Rechazo transversal a declaraciones de J.A Kast contra Matías Asún

Rechazo transversal a declaraciones de J. A Kast contra Matías Asún

Las organizaciones firmantes rechazamos las declaraciones emitidas por José Antonio Kast el pasado domingo 12 de enero en el programa Mesa Central de Canal 13. Es inaceptable que figuras públicas, con incidencia política y social, promuevan ideas que atentan contra el ejercicio de la democracia y los Derechos Humanos, y, en este caso, amenacen a trabajadores públicos, a dirigentes sociales y a ciudadanos con arrebatarles sus fuentes de trabajo o expulsarlos del país por el simple hecho de cumplir con su trabajo y
misión. Este tipo de mensajes evocan episodios lamentables de nuestra historia que no debemos permitir que se repitan: afortunadamente, los tiempos en que el Estado chileno exilió y exoneró a personas por no compartir las ideas de sus gobernantes quedaron en el pasado.

Matías Asun, como líder de Greenpeace Chile durante más de 10 años, ha dedicado su vida de manera pacífica y legal a la defensa del medio ambiente. Su trabajo se ha enfocado en promover la protección de los ecosistemas y denunciar proyectos que generan impactos devastadores para la naturaleza y las comunidades locales. Su compromiso y labor son un aporte fundamental para avanzar hacia un futuro más sostenible y justo, por lo que el libre ejercicio de su labor y el nuestro no sólo debiese estar garantizado por el Estado, sino que además debe ser fomentado y protegido por él, tal como se comprometió al adherir al Acuerdo de Escazú.

Reafirmamos nuestro apoyo y solidaridad con Matías Asun -y con todas las personas que día a día defienden nuestra naturaleza y ecosistemas- y hacemos un llamado a las autoridades, líderes de opinión y la ciudadanía a condenar aquellos discursos que dividen y que buscan deslegitimar causas esenciales como la justicia ambiental.

Convocamos a los medios de comunicación serios a no dar tribuna a estos discursos de odio que solo buscan afectar la paz social y sacar réditos de corto plazo, pero cuyos impactos calan profundamente en nuestro sistema democrático. Asimismo, denunciamos la arremetida mediática en contra de organizaciones ambientales, la cual ha aumentado sistemáticamente en nuestro país y en el mundo. Frenar las noticias falsas o sacadas de contexto es una responsabilidad y un deber de cada uno de los actores de esta sociedad.

Por nuestra parte, seguiremos trabajando unidos por la defensa de la democracia, los Derechos Humanos y el medio ambiente.

