Tercer Tribunal Ambiental anuló la Resolución de Calificación Ambiental de la Central Hidroeléctrica Llancalil, en la región de La Araucanía
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Tercer Tribunal Ambiental anuló la Resolución de Calificación Ambiental de la Central Hidroeléctrica Llancalil, en la región de La Araucanía
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En la etapa final del proceso del proceso de evaluación del Proyecto Los Bronces Integrado de Anglo American, al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) le corresponde entregar el ICE (informe consolidado de evaluación) en dónde deberá recomendar TÉCNICAMENTE Y SOBRE LA BASE DE LOS PRONUNCIAMIENTOS SECTORIALES Y EL ANÁLISIS DE LAS OBSERVACIONES CIUDADANAS rechazar o aprobar el proyecto, QUE LUEGO PASARÁ A LA ESPERA DE LA SESIÓN DE VOTACIÓN DEFINITIVA.
Ante esta inminente resolución, es necesario dejar claro que el proyecto de ampliación de Los Bronces Integrado de Anglo American debe ser RECHAZADO por sus impactos negativos para toda la Región Metropolitana.
Esto fue señalado por la Subsecretaría de Salud Pública y otros servicios durante la evaluación y lo han expresado permanentemente las comunidades afectadas en Lo Barnechea, Lampa, Colina, Til-Til, Los Andes, Putaendo, Catemu y El Melón.
Un proyecto que no contiene las medidas necesarias para compensar, mitigar o reparar los impactos que va a producir en las personas y los ecosistemas debe ser rechazado.
CONTAMINACIÓN DEL AIRE
Consta en el expediente, a partir de la identificación de receptores y niveles de exposición a los contaminantes del aire, que Anglo American no reconoce que el proyecto generará riesgo para la salud de la población. Lo anterior, en una zona declarada saturada por material particulado, sin conformidad, en sus proyecciones según las fases del proyecto, a partir del año 2024, con el Plan de Descontaminación de la Región Metropolitana. En caso de ejecutarse, se aumentará significativamente la concentración de MP-10 en el área de influencia, generando a su vez un impacto negativo significativo en la calidad del aire, esto, es, riesgo para la salud de la población, de acuerdo con la letra a) del artículo 11 de la ley 19.300. Por lo anterior, y conforme lo ha señalado la Subsecretaría de Salud Pública en el procedimiento de evaluación (Oficio 4729 de 26 de noviembre de 2021), no es posible descartar que el proyecto genere riesgo para la salud de la población.
USOS DEL AGUA Y DESTRUCCIÓN DE GLACIARES
El proyecto tampoco se hace cargo del efecto significativo que el proyecto tiene sobre la disponibilidad de la calidad y cantidad del componente hídrico. Partimos de la base que considera el consumo de 1380 l/s, en una zona a aproximadamente 3.500 msnm, donde existen distintos tipos de glaciares y peri glaciares, fuentes de agua no solo para el ecosistema sino también para el futuro de Santiago. En este sentido, existen deficiencias
que no han podido ser abordadas adecuadamente hasta la fecha, con lo que el análisis técnico no resiste la recomendación de calificación favorable: 1) no se ha acreditado la idoneidad de la norma suiza para ser utilizada como referencia para la medición del material particulado sedimentable sobre las masas glaciares, que no responde a las características situaciones de los ambientes de montaña locales; 2) no constan mediciones de contaminantes transportados por los vientos, como el carbón negro u hollín, que podrían generar una ablación acelerada de las masas glaciares; 3) no existe claridad de la zona de impactos ni medidas reales de protección para los ecosistemas glaciares. Todo ello, da cuenta del incumplimiento de la forma según la cual los proponentes deben hacerse cargo de sus impactos sobre el abastecimiento de agua para el uso de las actividades humanas y ecosistémicas, es decir, no toma en cuenta que los caudales de agua disponibles que provienen en gran medida del deshielo y de la fusión estival de glaciares. Por lo tanto, es evidente el riesgo que se genera entonces en la seguridad hídrica para la Región Metropolitana, especialmente para las comunas de Lo Barnechea, Las Condes y Vitacura que utilizan el agua del Río Mapocho para abastecerse.
