Carta de Ezio Costa a La Tercera sobre presentación de Chile y sus NCD

Sr. Director:

La presentación que hizo Chile de sus NDC esta semana es una buena noticia. Esta es el segundo set de compromisos del país, que avanza sobre los de 2015 calificados internacionalmente como “altamente deficientes” y que, además, no cumplimos. En estos cinco años, la información y conciencia sobre la crisis climática ha crecido enormemente en Chile y el mundo. Así también, los NDC presentados dan cuenta de esta mayor urgencia y conciencia, elevando el compromiso de Chile.

 

Entre los aspectos positivos podemos señalar que, luego de la participación ciudadana, el peak de emisiones se estableció para el 2025, manteniendo la carbono neutralidad para 2050. Lamentablemente, se compromete solo un 30% de reducción de emisiones al 2030 y se condiciona subir a un 45% en caso de ayuda financiera internacional. Nada se dice de la extracción de carbón o las zonas de sacrificio, ni tampoco se observa compromiso directo sobre el uso de leña, que ahoga a nuestras ciudades.

 

Sin embargo, los aspectos más críticos son aguas y bosques. Respecto a aguas, se reproduce la incapacidad estatal de darle una salida a la crisis, comprometiendo planes de cuenca recién para el 2030 y la protección de un número ínfimo de humedales: 30 de los 40.000 existentes. En materia de bosques, el compromiso de reforestación nativa es exiguo. Aunque es valorable que se incluya un amplio compromiso sobre restauración de paisajes, ello debe estar enfocado en los ecosistemas y la biodiversidad, cuestión que no era clara en el plan que ha socializado el gobierno.

 

La reactivación sustentable de la economía será clave para enfrentar el escenario post Covid19, cumplir los NDC lo antes posible y mejorarlos en el corto plazo puede ser parte de ese esfuerzo.

 

Ezio Costa

Director ejecutivo de ONG Fima

 

Columna de Ezio Costa: Coronavirus, sequía, contaminación y zonas de sacrificio

Por Ezio Costa 16 de abril de 2020

Cualquiera sea el caso, es un hecho que la situación actual agudiza la urgencia de descontaminar las ciudades. Los planes de prevención y descontaminación (PPDA) son los encargados de esta misión, pero están planteados sobre supuestos que desconocían la existencia de este nuevo virus y en plazos que no son adecuados a la contingencia. Al menos se deberían revisar los análisis de impacto económicos y sociales, para determinar su validez en el nuevo escenario y modificar los PPDA en lo que corresponda.

La crisis por COVID-19 tiene numerosas aristas ambientales. No en vano, la protección del medio ambiente está tan cercana a la protección de la vida y la salud. Nuestra relación destructiva con la naturaleza nos ha puesto nuevamente en una situación de gran riesgo y, a propósito de ello, debemos observar ciertas urgencias.

La sequía permanente, el cambio climático y las fallas de la regulación del agua, son una realidad de la que no nos estamos haciendo cargo adecuadamente. Mientras las modificaciones normativas se han discutido por años en una tensa batalla ideológica, en el mundo más de 1,5 millones de personas no tienen acceso a agua potable o reciben exiguas cantidades mediante camiones aljibe.

Actualmente, las condiciones de higiene se han vuelto una variable prioritaria para evitar la propagación del virus, junto con soluciones gubernamentales de largo plazo en la materia. Por ello, es urgente que toda la población pueda tener acceso al agua. Esto puede abordarse de múltiples maneras en las zonas más vulnerables. Quizás se requiera la liberación de algunos ríos, hacer obras de emergencia o forzar conexiones en ciertas locaciones, mientras que en otras solo podrá aumentarse la cantidad y regularidad en la repartición de camiones. Cualesquiera sean esas soluciones, hay que tomarlas por la vía más eficiente posible.

Los expertos han repetido hasta el cansancio que el mayor riesgo por COVID-19 en Chile se presentará en invierno. Parte de eso tiene que ver con las enfermedades estacionales y otros factores. A esto se suma la contaminación atmosférica, pues las concentraciones de material particulado (MP) 2,5 y 10 generan patologías respiratorias, empeorando la situación de la población de riesgo y generando mayor presión sobre la red asistencial.

Adicionalmente, mientras hay ciencia suficiente, nuevos estudios sugieren que el virus podría transmitirse por el aire conjuntamente con el MP, por lo que la polución de las ciudades también tendría efectos en su propagación.