 
Adhieren a esta declaración 130 organización y más de 370 personas de todo Chile:
Agrupacion Aisen Reserva de Vida – Agrupación Multicultural Todas las Artes – Alerta Isla Riesco – Alianza territorial para la naturaleza y la biodiversidad – Fundación Lenga – Amigas y Amigos de la Naturaleza – Amnistía Internacional – Artesanas y tejedoras Ensenada – Asamblea El Manzano – Asociación Chilena de Voluntarios – Asociación de Chilenos de Basel(Suiza) – Asociación indígena multicultural ecológica costera inti chupika – Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) – Aula de Mar – Canelo de Nos – Capsis – Catemu en Movimiento – Cedem – Centro Cultural Caleta Horcón – Centro cultural social y deportivo Rafael Pizarro Alvarado – Centro Cultural y de Información El Monte – Centro Ecuménico Diego de Medellín – Cerefan – Cerro Navia Somos Todos – Colectivo Cine Forum – Colectivo Fidelistas por siempre – Colectivo Teológico 14M – Comisión Chilena de Derechos Humanos – Comité Pro Defensa de la Fauna y Flora, Codeff – Comité Unión Diguillín – Comunidad Amanecer – Comunidad El Ciruelo Sur – Comunidad kawesqar at’ap – Comunidad Kawésqar Grupos Familiares Nómades del Mar – Comunidad Mapuche Huilliche PEPIUKELEN – Coordinadora Defensa Akunkawa – Coordinadora nacional contra Aguas San Isidro – Coordinadora Tocopilla Digna – Corp. Comuna Nueva – Corporación Artistas Pro Ecología – Corporación Camino a Farellones – Corporación Chelenko – Corporación Defensa de la Cuenca del Mapocho – Corporación El Canelo – Corporación Innovación y Ciudadanía – Corporación La Caleta – Corporación Mujeres Siglo XXI – Corporación por la Preservación y Rehabilitación de la Fauna Andina (CEREFAN) – Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén – Defensa Ambiental Región de Coquimbo – Defensoría Ambiental ONG – Departamento DDHH, Medio Ambiente y Biodiversidad COLMED Valparaíso – EcoWiluz AgroEcologia y Soberanía Alimentaria – Escazú Ahora Chile – Escuela Permanente PRAIS – Estero de Limache Sin Acueducto – Federación Regionalista Verde Social – Federación Regionalista Verde Social – Frevs Ñuble – Fundación Achercándose – Fundación Aulas de Cambio – Fundación Aysenda – Fundación Chile Sustentable – Fundación Chile Verde – Fundación Ciudadanos y Clima – Fundación ecociencias – Fundación Glaciares Chilenos – Fundación Lenga – Fundación Newenko – Fundación Ngenko – Fundación Nueva Educación y Sociedad, FNES – Fundación Ojos de mar – Fundación Origen – Fundación Pensamiento Verde – Fundación Protege los Molles – Fundación RedFe – Fundación Rewilding Chile – Fundación Ruta de la Paz – Fundación Tantí – Fundación Terram – Futaleufú Riverkeeper – Conadecus – Instituto de Ecología Política – Junta de vecinos Parque Quillay – Justicia y Paz, Iglesia Aysén – Kolectiva Feminista Gloria Lagos Nilsson de Puerto Williams – Las Ecológicas de Porvenir Alto – Latinas por el Clima – Mi comuna eco-lógica – Ministerio Ecológico Presbiterio de San Juan – Modatima Antofagasta – Modatima Punta Arenas – Movimiento no más anglo – Movimiento por la defensa del acceso al agua, la tierra y el medioambiente (MODATIMA) – Movimiento Social en Defensa del Río Ñuble – Mujeres de Zona de Sacrificio en Resistencia Puchuncavi-Quintero – Mujeres en Resistencia Chile – Mujeres por el Buen Vivir – No a Comahue – No Alto Maipo – Ñuble Libre – Observatorio de Género y Equidad – Oceana – ONG Defensa Ambiental – ONG Ecosistemas – ONG FIMA – ONG Playeras – Plataforma de acción y educación para el resguardo ambiental y social – ONG Uno Punto Cinco – Orden Franciscana Seglar – Otros Cruces – Parlamento Ambiental Ciudadano – Parque Comunitario Panul – Parque Puerto Fonck – Plastic Oceans Chile – Red de Acción por los derechos ambientales RADA – Red de Humedales de Chile – Red por la Defensa de la Precordillera – Revista Pantana – Ruteros – San Antonio Ambiental – Sitio de Memoria Irán 3037- Sociedad Civil por la Acción Climática de Magallanes – Somos Biodiversidad, de cordillera a mar – Somos Cuencas – Sphenisco Chile – Taller de buceo Kawésqar kskoi – Tu Aldea – Veeduria Ambiental Chinchina Caldas Colombia – Voluntariado IESA Contigo – Wanaku Akunkawa

Justicia Ecológica es el hilo conductor de la nueva edición de la Revista Justicia Ambiental

Revista Justicia Ambiental N°16
Este jueves ONG FIMA presentará en la Fundación Heinrich Böll la edición número 16 de su tradicional publicación 

Enero 2025. La Revista Justicia Ambiental es una publicación anual llevada a cabo por ONG FIMA desde el año 2010, y que cuenta actualmente con el apoyo de la Fundación Heinrich Böll. Su objetivo es contribuir al desarrollo del Derecho Ambiental, promoviendo la discusión y profundización sobre temas jurídicos relevantes en la materia.

