Lago Vichuquén

  • Por Sofía Barrera, encargada de litigios de ONG FIMA, y Luciano González, abogado de ONG FIMA.

Señor Director,

El reciente bloom de algas en el lago Vichuquén revela una crisis de gobernanza en el manejo de la barra del estero Llico, crucial para el equilibrio ecológico de la cuenca. Este estero permite la intrusión de agua salada y el drenaje al océano, formando naturalmente una barra de arena que regula este flujo. Sin embargo, en los últimos 20 años, se ha intervenido artificialmente la barra sin considerar los impactos ambientales ni los riesgos para la población, incluyendo inundaciones con agua contaminada de una planta de tratamiento cercana, sancionada por incumplimientos ambientales.

En 2015, la Contraloría señaló la falta de cumplimiento de organismos públicos y se elaboró un protocolo de apertura y cierre, sin respetar procesos formales ni considerar impactos ambientales, comunitarios o climáticos. Esta omisión llevó a un recurso de protección, acogido por la Corte de Apelaciones de Talca, prohibiendo intervenciones sin evaluación de riesgos.

Uno de los argumentos que entregamos fue que precisamente el cierre artificial del estero podía generar episodios de eutrofización. Hoy, el estero está cerrado ilegalmente desde diciembre de 2024, lo que facilita la acumulación de materia orgánica y, por consecuencia, la eutrofización, como ya ha pasado anteriormente en 2016 y 2023.

¿Cuántas veces más deberá repetirse esta historia para que las autoridades actúen con responsabilidad? Esto no es un accidente ni una fatalidad natural, sino el reflejo de una gobernanza ausente, arrastrada por intereses que poco o nada tienen que ver con la protección del medio ambiente. En plena crisis climática y de biodiversidad, seguir operando a espaldas de la naturaleza no solo es negligente, es imperdonable.

Carta al Director publicada en La Tercera – 05/05/25

Nuevo apunte de política ambiental: Desafíos del Protocolo de Protección a personas defensoras de derechos humanos en Chile

Ya está disponible el nuevo Apunte de Política Ambiental de ONG FIMA: «Análisis del Protocolo de Protección para Defensores de Derechos Humanos en Chile». Este protocolo, aprobado el 4 de abril de 2024 y en vigor desde el 27 de diciembre del mismo año, constituye el primer paso del Estado chileno para cumplir con el artículo 9 del Acuerdo de Escazú, que exige garantizar un entorno seguro y propicio para quienes defienden derechos humanos en asuntos ambientales.

Este documento examina el alcance, funcionamiento y desafíos del Protocolo, evaluando su alineación con los estándares internacionales de derechos humanos y protección ambiental. Además, aborda cómo, pese a ser un avance normativo, presenta importantes debilidades, señalando las fallas en accesibilidad y transparencia del portal informativo, y la necesidad urgente de fortalecer la coordinación institucional y territorial para garantizar su implementación efectiva.

Invitamos a revisar este apunte y a reflexionar sobre los desafíos pendientes para garantizar una protección real y efectiva a las personas defensoras de derechos humanos y del medio ambiente en Chile.

Hacia comunas más verde: municipios se reúnen para un trabajo colaborativo ante los desafíos ambientales

La jornada, convocada por ONG FIMA y la Fundación Friedrich Ebert (FES), contó con la participación de 36 funcionarios y funcionarias de 20 municipios a lo largo de todo Chile.

El Día de la Tierra, conmemoración que tiene lugar cada 22 de abril, encontró a Chile peligrosamente cerca de un nuevo “Sobregiro Ecológico”, fecha en la cual la demanda de bienes y servicios naturales por parte de la población habrá excedido lo que la Tierra es capaz de regenerar en un año, dejando al país en una situación de “déficit ambiental”. Según estimaciones de la Red Global de la Huella Ecológica (GFN, por sus siglas en inglés), este hito tendrá lugar el próximo 17 de mayo.

Así, según los pronósticos, en menos de un mes Chile se convertirá en el primer país de Latinoamérica en superar los límites ecológicos anuales del planeta, un triste récord que se repetirá por sexta vez consecutiva y reafirma la necesidad de avanzar hacia sociedades más sostenibles.