PROCEDIMIENTO IRREGULAR
Existen, además, vicios que afectan la validez del procedimiento, generando perjuicio a las comunidades observantes: 1) no se puso término anticipado al procedimiento, por faltar información esencial en el EIA, que tuviera el mérito para hacerse cargo del efecto sobre la calidad del aire y del riesgo a la salud de la población, la que no podría ser oportunamente subsanada después, mediante adendas, por una cuestión de coherencia en el análisis que debe hacerse en la evaluación, respecto de la línea de base, el área de influencia, la identificación y predicción de impactos y la idoneidad o no de las medidas propuestas; 2) no se iniciaron los procesos de participación ciudadana por modificaciones sustantivas, que solicitaron las comunidades entre las adendas, privándoles de la oportunidad para poder analizar la información nueva que aportaba el titular para hacerse cargo de los impactos significativos sobre la calidad del aire y la salud; 3) se inició un periodo de participación ciudadana con plena contradicción de la ley 19300 y el reglamento del SEIA, excediendo la oportunidad que pudo existir para que la autoridad ambiental examinara con todas las garantías que regulan la participación ciudadana y que sus mismos funcionarios denunciaron. La administración anterior del Servicio de Evaluación Ambiental, como un acto de salvataje, abrió ese segundo proceso de participación ciudadana irregular en febrero de este año, aun así, la ciudadanía realizó más de 160 observaciones que no han sido respondidas. Aquí más información sobre irregularidades en este proceso.
BIODIVERSIDAD AMENAZADA
Finalmente, tampoco hay información suficiente que permita descartar los efectos adversos significativos de la ejecución de un proyecto de expansión minera subterránea, sobre los objetos de protección del Santuario de la Naturaleza Yerba Loca, entre los que se encuentra la gran cantidad de biodiversidad, que depende sustancialmente de las fuentes de agua que corren superficial y subterráneamente desde los glaciares, y por toda la extensión del valle, que constituye un área protegida para todos los efectos del artículo 11 letra d) de la ley 19.300 y los criterios reglamentarios que tienen que seguirse para la identificación, predicción y evaluación de los impactos significativos. Al respecto, a la fecha aún no hay certeza técnica sobre la idoneidad de las medidas para evitar la infiltración de las napas subterráneas que podría producir la fase de construcción y operación del proyecto, en particular, en las obras asociadas a la construcción y operación de los túneles.
Por estos motivos centrales y vitales llamamos a RECHAZAR este proyecto minero que atenta contra la vida de las personas y de los ecosistemas poniendo en riesgo a toda la Región Metropolitana. Lo que afecta a las montañas y glaciares repercute en toda la cuenca alta del Río Mapocho. Siendo Chile uno de los países de alto riesgo por el cambio climático y llevando ya 13 años de sequía un proyecto como este no puede ser autorizado.
Por la protección de la vida en la Región Metropolitana, súmate tú también a decir ¡No más Anglo!
Corporación Camino a Farellones – Corporación Defensa de la Cuenca del Mapocho – Centro Ecológico Churque – Movimiento No + Anglo (Lo Barnechea – Lampa – Colina -Til Til – El Melón) – Modatima Lo Barnechea – Gran Barnechea – Salvemos el Agua Lo Barnechea – Centro para el Desarrollo del Patrimonio y la Cultura, Pueblo de Barnechea – Asociación Escuela de Montaña Camino a Farellones – Junta de vecinos Las Varas, Lo Barnechea – Junta de vecinos las 4 esquinas, Lo Barnechea – Coordinación de Territorios Por la Defensa de los Glaciares
La sentencia acoge la apelación presentada por vecinos y vecinas de Mejillones y mandata al Servicio de Evaluación Ambiental a incorporar las variaciones en el ambiente provocadas por el cambio climático en el proceso de revisión actual de la Resolución de Calificación Ambiental del proyecto.
Abril, 2022. La Corte Suprema ha ordenado corregir la Resolución de Calificación Ambiental de la Central Termoeléctrica Angamos, aprobada en 2007, acogiendo así el recurso presentado por vecinos de Mejillones en 2020 contra el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).
La variable de cambio climático no fue contemplada por la autoridad ni el tutelar al inicio del proyecto, por lo que desde la Asociación de Prestadores de Servicios Turísticos de Mejillones, Agrupación Juvenil de Batucada Axe Tim Baue, representados pory ONG FIMA, presentaron un recurso de protección que fue rechazado por la Corte de Apelaciones de Antofagasta, ratificando el criterio del SEA e indicando que la revisión de RCA no alcanza a materias que no fueron consideradas en la evaluación ambiental del proyecto.
