Sr. Director:
Con respecto a la entrevista al señor Villarino publicada el miércoles por su medio, parecería razonable esperar un análisis más profundo y realista de parte de una persona en su cargo.
Un primer punto, es reconocer que una industria de extracción como la que representa, tiene enormes impactos sociales y ambientales, siendo difícilmente sustentable. Tanto esos impactos negativos, como los impactos positivos en empleo o crecimiento están directamente relacionados con el interés de generar ganancias por parte de las propias empresas mineras. Sus dueños e inversionistas legítimamente invierten con ese propósito y por lo tanto, creer que nuestro país tiene la obligación de soportar cualquier impacto por el solo hecho de que habría algunas externalidades positivas, representa una visión totalmente desconectada del bien común.
En seguida, es llamativo su intento de culpar a comunidades y ONG por los fracasos de su industria. Sin embargo, posiciona a su sector como convocante a un supuesto gran acuerdo nacional. ¿Será entonces, que a juicio del Consejo Minero, ese acuerdo tendría que tomarse sin quienes son críticos de la industria y sin las personas afectadas?
Por último, la única manera adecuada en que el derecho puede dar certeza jurídica, es mirando todas las variables de un sistema, de modo de entregar un resultado equilibrado. Favorecer los intereses de unos sobre otros de manera constante, no es certeza sino arbitrariedad o captura.
Así, desechar proyectos altamente contaminantes no es ni una farra ni un lujo, sino apenas un mínimo respeto por los derechos de las personas, las normas jurídicas y la vida en sociedad.
Ezio Costa Cordella
Abogado
Director Ejecutivo ONG FIMA
