Categoría: Columnas

Por: Ezio Costa 

La discusión constituyente debe enfrentar los desafíos de nuestros tiempos y ayudarnos a superar estructuras que reproducen las injusticias. La idea de una Constitución Ecológica apunta en ese sentido. Nos referimos a una Constitución cuyo contenido incorpore transversalmente y como ejes ordenadores, la protección del medio ambiente y la armonía entre la sociedad y la naturaleza.

La discusión constituyente debe enfrentar los desafíos de nuestros tiempos y ayudarnos a superar estructuras que reproducen las injusticias. Uno de los desafíos principales es hacer frente a la crisis climática y ecológica, lo que supone una serie de cambios estructurales, necesarios para asegurar nuestra continuidad social en este planeta.

La idea de una Constitución Ecológica apunta en ese sentido. Nos referimos a una Constitución cuyo contenido incorpore transversalmente y como ejes ordenadores, la protección del medio ambiente y la armonía entre la sociedad y la naturaleza. No se trata simplemente de sumarle derechos a una Constitución, sino de crear un marco normativo que permita una transformación, incluyendo, entre otras cosas, principios que marquen los objetivos de nuestra organización social.

Uno de los roles de la Constitución es, precisamente, cimentar el orden que nos daremos como sociedad, expresando las razones por las que estamos juntos y nos organizamos. Parece prudente, entonces, recordar que nuestra organización tiene entre sus principios la protección del lugar que habitamos, de manera que esta comunidad jurídico-política que constituye a Chile, pueda seguir habitando este territorio y encontrando en él la fuente de su bienestar.

La protección del medio ambiente debiera aparecer entonces como un principio esencial, siendo un deber, para las personas y un paraguas de interpretación de las normas, para el Estado. Lo mismo sucede con la justicia ambiental e intergeneracional, parte importante de las razones de ser de nuestra organización social. Pero además de estos principios, es importante incorporar uno específicamente referido a la Acción Climática, entendiéndola como nuestro compromiso con la reducción de nuestros gases de efecto invernadero y, con la adaptación de nuestras comunidades al cambio climático.

El rol del Estado en los años que vienen para disminuir el daño a los territorios, producto del cambio climático, será esencial. La adaptación a la nueva realidad climática requiere de acciones en muchos niveles y con una conducción del Estado que no es sustituible. El conocimiento científico, la inversión, las potestades de los organismos y la participación de la ciudadanía tendrán que confluir para adaptar los modos de vida en los bordes costeros, en lugares con sequías permanentes, en territorios agrícolas que ya no podrán seguir con sus actividades tradicionales, entre otros. Sobre la mitigación, nuestro compromiso como pueblo, tiene que ver con no seguir dañando un bien común de toda la humanidad, independientemente de lo que hagan los demás y de las negociaciones internacionales.

Un compromiso como este es necesario para afrontar nuestros desafíos en Chile, y  además, podría ser un ejemplo para que otros pueblos se comprometan a lo mismo. A la vez, la Acción climática, como principio, sería una marca precisa sobre el país que queremos tener; uno donde el cuidado sea un valor fundamental, que sustituya a la visión utilitarista de los otros.

En El Desconcierto

Por Ezio Costa y Pedro Glatz 

El reciente acuerdo entre parte de la oposición y el Gobierno contiene elementos que deben preocuparnos y, sobre todo, ser materia de un análisis más profundo. Son particularmente llamativas las menciones referidas a materias ambientales, por la falta de conceptos de largo plazo y la falsa pretensión de estar fomentando una inversión “verde”. La urgencia es clara, la sequía permanente y otros desastres ambientales nos lo recuerdan de manera constante.

Una reactivación económica en clave de armonía con el medio ambiente contiene dos elementos esenciales. El primero es entender la necesidad de un cambio de rumbo en materia económica para tener un futuro posible en el combate a la crisis climática y ecológica; el segundo es comenzar el trazado de un camino que permita el bienestar material de las personas, sin que ello comprometa la existencia de los ecosistemas ni el bienestar de las generaciones futuras.

El acuerdo, sin embargo, no mira estas variables sino que intenta pintar de verde las mismas viejas soluciones que nos han traído a la crisis en la que estamos. En efecto, en materia ambiental se fija principalmente en dos cosas: más inversión y más velocidad de inversión. Ambas cosas, con la enceguecida visión del crecimiento del PIB como principal objetivo, y sin mirar impactos, efectos ni otras variables.

1. Acelerando la inversión

Las primeras medidas preocupantes, son las que apuntan al “fast track” de los proyectos en su tramitación administrativa, y mientras no es por sí negativo hacer más eficientes los procesos, la manera en que se hace es fundamental. El Acuerdo menciona las recomendaciones del Consejo Nacional de Productividad (CNP) como base para la “agilización regulatoria y de plazos para proyectos de inversión”. Este documento propone medidas en distintos ámbitos y mientras muchas de ellas parecen positivas y deben explorarse, considerando los problemas endémicos que nuestro modelo de desarrollo demuestra (entre ellos, el bajo crecimiento de la productividad), el análisis debe ser en detalle. Analizamos acá solo dos de las numerosas medidas propuestas, entendiendo que ellas han sido parte central de la discusión para el acuerdo.