Como una forma de abordar la crisis ambiental desde la acción local, 36 funcionarios y funcionarias municipales de medio ambiente se reunieron este jueves 24 de abril en el lanzamiento de Municipio Verde 2025, una iniciativa de ONG FIMA y la Fundación Friedrich Ebert (FES) que busca comprometer a las distintas administraciones a utilizar plenamente sus facultades legales ambientales.

“En esta actividad tuvimos la oportunidad de compartir con distintos municipios de Chile, los cuales tienen diferentes desafíos ambientales ya sea por sus condiciones geográficas o sociales”, comentó Carolina Palma, coordinadora de Incidencia de ONG FIMA. “En ese sentido, nuestro propósito como Municipio Verde es que los municipios puedan avanzar en gestión ambiental y que se den espacios de compartir buenas iniciativas que sirvan de ejemplo para sus pares”.

Christian Sánchez, director de Proyectos de la Oficina de FES en Chile, señaló que “Desde la Fundación Friedrich Ebert creemos que enfrentar la crisis ambiental requiere un cambio profundo en la forma en que entendemos el desarrollo. Por eso, apoyamos proyectos como Municipio Verde, una iniciativa que fortalece el rol de los municipios, impulsa la participación ciudadana y promueve una gestión ambiental con un enfoque territorial, justo y democrático. Este año, una vez más, reafirmamos nuestro compromiso, porque encontrar nuevos caminos de desarrollo viables y sustentables es una tarea urgente y colectiva”.

Durante la actividad, la cual se desarrolló en formato híbrido y contó con la participación de 20 municipios de todos Chile, los funcionarios y funcionarias reflexionaron sobre cuáles eran los tópicos que les parecían más desafiantes, aquellos en los cuales contaban con mayor experiencia, y tuvieron la oportunidad de compartir algunas de sus iniciativas de gestión ambiental. De esta forma, se buscó un intercambio de conocimientos y experiencias entre los asistentes.

Los municipios que participaron del encuentro fueron Calama, Coquimbo, Los Vilos, Cartagena, Viña del Mar, Villa Alemana, Peñaflor, Santiago, Recoleta, Quilicura, Huechuraba, Macul, Melipilla, Padre Hurtado, Maipú, La Granja, Pedro Aguirre Cerda, Curicó, Constitución, Hualpén y Ancud.

Compromiso Municipio Verde

Durante la actividad, se realizó la presentación actualizada del Compromiso Municipio Verde, un documento de 10 puntos de libre suscripción. Por medio de la firma de este, alcaldes y alcaldesas se comprometen a avanzar en una serie de medidas que buscan generar comunas más sustentables.

El Compromiso se construyó en base a los informes Facultades Legales para la Gestión Ambiental Municipal: La experiencia de 24 Municipios de Chile y Facultades Legales para la Gestión Ambiental Municipal: Nuevas Oportunidades, e incluye temas como participación ciudadana, residuos y contaminación, energía, gestión hídrica, infraestructura verde y biodiversidad, fiscalización ambiental y educación ambiental, entre otros.

Carolina Palma explicó que “el Compromiso Municipio Verde es un documento que busca ser una hoja de ruta en la gestión ambiental y funciona como una certificación. Con este invitamos a los municipios a avanzar haciendo pleno uso de las facultades que les confiere la ley, que en estos últimos años han ido en aumento y se han diversificado, con distintas herramientas legales como la Ley de Plásticos de Un Solo Uso, el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, la Ley REP, entre otras”.

Hasta el momento, 38 municipios a lo largo de todo Chile han suscrito el Compromiso Municipio Verde, entre los cuales se encuentra Calama, Viña del Mar, Quilicura, Hualpén, Valdivia, Puerto Varas y Ancud.

Revisa imágenes del evento a continuación:

ONG FIMA y sociedad civil invitan a participar a la comunidad de Arica en taller sobre Acuerdo de Escazú

El taller se enmarca en la preparación del caso de contaminación por polimetales que será presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, luego de que en febrero de este año el Estado finalizara el proceso de solución amistosa sin presentar ninguna contrapropuesta.