Cualquiera sea el caso, es un hecho que la situación actual agudiza la urgencia de descontaminar las ciudades. Los planes de prevención y descontaminación (PPDA) son los encargados de esta misión, pero están planteados sobre supuestos que desconocían la existencia de este nuevo virus y en plazos que no son adecuados a la contingencia. Al menos se deberían revisar los análisis de impacto económicos y sociales, para determinar su validez en el nuevo escenario y modificar los PPDA en lo que corresponda.

Quizás no haya suficiente tiempo para llevar a cabo todo este procedimiento, pero el Ministerio de Medio Ambiente y los demás organismos encargados de los PPDA, pueden acelerar parte de sus medidas y avanzar con otras análogas, aunque estén fuera de los planes actuales.

Esto debe darse sin dudas en las zonas de sacrificio, donde el riesgo de enfermedades respiratorias y otras similares es considerablemente mayor y la capacidad hospitalaria está permanentemente en duda. En esas locaciones, urge acelerar el fin de la era del carbón, sin perder de vista otras fuentes contaminantes que requieran medidas especiales en este momento.

En otras zonas del país, el riesgo más masivo está en la leña y la falta de aislamiento de los hogares. La mantención de una salud adecuada requiere de una calefacción apropiada, pero no es posible permitir los niveles de contaminación habituales del centro-sur de Chile, sin que se produzca un colapso. Existen dos medidas que pueden tomarse de inmediato. Primero, acelerar el recambio de calefactores, entregándolos gratis en algunos sectores y teniendo en cuenta que subsidiar la energía será necesario. En segundo lugar, la certificación y fiscalización del uso de leña. La prohibición de este elemento, junto con acelerar su certificación, son pasos que debieran tomarse desde ya. Además, los cordones sanitarios podrían controlar este tipo de carga y generar un cambio inmediato de una conducta que ya no es tolerable.

Mejorar la falta de aislamiento en hogares puede significar beneficios sociales muy importantes en el mediano plazo. Es posible que no pueda realizarse de manera inmediata, dadas las restricciones propias de la pandemia, pero incentivarlo una vez que termine esta temporada sería una forma de estimular el empleo en el sector de la construcción, propendiendo a una reactivación sustentable de la economía y mejorando las condiciones no solo para soportar este virus, sino la calidad de vida en general.

Esto nos lleva al último punto. Es el momento perfecto y necesario para cambiar el rumbo de la economía, mediante una reactivación sustentable y ecológica. Seguir en el modelo extractivo que nos tiene en medio de una crisis climática y una pandemia, no puede ser aceptable. Así, al menos se esperaría que el mayor gasto del Estado estuviera puesto en actividades que contribuyan en ese camino, condicionando los salvatajes y créditos hacia un mejoramiento de los escenarios ambientales, laborales y sociales. De ninguna manera deben aceptarse los discursos que querrán disminuir las salvaguardas ambientales y sociales con el pretexto de acelerar la inversión.

Varias de las medidas que acá se proponen deberían tomarse de manera inmediata y con regulaciones posibles de realizar en el marco del Estado de Catástrofe, la emergencia sanitaria y en uso de presupuesto extraordinario. Requerirán esfuerzo local de coordinación con las comunidades y cierta flexibilidad en su aplicación, mientras se delinean regulaciones de largo plazo que las mantengan.

Entre las cosas que podemos terminar aprendiendo de esta crisis, está el valor y la necesidad del cuidado. El cuidado de la vida, la salud y el medio ambiente que, en este caso, requiere de medidas extraordinarias.

En el Mostrador https://www.elmostrador.cl/destacado/2020/04/16/covid-19-sequia-contaminacion-y-zonas-de-sacrificio/

“Ni la tierra ni las mujeres son territorios de conquista”: ecofeminismos y el proceso constituyente

Por Macarena Martinic 

Como país nos encontramos en un momento de repensar y refundar (o no) todo lo que conocemos: principios, instituciones, figuras, espacios y formas de relacionarnos. Ello nos exige dejar atrás las formas de pensamiento a las que habitualmente acudimos y recurrir a otras que puedan dotar de contenido a este nuevo Chile. En este contexto, propongo acoger a los ecofeminismos como provocación y puntapié inicial para la reconstrucción de las bases para una sociedad distinta.