El “fast track” o “modernización”, apunta principalmente a modificar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). La necesidad de realizar cambios en este instrumento viene discutiéndose hace años, incluyendo comisiones gubernamentales y ciudadanas, además de un fuerte lobby empresarial. El Gobierno de Sebastián Piñera lo consideró prioritario y presentó dos proyectos de ley para reformarlo, los cuales no encontraron apoyo en el Congreso, por lo que es prácticamente imposible que sean aprobados.

En ese marco, entrando al análisis del contenido de las propuestas del CNP, una de sus recomendaciones (2.5.1)[1] parece especialmente preocupante, ya que propone la distinción de componentes ambientales en la Resolución de Calificación Ambiental, entre relevantes y secundarios, lo que a todas luces es materia de ley y no puede ser ejecutado sin modificaciones a la Ley 19.300. La recomendación desliza la posibilidad de que se haga esta priorización por vía reglamentaria, pero el principio de legalidad protege a los ecosistemas en este ámbito y debemos estar atentos a que no se intenten cambios reglamentarios para evadir este principio.

Una segunda recomendación que nos preocupa es la que propone la creación de un sistema de trazabilidad del proceso de aprobación de proyectos de inversión. Si bien la trazabilidad en sí misma no es un problema, en este punto hay dos elementos complejos relacionados con incentivos que podrían quedar mal puestos. Al solicitarles a los funcionarios del SEA que estimen el plazo necesario para evaluar proyectos, se corre el riesgo de no ser capaces de establecer un promedio que dé cuenta de la diversidad de iniciativas que los funcionarios deben evaluar y este sistema puede incidir en la calidad de la evaluación, cuando sabemos que la demanda de evaluación excede con creces las capacidades operativas del Servicio de Evaluación Ambiental.

La demora en la tramitación de los proyectos se produce sobre todo por la falta de información relevante en los Estudios que presentan los titulares, los que deben ser revisados por el Estado y vueltos a hacer por los titulares. Una medida sencilla, que haría considerablemente más eficiente el sistema y aumentaría la certeza no solo para los titulares sino para todos, es que las consultoras contratadas para hacer estudios y declaraciones fueran pagadas por los titulares, pero contratadas mediante licitación por el Estado. [2]Esto, además, permitiría avanzar rápidamente hacia la construcción de líneas de base públicas, incorporando la recomendación 3.16 de la Comisión de Productividad, de estandarización de información. [3]

Adicionalmente, estas modificaciones se pondrían en manos de la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables, organismo público de carácter ilégitimo que es una muestra patente de un ánimo de intervención pro empresa en la toma de decisiones de la Administración del Estado.

Esta Oficina ha sido fuertemente resistida desde su creación, a comienzos del actual Gobierno, pues funciona en la práctica como una oficina de lobby pagada con recursos públicos, para facilitar la aprobación de muchos proyectos. El gran logro de esta oficina ha sido generar una erosión considerable del aparato estatal, mermando la escasa confianza que la ciudadanía podía tener en las decisiones ambientales. Su carta de iniciativas incluye ,entre otros, proyectos generadores de conflictos socioambientales tan simbólicos como Dominga y Alto Maipo. Pero quizás la peor característica de esta oficina, es que no tenga absolutamente ninguna variable de sustentabilidad para elegir los proyectos que apoya, haciendo en su nombre un falso uso del concepto que solo contribuye a su deslegitimización.

2. La Inversión “verde”

Al igual como sucede con la oficina de proyectos sustentables y su uso inadecuado del concepto, el acuerdo propone algo similar en lo que llama “Inversión con énfasis verde y mitigación de cambio climático”, donde incluye inversión pública ligada «a construcción embalses, obras de regadío y agua potable rural, plantas desalinizadoras, inversión en ERNC.” (sic). Esta iniciativa pareciera tener una inspiración keynesiana en el sentido de propender a la construcción de infraestructura como modo de generación de empleo e inversión, pero su componente verde es prácticamente inexistente.

En primer lugar, se insiste, en relación con la crisis hídrica, en una solución con altísimos impactos ambientales y que no tiene viabilidad técnica ni política, como son las grandes obras de embalses y riego. Dichas obras alteran aún más los degradados ecosistemas en los que se emplazarían y requieren de una serie de actividades que de por sí son generadoras de impactos ambientales y gases de efecto invernadero. La inviabilidad técnica tiene que ver no solo con dichos impactos, sino también con la proyección sobre caudales de agua en la zona central de Chile. [4]

La inviabilidad política es tal, que en una reciente consulta del Gobierno[5], este tipo de iniciativas estuvo muy por debajo de aquellas relacionadas con proteger el medio ambiente y los ecosistemas. Esto, a pesar de que (i) el Gobierno constituyó una mesa asesora del agua con un profundo sesgo hacia la industria, (ii) hizo esta consulta sin estándares mínimos de participación, (iii) la consulta intentaba validar sus propuestas (forzando la selección de varias alternativas) y (iv) grandes movimientos y organizaciones dedicadas al agua, se excluyeron de participar y llamaron a no hacerlo. [6]