El Acuerdo de Escazú es un tratado internacional que busca garantizar derechos fundamentales en materia ambiental para toda América Latina y el Caribe, promoviendo el acceso a la información ambiental, la participación pública en los procesos de toma de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. 

Para Karla Vargas, encargada de procesos territoriales de ONG FIMA, “el Acuerdo de Escazú puede ser de gran ayuda para comunidades que se han visto afectadas por conflictos socioambientales, como es el caso de la comunidad de Arica y la contaminación por polimetales, donde la falta de transparencia y participación han limitado una oportuna respuesta a sus problemáticas. Conocer y participar en la implementación del Acuerdo permite a la ciudadanía exigir transparencia, ser parte activa en la elaboración de políticas públicas y demandar justicia cuando sus derechos no son respetados”. 

Es por ello que ONG FIMA, en colaboración con Modatima Arica y Parinacota, la Universidad de Tarapacá y el Comité Ambiental Comunal de Arica, organizan el Taller “Participación Ciudadana y Medio Ambiente: Descubriendo el Acuerdo de Escazú”. Esta instancia se llevará a cabo el martes 29 de abril, y está dirigida a toda la comunidad, sin necesidad de conocimientos previos. El objetivo es dar a conocer los pilares fundamentales del Acuerdo de Escazú, su relevancia para la región y cómo este puede contribuir a enfrentar los desafíos ambientales actuales. Puedes inscribirte aquí

Años de contaminación por polimetales en Arica

Durante años, las y los habitantes de Arica han sufrido las consecuencias de la contaminación por polimetales, un problema que inició en las décadas de los 80 y 90, luego del depósito de desechos tóxicos provenientes de Suecia en terrenos que entonces estaban deshabitados. A pesar de la peligrosidad de estos residuos, entre 1992 y 1996 se construyeron poblaciones en las cercanías, exponiendo a familias a metales pesados como plomo, arsénico y cadmio. Esto provocó distintos síntomas en los habitantes: abortos espontáneos, niños con dificultades de aprendizajes, jaquecas, dolor de huesos y cáncer.

Frente a esta situación, más de 900 personas demandaron al Estado en 1999, pero el proceso judicial ha sido largo y lleno de obstáculos. Aunque hubo una sentencia favorable en 2007, la mayoría de las víctimas no ha sido compensada y los residuos tóxicos no han sido debidamente gestionados. Hoy, las viviendas contaminadas están ocupadas por personas sin hogar e inmigrantes y el daño ambiental persiste. 

A pesar de las demandas y esfuerzos de las víctimas, el Estado de Chile aún no entrega una solución efectiva. En febrero de este año, el Estado puso fin al proceso de solución amistosa en el caso de los polimetales en Arica, sin ofrecer una contrapropuesta a las demandas de las personas afectadas. En este contexto, el proceso seguirá avanzando ante Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que deberá pronunciarse sobre la admisibilidad de la petición presentada en 2007 y, eventualmente, determinar si existieron violaciones a los derechos humanos de las más de 900 personas afectadas. 

Para avanzar en este proceso, se está desarrollando un trabajo clave para contactar a quienes presentaron esta petición hace más de 17 años. Muchos de ellos eran niños en ese entonces, otros han fallecido, se han trasladado o enfrentan problemas de salud que dificultan su participación. “Esta búsqueda no solo pretende informar sobre el estado actual del caso, sino también actualizar testimonios y asegurar una representación efectiva ante la CIDH. Recoger estas voces resulta fundamental para el proceso jurídico y para visibilizar una historia marcada por el abandono, la contaminación y la lucha por la justicia ambiental en el norte de Chile”, señaló la abogada de ONG FIMA. 

Si eres uno de los afectados o conoces a alguien que lo sea, puedes acceder al formulario de búsqueda y registrarte aquí

Contaminación por polimetales en Arica: buscan actualizar datos de personas afectadas para fortalecer el caso ante la CIDH

A más de 17 años de presentada la denuncia ante la CIDH, ONG FIMA busca actualizar los datos de las personas afectadas por la contaminación de polimetales en Arica, para fortalecer su representación en el proceso y visibilizar su lucha por justicia ambiental.

