, no ordenó la realización de consulta indígena a la comunidad Indígena Aymara- Quechua Jach’a Marka Aru”, señala Lillo. “Por este motivo, hoy ellos se hacen parte de esta solicitudad de revocación de la Resolución de Calificación Ambiental del proyecto”.

Tal como expresa el abogado de la ONG FIMA, los recursos judiciales tienen como objeto que se deje sin efecto la resolución del Comité de Ministros que confirmó el año 2019 la resolución de la Servicio de Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana que calificó ambientalmente favorable el proyecto “El Peñón” el año 2016.

“Por el resguardo de nuestras costumbres y tradiciones, por la defensa del territorio y la cooperación con los vecinos y vecinas de San Bernardo y Calera de Tango, nosotros nos hacemos parte de estas acciones para que esta empresa cumpla la normativa y las exigencias nacionales que se le están pidiendo y así también para instalar un sentido común, que no puede ser que prevalesca siempre una mirada económica por sobre el bienestar, las relaciones pre existentes, las relaciones de las comunidades con su entorno, con sus ecosistemas”, puntualiza Yupanqui.

El derecho fundamental a un medio ambiente sano sólo será posible en la medida en que se garanticen derechos procedimentales como son el acceso a la información, la participación y la justicia, pilares para un gobierno abierto, la democracia ambiental y el desarrollo sostenible. Hoy, con el paso dado por México, América Latina y el Caribe se encuentra un paso más cerca de materializar las garantías para concretar estos derechos con la pronta entrada en vigencia del Acuerdo de Escazú, a dos años de su adopción.

El pasado 5 de noviembre de 2020 el Senado mexicano aprobó por unanimidad el Proyecto de Ley que da vía a la ratificación de este tratado, convirtiéndose en el país número once y cumpliéndose, con ello, el requisito de países ratificantes para su entrada en vigor. Para América Latina y el Caribe es un hito histórico, pues este es el primer tratado regional en asuntos ambientales que además incluye disposiciones sobre la urgencia de proteger a las y los defensores ambientales. Además, es un acuerdo que incluye herramientas para catalizar una acción climática con un enfoque de derechos, inclusiva y ambiciosa en la región.

El Acuerdo de Escazú, es el resultado de un largo proceso de negociación e intercambio sobre el principio 10 de la Declaración de Río. Escazú busca avanzar hacia la plena implementación de los derechos de acceso a la información, la participación y la justicia en asuntos y decisiones ambientales, poniendo énfasis  en la perspectiva de género y las personas y grupos en situación de vulnerabilidad. Estos derechos serán fundamentales para la adecuada implementación de los compromisos asumidos por los países de la región en materia de cambio climático y biodiversidad, a nivel nacional como global. 

En este contexto, es importante recordar que el Acuerdo de París compromete a los Estados a promover y contar con marcos de transparencia y participación pública adecuados para la implementación de sus compromisos climáticos. Por esto, asegurar el respeto de los derechos humanos y la efectiva implementación de los derechos de acceso, como un marco de garantías básico para la toma de decisiones, debe ser parte fundamental de la acción climática.

El año 2020 se caracteriza por la obligación de los países de presentar nuevas o actualizadas Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC por sus siglas en inglés), cuyos procesos de implementación se verán sin duda beneficiados con la entrada en vigencia de Escazú. 

Las organizaciones que formamos parte de CANLA felicitamos a Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas y Uruguay, que ya son parte de este importante Acuerdo. Instamos a los países faltantes a su adhesión, para continuar avanzando de manera colectiva en la implementación efectiva de los derechos de acceso, una acción climática inclusiva y centrada en los derechos humanos.

En el contexto de los diálogos sobre una nueva Constitución y los elementos que esta debiese abordar, ONG FIMA realizó el pasado 5 de noviembre un nuevo conversatorio de “Hacia una #ConstituciónEcológica”, esta vez, enfocado en la temática de Derechos Humanos Ambientales, en el cual participaron expertos con destacada trayectoria nacional e internacional

Noviembre 2020. Tras el triunfo del apruebo en el pasado plebiscito del 25 de octubre, abrir el diálogo sobre las temáticas que debiese abordar una nueva Constitución es más importante que nunca. Uno de los temas recurrentes que ha surgido en torno a esto, ha sido el del rol del medioambiente en la nueva carta, y los derechos que este debiese tener expresados en ella. En este contexto, ONG FIMA ha realizado cinco conversatorios en torno a la idea de “Constitución Ecológica”, empezando en julio y la última realizada durante la primera semana de noviembre. En  esta ocasión, el diálogo estuvo enfocado en Derechos Humanos Ambientales, con cuatro expertos/as en el tema.