Estos vienen a poner sobre la mesa ciertas interrogantes: ¿Nos encontramos habitando bajo un modelo que coloque la vida, o el vivir de forma digna, en el centro? ¿Qué o quiénes permiten que la vida siga funcionando de la forma que la conocemos? ¿Es el uso que hacemos de la naturaleza compatible con su regeneración? ¿Es un abuso? ¿En qué medida aseguramos que estos servicios se mantengan y se prolonguen en el tiempo?

Los ecofeminismos son tanto prácticas como propuestas teórico-políticas alternativas acerca de la mantención de las diversas manifestaciones de vida, cuyo piso mínimo es el rechazo a los sistemas económicos basados en el crecimiento por acumulación y las formas de reproducción de las vidas que las sociedades capitalistas han ejercido en los últimos siglos.

La denominación plural proviene de la gran diversidad de proyectos ecofeministas que han surgido desde sus orígenes (encontramos propuestas de corte más esencialista, que vinculan al género femenino de forma inherente a la naturaleza y/o a la maternidad; por otro lado, existen corrientes ecofeministas ‘constructivistas’ o, “ecofeminismo crítico”). Sin desmerecer ninguna, la corriente que le hará más sentido a cada uno nuestros relatos dependerá de nuestra “realidad situada”, es decir, del contexto desde el que habitemos.

A pesar de sus diferencias, los ecofeminismos nos nutren de un proyecto en el cual dialogan y se enriquecen dos perspectivas fundamentales a la hora de analizar procesos histórico-políticos: el feminismo y el ecologismo.

Como horizonte, pretenden superar el ejercicio propio de un sistema patriarcal occidental de pensar la sociedad en términos duales: femenino/masculino; naturaleza/cultura; razón/emoción; naturaleza/creación (y muchos otros) y, por supuesto, la supremacía de los masculino y todo aquello históricamente vinculado a ello (la creación, la cultura) por sobre lo femenino, y aquello que se le asocia (la naturaleza, el nacimiento, etc.).

Bajo el entendido anterior, los ecofeminismos se sostienen sobre tres grandes premisas:

Somos ecodependientes: La humanidad requiere de la naturaleza y de los servicios ecosistémicos que ella provee para mantenernos vivos. Con respecto a esto, Yayo Herrero, activista ecofeminista española, denuncia que –aún– la mayor parte de las personas no se sienten eco dependientes y/o relegan ciegamente en que la ciencia y la tecnología encontrarán la fórmula al deterioro ambiental y a la escasez de los –mal denominados– recursos naturales (Herrero, 2016).

Somos cuerpos vulnerables: Todas(os), sin excepción alguna, requerimos del cuidado en algún momento de nuestras vidas. Ya sea al nacer, o bien de ancianos, la esencia de nuestro ciclo vital lo exige para su supervivencia. Un modelo socioeconómico que se sostiene –principalmente– sobre los cuerpos, no puede desconocer el hecho básico de que estos nacen, crecen, envejecen (y que hoy se encuentran expuestos al aún más rápido deterioro producto de la contaminación ambiental, agravándose en zonas de sacrificio y otras localidades vulnerables).

Somos Interdependientes: Vinculado al punto anterior, las personas dependemos física y emocionalmente del trabajo y del tiempo de otras personas. No solo nuestros cuerpos se encuentran expuestos al “deterioro”, sino que además nos regimos como sociedad bajo paradigmas socioculturales que requieren ser transmitidos; el lenguaje y otras miles de normas sociales y saberes. A pesar de que todos necesitamos ser cuidados en algún momento de nuestras vidas, quienes se han venido haciendo cargo del denominado ‘trabajo reproductivo no remunerado’ han sido históricamente las mujeres.

Pasar por alto estos tres supuestos se traduce en la apropiación por parte del sistema capitalista del trabajo de mujeres, de la mercantilización de la naturaleza y de sus funciones ecosistémicas.

Por un lado, el sistema capitalista descansa sobre el desconocimiento de las funciones ecosistémicas y la capacidad de la naturaleza de sostener la vida humana y no humana. Mediante su explotación y consiguiente transformación en bien de consumo, aportan a su deterioro, sin ningún tipo de retribución/renovación a cambio. De esta forma, un modelo productivo capitalista neoliberal crea la falsa ilusión del crecimiento ilimitado, desconociendo las capacidades del planeta e invisibilizando como parte de la cadena productiva la provisión de funciones ecosistémicas fundamentales como la polinización, el ciclo del agua, la fotosíntesis, los bosques como sumideros de carbono, entre otros muchos procesos biológicos que alimentan los ecosistemas.