El proceso de revisión se inició durante el año pasado por el SEA, pero estaba acotado a variables relativas al medio marino, excluyendo las variables de aire. Ante esto, se solicitó que se incluyera dicho componente, debido a que es allí donde se manifiestan los cambios en el ambiente terrestre provocados por el cambio climático.
Para Marcos Emilfork, abogado de ONG FIMA, “esta decisión va en línea con los compromisos internacionales que Chile ha adquirido en la materia en los últimos años, en cuanto a que es imperativo reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, los que están aumentando la temperatura de la Tierra, al punto de hacer impracticable el ejercicio de los derechos humanos ambientales”.
En su fallo, el máximo tribunal señala que el mecanismo es procedente en casos que se busca regular situaciones que no fueron previstas anteriormente, como es la variable del cambio climático. Es así como ordenó al SEA a iniciar el análisis respecto del componente atmósfera, considerando los elementos que han variado en el ambiente terrestre causados por el cambio climático, desde el inicio de su ejecución en 2007, hasta la fecha.
Este fallo permitirá a los vecinos de Mejillones pedir la regulación de los impactos de la Central sobre el aire y la salud de las personas, y que se encuentran asociados al cambio climático. “Por décadas el Estado de Chile ha vulnerado los derechos fundamentales de los habitantes de Mejillones, pero hoy se sienta un precedente positivo. Esto nos llena de energía para seguir luchando en contra de las empresas que han contaminado por años este lugar”, indica Manuel Carvajal, operador turístico de Mejillones y recurrente en la causa.
Nuevo informe de ONG FIMA para contribuir en el camino de mejorar el acceso a la justicia ambiental en Chile
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Los escritores podrán enviar artículos tanto para la sección de estudios como para la de comentarios de jurisprudencia.
Marzo, 2021. La convocatoria es abierta a toda la comunidad académica nacional e internacional, profesionales y organizaciones interesadas en materias ligadas al derecho ambiental. Quienes estén interesadas/os en participar, deben enviar sus artículos a revista@fima.cl hasta el domingo 15 de mayo.
Para esta edición, los artículos deberán tratar las temáticas de: Constitución ecológica, institucionalidad ambiental, bienes comunes y propiedad, derecho indígena, participación ciudadana, ordenamiento territorial, gobiernos locales, delitos ambientales, derechos humanos ambientales, derechos de la naturaleza, cambio climático, derecho internacional ambiental, áreas protegidas, biodiversidad, zonas de conservación marina, transición justa, protección a humedales o cualquier otro tema relacionado a derecho ambiental.
Sobre la Revista Justicia Ambiental
Desde el año 2008, ONG FIMA en conjunto con la Fundación Heinrich Böll Stiftung, publican anualmente la Revista Justicia Ambiental con el propósito de contribuir al desarrollo del Derecho Ambiental, promoviendo la discusión crítica y plural sobre temas jurídicos relevantes en esta materia, y profundizar en aquellos que se observan vacíos en la regulación. Se compone de dos secciones: estudios y comentarios de jurisprudencia. Para más información, instrucciones a los autores y revisar artículos anteriores de la Revista Justicia Ambiental, puedes visitar www.revistajusticiaambiental.cl
La serie de informes aborda las razones por las cuales es necesario incluir la protección del medio ambiente en la constitución, revisando en esta segunda y tercera entrega, algunos principios, derechos ambientales e instituciones.
Febrero 2022. La crisis climática y ecológica hacen ver la necesidad urgente de cambiar nuestra relación con la naturaleza, mientras que el escenario constituyente en el que se encuentra Chile, se presenta como la oportunidad de orientar dichos cambios hacia una mayor protección de la naturaleza y los ecosistemas.
Por eso, desde ONG FIMA se ha trabajado en distintos informes para avanzar en el camino hacia una Carta Magna que integre al medioambiente como un eje central. Ejemplo de ello son la serie “Protección Constitucional del Medio Ambiente”, documentos que abordan las razones por las cuales impulsar una Constitución Ecológica, entregando las bases para lograrlo.
En la primera parte “¿Por qué necesitamos una Constitución Ecológica?”, se revisaron cinco de las razones por las que se debe mejorar la protección constitucional del medio ambiente, enfocándose en el contexto político, social y ambiental del país.
En la misma línea, en “Principios Constitucionales”, segunda entrega de la serie, se profundiza en los principios que debiesen ser incluidos en la nueva Constitución y que permitirían avanzar en la protección del medio ambiente y en una vida en armonía con la naturaleza. Mientras que en la tercera parte, “Derechos y nuevas Instituciones” se revisan algunos derechos ambientales para los seres humanos y se plantean nuevas instituciones para la protección de las personas, de la naturaleza y los animales no humanos.