Durante las décadas de los 80 y 90, toneladas de desechos tóxicos provenientes de Suecia fueron depositados en terrenos de Arica, que luego fueron urbanizados sin medidas de protección. La exposición a metales pesados como plomo, arsénico y cadmio provocó graves daños en la salud de cientos de familias, incluyendo abortos espontáneos, dificultades de aprendizaje, enfermedades óseas y cáncer.

Es por ello, que en 1999 se presentó una demanda civil de indemnización de perjuicios en contra la empresa Promel Ltda. y el Servicio de Salud de Arica, exigiendo reparar el daño ambiental causado por residuos tóxicos. Si bien, tras años de juicio, en 2007 hubo una sentencia favorable, la mayoría de las víctimas no ha sido compensada y los residuos tóxicos no han sido debidamente gestionados. 

Por otra parte, en noviembre de 2007, ONG FIMA presentó una denuncia, a nombre de  969 personas afectadas, ante la Comisión Interamericana de Derechos  Humanos. Recién en el año 2021, el Estado responde a esta petición negando las vulneraciones de derechos, pero abriendo el espacio para dialogar, abriéndose la etapa de solución amistosa. En febrero de este año, el Estado puso fin al proceso de solución amistosa en el caso de los polimetales en Arica, sin ofrecer una contrapropuesta a las demandas de las personas afectadas.

Ante este escenario, el proceso seguirá avanzando ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que deberá pronunciarse sobre la admisibilidad de la petición presentada en 2007 por ONG FIMA y, eventualmente, determinar si existieron violaciones a los derechos humanos de las más de 969 personas afectadas. En esta denuncia se expuso la vulneración de derechos fundamentales: a la vida, la integridad física y psíquica, a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y a las garantías judiciales del debido proceso

Para fortalecer esta nueva etapa, ONG FIMA está impulsando la actualización de datos y el contacto con los demandantes originales o sus representantes. Desde la presentación de la denuncia han pasado más de 17 años, y muchas de las personas afectadas eran niños en ese momento. Hoy, algunos han cambiado de residencia, otros han fallecido, y varios enfrentan problemas de salud que dificultan su participación activa en el proceso.

“Esta búsqueda no solo pretende informar sobre el estado actual del caso, sino también actualizar testimonios y asegurar una representación efectiva ante la CIDH. Recoger estas voces resulta fundamental para el proceso jurídico y para visibilizar una historia marcada por el abandono, la contaminación y la lucha por la justicia ambiental en el norte de Chile”, señaló Karla Vargas, encargada de procesos territoriales de ONG FIMA.

Si fuiste parte del proceso o conoces a alguien que lo fue, puedes completar el formulario disponible aquí para sumarte a esta nueva etapa de defensa de los derechos humanos y ambientales en Arica.

SLAPP: Empresa acuícola sancionada por contaminar un río ahora demanda a abogados ambientalistas

El caso se desarrolla en torno al Río Chesque, en la comuna de Villarrica, lugar sagrado para la comunidad Mapuche que habita aguas abajo y que fue seriamente perjudicada debido al actuar de la empresa.

Las SLAPP, conocidas por sus siglas en inglés, son demandas estratégicas contra la participación pública. Lo que buscan los que las interponen, es acallar y amedrentar a quienes se oponen a sus intereses. No son un fenómeno nuevo y mucho menos aislado, sin embargo, en los últimos años el uso de estas estrategias ha aumentado. Conformándose como una táctica más de ataque a las personas defensoras del medio ambiente.

La utilización de la justicia como herramienta de persecución no solo pone en riesgo la libertad de expresión de toda la ciudadanía, sino que también atenta contra la democracia. Así, hemos podido ver cómo múltiples defensores y defensoras ambientales han sido víctimas de estas acciones, que, si bien en su mayoría han sido desestimadas por los tribunales, han implicado graves consecuencias para su salud física y mental, así como daño económico al tener que dejar de lado su trabajo y financiar la defensa contra acusaciones sin fundamento.

Demanda contra abogados de ONG FIMA

ONG FIMA es una organización que se dedica a prestar asesoría jurídica especializada a diversas comunidades que enfrentan conflictos socioambientales. Así es como llegaron a representar a la Comunidad de Chesque Alto, quienes eran víctimas de la contaminación del río producida por una empresa acuícola, que luego de operar sin autorización ambiental por casi 20 años, una vez obtenida, continuó generando daños que llevaron a la autoridad a revocar su permiso de funcionamiento solo tres años después.