Esta edición estuvo a cargo  de Antonio Pulgar Martínez y Sofía Rivera Berkhoff, y tiene como hilo conductor la justicia ecológica. En ella se abordan temas clave como la litigación climática, los derechos de agua indígenas, la responsabilidad ambiental de las empresas, el empoderamiento jurídico y la transición justa, destacando entre los autores, la participación de Tônia Horbatiuk, miembro del Grupo de Investigación en Derecho Ambiental y Ecología Política en la Sociedad de Riesgo-GPDA/UFSC, con su artículo «La justicia ecológica y el “giro ontológico”», y el abogado Antonio Rivas con «Posibilidades y limitaciones para la litigación climática en Chile vistas desde la perspectiva del recurso de protección». A su vez, escribe Diego Zúñiga, Analista Legal de la Dirección General de Aguas de Antofagasta sobre «Los derechos ancestrales de aguas indígenas y su cosmovisión en la zona norte de Chile», y Carla Figueroa, Asesora legal de Academia Into Space, sobre «Las etapas de cierre y post cierre de la faena minera: responsabilidad ambiental de las empresas mineras ante los pasivos ambientales mineros». 

La publicación también incluye los estudios de «Tendencias en los litigios ecológicos y climáticos en América Latina» del Observatorio de Litigación Ecológica y Climática de América Latina, y los estudios de ONG FIMA «Empoderamiento jurídico y defensa del territorio en Magallanes», «¿Hacia una transición justa?: recomendaciones a partir del caso de descarbonización en Coronel», y «Narrativas sobre la extracción de minerales críticos para la transición energética».

“La justicia ecológica es un tema clave para reflexionar sobre la crisis climática y ecológica actual. Uno de los desafíos jurídicos de esta era se relaciona con la importancia de valorar los ecosistemas más allá de lo económico, incorporando los ciclos e interacciones entre componentes ambientales, las funciones climáticas que estos ecosistemas generan o los propios valores culturales asociados a distintos territorios que han determinado prácticas y formas de relacionarse con el entorno. Estos aspectos, muchas veces invisibilizados, son esenciales para enfrentar las asimetrías de poder y reducir la conflictividad socioambiental”, comenta Antonio Pulgar, coordinador de estudios en ONG FIMA y uno de los editores de la Revista.

La Revista será lanzada el jueves 9 de enero a las 18 hrs en la sede de la Fundación Heinrich Böll. Para el lanzamiento, que requiere inscripción previa, contaremos con las presentaciones de: Rodrigo Astorga, coordinador del eje de transición socioecológica de la Fundación Heinrich Böll; Dominique Herve, directora del Programa en Derecho y Política Ambiental de la Universidad Diego Portales; y Rodrigo Míguez Núñez, abogado especializado en el fortalecimiento de capacidades locales. Actualmente es profesor asociado en el departamento de transición ecológica y desarrollo sustentable de la Universidad de Eastern Piedmont, además de coordinador del Proyecto Speak4Nature, iniciativa que busca empoderar a individuos y comunidades para que participen activamente en los esfuerzos de conservación de la vida silvestre y restauración del hábitat. 

El lanzamiento también será transmitido a través del canal de YouTube de ONG FIMA.

Luego del evento, la revista Justicia Ambiental N°16 estará disponible para su revisión y descarga gratuita en www.revistajusticiaambiental.cl, junto a todas las ediciones anteriores.

Legal Ocean Watch: el proyecto que busca ser una herramienta innovadora contra la pesca ilegal en América Latina

Legal Ocean Watch: el proyecto que busca ser una herramienta innovadora contra la pesca ilegal en América Latina
En un esfuerzo sin precedentes, organizaciones de México, Panamá, Perú y Chile forman parte del proyecto Legal Ocean Watch (LOW), que busca combatir la pesca ilegal a través de herramientas satelitales y un enfoque colaborativo. La iniciativa promete marcar un antes y un después en la sostenibilidad de los ecosistemas marinos de la región.

La pesca en aguas continentales es una importante fuente de alimentos y en 2019 representó el 12,7% de la producción pesquera mundial, siendo también una fuente de empleo para aproximadamente 58 millones de personas. Sin embargo, su importante relevancia económica se ha visto opacada por la pesca ilegal, una actividad que, según Naciones Unidas,  representa pérdidas anuales de entre 10.000 y 23.000 millones de dólares y es el tercer negocio ilícito más lucrativo del mundo tras el tráfico de drogas y armas. 

En América Latina, esta práctica no solo amenaza los ecosistemas marinos, sino también los derechos humanos y las economías costeras. Algunas de las consecuencias de gran alcance de esta actividad incluyen la pérdida de biodiversidad, el aumento de plástico en los océanos y violaciones de los derechos humanos (incluida la pesca pirata, los conflictos por las zonas de pesca en alta mar, el trabajo infantil y forzado, y la trata de personas).