La inversión pública que se requiere en esta área, debe ser apuntada a soluciones basadas en la naturaleza, sobre todo en lo relativo a la recuperación de las cuencas y la protección del ciclo hídrico. En la recuperación de ecosistemas hay una posibilidad de generación de empleo y de mejora de las condiciones ambientales, con una visión de futuro e impacto positivo de largo plazo. En el plano urbano, avanzar en la implementación de infraestructura verde significaría también generar empleos, inversión y mejorar las condiciones de vida de las personas. En el caso de Santiago, incluso los estudios al respecto se encuentran avanzados y esperando ejecución.[7]

A modo de conclusión, queremos reiterar nuestro llamado a iniciar una reactivación efectivamente sostenible, tal como se ha planteado por numerosas iniciativas[8]. Para ello debemos poner el norte en la rápida transición a una matriz energética renovable, un plan de inversión decisivo en fomento al transporte público, la renovación y construcción de vivienda sustentable, el fomento a la economía circular y un sistema alimentario sostenible. El impulso a nuestra economía no debe ser a costa de los ecosistemas y debe surgir de un proyecto país de nuevo modelo de desarrollo que cuente con legitimidad democrática y que esté orientado hacia el bienestar de largo plazo y no a un crecimiento del PIB a cambio de la destrucción de los ecosistemas y el sustento de la vida.

En El Mostrador 

Nuestra relación con la naturaleza sería diferente si aprendiéramos a conocer y reconocer los árboles nativos, conocer la red de relaciones que establecen con su entorno, y supiéramos usarlos de manera respetuosa y responsable.

Los árboles nativos forman parte de nuestros paisajes naturales. Son el hogar y alimento de variada fauna nativa y son los guardianes del suelo, los ríos y lagos. Con la hojarasca, las ramas y los mismos árboles que caen, se genera el manto de suelo orgánico. Regulan el ciclo hidrológico y el clima, interactuando con la atmósfera y el agua subterránea. El polen, el néctar, el aroma, la forma y el color de las flores atrae a un sinfín de aves e insectos, que al alimentarse, las polinizan. Las flores polinizadas se transforman en frutos, y con ellos, aves, marsupiales, reptiles, mamíferos y humanos, se dan festín y dispersan las semillas por donde quiera que vayan.

Con las vainas del algarrobo se prepara harina, arrope y bebidas, y se usa su pulpa para el tratamiento de afecciones cardíacas. Con la corteza de la queñoa se tratan afecciones coronarias, bronquiales y urinarias. Con la pulpa dulce, aromática y harinosa del fruto del chañarse preparan arropes y su semilla se come, con la corteza se tratan catarros y tos, hemorragias, neumonía y flatulencia y con sus flores y frutos, se trata el asma, la obstrucción de los bronquios y se ablandan las durezas de la piel. Con la corteza de la patagua se curten cueros. Con la corteza del pelú se tiñe, y se trata el reumatismo, la gota y las erupciones cutáneas. Con las ramillas de la pitra se trata el reumatismo y las enfermedades cutáneas. Con la corteza del sauce se baja la fiebre y con las hojas se trata la bronquitis.

Con los frutos aromáticos y dulces del boldo se prepara chicha, y con las hojas se trata la indigestión, el dolor de cabeza y el reumatismo. De las semillas del maitén se extrae un aceite cicatrizante. Con los frutos del litre se prepara miel y chicha. Con el fruto del espino se prepara harina y bebidas. Con las hojas del corontillo se trata la tos, la bronquitis y el asma. Los frutos del molle se comen y con ellos se prepara una chicha, y con la resina se tratan esguinces y golpes.

Con los frutos del linge se prepara chicha. Los frutos del lleuque se comen. Las ramillas del mañío de hojas largas se usan para adornos florales. El piñol se usa como cortafuego y sus hojas se usan para aliviar la tos y el asma. El fruto del queule se come y se usa para hacer mermelada. Las hojas del radal se usan para calmar dolores articulares. De las ramas de los robles crecen losdeliciosos digueñes.

El fruto del arrayán se come y con ellos se prepara chicha, la corteza nueva se usa para teñir, y las hojas dan sabor al mate. Los frutos tostados del avellano chileno son un verdadero manjar. Las hojas del canelo se usan para limpiar heridas. Las hojas de chaquihua se usan para aliviar torceduras y expulsar lombrices. Con las hojas del fuinque se tratan los cólicos y malestares al hígado, y sus frutos se usan para teñir.

La flor y la semilla del notro se usan para teñir, y con las hojas se trata la neuralgia y las heridas. Los piñones de la araucaria son la base de la alimentación de los Pehuenche. La savia de la lenga era utilizada para antorchas por los Selknam, y la consumían al igual que los Yahgan en primavera.