La empresa continuó operando sin autorización. Por este motivo, los abogados Antonio Madrid y Antonia Berrios, solicitaron a la Corte de Apelaciones de Temuco una orden de no innovar, la cual paralizó la obra durante 11 meses. Posterior a esta situación, la empresa interpuso una demanda contra los abogados, argumentando que la solicitud de la orden de paralización les había causado perjuicio económico, por lo que exigen una indemnización de $400 millones de pesos.

Actualmente, la causa se encuentra abierta y en proceso de pruebas, a pesar de la constancia del daño causado a la comunidad, a la evidencia de que la empresa sistemáticamente incumplió la normativa ambiental y a que fue sancionada por la Superintendencia del Medio Ambiente.

“Lo que estamos enfrentando con esta acción es un típico caso de un juicio estratégicamente levantado para intimidar y limitar la participación pública. La instancia que dio la orden de paralizar las obras de la empresa fue la Corte de Apelaciones de Temuco y confirmó lo mismo la Corte Suprema. Si eso sucedió, fue porque la Corte vio que la solicitud tenía fundamentos y era necesario que se detuviera la intervención de manera inmediata para evitar posibles vulneraciones de garantías fundamentales”, explica Antonia Berríos, abogada de ONG FIMA y demandada en este caso.

Sobre la utilización de este tipo de demandas, Antonia Berrios reflexiona: “Por supuesto que para nosotros implica un desgaste al cual no quisiéramos estar sometidos, pero por sobre todo, nos hace pensar ‘si esto nos sucede a nosotros, abogados que estamos acostumbrados y mandatados a trabajar con la ley, ¿qué pasa con las personas y comunidades que solo quieren hacer valer sus derechos?’”.   

Lamentablemente, este caso es uno de tantos que han enfrentado defensores ambientales en Chile. Así lo vivió, por ejemplo, Rodrigo de la O, de la organización Vigilante Costero Maule Itata, quien por solicitar la aplicación instrumentos de planificación y gestión territorial, incluyendo una regulación rigurosa para proyectos de alto impacto ambiental, fue demandado en 2020 por la inmobiliaria Costa Calán, exigiendo al defensor más de $200 millones de pesos, alegando daño económico y de imagen. La acción fue desestimada por falta de fundamentos, pero el daño provocado es profundo.

“Uno se reconfigura muchas cosas, te hace pensar en tema de la sobreexposición, puede ser un arma de doble filo”, comenta Rodrigo.

“Uno empieza a cambiar la estrategia, a bajar el perfil, seguir haciendo actividades, pero no de forma tan directa o protagónica. Creo que aún falta acceso a la justicia y que el Tratado de Escazú se represente de verdad. Ni hablar de América Latina, pero en Chile ha ido incrementando la agresión y violencia hacia los defensores”, insistió de la O.

Más allá de estos casos, es necesario cuestionarse por qué este tipo de acciones judiciales pueden prosperar, a pesar de la constancia de los incumplimientos ambientales y del impacto en las comunidades. Aunque Chile ha firmado el Tratado de Escazú —instrumento internacional que promueve el acceso a la justicia ambiental y la protección de defensores del medio ambiente—, aún falta avanzar en su implementación efectiva. La ausencia de mecanismos legales específicos que prevengan y sancionen las demandas SLAPP permite que se siga utilizando el sistema judicial como herramienta de hostigamiento. Incluir este debate en la agenda pública y legislativa es clave para asegurar que la participación ciudadana ambiental no sea castigada, sino protegida como un pilar fundamental de la democracia.

 

Revisa las infografías que preparamos explicando el caso:

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Condiciones:
  • Contrato plazo fijo (1 año) con período de prueba previo
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Conmemoramos pero no protegemos

Reflexión por Karla Vargas, Encargada de Procesos Territoriales en ONG FIMA.