Frente a esta realidad, surge el Proyecto Legal Ocean Watch (LOW) ha desarrollarse entre el 2024 y 2026, que considera la participación de cuatro organizaciones no gubernamentales latinoamericanas y caribeñas especializadas en conservación marina y costera: Defensa Ambiental del Noroeste (DAN) de México, Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) de Panamá, Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) de Perú, y la organización líder del proyecto, FIMA de Chile.

LOW nace como una respuesta urgente y necesaria que busca comprender las principales oportunidades y desafíos en el uso de información satelital en procesos institucionales para controlar la pesca ilegal en América Latina y el Caribe. Tiene por objetivo mostrar el comportamiento de la pesca a nivel global proporcionando herramientas para recabar información sobre esta práctica ilícita y para esto, cuenta con el apoyo de la plataforma tecnológica Global Fishing Watch (GFW).

“Hoy en día la pesca ilegal amenaza fuertemente los océanos, no sólo por la depredación del recurso pesquero, el agotamiento de las pesquerías, sino también por la contaminación que eso significa y los delitos o conductas asociadas a la pesca ilegal como la trata de personas o tratos de esclavitud. Global Fishing Watch tiene una herramienta increíble para poder mapear y encontrar esa actividad en los océanos, por ello distintas organizaciones nos reunimos para comprender cómo usar los sistemas de posicionamiento satelital y monitorear la actividad humana en el mar, en específico en relación a la pesca ilegal. De esta forma,  buscamos entender cómo las organizaciones de la sociedad civil pueden usar esta información para mejorar las posibilidades de perseguir y capturar la pesca ilegal que ocurre en nuestros océanos”,  señaló Antonia Berrios, coordinadora general de ONG FIMA y coordinadora para Latinoamérica del proyecto Legal Ocean Watch.

Tecnología al servicio de la sostenibilidad

Uno de los pilares del proyecto es el uso de sistemas satelitales como el Sistema de Identificación Automática (AIS) y los Sistemas de Monitoreo de Buques (VMS), facilitados por GFW. Estas herramientas no solo permiten detectar embarcaciones en tiempo real, sino también recopilar datos que podrían ser utilizados en litigios o para mejorar la regulación pesquera. Para ello, las organizaciones participantes se capacitaron en jornadas de tres días para conocer la forma de utilizar estos instrumentos tecnológicos, los que serían un recurso para eventualmente presentar procesos administrativos, civiles o en otros casos penales y así disminuir la pesca ilegal. 

“En efecto, la problemática no es nada más de estos cuatro países, es a nivel mundial, y lo que está haciendo Global Fishing Watch es apoyar con herramientas de datos satelitales. La tecnología ayuda mucho a lo que es el análisis de la inteligencia para ver el comportamiento de las flotas pesqueras, ya sea supervisar las flotas pesqueras del pabellón nacional o bien ver las flotas pesqueras del pabellón extranjero que entran a las aguas jurisdiccionales de los países. Y con esto ellos puedan tener por lo menos insumos, reportes de eventos, tener imágenes satelitales y una serie de instrumentos que pueden ser evaluados en conjunto con otros más que pueden aportar para así levantar un caso robusto”, explicó Gabriel Caballero, oficial de Políticas de Panamá para Global Fishing Watch.

Innovación y colaboración

Las organizaciones participantes, no solo cuentan con experiencia en conservación marina, sino también en incidencia política y legal. Por ejemplo, DAN ha capacitado a organizaciones civiles sobre el marco legal mexicano, ha presentado denuncias sobre daños a los ecosistemas y ha exigido acciones gubernamentales para proteger especies en peligro de extinción. CIAM ha abogado por la ratificación de acuerdos internacionales, mientras que DAR ha influido significativamente en las políticas ambientales de Perú. Estas capacidades serán fundamentales para enfrentar los retos de una región donde los sistemas de trazabilidad y monitoreo siguen siendo limitados.