Por otro lado, el sistema capitalista desconoce la vulnerabilidad e interdependencia de nuestros cuerpos, invisibilizando –nuevamente– el trabajo reproductivo que realizan mujeres que prácticamente permite funcionar y sostiene todo el modelo socioeconómico; labores de cuidado que comprenden la reproducción de la vida y la mantención de los vínculos de interdependencia.

Asimismo, las personas nos vemos expuestas cada día –y con mayor intensidad– al deterioro ambiental, al extractivismo de nuestros territorios y a la contaminación; sin embargo, al ser las mujeres quienes históricamente se han hecho cargo del trabajo de cuidados que una sociedad demanda, son ellas quienes han absorbido el agravamiento de esta carga ante las conflictividades socioambientales, las cuales ponen en riesgo la vida misma y el medio ambiente que la sustenta.

Todo lo anterior nos alerta sobre la incapacidad de hacer frente al problema si no es desde una visión que comprenda ambas perspectivas, la ecológica y la feminista, y lo intrínsecamente vinculadas que se encuentran ambas.

En el contexto chileno actual de deslegitimidad política y derrumbe de un modelo de sociedad, los aportes de los ecofeminismos cobran mayor relevancia con un proceso constituyente en marcha y una Nueva Constitución en el horizonte. En crisis, el sistema nos ha mostrado su cara más violenta. Por ello, la mayor parte del tiempo todo sabe a caos, destrucción y angustia; pero existe una contracara de reconocimiento entre nosotros y de esperanza.

Es preciso que en este proceso constituyente cultivemos esa esperanza: nos encontremos, cohesionemos, resistamos, nos apropiemos de los espacios comunes y de las formas de generación de pensamiento; ideando alternativas de cuidado y de reproducción de las diversas manifestaciones de vida que no recaigan en la explotación de las mujeres y de los ecosistemas.

Generemos las condiciones que den paso a la elaboración de una Constitución que coloque la vida en el centro, garantizando la sostenibilidad social y ecológica. Una sostenibilidad humana que vaya más allá de la supervivencia y que implique también equidad y calidad de vida digna.

En El Mostrador 

Columna: Avances en el Plan de Acción de Género (GAP) y la participación de las mujeres en la acción climática

Gabriela Burdiles Perucci
Abogada
Directora de Proyectos ONG FIMA

*Columna publicada en Boletín de CAN LA «Reflexiones de la COP 25: Una mirada desde CANLA»

Las mujeres desempeñan un papel fundamental en la respuesta al cambio climático. Sin embargo, existe una participación desigual de la mujer en los procesos de adopción de decisiones y en los mercados de trabajo que impide que las mujeres contribuyan plenamente a la planificación, formulación y aplicación de políticas relacionadas con el clima.

Desde 2012, las Partes de la CMNUCC han reconocido formalmente la importancia de una participación igualitaria entre mujeres y los hombres en los procesos de la Convención y en la elaboración y aplicación de políticas climáticas a partir de la Decisión 23/CP.18 que ordena “promover la igualdad de género y mejorar la participación de las mujeres en las negociaciones de la UNFCCC(por sus siglas en inglés) y en la representación de las partes en los órganos establecidos en virtud de la Convención o del Protocolo de Kioto”. Posteriormente, en 2014, en la COP20, se adoptó el Programa de Trabajo de Lima sobre Género (LWPG por sus siglas en  inglés) que concluye con una referencia a la “igualdad de género” en el preámbulo del Acuerdo de París (2015) y un claro reconocimiento del rol de las mujeres en las secciones de adaptación y creación de capacidades de dichos acuerdos.

El LWPG y su plan de acción (GAP) se constituyeron inicialmente una agenda dos años, que posteriormente fue renovada en la COP23 por otros dos años lo que fortaleció el intercambio de información, mejores prácticas, instrumentos y debates sobre la aplicación de la perspectiva de género en la implementación de las políticas climáticas. Este año, durante la COP25, tanto en LWPG como su GAP, fueron revisados adoptándose un nuevo programa denominado “Versión mejorada del Programa de Trabajo de Lima sobre el género y su plan de acción sobre el género” a ejecutarse en los próximos cinco años (hasta 2024).

El nuevo programa tiene como objetivo incorporar la perspectiva de género “en todas las metas y los objetivos pertinentes de las actividades realizadas en el ámbito de la Convención”. Esto teniendo en cuenta que los efectos del cambio climático en las mujeres y los hombres pueden diferir “debido a las desigualdades de género históricas y actuales y a factores pluridimensionales, y pueden ser más pronunciados en los países en desarrollo y en las comunidades locales y los pueblos indígenas”.