Descárgalos aquí:
ONG FIMA, con colaboración de los artistas Daniel Reyes León y Rubén Castillo Antivilo, realizó una intervención artística en la concurrida Playa El Sol, de Viña del Mar, que consistió en presentar en letras de hielo, de aproximadamente un metro, el concepto “Chile se derrite sin una Constitución Ecológica”. Las letras de hielo fueron puestas la mañana de este viernes 4 de febrero en esa playa viñamarina sobre una plataforma hasta derretirse por completo. La idea es representar lo que ocurre a nivel nacional y mundial con el alza de las temperaturas.
Ezio Costa, director ejecutivo de ONG FIMA, explicó que “es necesario que se exprese fuerte y claro que queremos una Constitución Ecológica y recuperar la armonía con la naturaleza. Proteger a Chile en lugar de derretirlo”.
“El hielo es algo así como un indicador del clima, no por nada el derretimiento de los hielos ‘eternos’ es un síntoma inequívoco del calentamiento global”, dijo Daniel Reyes León, artista visual, editor y académico en la Universidad de Chile, a cargo de la instalación.
El evento contó con la presencia de Macarena Ripamonti, alcaldesa de Viña del Mar, quien enfatizó en la urgencia de la crisis climática y la necesidad de que las instituciones apunten a la sostenibilidad. “No es razonable que al 2050 haya más basura que peces en el mar, y el 2050 está a la vuelta de la esquina. No es razonable que hoy comunidades pobres no puedan acceder al agua para cubrir sus necesidades vitales más básica. No podemos llegar a que nuestros sistemas colapsen por no hacer nada a tiempo (…) Todos los organismos públicos y privados, financieros, tienen que apuntar hacia la sostenibilidad, porque no hay más planeta”, dijo la jefa comunal.
Adicionalmente, la intervención fue visitada por Katta Alonso, vocera de la organización Mujeres de Zona de Sacrificio Quintero Puchuncaví; Liliana Plaza y Liliana Cancino, de la agrupación Ojos de Mar, de Llolleo.
“Es de suma importancia que esta nueva Constitución sea ecológica y social, es lo que la ciudadanía ha pedido”, señaló Katta Alonso. “Somos parte de la naturaleza y no la podemos seguir destruyendo si queremos dejarles vida a las nuevas generaciones. El cambio climático es real y evidente, y también cómo el hombre sigue destruyendo el planeta. Debemos detener las emisiones de CO2 y todo el desastre ecológico que el mismo hombre ha producido, y también intentar recuperar todo lo que se ha perdido”, agregó la vocera de Mujeres en Zona de Sacrificio.
Para Liliana Cancino, de la agrupación Ojos de Mar, una Constitución Ecológica “es una necesidad urgente, porque ya hemos tenido suficiente con la ambición de las personas y de las empresas, que tienen graves efectos sobre los ecosistemas”, dijo. Y agrega que “cuando me voy de San Antonio es terrible ser los esteros secos a través del litoral. Es terrorífico lo que le hemos hecho a la naturaleza, porque no solo es que estamos en emergencia climática; tal como dice el informe del IPCC es el ser humano el principal responsable de esto”.
La instalación contó además, con carteles informativos sobre lo que significa tener una Constitución Ecológica y cifras impactantes sobre glaciares, emisiones de gases de efecto invernadero, crisis ecológica, etc.
Santiago, 1 de febrero 2022 – Ayer la Corte Suprema (Rol No 60.548-2021) dio una nueva señal en favor de las organizaciones ambientalistas y comunidades indígenas, al sentenciar la apertura de un proceso de participación ciudadana previo a la autorización de instalación, fusión y relocalización de cuatro centros de cultivo de salmones al interior de la Reserva Nacional Kawésqar. La solicitud fue realizada por comunidades Kawésqar y las ONG FIMA, Greenpeace y AIDA.
“Para nuestras comunidades es muy importante el fallo de la Corte Suprema, sobre todo porque está misma empresa que está instalada al otro lado del canal Aswalisnan, es la que ha provocado gran daño en el territorio, a los sitios funerarios, lugares sagrados, etc.”, señala Haydee Aguila, de la Comunidad Kawesqar ATA’P, quien ve con optimismo esta sentencia, y agrega “Es importante mencionar que quizás este pudiera ser un gran paso para comenzar la salida de esta industria de nuestros canales, de nuestro mar, y comenzar a conservar el equilibrio de nuestro territorio ancestral. Nuestros antepasados fueron desarraigados desde sus propios campamentos, no podemos seguir permitiendo las mismas prácticas en la actualidad, cuando todo está cambiando”.
