La Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto Condominio Alta Vista Pucón II quedó sin efecto por orden del Tercer Tribunal Ambiental, mientras que la Corte Suprema ratificó la anulación de la RCA del proyecto inmobiliario Pinares del Lago.
Alta Vista Pucón II
El Tercer Tribunal Ambiental decidió dejar sin efecto la RCA del proyecto Condominio Alta Vista Pucón II, acogiendo de esta forma la reclamación presentada por la Municipalidad de Pucón, la Unión Comunal de Juntas de Vecinos y varios habitantes de la comuna, con el apoyo de ONG FIMA.
Según se argumentó ante el Tribunal, el titular del proyecto, no descartó correctamente sus impactos ambientales, pues, entre otros puntos, en la evaluación ambiental se desconoció la existencia de un cauce natural en el área de influencia, no se levantó información suficiente sobre la biodiversidad y no se hizo cargo de los efectos que el proyecto tendría sobre la Zona de Interés Turística Araucanía Lacustre.
Además, se señaló que existiría un fraccionamiento, ya que hay antecedentes suficientes para afirmar que existe una “Unidad de Proyectos” entre los condominios Alta Vista Pucón I y Alta Vista Pucón II, lo que obliga a su titular a evaluarlo cabalmente ante el Servicios de Evaluación Ambiental.
Marcos Emilfork, abogado y coordinador del área de Acceso a la Justicia de ONG FIMA, explicó que el Proyecto Alta Vista Pucón contemplaba la construcción de tres condominios, de los cuales “al menos dos de ellos tienen el mismo titular, idéntico nombre y se encuentran adyacentes, separados por la Calle 4, que es una obra común por la cual se accede a ambos proyectos y que fue construida a propósito de la ejecución del primer condominio. Estos proyectos cuentan con señalética común desde el camino internacional y la construcción y tramitación administrativa ha sido parcialmente paralela. Esto permitió al Tribunal afirmar que es en realidad una «Unidad de Proyectos» que obliga a su titular a evaluarlo íntegramente”.
Específicamente, Alta Vista Pucón II consistía en la construcción de 6 edificios de departamentos con 4 pisos, que incluían un total de 306 viviendas. Además, de la construcción de 317 estacionamientos de vehículos, 153 estacionamientos de bicicletas y 2 piscinas. Todo esto en un terreno de 2,1 hectáreas emplazadas en la comuna de Pucón, Región de la Araucanía.
Pinares del Lago
Por su parte, la Tercera Sala de la Corte Suprema declaró inadmisible el recurso de casación presentado por el Servicio de Evaluación Ambiental en contra de la sentencia que anuló la RCA del proyecto inmobiliario Pinares del Lago, dictada por el Tercer Tribunal Ambiental en abril de 2022.
En dicha ocasión, el Tribunal consideró que durante su etapa de evaluación el titular del proyecto no entregó los antecedentes suficientes para poder descartar de forma adecuada los impactos ambientales sobre el humedal La Poza, el cual actualmente está reconocido como humedal urbano.
El proyecto inmobiliario Pinares del Lago consistía en la construcción de 3 condominios con alrededor de 480 viviendas y 600 estacionamientos, los que se instalarían en la comuna de Pucón en el camino hacia el lago Villarrica.
Medio Ambiente, Salud, Subsecretaría de Pesca, Conaf, Dirección General de Aguas y SAG dejaron en claro sus reparos a la minera en los documentos que el Comité de Ministros deberá tener a la vista para votar si aprueba o rechaza la iniciativa de Andes Iron. Desde Alianza Humboldt, agrupación que reúne a organismos nacionales e internacionales por la defensa del archipiélago, afirman que los informes confirman los antecedentes técnicos que justifican el rechazo del proyecto.
Santiago, 30 de diciembre, 2022. “Esta Subsecretaría sugiere una calificación ambientalmente desfavorable del proyecto Dominga”, “es claro que no da cumplimiento a la normativa ambiental vigente”, “no existió durante todo el proceso una definición adecuada del área de influencia, desestimando toda base científica existente”, son solo algunas de las conclusiones a las que llegaron los distintos servicios públicos que hicieron llegar sus informes al Comité de Ministros, instancia que deberá votar el futuro del proyecto minero portuario de la empresa Andes Iron. Los reportes, publicados en la web, serán parte de los antecedentes que los ministros y ministras del Medio Ambiente, Agricultura, Economía, Energía, Minería y Salud deberán tener a la vista cuando se lleve a cabo la votación, cuya fecha aún no ha sido fijada.