El programa se enmarca en el reconocimiento que hace el Acuerdo de París de las obligaciones de las Partes en materia de derechos humanos y en la necesidad de realizar “una reconversión justa de la fuerza laboral y de la creación de trabajo decente y de empleos de calidad”. Los países de América Latina, fueron grandes impulsores y defensores de estos conceptos.

Este nuevo programa debe ser supervisado, implementado y coordinado por la Secretaría de la Convención, y parte de la evidencia de “la persistente falta de progresos” y la urgente necesidad de mejorar la representación de la mujer en las delegaciones de las Partes y en los órganos constituidos de la Convención. Por ello, se alienta a las partes a establecer coordinadores o puntos focales especialmente dedicados a este asunto y a incluir, dentro de los informes nacionales de avance que presentan a la Convención Marco elementos relacionados con esta materia.

Las áreas prioritarias del plan de acción son: 1. Creación de capacidades, gestión de los conocimientos y comunicación; 2. Equilibrio de género, participación y liderazgo de las mujeres; 3. Coherencia; 4. Aplicación y medios de implementación que tengan en cuenta las cuestionessde género; 5. Monitoreo y reporte. Las actividades contempladas en cada área deben ser implementadas en diferentes niveles (nacional, regional e internacional), en ciertos plazos y por responsables específicos, esto es, por las Partes, la Secretaría de la Convención, los órganos constituidos u otros pertinentes.

A diferencia de los planes anteriores, el GAP avanza e incluye diversas medidas que deben ser implementadas a nivel nacional por las partes, lo que sin duda es un logro. Sin embargo, el plan no incorpora un área de financiamiento y apoyo a los países denominados en desarrollo para implementar estas acciones, lo que plantea el desafío importante a la hora de impulsarlo a nivel nacional, especialmente en el área del fortalecimiento de capacidades, dificultando así la inclusión de más mujeres, comunidades locales y representantes indígenas.

Carta de organizaciones ante tardía respuesta de Ministerio de Medio Ambiente a carta por no firma del Acuerdo de Escazú

*Publicada el 22.03.19 en El Mercurio

Sr. Director:

A cinco meses de que organizaciones de la sociedad civil y personas comprometidas con la democracia ambiental enviáramos una carta solicitando al Presidente Sebastián Piñera una audiencia para entender la decisión de no firmar el Acuerdo de Escazú, recibimos una respuesta ambigua en la cual no se agrega ninguna información nueva ni fecha para su firma. Mucho menos una audiencia.

Es más, se continúa afirmando que Chile ya cuenta con el camino avanzado en materia de acceso, poniendo como ejemplo la existencia de los Tribunales Ambientales y la posibilidad de llevar los casos hasta la Corte Suprema. Sin embargo, y respondiendo a ese mismo ejemplo, ¿qué tipo de facilidad se entrega a la ciudadanía para acceder a esa justicia?, ¿cómo se pueden financiar los estudios que en la mayoría de los casos se requieren para evaluar el daño ambiental? Las cosas no son mucho más optimistas en materia de participación ni de acceso a la información.

También es altamente decepcionante que se apele a que se necesitaba más tiempo para estudiar las implicancias de un acuerdo que Chile promovió y negoció desde sus inicios, y que en ese tiempo no se haya avanzado en el análisis ni en una respuesta coherente a la postura que a nivel internacional se quiere dar realizando la COP25 en nuestro país.

 

Ezio Costa, Director Ejecutivo ONG FIMA

Ximena Salinas, Directora Ejecutiva Codeff

Violeta Rabi, Espacio Público

Andrea Sanhueza E. Especialista en Participación Ciudana

Flavia Liberona, Directora Ejecutiva Fundación Terram

Matias Asun, Director Nacional de Greenpeace

Fanatismo (empresarial) y sustentabilidad ambiental

El día sábado 09/03/19, Matías Concha, consejero de SOFOFA, publicó una columna en que critica un fallo de la Corte Suprema y uno del 2do Tribunal Ambiental. Señala que en esos casos el hecho de que un tribunal anule resoluciones de los organismos administrativos, sería un ataque a la confianza en el sistema, por un supuesto fanatismo ambiental.