Este 21 de marzo, se celebró por primera vez el Día Mundial de los Glaciares, en el marco del Año Internacional de la Conservación de los Glaciares, proclamado por la ONU. La iniciativa busca visibilizar el papel crucial que estos juegan en la seguridad hídrica mundial, concientizar sobre el complejo escenario en que se encuentran, y reconocer su importancia para todas las formas de vida.

Chile, atravesado por la Cordillera de los Andes, alberga innumerables glaciares altamente sensibles a los efectos del cambio climático y a los impactos de la actividad humana.

Hace sentido que la política internacional aborde esta problemática lanzando un llamado transversal a gobiernos y sociedad civil para conmemorar esta fecha. Así, la Comisión de Medio Ambiente, Cambio Climático y BB.NN del Senado, con el respaldo del Ministerio de Medio Ambiente, apoyó la idea de declarar y adherir oficialmente al documento, para incluirlo como una efeméride nacional.

Sin embargo, mientras se acepta esta invitación, en la práctica, las decisiones políticas y económicas se alejan de su protección. Esto nos lleva a la pregunta de si será posible reconciliar la conmemoración de un día y año dedicado a los glaciares con la realidad de los proyectos que comprometen su supervivencia.

Un ejemplo claro de esta paradoja es la aprobación de la expansión de la mina Los Bronces en las regiones Metropolitana y de Valparaíso, proyecto que pone en riesgo una decena de glaciares y que ha generado graves afectaciones en la cordillera, acentuado la inseguridad hídrica en las regiones con mayor población del país.

Nuevo Apunte de Política Ambiental disponible: Análisis crítico sobre la regulación del hidrógeno verde en Chile

Ya está disponible el nuevo Apunte de Política Ambiental de ONG FIMA: «Hidrógeno verde «a la chilena»: Análisis crítico de la (des)regulación del hidrógeno en Chile». Este documento examina el desarrollo del hidrógeno verde en el país, analizando sus implicancias socioambientales y la falta de regulaciones robustas para garantizar su sustentabilidad.

El apunte aborda cómo la promoción del hidrógeno verde ha sido impulsada como una estrategia clave para la transición energética acelerada, sin considerar de manera adecuada los impactos ambientales y territoriales. A pesar del discurso de una «transición justa», la regulación actual parece priorizar la industrialización y competitividad del sector sobre la protección de ecosistemas y comunidades locales.

Entre los principales hallazgos del informe, se destaca la preocupación por la desregulación ambiental y territorial que podría facilitar el despliegue de esta industria sin los debidos resguardos. Asimismo, se señala la necesidad urgente de fortalecer los marcos normativos para evitar la flexibilización de estándares ambientales y garantizar la participación ciudadana y la consulta indígena en el desarrollo de estos proyectos.

Invitamos a revisar este apunte y a reflexionar sobre los desafíos que plantea el hidrógeno verde en Chile.

Camino a la COP 30: Policy brief aborda los desafíos y oportunidades de la descarbonización en Chile

Con una presentación a cargo del equipo de incidencia de ONG FIMA y luego un conversatorio en el que participaron Anahí Urquiza, del CR2 de la Universidad de Chile, Andrés Pica del Ministerio de Medio Ambiente y Mariana Cruz de la ONG Ceus, se dio a conocer el policy brief “La descarbonización en Chile camino a la COP30: ¿Aumentando la ambición?” en el cual se abordan los desafíos y oportunidades que enfrenta nuestro país en su proceso de descarbonización.

El 2024 fue el año más caluroso registrado hasta la fecha y este es solo uno de los síntomas de que la crisis climática ha tomado una magnitud sin precedentes. Sin embargo, las emisiones de gases de efecto invernadero continúan su ascenso, y la comunidad internacional espera que los países actualicen sus Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC), las cuales deben marcar el rumbo y paso de la acción climática de los próximos cinco años. Chile, al igual que otros países, está ante la oportunidad de tomar decisiones cruciales. 

Frente a este panorama, ONG FIMA lanzó el policy brief titulado “La descarbonización en Chile camino a la COP30: ¿Aumentando la ambición?”, en un evento desarrollado en la Fundación Heinrich Boll. En el espacio, Mariana Carrasco, una de las autoras del policy brief y analista de Incidencia Internacional de ONG FIMA, presentó un análisis exhaustivo del documento, donde expuso las principales barreras de Chile en su camino hacia la descarbonización, a través de una revisión del Plan de Descarbonización y la entrega de recomendaciones para aumentar la ambición del país de cara a la COP30.