A esto se le suma el nuevo conocimiento de los sistemas de monitoreo, cuyas jornadas de trabajo fueron valoradas de manera positiva por las organizaciones participantes. “En esta oportunidad hemos intercambiado nuestras respectivas legislaciones, en mi caso contando  cómo es en Perú, estableciendo avances en torno al concepto de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. Si bien nuestra regulación es adecuada en cuanto a la creación de instrumentos legales, aún persiste una brecha en su implementación y fiscalización. En este sentido, la herramienta de monitoreo satelital podría ser de gran utilidad, pero es fundamental que esté acompañada de transparencia, gobernanza e institucionalidad a nivel nacional”, puntualizó Sofía Rodríguez, especialista del Programa Sostenibilidad de DAR.

Por su parte,  Joana Ábrego, gerente legal de CIAM comentó: “Es importante para Panamá ser un país modelo para otras naciones en la gestión sostenible de sus recursos pesqueros, de manera que se evite la depredación de los ecosistemas. Nuestros ecosistemas naturales, especialmente los océanos, son cruciales para los medios de vida de las comunidades y para la resiliencia ambiental, que ya enfrenta amenazas como el cambio climático, poniéndolos en grave riesgo. La presión humana ejercida sobre el medio natural, a través de una pesca no regulada o inadecuada, genera un impacto excesivo en estos ecosistemas. Por ello, es fundamental utilizar todos los recursos legales posibles, junto con las nuevas tecnologías, para proteger estos ecosistemas esenciales para el mundo”.

Resultados esperados y visión a futuro

A corto plazo, el proyecto aspira a fortalecer las capacidades de las organizaciones involucradas para utilizar datos satelitales en estrategias legales y administrativas. A largo plazo, se espera consolidar cambios regulatorios clave que faciliten el uso de esta información en procesos institucionales. Además, se busca promover relaciones éticas y colaborativas con comunidades locales que puedan verse afectadas por la pesca ilegal.

“Creo que el primer paso es lograr un mayor entendimiento dentro de las organizaciones que formamos parte, para luego transmitirlo hacia el exterior, ya sea a las autoridades, las comunidades o según las capacidades de cada organización. En el caso de México, donde las autoridades pesqueras no suelen ser muy transparentes, este tipo de herramientas podría ser de gran utilidad si lográramos implementarlas y utilizarlas para promover la transparencia (…).Por ello, es importante probar el sistema, evaluar cómo funciona y determinar hasta qué punto las autoridades están dispuestas a abrirse, transparentar procesos y aceptar este tipo de nuevas tecnologías”, detalló María Llano, directora del Programa de Análisis de Políticas Públicas y Legislación de DAN. 

El proyecto Legal Ocean Watch representa una oportunidad única para abordar una problemática global desde una perspectiva regional, innovadora y colaborativa. En un contexto donde la sostenibilidad de los océanos es clave para la supervivencia de las comunidades costeras, iniciativas como esta no solo son relevantes, sino también urgentes.

Arremetida comunicacional contra organizaciones ambientales y ONG FIMA

Arremetida comunicacional contra organizaciones ambientales y ONG FIMA

Si bien no es novedad que los medios de corte conservador y cercanos a las industrias extractivas hagan notas peyorativas sobre organizaciones de la sociedad civil, hemos observado que desde hace un tiempo esto se ha intensificado y personalizado. Algunos medios de comunicación, entre ellos notoriamente Ex Ante, han tenido una arremetida en contra de algunas organizaciones ambientales, incluida ONG FIMA.

La estrategia que observamos es sencilla y peligrosa. Consiste en levantar y presentar información descontextualizada para generar sospechas sobre nuestro trabajo, a la vez que se realizan asociaciones políticas que no son reales, para intentar señalar que detrás de nuestras organizaciones hay intereses que van más allá de la defensa del medio ambiente. Se agregan datos irrelevantes e inconexos y se hacen operaciones como sumar montos de muchos años para abultar cifras y hacer parecer realidades que no son tales. Esta estrategia además, busca explotar los sesgos cognitivos, de modo de generar confirmación en quienes ya tienen una opinión contraria a la defensa ambiental y disponibilidad para quienes no tienen esa opinión.

No sabemos a ciencia cierta cuál es la motivación para estos ataques reputacionales, pero podemos suponer que tiene relación con la molestia que provoca en ciertos sectores nuestro rol en casos emblemáticos. Entre ellos, por ejemplo, la defensa del Archipiélago de Humboldt contra el proyecto Dominga y el seguimiento de múltiples casos de incumplimientos ambientales de la industria salmonera, que han generado daños al medio ambiente. Coincidentemente, la temporalidad de las notas se relaciona con eventos importantes relativos a estos casos.