Anteriormente, la autoridad ambiental se había negado a abrir estas etapas de consultas, situación que hoy es revertida por el fallo del máximo tribunal del país al acoger este Recurso de Protección. La sentencia, además, se refiere a los impactos que estos proyectos implican para los ecosistemas y las comunidades, debido al alto uso de antibióticos, degradación del fondo marino, y fugas periódicas de salmones, entre otras consecuencias, las cuales aumentan el área de influencia de los proyectos, más allá del lugar en el que se ubican.
“Valoramos la sentencia de la Corte Suprema, la que, por primera vez, decreta la apertura de procesos de participación ciudadana en el caso de proyectos acuícolas salmoneros. La Corte acierta en reconocer los enormes y extensos impactos que genera esta industria. Esperemos esta jurisprudencia tenga efectos en los actuales procedimientos de reclamación que se siguen tanto en tribunal ambiental como en el Servicio de Evaluación Ambiental en contra de Nova Austral, donde se pueda reconocer que, no solo sus evaluaciones carecían de procedimientos de participación ciudadana, sino que se encuentran instalados dentro de un área protegida y maritorio Kawésqar”. explica Macarena Martinic, abogada de ONG FIMA.
Al respecto, Estefanía González de Greenpeace, señala que “es un tremendo triunfo de las comunidades que se haya reconocido el derecho a la participación, en particular en el caso de las comunidades indígenas, ya que los proyectos de salmonicultura impactan directamente en sus territorios.” No obstante, precisó, “hay que estar alerta, pues esperamos que lo mismo ocurra con los otros cinco proyectos de relocalización en la reserva nacional Kaweskar y que este sea el primer paso para que de manera efectiva se rechace la instalación de salmoneras en esta reserva. La salmonicultura es incompatible con los objetivos de creación de esta área protegida y esperamos que con el próximo gobierno esto se haga efectivo».
Los proyectos salmoneros que deberán someterse a procesos de participación ciudadana siguiendo lo ordenado por la Corte Suprema, consisten en proyectos de instalación fusión y relocalización de centros de cultivo de salmónidos, de la empresa Nova Austral S.A. Estos proyectos incluyen centros de engorda de salmones, artefactos navales con oficinas, bodegas, plataformas flotantes, entre otros, todos ubicados en la prístinas aguas de la Reserva Nacional Kawésqar, aledaña al Parque Nacional Kawésqar.
Para continuar en el camino hacia una Constitución Ecológica, ONG FIMA presenta un nuevo informe dónde analiza el desarrollo de los Derechos de la Naturaleza en el derecho, comparando la situación en 10 países.
Enero 2021. Nos encontramos en una crisis ecológica y climática donde los cambios que ha provocado el humano sobre los ecosistemas ya son evidentes. La contaminación, crisis hídrica, avances de las zonas áridas y la pérdida de biodiversidad son algunas muestras de que estamos ante un problema profundo.
La forma en que se ha desarrollado la humanidad con su entorno ha sido deficiente, generando la destrucción de la naturaleza. Ante esto, se plantea la necesidad de cambiar el paradigma antropocéntrico por uno ecocéntrico, que transite hacia una relación de respeto e igualdad con la naturaleza, donde se respeten sus ciclos y límites, reconociendo que todas las formas de vida son moralmente relevantes. Reconocer derechos de la naturaleza jurídicamente exigibles, se ha planteado como útil para avanzar hacia esta relación más armónica con el entorno.
El último informe de ONG FIMA «Hacia una Constitución Ecológica: Derechos de la Naturaleza en la nueva Constitución», realiza un análisis del desarrollo de los derechos de la naturaleza en el derecho, haciendo una breve revisión sobre su recepción e implementación, y comparando la situación de países como Ecuador, Colombia, Australia, India, Nueva Zelanda, Bolivia, Bangladesh, México, Uganda y Estados Unidos. Esto con la finalidad de plantear algunas propuestas que puedan resultar útiles para que, en Chile, estos derechos sean una herramienta eficaz para la protección del medio ambiente y de los derechos humanos ambientales.
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