 Los panelistas de este último seminario fueron David Boyd, Relator Especial de la ONU de Derechos Humanos y Medio Ambiente; Valentina Durán, abogada y Directora del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile; Natalia Alfieri, abogada, asesora independiente y ex relatora del Segundo Tribunal Ambiental; Judith Schonsteiner, Profesora asociada, Facultad de Derecho Universidad Diego Portales, quienes hablaron sobre las falencias de la actual Constitución en materia ambiental, los desafíos ecológicos de Chile, el derecho a acceder a un medioambiente sano y más, con la moderación y presentación de Diego Lillo, abogado de ONG FIMA.

Nueva Constitución: una oportunidad para ser creativo. 

“Derecho a la información ambiental, a la toma de decisiones y el acceso a la justicia  cuando se vulneran los derechos ambientales, son elementos básicos que deberían estar incluidos en la Constitución de cada país”, expresó David Boyd, al hablar sobre los desafíos a los que se enfrenta Chile en torno a la creación de una nueva carta. 

El relator de la ONU habló de situaciones únicas en la vida, y que esta era una de aquellas para Chile, ya que se trata de una muy buena oportunidad de  incluir el reconocimiento de los principios clave de los derechos ambientales, como la precaución, equidad intergeneracional, el principio de quien contamina, paga, como francia en el 2005 y protección de los defensores del medioambiente. “Es la oportunidad para ser creativos e incluir todo esto en la Constitución”, dijo Boyd.

Además, el ambientalista habló de las múltiples posibilidades de hacer frente a la crisis del cambio climático, hablando de la participación ciudadana y la creación de nuevas organizaciones que vayan en pos de la protección de la naturaleza. “Todas las personas tenemos una responsabilidad de proteger el medioambiente”, señaló, diciendo que esto es clave para el fortalecimiento de las leyes ambientales, además de la creación de un órgano independiente para la protección de la naturaleza.

“Un medio ambiente sano incluye aire limpio, agua limpia, un clima seguro, alimentos sanos y producidos de manera sostenible, ecosistemas y biodiversidad sanos y entornos no tóxicos en los que la gente vive, trabaja y juega”, informó Boyd. 

Derecho a vivir en un medioambiente sano: ¿es suficiente?

Cuando se habla del derecho a vivir en un medioambiente sano, ¿a qué se refiere esto específicamente? ¿qué es lo que se busca? Con estas reflexiones comenzó su presentación Judith Schonsteiner, para luego enfatizar en que este concepto queda corto, ya que la protección del medio ambiente requiere mucho más que un derecho antropocéntrico como el que se tiene actualmente en la Constitución chilena. 

“Si solo incorporamos lo que está en los tratados (ambientales), vamos a quedar muy cortos, porque internacionalmente, Chile no ha reconocido en ningún tratado el derecho a vivir en un medioambiente sano”, señaló la profesora asociada de la Universidad Diego Portales. “La protección del medioambiente tiene que ir más allá del interés humano”, enfatizó.

Además, Schonsteiner señaló que una nueva Constitución no es la solución a todo, ya que si los/as constituyentes no están bien informados en materia ambiental, el país podría quedar con aún menos protección a la naturaleza de la que ya existe. La académica señaló que la nueva Constitución no puede descansar sólo en el derecho internacional ambiental, ya que no protegería el derecho ambiental, sino que también debe fijarse en el derecho interno del país, incluyendo una amplia participación e información de la ciudadanía, instituciones ambientales con autonomía y eficacia y consulta indígena, entre otros aspectos importantes a destacar. 

Derechos de acceso: elemento clave en una nueva Constitución

En Chile, una de las grandes deudas en materia ambiental ha sido el acceso a la información, y Valentina Durán, abogada experta en el tema, se refirió en profundidad a esta temática durante su presentación en el conversatorio. Si bien explicó que el artículo 8 de la Constitución y la ley número 20.417 han avanzado en dicha temática, hay casos que han demostrado la debilidad, como lo fue Quintero-Puchuncaví en el año 2018, que dejó en evidencia la brecha que existe en materia de informar a la ciudadanía. “Este caso nos muestra nuestras deficiencias en materia de acceso, hubo varios recursos de protección que se acumularon, y estos se dirigieron en contra de las empresas y distintos organismos del estado. Para la corte suprema no fue posible condenar a las empresas, porque no había suficiente información, eso fue lo más dramático”, aseveró la abogada. 