“No nos extraña que el pronunciamiento de los servicios que son competentes hayan nuevamente expresado y destacado la gran cantidad de deficiencias técnicas que hacen que este proyecto sea inviable en una zona tan biodiversa como el archipiélago Humboldt”, afirmó Liesbeth van der Meer, Directora Ejecutiva de Oceana. Desde FIMA, la abogada Antonia Berríos, representante de la Asociación de Pescadores y Mariscadores de Los Choros agregó que «si todas estas deficiencias hubieran sido notadas a tiempo, si se hubieran considerado las observaciones de los vecinos, Dominga ya estaría terminada. Las deficiencias son graves y dan cuenta de una evaluación superficial e irresponsable que minimizó los impactos de un proyecto como este».
Lo que dicen los informes.
El reporte emitido por la Subsecretaría de Medio Ambiente asevera que la empresa no consideró dentro de su área de influencia, las zonas utilizadas por especies emblemáticas del archipiélago como el pingüino de Humboldt, el pato yunco y el chungungo por lo que “no es posible descartar que el proyecto generaría impactos significativos en el ecosistema”. Adicionalmente, alerta sobre la insuficiente información de línea de base especialmente en lo que respecta a los cetáceos, concluyendo que las medidas de mitigación, compensación y reparación de la fauna marina protegida afectada por el proyecto no son suficientes.
Conaf, uno de los servicios que posee más información de la zona, reiteró sus críticas a la empresa al no haber definido adecuadamente el área de influencia del proyecto, sin tomar en cuenta la evidencia científica, y no realizar un levantamiento de la línea de base sobre las especies protegidas de la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt. “La ciencia ha sido categórica en demostrar que toda la bahía del archipiélago dentro del cual se proyecta el puerto del Titular es un sitio clave para alimentación, descanso y reproducción de especies de aves que anidan en la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt y las otras islas del archipiélago de Humboldt”, argumentó el servicio que además es el encargado de resguardar y administrar la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt. Adicionalmente, alerta sobre los impactos del ruido submarino y la contaminación lumínica, esta última podría llevar a la extinción en el corto plazo del yunco, ave marina que utiliza esta zona para reproducirse.
Desde la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca) calificaron que los antecedentes aportados por la empresa “no fueron suficientes ni adecuados” para hacerse cargo de los impactos que el proyecto generaría sobre las especies de comunidades intermareales y submareales de baja movilidad, lo cual es especialmente sensible para las comunidades costeras que dependen de estos recursos naturales. Asimismo, el organismo pone de manifiesto que posterior a la evaluación ambiental, la empresa propuso algunas medidas para mitigar los impactos de la planta desaladora, las cuales no pudieron ser evaluadas por Subpesca, especialmente en lo referente a las áreas de manejo de recursos bentónicos, cruciales para los pescadores artesanales de la zona.
“La pureza de nuestro mar es la que nos permite tener las áreas de manejo de locos más productivas de Chile, por lo que la intervención de la minera y el puerto pone en riesgo no solo nuestra fuente de trabajo, sino que la alimentación de cientos de personas, considerando que nosotros producimos el 60% de la pesca del norte grande”, afirmó Gabriel Molina, vocero y secretario de la Asociación de Pescadores y Mariscadores de Los Choros. ”Desde el territorio que se vería afectado por el proyecto hemos sido claros en que no queremos Dominga, han sido años en que hemos visto cómo esta empresa ha destruido el tejido social de la comunidad con sus regalos y ofrecimientos, por lo que esperamos que de una vez por todas se rechace de manera definitiva”, afirmó Tamara Gaymer, Presidenta del Movimiento en Defensa del Medio Ambiente de La Higuera (MODEMA).
Por su parte, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) criticó varios aspectos del proyecto, primero, la limitada área de influencia establecida por la empresa y no haber evaluado el efecto sinérgico y acumulativo con el proyecto Cruz Grande y su afectación a la fauna marina; segundo, la escasa línea de base y el “muestreo de solo dos días” realizado en invierno sin que existiera una justificación técnica que permita asegurar que “la intensidad y oportunidad de muestreo sea la apropiada”, y finalmente, el servicio califica de “insuficiente” la medida para mitigar el impacto sobre la fauna de derrames de hidrocarburos.