Nuestros árboles nativos desaparecen por las actividades (in)humanas. Ignoramos su existencia, y desconocemos las oportunidades que nos ofrecen para nuestro propio bienestar. Nuestra relación con la naturaleza sería diferente si aprendiéramos a conocer y reconocer los árboles nativos, conocer la red de relaciones que establecen con su entorno, y supiéramos usarlos de manera respetuosa y responsable. En ese escenario, los árboles nativos formarían parte de nuestra identidad, de nuestras costumbres y serían valorados y respetados por nuestra sociedad. El sentimiento de arraigo, de pertenencia, de identidad y comunidad con la naturaleza comienza con el aprendizaje individual. Podemos empezar por aprender sobre nuestros árboles nativos.

Por Gabriela Burdiles

Cuando el Presidente Piñera se comprometió ante el mundo a llevar a cabo la COP25 de cambio climático, señaló que esta sería una “Blue COP” por el especial énfasis que se daría a los océanos en cuanto a su contribución a la mitigación del cambio climático y por ser espacios que son tremendamente impactados por el mismo fenómeno. Así, se propuso incluir este importante tema en la agenda de la COP y hacer una serie de eventos al respecto. Además, Chile incluyó por primera vez en la actualización de sus Contribuciones Nacionalmente Determinadas, o NDC por sus siglas en inglés, a los océanos como un ámbito relevante de acción para dar cumplimiento a las metas del Acuerdo de París.

En este instrumento Chile se compromete a crear nuevas áreas protegidas en al menos un 10% de las “ecorregiones marinas sub-representadas” a 2030; proteger al menos 20 humedales costeros como nuevas áreas protegidas al 2025 y al menos 10 humedales costeros más como áreas protegidas al 2030. También, se comprometen plazos para que las áreas marinas protegidas de Chile creadas hasta antes de 2020 y luego de 2020, cuenten con un plan de manejo o de administración, “contemplando en ello acciones de adaptación a los efectos del cambio climático”, y para que estos planes se encuentren bajo implementación efectiva (sólo en el caso de las áreas creadas hasta 2020).

Sin embargo, el cumplimiento de estos compromisos “azules” tiene varios desafíos. En cuanto a la primera meta, de acuerdo con la información publicada en World Database on Protected Areas (WDPA), tenemos actualmente en Chile 1.506.502 km2 de áreas marinas protegidas, lo que corresponde al 41,19% de cobertura de la diversidad marina de Chile. Dicha protección se realiza bajo figuras jurídicas, instrumentos e instituciones diferentes tales como: sitios del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado, o SNASPE, parques y reservas marinas, reservas de la biósfera y áreas marinas costeras protegidas de múltiples usos (AMCP-MU).

Pese a que con esta cobertura se cumple formalmente la meta de Biodiversidad de Aichi de conservar al menos el 10% las zonas marinas y costeras, preocupan las diferencias entre los niveles de protección para cada área y que aún exista una importante brecha entre la protección legal y la protección real en estos espacios. En efecto, sólo el 0,04 % de estas áreas protegidas tiene un manejo efectivo, ya sea mediante planes de manejo o administración.

En 2019, la Contraloría General de la República detectó que 10 de 13 parques y reservas marinas no contaban con un Plan General de Administración (PGA), instrumento que permite definir las actividades, acciones y programas a desarrollar en la zona. Además, respecto de las únicas áreas que contaban con un plan de administración aprobado por decreto supremo, esto es, las reservas marinas de La Rinconada, Isla Chañaral, e Islas Choros y Damas, no se acreditó la implementación de 22 de las 53 medidas de los PGA.

Otro ejemplo de las graves inconsistencias de nuestra legislación se ha dado en el sur de Chile debido a la instalación de la salmonicultura con especies exóticas en áreas de alto valor ecológico y social. En esta zona de nuestro país, conviven diferentes figuras de protección con la expansión de esta actividad económica, así como con sus conocidos y lamentables impactos ambientales y sociales, tal como ha sucedido al interior de espacios marinos protegidos de la región de Magallanes. Son emblemáticos, en este sentido, los casos del Parque Nacional Alberto D’Agostini y el de la Reserva Nacional Kawésqar, donde se han otorgado numerosas concesiones de acuicultura.

En cuanto a la protección del borde costero y sus humedales, existen también desafíos jurídicos y de gobernanza. Partiendo por contar con una legislación adecuada para nuestras costas, que considere la integridad de estos espacios, así como su importancia y los riesgos naturales y antrópicos a los que están expuestos. Este marco normativo debe permitir una planificación territorial real y sostenible, que sea vinculante para la toma de decisiones de otros instrumentos como el sistema de evaluación de impacto ambiental. Por último, esta normativa debe permitir contar con esquemas de gobernanza local efectiva y participativa de quienes habitan el territorio.

En definitiva, la NDC de Chile de “blue” aún tiene poco. Hoy, en la conmemoración de un nuevo Día de los Océanos, esperamos una implementación pronta y adecuada de sus metas, considerando y resolviendo todos los desafíos aquí expuestos.

En Codexverde 

Chile ratificó en 1994 el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), que tiene como objetivo principal la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica. Al año 2010, las partes en el convenio aprobaron el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica, incluyendo las veinte Metas de Aichi para la Biodiversidad para el período 2011-2020.

