Las reformas ambientales que propone el gobierno han dado gran respaldo a los proyectos de inversión, el mundo ecologista debe empoderarse para hacer escuchar su voz.
Seguir leyendoReformas Ambientales y su variable política
Acuerdo de Escazú, un tratado aún en construcción
Este enero se ha transformado en un momento clave para el primer tratado de derechos humanos y medio ambiente de América Latina y el Caribe. Al cumplirse el tercer año desde la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú, la presión por avanzar en su gobernanza e implementación a nivel local y regional se hace cada vez más intensa.
Seguir leyendoCOP28: la “C” es por contradicciones
Columna de opinión de Felipe Pino en el medio La Tercera, sobre la COP28.
Seguir leyendoMEDIO AMBIENTE EN EL NUEVO TEXTO CONSTITUCIONAL
Columna de opinión de Carolina Palma en el medio El Sureño, sobre la propuesta constitucional.
Seguir leyendoDesarrollo y medio ambiente
Carta al director por Carolina Palma sobre la ley SBAP, publicada en La Segunda.
Seguir leyendoLa elusión como delito ambiental y su difícil relación con las consultas de pertinencia
Columna de opinión por Ezio Costa, Director Ejecutivo de ONG FIMA y Tamara Navia, abogada de ONG FIMA sobre delitos económicos, publicada en El Mercurio.
Seguir leyendoLitio, oportunidad y precisiones
Carta al director de respuesta por los investigadores Antonio Pulgar y Santiago Correa sobre el litio, publicada en La Tercera.
Seguir leyendoLitio y oportunidad perdida
Carta al director por los investigadores Antonio Pulgar y Santiago Correa sobre el litio, publicada en La Tercera.
Seguir leyendoJusticia para los animales y ampliación de nuestras comunidades
Ezio Costa, Director Ejecutivo de ONG FIMA comenta libro Justicia para los animales, escrito por Martha C. Nussbaum, en el medio Open Global Rights.
Seguir leyendoCuencas
Por Ezio Costa, Director Ejecutivo de ONG FIMA
Señor Director:
A pesar de que las Juntas de Vigilancia cumplen una función esencial en la gestión de las aguas, también, por su composición, obedecen principalmente a intereses de las personas que tienen derechos de aprovechamiento. Esto significa que la gestión apunta a usos mayoritariamente productivos, sin que se haya regulado cómo debieran considerarse otras variables de relevancia pública, como la protección de las cuencas y la incorporación de los intereses de personas que dependen de ellas pero no tienen derechos de aguas.
El agua es un bien nacional de uso público y por lo tanto pertenece a la comunidad toda. Por lo mismo, la gestión debe incorporar al Estado, a quienes tienen derechos de agua y también a quienes no lo tienen.
Los consejos de cuenca que se pilotean hoy tienen la virtud de no caer en una solución Estado-céntrica y ser compatibles con los roles que cumplen las Juntas de Vigilancia, mientras se incluye a los demás actores.
La discusión al respecto tiene aspectos virtuosos y levanta puntos interesantes, pero a la vez aparece como una conversación carente de profundidad y claridad. Si el temor es que los usuarios dejen de tener injerencia en la gestión, dicho temor es atendible y sería poco razonable llegar a ese resultado. Pero si la intención es, en un escenario crítico como el actual, mantener la gestión del agua completamente dependiente de quienes se hicieron de derechos de aprovechamiento, dicha razonabilidad se pierde.
El agua, bien nacional de uso público, requiere de una mirada de lo común que no puede depender sólo de sus usuarios, pues razonablemente sus intereses no serán los mismos que aquellos de la comunidad nacional.
Carta al Director publicada en La Segunda – 21/09/23