Los casos son muy distintos entre sí y no tienen componentes ambientales tan claros. El primero ordena el ingreso de un proyecto inmobiliario (Altos de Puyai) a una consulta de pertinencia ante el SEA, el segundo ordena la admisión de una solicitud de apertura de un procedimiento de revisión de una resolución de calificación ambiental (Mina Los Bronces). Ambos dejan a la Administración las resoluciones de fondo.

Por lo demás, esos casos representan un porcentaje muy menor en la justicia ambiental. De acuerdo a un estudio de Espacio Público, de los casos en que las comunidades reclaman sus derechos en Tribunales Ambientales, solo se acogen aprox. un 20%. Así, desde un punto de vista estadístico (y también experiencial), el sistema parece más bien cargado a favor de los intereses que defiende el señor Concha que en contra de ellos. Por eso es llamativo que se intente consolidar la hegemonía criticando el pequeño espacio de balance aún en pie y no me queda más que coincidir con él en una reflexión: es fundamental que no cedan frente a los grupos de presión.

Adicionalmente, en la retórica de la columna, los fallos contrarios a las resoluciones administrativas corroen la confianza en la institucionalidad. Siguiendo esa lógica, las resoluciones de la Dirección del Trabajo, el SII y la SVS, entre otros, debieran tener las mismas prerrogativas y cada vez que un tribunal disminuye una multa o la deja sin efecto, se estaría minando la confianza en las instituciones. Ni lo anterior parece correcto, ni creo que la SOFOFA piense así. Por el contrario, en general ha abogado por disminuir las atribuciones de la Administración, incluso en situaciones en que evidentemente es necesario aumentarlas.

Lo que más deslegitima a las instituciones es no tener normas que efectivamente den balance a los intereses de las partes y la ciudadanía. Los tribunales juegan en ese sentido un rol insustituible, pues controlan la discrecionalidad de la Administración y el cumplimiento de las normas. Incluso si existieran procesos de participación ciudadana efectivos, serían los tribunales los que tendría que controlarlos.

El fanatismo cree que cualquier resolución en contra de su ideología es por definición inapropiada e injusta y no se detiene a reflexionar en un sistema funcional y armónico. Pareciera que este tipo de fundamentalismo solo alimenta una mayor conflictividad social, al tiempo que es precursor de la real corrosión de las instituciones.

Ezio Costa Cordella

Director Ejecutivo ONG FIMA

Publicado el 13.03.19

Página 30.

http://papeldigital.latercera.com/html5/reader/production/default.aspx?pubname=La%20Tercera%206%2030&pubid=33084897-397a-48cc-b3c0-3ce1ec447137

Carta de Gabriela Burdiles a un año del Acuerdo de Escazú

Publicada en El Mercurio el 07.03.18

Sr. Director:

El 4 de marzo se celebró un año desde la adopción del Acuerdo de Escazú. Fecha histórica para América Latina y el Caribe, ya que tras 7 años de negociaciones, al fin teníamos un acuerdo destinado a hacer cumplir el Principio 10 de la Declaración de Río, que establece los derechos de acceso a la información, participación y justicia en materia ambiental. Además, es el primer tratado en el mundo que establece de manera vinculante que los países deben velar por la seguridad de los popularmente llamados “Defensores Ambientales”.

A lo anterior, se suma que para Chile era especialmente valioso, pues fue nuestro país uno de sus principales promotores, lo que hacía presagiar que también sería uno de los primero en concurrir a su firma.

Sin embargo, un año después, todavía nos encontramos esperando explicaciones fundadas respecto a la decisión de último minuto de no firmar.

Por el contrario, no hemos recibido ninguna respuesta a nuestras solicitudes de audiencia y ni a las cartas enviadas. Pareciendo que la actitud sería la de omitir que alguna vez existió esta negociación y que las necesidades que Chile tiene al respecto, fueran un invento de quienes trabajamos en esta área. Peor aún, se levanta a nuestro país como anfitrión de la próxima COP25, como si el cambio climático y la Democracia Ambiental no tuvieran ninguna relación.

Confiamos en que antes de que mandatarios de todo el mundo lleguen a nuestro país, podamos evitar exponernos a un nuevo bochorno de política internacional, y poder recibirlos como el país número 17 de la región en firmar el Acuerdo de Escazú.

Gabriela Burdiles

Abogada.

Directora de Proyectos de ONG FIMA.

La solución de CONAF: Vender bosques para financiar el combate de incendios*

Por:

Ezio Costa C., Director Ejecutivo de ONG FIMA

Fernanda Salinas U. Investigadora Asociada ONG FIMA. 