Los objetivos de este plan eran abordar las causas de la pérdida de la biodiversidad incorporándola en todos los ámbitos gubernamentales y de la sociedad, reducir las presiones directas sobre la biodiversidad y promover el uso sostenible, mejorar la situación de la diversidad biológica protegiendo los ecosistemas, las especies y la diversidad genética, aumentar los beneficios de la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas para todos y mejorar la aplicación a través de planificación participativa, gestión de conocimientos y creación de capacidad.

Entre las Metas de Aichi se encuentra, por ejemplo, la eliminación de subsidios perjudiciales y la implementación de incentivos para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad, reducir a cerca de cero la pérdida, degradación y fragmentación de los hábitats naturales, y conservar un 17% de los ecosistemas terrestres y aguas continentales y un 10% de las zonas marinas y costeras, restaurar y proteger ecosistemas que proveen agua y contribuyen a la salud, bienestar y medios de vida, considerando especialmente mujeres, comunidades indígenas y locales, pobres y vulnerables, restaurar al menos un 15% de las tierras degradadas y respetar los conocimientos, las innovaciones y las prácticas tradicionales de las comunidades indígenas y locales pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de la biodiversidad y los usos tradicionales.

El fracaso del cumplimiento de los objetivos del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica queda de manifiesto en Sexto Informe Nacional de Biodiversidad de Chile. En este informe se reconoce que la pérdida, degradación y fragmentación de los ecosistemas sigue siendo la principal amenaza para la biodiversidad, y que el cambio de uso de suelo, impulsado por la industria agrícola y forestal y la urbanización, es uno de los principales factores causantes del deterioro y pérdida de ecosistemas terrestres del país. Además, reconoce que la minería afecta ecosistemas frágiles por la extracción de aguas subterráneas, la contaminación de los acuíferos, las faenas abandonadas, paralizadas y sus residuos, incluyendo los relaves, que representan un riesgo para la vida y salud de las personas y los ecosistemas.

Identificadas las principales causas de la pérdida de ecosistemas naturales, se esperaría que se tomaran medidas urgentes para limitar el cambio de uso de suelo, proteger ecosistemas amenazados, restringir la afectación de ecosistemas frágiles y limitar la urbanización, al mismo tiempo que se promoviera la restauración ecológica de ecosistemas que proveen agua, salud, bienestar y medios de vida. A pesar de la urgencia ecológica y social que nos apremia, se continúa priorizando la visión economicista por encima del cuidado de la naturaleza y de las personas, como se refleja en el Plan Nacional de Restauración de Paisajes (2020-2030) sometido a consulta pública hasta el 14 de Febrero 2020 y en el Proyecto de Ley que crea el Ministerio de Agricultura, Alimentos y Desarrollo Rural, que busca convertir al país en una potencia agroalimentaria, pesquera, acuícola y forestal, cuando la industria agrícola y forestal son responsables de un 96% del consumo de agua a nivel nacional, y los ecosistemas naturales, las personas más desposeídas, los campesinos y los crianceros sufren las consecuencias.

Aunque Chile no ha cumplido con su compromiso internacional, el Convenio sobre la Diversidad Biológica, el  Plan Estratégico para la Diversidad Biológica y las Metas de Aichi se mantienen como un referente para que las políticas públicas se orienten a la sostenibilidad.

En Codexverde

En la naturaleza no hay basura. En la naturaleza todo lo que podría ser considerado un desperdicio, como los cuerpos muertos de los animales, las fecas, las hojas secas, se reintegran a la naturaleza en un ciclo sin fin.

Cuando los seres vivos mueren o producen desechos, los organismos detritívoros, que comen materia orgánica en descomposición, y los descomponedores, los transforman en suelo fértil. Bacterias, hongos, insectos, lombrices, escarabajos y milípedos, entre muchos otros organismos del suelo, son el centro de reciclaje de la naturaleza. Los minerales y los nutrientes que formaban parte de cuerpos o desechos, por la acción de estos organismos, quedan listos en el suelo para reintegrarse al ciclo de la vida y ser absorbidos por las plantas a través de las raíces. En este proceso además, el suelo acumula el carbono que tanto necesitamos remover de la atmósfera, quedando con una estructura, nutrientes e idoneidad para el desarrollo de la vida, que favorecen el crecimiento vigoroso de las plantas y el funcionamiento natural del ciclo del agua.

En estos días de otoño se hace evidente el aumento del volumen depositado en bolsas de basura por la caída de las hojas de árboles deciduos. Este material, que en los ecosistemas naturales compone la hojarasca, y forma parte del manto orgánico del suelo en los bosques naturales, permite la regeneración  del bosque en el tiempo y el reciclaje de materia y nutrientes. Esa capa de hojarasca, producida por las plantas, sostiene múltiples formas de vida del suelo, y mediante su descomposición, los minerales y nutrientes pueden volver a integrarse a las plantas nuevamente, circulando los nutrientes más escasos e incrementando el contenido de carbono en el suelo. En la hojarasca se alojan también las semillas, que encuentran un entorno idóneo en términos de humedad, temperatura y estructura para su germinación y posterior crecimiento.