La Dirección General de Aguas (DGA) criticó la intervención del acuífero Los Choros, mostrando su preocupación por las serias falencias en la información aportada por Andes Iron lo que impediría asegurar que se han identificado correctamente todos los impactos adversos significativos relativos a la conservación de los acuíferos que resultarán afectados por el proyecto. En las observaciones ciudadanas se hizo notar una gran preocupación por la estabilidad, disponibilidad y calidad de las aguas del acuífero Los Choros, por los diversos servicios ecosistémicos que este presta. Entre ellos, la irrigación del valle y el uso para la pequeña agricultura campesina.
Desde la cartera de Salud mostraron sus reparos respecto a la evaluación de los impactos asociados al material particulado y gases que se generarían por las obras y actividades del proyecto. De acuerdo con la empresa, las emisiones atmosféricas de Dominga no provocarían cambios significativos en la calidad del aire, pero la Subsecretaría de Salud advierte que la norma que se utilizó en la evaluación ambiental del proyecto, en 2013, ya no está vigente y fue reemplaza por una más exigente que data de 2021.
“El proyecto Dominga no cumple con los estándares ambientales mínimos tanto en tierra como en mar, cuestión que hemos alertado desde un inicio y sobre todo hoy cuando han pasado 10 años desde que la empresa hizo sus estudios de línea de base”, sostuvo Alejandra Donoso, Directora de Defensoría Ambiental y representante de las comunidades locales. “El siguiente paso es que el Comité de Ministros, en atención a los antecedentes por todos conocidos y denunciados por organizaciones y comunidades, termine con este proyecto nefasto”, sentenció Matías Asun, Director de Greenpeace en Chile.
Los informes ya publicados están a disposición de los ministros y ministras, faltando únicamente el pronunciamiento por parte de la cartera de Energía.
Recordemos que el proyecto minero portuario Dominga fue rechazado en 2017 tanto a nivel regional como por el Comité de Ministros durante el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, pero la empresa decidió judicializar el caso. Desde entonces, y luego de dos instancias en el tribunal ambiental y en la Corte Suprema, esta última derivó la decisión al Comité de Ministros el que deberá votar próximamente si confirma el rechazo.
ONG FIMA, con el apoyo de la Fundación Heinrich Böll, realizó el lanzamiento de una nueva edición de la Revista Justicia Ambiental, con la cual se busca contribuir al desarrollo y perfeccionamiento del derecho ambiental en Chile.
Diciembre 2022. La Participación Ciudadana, los efectos de la salmonicultura y la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (REP), son algunos de los temas incluidos en la edición n° 14 de la Revista Justicia Ambiental, publicación de ONG FIMA y la Fundación Heinrich Böll que ya se encuentra disponible en formato digital.
El lanzamiento de la Revista se realizó el 22 de diciembre en la sede de la Fundación Heinrich Boll, y contó con la exposición del abogado, doctor en derecho y ministro del Segundo Tribunal Ambiental, Cristián Delpiano.
En esta ocasión, Antonio Pulgar, coordinador del área de Estudios deONG FIMA, y Nicole Mansuy, investigadora del área de Estudios deONG FIMA, fueron los encargados de escribir la editorial, donde se aborda la evolución y los desafíos actuales del derecho ambiental tanto en el nivel nacional como internacional a 50 años de la Conferencia sobre el Medio Ambiente Humano de Estocolmo.
Entre los contenidos de la revista, se incluyeron cuatro artículos seleccionados a través de una convocatoria abierta, los cuales son: “¿Función ecológica de la propiedad en Chile?: análisis teórico y comparativo con miras a su incorporación en la nueva Constitución”, por Sofía Rivera y Alejandro Ramírez; “La participación ciudadana ambiental: fundamentos e importancia para legitimación de decisiones”, por Claudio Alhmabra; “Resignificando a los municipios: la garantía institucional de la autonomía y el interés legítimo”, de Aníbal Acevedo; y “Los sistemas de gestión de la Ley N° 20.920, su implementación normativa y el caso de los sistemas no domiciliarios y los consumidores industriales”, por Jorge Canals y Javiera Estenssoro.
Adicionalmente, se incluye el comentario de jurisprudencia de Diego Lillo, “Acuicultura y anaerobismo: algunas consideraciones sobre el sistema de respuestas dispuesto en la normativa chilena. Comentario a la sentencia de causa rol R-19-2020 del Tercer Tribunal Ambiental”.
La Revista Justicia Ambiental N°14 finaliza con tres informes del área de Estudios de ONG FIMA, redactados en el marco del proceso constituyente que tuvo lugar durante 2021 y 2022: “Hacia una Constitución Ecológica: Acceso a la Justicia Ambiental”; “Ordenamiento territorial en la propuesta de Nueva Constitución” y “Agencias reguladoras independientes en materia ambiental”.