El 10 de agosto de 2018, el actual Director Ejecutivo de CONAF, José Manuel Rebolledo, planteó al Diario Concepción su preocupación ante la temporada de incendios forestales. Aseguró que el cambio climático llegó para quedarse, transparentó el déficit millonario de CONAF y anunció que cree “que lo más probable es que tengamos que echar mano a bienes propios, como bosques que tenemos en la reserva La Campana, es decir, venderlos o licitarlos, para poder enfrentar nuestra situación financiera”.

Ante lo anterior, recordemos que los grandes incendios han ocurrido principalmente en plantaciones forestales[1], debido en parte a la escasa regulación que tienen y a su alto potencial inflamable[2]. Para prevenir incendios, por lo tanto, se requiere poner especial atención a las plantaciones de pino y eucaliptus, que son de propiedad privada y cuyo resguardo debiera ser realizado y financiado por sus dueños, procurando no dañar a terceros.

El cambio climático, por su parte, agudiza la escasez hídrica en la zona centro-sur de Chile. Las cuencas donde dominan los bosques nativos bien conservados maximizan y aseguran la disponibilidad hídrica de calidad[3]. Para mitigar los efectos de estos fenómenos, por lo tanto, se debiera detener el reemplazo de los bosques nativos por plantaciones de especies exóticas, ya que las segundas disminuyen la escorrentía de verano[4].

Por último, CONAF administra territorios que no son de su propiedad. Son bienes fiscales o nacionales de uso público adscritos al Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado, cuyo fin es la conservación de ecosistemas y de la diversidad biológica en beneficio de la sociedad.

El anuncio del señor Rebolledo parece olvidar el rol público de CONAF, que debiera ser adecuadamente financiada con recursos estatales, y pone los bienes de todos los chilenos al servicio de quienes, por falta de una regulación adecuada, han dañado bienes privados, nuestros bienes comunes y han causado la muerte de personas.

[1] Bowman, D.M.J.S., A. Moreira-Muñoz, C.A. Kolden, R.O. Chávez, A. A. Muñoz, F. Salinas, Álvaro González-Reyes, R. Rocco, F. de la Barrera, G.J. Williamson, N. Borchers, L.A. Cifuentes, J.T. Abatzoglou, F.H. Johnston. Ambio. 2018. Human–environmental drivers and impacts of the globally extreme 2017 Chilean fires. https://doi.org/10.1007/s13280-018-1084-1

[2] Dimitrakopoukos AP & KK Papaioannou. 2001. Flammability assessment of Mediterranean forest fuels. Fire Technology 37 (143-152).

[3] Nuñez D, L Nahuelhual, C Oyarzún. 2006. Forests and water: The value of native temperate forests in supplying water for human consumption. Ecological Economics 58(3):6006-616. DOI: 10.1016/j.ecolecon.2005.08.010

[4] Little, C., A. Lara, J McPhee & R. Urrutia. 2009. Revealing the impact of forest exotic plantations on water yield in large scale watersheds in South-Central Chile. Journal of Hydrology 374:162-170.

Desafíos y oportunidades que traerá la firma y ratificación del Acuerdo de Escazú

Gabriela Burdiles Perucci
Abogada
Directora de Proyectos ONG FIMA

El próximo 27 de septiembre, coincidiendo con el Debate General Anual de la Asamblea General de la ONU, se abrirá a la firma de los 33 países de nuestra región el “Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe” o “Acuerdo de Escazú”, en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York.

Recordemos que este instrumento es el primer acuerdo vinculante sobre asuntos medioambientales y derechos humanos en nuestra región. Por ello, esta es un una fecha importante para el inicio de un proceso, que esperamos, pueda contribuir a cambiar de manera sustantiva, la forma en que se toman las decisiones en materia ambiental y en cómo se implementan los derechos de acceso a la información, participación y justicia.

El Gobierno ya ha manifestado su postura al respecto el pasado 7 de junio de 2018 a través de un comunicado sobre la apertura a la firma del Acuerdo, en el que Chile y Costa Rica, como co-presidencias del proceso de negociación, reafirmaron su compromiso con su firma y pronta entrada en vigor. Además, reiteraron su “firme compromiso por continuar liderando los trabajos necesarios para la realización de la primera Conferencia de las Partes[1].