En la ciudad, el compostaje de la hojarasca y de todos los residuos orgánicos es una alternativa real al desecho de esta valiosa materia prima. Los residuos orgánicos no son basura y componen un 58% de los residuos domiciliarios. En dos o tres meses, con un manejo adecuado, estos residuos se transforman en compost, permitiendo almacenar carbono, mejorar calidad estructural y nutritiva de nuestros suelos y macetas, idealmente destinados a cultivar hierbas, hortalizas y frutales sin necesidad de requerir de fertilizantes ni pesticidas sintéticos. Estas plantas serán sanas y vigorosas, con menor necesidad de riego, y estaremos produciendo alimentos deliciosos, saludables y nutritivos, que no han consumido combustible en su producción ni traslado, que no han contaminado suelos, agua, aire ni personas con agrotóxicos, y que nos devuelven un poco de ruralidad a la urbe.

Los ciudadanos podemos compostar todos nuestros residuos orgánicos. Haciendo esto, los vertederos tendrán una vida útil más larga, los camiones recolectores tendrán un recorrido más eficiente, consumiendo menos combustible y contaminando menos, y tendremos al poco tiempo un material precioso.

Es tiempo de contribuir de manera intencionada y consciente en el cierre de los ciclos ecosistémicos de materia y energía de nuestra ciudad. Aprendamos a reconocer y valorar los verdaderos tesoros que tenemos cada día en nuestras manos.

En Codexverde

La crisis climática y ecológica, en la que la pandemia es una de sus muchas expresiones, es una amenaza a nuestra civilización. Sus causas ya las entendemos y las soluciones están disponibles, solamente esperan el convencimiento y valentía de las sociedades y sus líderes para ser tomadas y realizadas. Sin embargo, la gran dificultad radica en que se   requiere de un considerable cambio de conductas, sobre todo de nuestra economía.

El cambio necesario en nuestra destructiva relación con la naturaleza implica al menos una radical disminución en la quema de combustibles fósiles y del extractivismo, una modificación en los patrones de producción-consumo y una variación en la manera que entendemos el desarrollo y la prosperidad.

El convencimiento para cambiar estas estructuras no es sencillo pero las circunstancias nos tienden una mano. En medio de esta pandemia hay dos cosas que sabemos, que somos capaces de cambios radicales frente a las amenazas ,y que actualmente nuestra economía no está operando con normalidad.

Que la economía no esté operando como siempre y que nos enfrentemos a la mayor recesión de nuestro tiempo de vida, significa muchas cosas.

Menos contaminación y destrucción, por una parte, pero también menos satisfacción de las necesidades materiales, entre ellas, de las necesidades básicas de las personas en situaciones más vulnerables.

La opción de volver al estado anterior a la pandemia, como una manera de solucionar los problemas de satisfacción de necesidades materiales, será empujada fuertemente desde sectores conservadores, para, precisamente, conservar poder y privilegios. Pero volver a lo anterior es volver a sumirnos en una trayectoria autodestructiva de la cual tenemos conciencia, incluso, desde antes de la aparición del COVID 19.

Con este telón de fondo, las decisiones que se tomen en los meses y años siguientes son cruciales para definir cual es nuestro futuro en el planeta y nuestra sociedad.

Es evidente que deberán tomarse medidas para favorecer el empleo, cualquier lección que podamos sacar de esta situación apunta a que no podemos seguir sosteniendo estructuras que favorezcan la extracción, precursora de la crisis; ni de la concentración, que dificulta la capacidad de resiliencia, tan necesaria en esta época

Mientras en el mediano plazo se requieren modificacionesprofundas en las estructuras, en el horizonte inmediato existen alternativas para iniciar una reactivación sustentable de la economía.

En Chile, un grupo de organizaciones ambientales y vinculadas a la economía (ChileSustentable, OPES, FIMA, Oceana y Greenpeace), han hecho una propuesta a las autoridades con una serie de medidas que mezclan las actividades de incentivo a privados e inversión pública directa acorde a un desarrollo económico sustentable.

Entre las propuestas orientadas al mundo privado, destaca la creación de incentivos y préstamos blandos a las empresas, como los ya anunciados por el gobierno, pero que tengan la toma de acciones concretas para neutralizar su huella de carbono y su impacto ambiental en un plazo determinado como exigencias mínimas a cumplir.

Es entendible, en el contexto actual que para estas empresas resulte muy deseable ser rescatadas, tener préstamos con aval del Estado y otras facilidades, pero ese esfuerzo público por ayudarlas debería responderse con un esfuerzo de estas por dejar de dañar el medio ambiente.

Aunque el objetivo de ayudar a esas empresas es la creación de empleos, ello no debe ser entendido como una contraprestación para el país, sino una externalidad positiva en su búsqueda por mayores ganancias.

En lo que se refiere a la inversión pública, destaca la solicitud de que se invierta en recuperación de ecosistemas, como infraestructura esencial para la vida y desarrollo del país.

La inversión en infraestructura siempre ha sido observada como una cuestión deseable por sus altos beneficios sociales, incluido el empleo. En estos momentos, aquella infraestructura que podría tener un mejor rendimiento es la “infraestructura verde” que nos inserte en un camino de resiliencia frente a la crisis climática.