En cuanto a la nueva Constitución, Durán señaló que se trata de una buena posibilidad para avanzar en temas ambientales. “Si la Constitución es un ejercicio para imaginar acuerdos para los próximos 50 años, no puede estar fuera de esa hoja en blanco la responsabilidad de hacer frente a la crisis climática y ambiental, que amenaza tan gravemente la vida del ser humano en el planeta”, destacó. 

Las dificultades de la protección ambiental

“El deber constitucional de preservar la naturaleza debe ser un piso mínimo”, señaló Natalia Alfieri, mientras presentaba sobre las Deficiencias de protección de la garantía Constitucional Ambiental, para luego describir algunos de los casos que han llegado al tribunal ambiental durante los últimos años en nuestro país.

Alfieri profundizó en el rol de los abogados en la temática de defensa ambiental, diciendo que su trabajo es clave en la lucha por integrar de mejor manera los derechos medioambientales en la Constitución y leyes. “Esto no es un juego, hay que pensar en lo que se requiere de nosotros como abogados ahora”, señaló. 

Este ciclo de conversatorios ha buscado ser un espacio de aprendizaje y conversación sobre temas relevantes para la discusión constitucional a nivel nacional, en la búsqueda de una Constitución Ecológica. Si no alcanzaste a verlos en vivo, todos nuestros  conversatorios están disponibles en nuestro canal de Youtube. 

«Las personas que vivimos en zonas de sacrificio vivimos con el miedo de no poder hacer nada al respecto en temas ambientales» – Manuel Carvajal, de Despierta Mejillones

¿Qué son las zonas de sacrificio? ¿Se puede revertir el profundo daño ambiental que existe en estos sectores? ONG FIMA, en conjunto con Chile Sustentable, Coordinadora Despierta Mejillones y coalición Chao Carbón organizaron un conversatorio en el cual se profundizó en la temática de las zonas de sacrificio en Chile, presentando no solo los problemas, sino que posibles respuesta y soluciones al conflicto medio ambiental que afecta al país. 

Noviembre 2020. Quintero y Puchuncaví son dos ejemplos claros que dejaron en evidencia el olvido y falta de prevención por parte del gobierno y las grandes empresas termoeléctricas, que transformaron estos sectores en zonas de sacrificio, lugares donde el daño ambiental es profundo y prácticamente irreversible. Por antecedentes como este caso, fue que la primera semana de noviembre estuvo marcada por las discusiones ambientales del proyecto de Ley de Cierre de Termoeléctricas a carbón al año 2025, iniciativa que es impulsada por distintos grupos, entre ellos #ChaoCarbón, que agrupa a organizaciones a lo largo de Chile que buscan terminar con las termoeléctricas a Carbón y las zonas de sacrificio

En este contexto se realizó el conversatorio “Una nueva Constitución para terminar con las zonas de sacrificio”, organizado por ONG FIMA, Chile Sustentable, Coordinadora Despierta Mejillones y coalición Chao Carbón, el pasado 3 de noviembre. La instancia contó con la participación de Claudia Fuentes, encargada de proyectos de descarbonización en Chile Sustentable; Manuel Carvajal, de Despierta Mejillones; Doris Zamorano, dirigente social de Huasco y miembro de CRAS Huasco; Felipe Pino, abogado de ONG FIMA y Gabriela Burdiles, Directora de Proyectos de ONG FIMA. 

En el conversatorio se abordaron distintas temáticas, como los impactos ambientales negativos del desarrollo industrial, el concepto de zonas de sacrificio, los casos de contaminación ambiental de Mejillones y Huasco, y las posibilidades que trae consigo una nueva Constitución y proceso constituyente en materia ambiental. 

El contexto histórico y social de las zonas de sacrificio

En la década de los 60, en Chile se celebraba la industrialización: traía oportunidades de trabajo y era un ideal de progreso, donde se hacían grandes construcciones para impulsar el llamado Modelo de Sustitución de Importaciones, creando industrias estratégicas en el país. ¿El problema? Todo esto se hizo sin una pizca de conciencia ambiental. Así lo explicó Carolina Fuentes, experta en el tema, quien durante el conversatorio del pasado 3 de noviembre habló sobre el sacrificio socioambiental en los discursos de desarrollo y profundizó en la definición de las llamadas zonas de sacrificio. 