El Acuerdo de Escazú, se ha destacado en los medios nacionales e internacionales por ser el primer tratado en el mundo que otorga garantías para la protección de los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. Esto sin duda que es fundamental para una región con uno de los mayores índices de asesinatos y violencia hacia defensores ambientales. Sin embargo, este acuerdo es novedoso también por otras razones, que aquí quisieramos destacar.

El Acuerdo consagra un verdadero sistema de garantías y obligaciones interdependientes, que aplicadas de manera integral y equilibrada, propenden al fortalecimiento de la democracia ambiental. El principio que está detrás de todo esto, es el Principio 10 de la Declaración de Río de 1992, que tuvo como eje central la búsqueda del desarrollo sostenible, donde el desarrollo económico se sitúa como un objetivo que debe ser alcanzado de manera equilibrada y coherente con el cuidado ambiental y la eliminación de las desigualdades sociales.

Así, el Principio 10 proponía ciertas garantías a la hora de tomar decisiones y de proteger el medio ambiente: transparencia de la información publica ambiental, de los riesgos ambientales y de las decisiones; la posibilidad de opinar, de ser parte de las decisiones; y por último, de acudir a terceros independientes e imparciales si esos derechos no son respetados, si el medio ambiente está en riesgo, o si éste ha sido dañado.

Chile ya cuenta con un marco institucional y legal, que garantiza en diferentes niveles los tres pilares fundamentales de la democracia ambiental. Sin embargo, nuestro desafío está en la implementación real de estas garantías, en lograr que ellas se respeten, aunque a juicio de algunos, los procesos puedan parecer lentos o engorrosos, y pese a cualquier “agenda pro inversión” que se proponga en el país.

Precisamente, casos como el reciente escape masivo de salmones en Chiloé, el cual se suma a otros graves episodios ya protagonizados por dicha industria y por las instituciones a cargo en la zona, dan cuenta de que aún falta mucho por avanzar en la materia. Este ejemplo revela algunos de nuestros desafíos pendientes en cuanto a contar con sistemas adecuados de alerta temprana de emergencias ambientales, con evaluaciones ambientales con participación ciudadana efectivas y con un acceso real a la justicia de las comunidades locales.

En este contexto, esperamos que la firma y ratificación del Acuerdo de Escazú sea el inicio de un camino hacia una manera diferente de tomar las decisiones, en donde la agendas que buscan fomentar la inversión, no menoscaben los derechos fundamentales de las personas y las comunidades. Por último, hacemos un llamado al resto de los países de la región a firmar y luego ratificar este acuerdo, pues es necesario la ratificación de al menos 11 países para su entrada en vigencia.

[1] Ministerio de Relaciones de Chile: https://minrel.gob.cl/comunicado-conjunto-costa-rica-chile-sobre-la-apertura-a-la-firma-del/minrel/2018-06-07/104324.html

 

 

Carta Ezio Costa en respuesta a Presidente de Consejo Minero

Sr. director,

Me parece importante hacer algunos comentarios a la respuesta del señor Joaquín Villarino a mi carta anterior.

En primer lugar, sobre el doble rol de miembros de ONG como expositores y asesores parlamentarios, es una práctica que desconozco y que como organización no realizamos. Además, comparto su preocupación sobre la necesidad de regular la participación ciudadana en el parlamento. En efecto, ONG FIMA, junto a otras organizaciones, se encuentra participando de una convocatoria del Comité Bicameral de Transparencia del Congreso, que con apoyo del PNUD, está buscando normar estas actividades de participación. Así como un asesor parlamentario no debiera exponer en otra calidad, también debería ser inadmisible que quienes hayan financiado campañas o partidos políticos intervengan en las sesiones del congreso.

En seguida, creo que es positivo, y valoro, que la Industria Minera tenga la intención de poner mayor atención a los impactos que produce en los territorios que interviene. Lo anterior, lamentablemente, no ha significado que todos los proyectos mineros cumplan efectivamente con los estándares mínimos de protección ambiental y así ha sido, por ejemplo, cuando la institucionalidad ambiental ha sancionado fuertemente o rechazado algunos proyectos.

En ese contexto, no me parece apropiado continuar con un discurso que pretende obviar los casos en que hay claros y graves incumplimientos. Parte de contribuir al desarrollo sustentable, es propender a un funcionamiento institucional equilibrado que vele por la protección del medio ambiente. Eso, lejos de ser un lujo, es una necesidad.

Ver carta de Joaquín Villarino

Ver primera carta de Ezio Costa