Pensemos, por ejemplo, en la recuperación de bosques y humedales y en la protección de glaciares como actividades que podrían mejorar las condiciones hídricas en el centro y centro sur de Chile, produciendo empleo y beneficios de mediano y largo plazo que otras propuestas de infraestructura gris (como embalses o carreteras hídricas) no producen.  

Por último, en lo que se refiere a actividades público-privadas, se propone convertir a Chile en un polo de desarrollo de la industria de valorización de residuos, entendiendo la necesidad de apuntar hacia una economía circular.

Crear industria con inversión pública que cumpla con estos criterios, significaría generar conocimientos y especialistas para avanzar en una industria que, sin dudas,tendrá que aumentar su importancia durante los próximos años en el mundo.

Las cuestiones que se proponen son un mínimo para comenzar un cambio de trayectoria que deberá profundizarse luego.

La necesidad de este cambio es tal, que incluso en las últimas semanas ha sido promovido, en alguna medida, por organizaciones y líderes de corte conservador, como el FMI o la canciller alemana, Angela Merkel.

Tanto la pandemia como la crisis climática son desafíos globales de colaboración, que requieren de grandes modificaciones, pero sobre todo, de la voluntad de las sociedades de comprender que las prioridades anteriores deben cambiar a la luz de los conocimientos actuales, y que si aspiramos a seguir teniendo un medio ambiente en funcionamiento adecuado para las generaciones actuales y futuras, ese cambio es urgente.

Afortunadamente, ahora tenemos una gran oportunidad.

En Cooperativa

En el diario Financiero 

Estamos atravesando por momentos críticos, en los que tenemos que tomar importantes decisiones sobre la sociedad que queremos reconstruir desde esta pandemia, sin olvidar la crisis social y la crisis climática y ecológica que le anteceden. Cuando los economistas nos advierten que, si la economía total se paraliza, vamos a tener otro tipo de pandemia, como la hambruna, me pregunto cuántos billetes o monedas se comen, respiran y toman al día para tener energía, mantenerse sanos y llevar adelante su día a día.

Como humanidad, y como sociedad, debemos darnos cuenta de que son los ecosistemas naturales los que nos permiten la vida. Nos dan el aire que respiramos, el alimento que comemos y el agua que tomamos, regulan el clima, recirculan los nutrientes. Poner como un fin último y único a “la economía” no considera la relación de dependencia de la humanidad que se reconoce por el Convenio para la Diversidad Biológica y la Agenda para el Desarrollo Sostenible.

Para cultivar alimentos, medicinas y textiles necesitamos agua pura, acuíferos íntegros, suelos fértiles, aire puro y un clima estable. Para pescar, mariscar y cosechar algas, necesitamos una costa y un océano libres de contaminación. Para criar ganado, para obtener cuero, carne y textiles, necesitamos lluvia para que los campos estén verdes y productivos. Para que exista turismo de la naturaleza, es fundamental conservar los paisajes, los ecosistemas y a las personas. No podemos comer hierro.

Dominga no nos salvará de la hambruna. Es fundamental que de esta crisis seamos capaces de distinguir las actividades humanas que restauran la vida de la Tierra y que contribuyen a la expresión y abundancia de la vida en el tiempo, y que las prefiramos.

En El Mostrador 

El pasado 9 de abril el gobierno entregó la actualización de su compromiso de reducción de emisiones y medidas para enfrentar el cambio climático[1]. Anunció con orgullo que se compromete a alcanzar el peak de emisiones de gases con efecto invernadero de Chile para el año 2025. Eso significa que como país nos comprometemos a seguir incrementando las emisiones por cinco años más. Como si a un paciente con obesidad, hipertensión, diabetes y colesterol alto le recetaran sedentarismo y una dieta alta en azúcar refinada, sal y grasas saturadas por cinco años más.

El Ministerio del Medio Ambiente mantiene intactos sus compromisos en materia de bosques, sin atender a las recomendaciones del panel científico. Insiste en comprometer manejo de bosque nativo como medida climática, a pesar de que CONAF tramita con total falta de transparencia los planes de manejo de bosque nativo. Además, diversas evidencias nos muestran que tal manejo dista de ser sostenible: Existe una pérdida sostenida de bosques nativos en el país, autorizó ilegalmente la tala de 22.000 hectáreas de bosque nativo en la zona central del país para fines agrícolas y es responsable de la tala de unas 40 araucarias como parte de una estrategia de prevención de incendios forestales en el Parque Nacional Nahuelbuta.

El Ministerio del Medio Ambiente continúa comprometiendo 130.000 hectáreas que podrían estar compuestas por monocultivos forestales de rápido crecimiento, como pinos y eucaliptus, como una contribución climática, sin ajustarse a ningún sustento científico. Existe abundante evidencia que señala a las plantaciones de la industria forestal como uno de los principales responsables de la pérdida de ecosistemas naturales, de la disminución en la disponibilidad hídrica y de un incremento en la incidencia y magnitud de los incendios forestales. De esta superficie, 100.000 hectáreas podrían transformarse en pulpa de celulosa, profundizando los impactos ambientales y sociales de la industria forestal en el país y sin contribuir en el largo plazo en la captura de carbono.