“Vemos que el proceso de descarbonización en Chile enfrenta desafíos no resueltos y promesas incumplidas. Desde un principio ha estado limitado por este carácter voluntario y los resultados han sido que las emisiones no se han reducido. En este contexto, la actualización de la NDC propone una oportunidad concreta para elevar la ambición de cara a la COP30. En este sentido, los avances dependen de la adopción de un enfoque integral de la descarbonización centrado en la eliminación de las emisiones de carbono a la atmósfera; de establecer compromisos vinculantes enfocados en asegurar y acelerar el proceso de cierre de las centrales a través de planes de cierre efectivos y participativos; de aprovechar las oportunidades presentadas por la generación distribuida y la eficiencia energética. Todo esto debe desarrollarse bajo una perspectiva de transición socioecológica justa como condición habilitante, hasta ahora presente solo en lo narrativo”, señaló Carrasco. 

Participación de panelistas 

Posteriormente, en un panel con representantes del mundo académico, Estado y sociedad civil, se destacó la importancia de fortalecer las políticas climáticas de Chile en la actualización de las NDC, abordando tanto los aspectos técnicos como sociales de la transición energética, y la necesidad de garantizar un desarrollo socio ecológico justo para las comunidades en el proceso de descarbonización. 

Andrés Pica Téllez, jefe de la División de Cambio Climático del Ministerio del Medio Ambiente, señaló que, pese a que las NDC no son vinculantes, existen varios elementos que buscan asegurar el cumplimiento por parte de Chile, pues la estrategia climática a largo plazo se traduce en responsabilidades para cada ministerio que pueden implementar normas de emisión o incentivos para la reducción de emisiones. “Ahora estamos armando todo un sistema nacional de acceso a la información de cambio climático, que busca ser la plataforma que también va a permitir un seguimiento más ciudadano de este tema”, agregó Pica, “se está avanzando en generar esa transparencia, en comunicar eso y las metas de Chile también se están reportando”.

Por su parte, Mariana Cruz, directora ejecutiva de la ONG Ceus Chile, comentó los principales obstáculos que están frenando el progreso hacia la carbono neutralidad en Chile.  “Hay dos ítems en este proceso de descarbonización que han sido complejos, el primero es que nos falta mucho para que estas metas sean efectivamente vinculantes, por ejemplo, revisamos la Ley Marco de Cambio Climático en sus planes y en los procesos de los reglamentos y no hemos visto algo que sea estructuralmente vinculante para exigir estos compromisos. Lo segundo, creo que hay un temor a soltar la necesidad del carbón y el gas para asegurar energía a lo largo del país, eso se relaciona, porque no hemos puesto sobre la mesa, la necesidad de adaptación de nuestros sistemas eléctricos y todo lo que conlleva la energía. Hay una falta de consideración de que a medida que avanzan los efectos del cambio climático somos más vulnerables a quedarnos sin energía”. 

En tanto, Anahí Urquiza, investigadora del Centro de Ciencias del Clima y la Resiliencia (CR2) y parte del directorio de ONG FIMA, se refirió a los impactos que las transformaciones tienen en los territorios. “Lo que podemos hacer es reducir los impactos y tratar que estas transformaciones sean una oportunidad de desarrollo para los territorios. Estamos en un país donde todavía parte importante de nuestra población vive en condiciones de vida que no son adecuadas y tienen expectativas de mejorar su calidad de vida. Eso en parte es un espacio que ocupan las empresas que apoyan a las comunidades con ciertas cosas que pueden ser muy asistencialistas y focalizadas y es porque los territorios no tienen resueltas las necesidades básicas. Entonces tenemos un problema de cómo logramos esas transiciones, que no es tan fácil de resolver y requiere inversión en infraestructura, en nuevas fuentes de trabajo, y que los territorios puedan reinventarse para que puedan tener nuevas actividades económicas que le den vida a esos territorios”.

  • El documento puede ser descargado aquí.
  • La presentación y panel de conversación, están disponibles aquí.