Fuentes explicó que el término “zona de sacrificio” no es un concepto técnico ni categoría jurídica que se pueda encontrar en una ley específica, sino más bien una denominación que ha sido utilizada en Chile -desde hace diez años aproximadamente- por organizaciones, la sociedad civil y la propia ciudadanía,  que empezaron a denunciar impactos ambientales que se venían produciendo de forma permanente en ciertos territorios, donde las poblaciones estaban sometidas a contaminación u otro impacto socioambiental. “Es una categoría social y política en construcción que sirve para denunciar -y tratar de revertir- una situación éticamente inadmisible. Son consecuencia de un estado que no ha sido capaz de hacerse cargo de estos impactos, de un mal desarrollo, de proyectos mal manejados”, dijo Fuentes. 

Por otra parte, la encargada de proyectos de descarbonización de Chile Sustentable contó que en un comienzo las zonas de sacrificio eran cinco: Mejillones, Tocopilla, Huasco, Quintero y Puchuncaví, lugares industriales con mucha presencia de termoeléctricas, fundiciones y/o  puertos, pero que en la actualidad, el concepto se ha ampliado para territorios con extrema sequía o basurales como en Til Til.

Pero, ¿qué hace que una zona de sacrificio sea denominada como tal? Durante su exposición, Fuentes indicó que hay 118 conflictos socioambientales en Chile, pero no todos estos son zonas de sacrificio, ya que para caer en esa categoría debe existir una vulneración sistemática a lo largo del tiempo, que implique que la gestión medioambiental no puede hacerse cargo, ya que la zona de sacrificio excede las competencias institucionales. 

«Hay lugares cuyos habitantes parecen haber sido condenados a vivir en un ambiente severamente contaminado. Es una vulneración de sus derechos más básicos, como salud, educación, trabajo”, aseveró Fuentes. 

La lucha del Huasco

Cuando corre viento, la contaminación en Huasco se siente más que nunca: el aire prácticamente no se puede respirar. La población vive en constante alerta, con cinco termoeléctricas en el territorio, y un vertedero de cenizas que está totalmente sobrepasado. Así indicó Doris Zamorano, habitante del Valle de Huasco, durante su presentación en el conversatorio. 

“Vivir en una zona de sacrificio significa estar con constantes malestares”, estableció Zamorano, para luego explicar que la contaminación en Huasco ha dejado severas consecuencias: las economías locales, el agua, el aire y el suelo están devastados por las industrias contaminantes. «Aquí en Huasco hay un problema de fondo, que es un problema social. Las empresas juegan con la necesidad de las personas, juegan con la promesa del progreso y desarrollo para todos, y no es así. Lo único que ganamos es enfermedades y división».

A su vez, Doris Zamorano explicó que los grupos ambientalistas del Huasco, en conjunto con la población, han hecho explícitas sus demandas por el cierre de las termoeléctricas, a pesar de que el daño ya está hecho, y que esperan que el congreso apruebe pronto la ley de cierre al 2025 de estas empresas. “Tenemos que luchar por una ley de zona de sacrificio, porque es bastante difícil vivir en una”, finalizó la activista ambiental.

El olvido de Mejillones

“Mejillones es la zona con más centrales termoeléctricas a nivel nacional, son nueve”. Así comenzó su presentación Manuel Carvajal, el defensor ambiental de Mejillones, quien luego señaló que uno de los grandes desafíos de una nueva Constitución sería justamente la solución de los problemas medioambientales que afectan a las zonas de sacrificio del país, como es el caso de la comuna de Mejillones.

Para Carvajal, el principal problema está en que las autoridades y entes reguladores no han sabido enfrentarse al problema de la contaminación, y sus continuas decisiones erradas han profundizado los conflictos. «Uno de los problemas fundamentales que tiene nuestro modelo tiene que ver con el Servicio de Evaluación Ambiental, porque este trabaja para el empresario y no en pos de la gente. No es un ente fiscalizador válido», señaló.

«Necesitamos una constitución más medioambiental, debemos alinearnos en eso. Las personas que vivimos en zonas de sacrificio vivimos con el miedo de no poder hacer nada al respecto en temas ambientales. Debemos presionar a los constituyentes, ellos son los que verán las reglas del juego en una nueva constitución», finalizó el activista de Despierta Mejillones.

#ChaoCarbón: justicia ambiental para Chile

En las pasadas elecciones del 25 de octubre el apruebo tuvo una victoria avasalladora en el país, ganando casi con un 80% del total de los votos. En las distintas zonas de conflictos ambientales de Chile el panorama no fue distinto: el apruebo ganó con casi un 90% de los votos en estos sectores, dando esperanza de que una nueva carta enfrente de mejor manera los profundos problemas medioambientales del país. 