El compromiso del gobierno en materia de degradación y deforestación se reduce a cálculos de emisiones. Sin embargo, estos cálculos tienen profundos problemas metodológicos, como son el no contabilizar emisiones cuando la corta de bosque nativo es programada y contabilizar como degradación cuando se sustituye el bosque nativo por monocultivo de especies exóticas. No se atiende al hecho de que en Chile, de los 127 ecosistemas terrestres identificados, la mitad está amenazado y 14 han sido clasificados En Peligro o En Peligro Crítico. Ni tampoco al hecho de que en Chile se estima una pérdida de bosque nativo de hasta 71.000 hectáreas anuales en las últimas décadas[2], o que se estima una pérdida de humedales continentales de hasta un 75%[3].

Por último, el anuncio de incluir al año 2030 la restauración de paisajes en un millón de hectáreas debe revisarse en profundidad. Un Plan Nacional de Restauración de Paisajes no tiene ningún sentido si no se detiene simultánea e inmediatamente la destrucción de los ecosistemas naturales. La restauración es una opción más costosa, ineficiente e incierta que la conservación de los ecosistemas y su funcionamiento. Por otra parte, el Plan Nacional de Restauración de Paisajes (2020-2030) que se sometió a consulta pública[4] y que anuncia ser presentado el 2021, debiera ser sometido a Evaluación Ambiental Estratégica. Este plan comprendía los elementos del paisaje de manera sectorizada y carecía de una aproximación integral que permitiera una restauración del paisaje para recuperar los servicios ecosistémicos esenciales.

Tal como fue sometido a consulta, el plan podría transformarse en un nuevo instrumento de fomento forestal, como el cuestionado DL 701, o en una estrategia para instalar más monocultivos de frutales. Contemplaba la recuperación de la productividad de suelos agrícolas y forestales, a pesar de ser estas actividades las principales responsables de la pérdida de ecosistemas naturales y sus funciones ecológicas junto con la urbanización. Por otra parte, en el plan no existe claridad sobre cómo se definirían las prioridades territoriales, no sabemos si existirá transparencia en el proceso de definición de esas prioridades, si existirá un proceso participativo, quiénes y cómo acompañarán el proceso, ni tampoco sabemos si será un proceso vinculante y democrático. Tampoco conocemos con qué criterios se seleccionaron las regiones de Coquimbo a la Araucanía para ser objeto del plan, y cómo se estimaron las superficies por región que fueron presentadas por la Ministra Schmidt.

La crisis climática requiere de transformaciones urgentes y sin precedentes considerando los contextos locales y las necesidades de las personas. Así lo ha señalado el Panel Intergubernamental por el Cambio Climático. La situación en Chile es crítica y para el gobierno no lo es. Un millón de habitantes del territorio nacional no tienen acceso asegurado al agua mientras la industria agrícola y forestal es responsable de un 96% del consumo de agua a nivel nacional[5]. Más de 9 millones de habitantes están expuestos a la contaminación atmosférica[6], más de 3.000 personas mueren al año prematuramente por exposición crónica a esta contaminación y en Chile están 9 de las 10 ciudades más contaminadas de toda América Latina. Para poder detener el avance de la crisis climática es prioritario reducir emisiones, detener la destrucción de ecosistemas naturales y mantener caudales ecológicos en ríos y esteros.

El Sexto Informe Nacional de Biodiversidad de Chile[7], elaborado por el Ministerio del Medio Ambiente, reconoce que el cambio de uso de suelo impulsado por la industria agrícola y forestal y la urbanización son los principales causantes del deterioro de los ecosistemas terrestres del país, y reconoce que la minería afecta ecosistemas frágiles por la extracción de aguas subterráneas, la contaminación de acuíferos, las faenas abandonadas, paralizadas y sus residuos, incluyendo entre ellos los relaves, que representan un riesgo para la vida y la salud de las personas y al medio ambiente.

Las recomendaciones del panel científico coinciden en señalar la importancia de proteger de manera efectiva e inmediata los ecosistemas naturales remanentes, lo que se traduce en su conservación en el tiempo, evitando el cambio de uso de suelo y su degradación. No cinco turberas. No diez humedales. Todos: Bosques nativos y bosques ribereños, matorrales y pastizales, glaciares y humedales, desde bofedales, vegas, salares, bosques pantanosos, ñadis y turberas, incluyendo lagos, lagunas, pantanos, ríos, esteros y arroyos, maximizan la captura y secuestro de carbono, aseguran la provisión hídrica y la regulación de los ciclos hidrológicos y biogeoquímicos y mantienen las condiciones para conservar la biodiversidad, aportando bienestar, beneficios y bienes a las personas. Son la infraestructura crítica que por ahora debieran estar protegidos como política de Estado, procurando el bienestar y seguridad de las personas, y avanzar en materia legislativa y regulatoria para asegurar su protección en el tiempo.

No hay nada que celebrar.

En Heinrich Böll Stiftung