Felipe Pino, abogado de ONG Fima, comenzó su presentación en el conversatorio señalando estos datos, para luego adentrarse en el concepto de justicia ambiental: “se refiere a la distribución equitativa de las cargas y beneficios ambientales”. Las cargas, en este caso, serían los riesgos y costos de las actividades que afectan al medioambiente -como termoeléctricas a carbón- mientras que los beneficios son los servicios ecosistémicos aprovechables por las personas, como el agua y alimentos. La justicia ambiental significaría también, que las personas cuenten con una participación activa en la toma de decisiones ambientales, asegurando su derecho de acceso.  

Luego de esto, Pino se refirió a la presencia del medioambiente en la actual Constitución, señalando que no es suficiente, ya que se trata de una manera muy amplia, sin especificar en detalles. Por otra parte, el abogado de Fima señaló que el concepto de contaminación es ambiguo en la ley, lo que ha permitido aprovechamientos por parte de distintas empresas, haciendo que los conflictos ambientales escalen a mayor velocidad, afectando a un gran número de personas. 

“El cambio está en el proceso constituyente”, sostuvo Pino, quien después explicó que la reformulación de la garantía constitucional para vivir en un medioambiente libre de contaminación, y la incorporación del concepto de justicia ambiental  como principio constitucional, son los primeros pasos para una actualización de la institucionalidad y legislación ambiental. 

“Una Constitución Ecológica no significa el fin de las zonas de sacrificio, pero si un cambio en el modelo que sostiene a estas. Si o si va a ser la primera piedra para asentar una nueva relación entre la sociedad y el medioambiente. Es un momento histórico que tenemos que aprovechar, no podemos esperar más para tener una Constitución ecológica”, señaló.

El conversatorio quedó grabado y disponible para su reproducción en el canal de Youtube de ONG FIMA, y puedes verlo aquí.

¡Viva México! ¡Viva América Latina y El Caribe!

Con la ratificación de México, se hace más evidente la ausencia de Chile en esta etapa inicial, obligando al país a sumarse tardíamente

El jueves, por unanimidad, el Senado mexicano ratificó el Acuerdo de Escazú. Con esto, sumado a la de Argentina, se cumple el requisito de 11 ratificaciones  para su entrada en vigencia. Es decir, 90 días después de que el documento sea depositado en la ONU por parte de estos Estados, América Latina y El Caribe, tendrán el primer acuerdo regional sobre Acceso a la Información, Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales.

México reafirma su voluntad de fortalecer la democracia ambiental y en particular en la protección de los y las defensores ambientales, en un país con una de las tasas más altas de asesinatos en la región. 

Sin duda esta es una gran noticia, no solo para los mexicanos y su medio ambiente, sino para todo el mundo, pues muestra el logro de un amplio consenso sobre que la mejor manera de tratar los asuntos ambientales, es a través de la democracia y esto solo se alcanzará entregando más y mejores herramientas para todos/as los actores de la sociedad. 

Esta decisión del Estado mexicano contrasta con la de el gobierno de Chile, que propuso y lideró el Acuerdo durante toda su negociación y que en septiembre de este año, señaló que no firmaría, ignorando cómo avanzaba el proceso de ratificación.

 A  pocos meses de que el Acuerdo de Escazú entre en vigor, la postura del gobierno de Chile es insostenible. Estamos perdiendo la oportunidad de estar dentro de los países que crearán las bases de la ejecución de este tratado. Estamos perdiendo años de participación en un proceso. Pero por sobre todo, estamos perdiendo tiempo para la protección del medio ambiente y de nuestra gente.

Hacemos un nuevo llamado a las autoridades e insistimos que el gobierno de Sebastián Piñera esté a la altura de las circunstancias y reconozca que el Acuerdo de Escazú avanza por la senda correcta, y que es la oportunidad de ser reconocido como impulsor y parte de los países fundantes de la democracia ambiental para América Latina y el Caribe. 

Andrea Sanhueza, Representante del Público para el Acuerdo de Escazú

Constance Nalegach Romero

Verónica Delgado Schneider

Valentina Durán Medina

Alerta Isla Riesco

Amnistía Internacional Chile

CODEFF

Escazú Ahora Chile

Fundación Espacio Público

Fundación Humedal Nativo

Fundación Terram

Greenpeace

Observatorio Ciudadano

ONG CEUS Chile

ONG FIMA

Sociedad Civil por la Acción Climática (SCAC)

SCAC Magallanes

SCAC Antofagasta