Entre los intentos de denostar a ONG FIMA, una táctica que ha sido utilizada constantemente es poner en duda la legalidad y legitimidad de los contratos que tenemos con algunos municipios que han solicitado nuestro apoyo para la defensa de los intereses de sus vecinos en materia ambiental, así como del proyecto que realizamos desde enero 2023 hasta diciembre de 2024 con el Gobierno Regional de Valparaíso, relativo también al empoderamiento jurídico para el acceso a la justicia y el derecho al ambiente sano.

Todos estos contratos corresponden a labores realizadas para distintos municipios, en distintas temporalidades, durante más de una década, y no ha existido conflicto de interés o problemas de ejecución en ninguno de ellos. Conscientes de que no existen problemas de legalidad, el modo de enlodar nuestra labor es mediante estas acusaciones genéricas. Por nuestra parte, tenemos un compromiso con la transparencia, y toda la información de las organizaciones con las que trabajamos, nuestros ingresos y memorias anuales, está disponible en nuestra página web.

Corren tiempos difíciles, en que ciertas personas y organizaciones creen que minar la credibilidad de organizaciones de la Sociedad Civil y dañar el tejido social es una buena estrategia para sus intereses particulares. Pero sin perjuicio del daño que se nos provoque, queremos hacer un llamado a la responsabilidad y la paz cívica entre los distintos estamentos de la sociedad.

Las organizaciones de la sociedad civil tienen un rol fundamental en la defensa de intereses diversos, entendemos que ello puede ser incómodo para ciertos grupos de poder económico y político, pero queremos remarcar que nuestra organización trabaja en niveles de alto profesionalismo y ejerciendo las herramientas legales que nuestra institucionalidad reconoce.

Por anacrónico que suene en esta era, queremos concluir esta declaración pidiendo a todos los actores sociales, incluidos gremios y medios de comunicación, una razonabilidad mínima que nos permita procesar nuestras diferencias de manera institucional, en lugar de embarcarnos en prácticas de enlodamiento y agudización de las diferencias. La promoción de la desinformación y las campañas de desprestigio de personas y sus labores son un riesgo para la democracia, la estabilidad y la convivencia social.

Para que no queden dudas, dejamos aquí algunas aclaraciones:

  • ONG FIMA fue fundada en 1998 por un grupo de abogados preocupados por la situación ambiental de Chile y porque las personas y comunidades puedan ejercer su derecho de acceso a la justicia en materia ambiental.
  • Nuestra organización no tiene ningún vínculo con ningún partido político.
  • Como Organización no gubernamental, ONG FIMA no tiene dueño ni fines de lucro. Las personas que trabajan en nuestra ONG solo reciben su remuneración.
  • Nuestra organización nunca ha sido sancionada con ocasión de alguna relación contractual con organismos del Estado.
  • La sustentabilidad de nuestra organización se basa principalmente en la adjudicación de fondos internacionales para proyectos específicos relacionados con la protección del medio ambiente, la investigación en esta materia y el acompañamiento a comunidades entre otros.
  • ONG FIMA implementó entre 01 de enero de 2023 y 31 de diciembre de 2024 el proyecto “Transferencias para el Fortalecimiento de Capacidades para el Acceso a la Justicia Ambiental”, el cual tiene sus rendiciones de cuentas al día sin mayores inconvenientes ni cuestionamientos y ahora se encuentra en proceso de rendición final.

 

La urgencia de proteger a quienes nos protegen

Por Carolina Palma, coordinadora de Incidencia en ONG FIMA

El 27 de diciembre marcó un hito para quienes protegen el medio ambiente en Chile, con la entrada en vigencia del Protocolo de Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos, el cual es parte de la implementación del Acuerdo de Escazú, el primer tratado en reconocer y exigir a los Estados garantizar un entorno seguro y propicio para las personas defensoras de derechos humanos ambientales.

En América Latina la situación de quienes ejercen este rol es crítica, siendo reconocida por Global Witness como la región más peligrosa para quienes se dedican a proteger la Tierra. En nuestro país, actualmente el caso más emblemático es la desaparición de Julia Chuñil, defensora ambiental mapuche de la Región de Los Ríos, de 72 años, quien luchaba por defender 900 hectáreas de bosque nativo. Su familia acusa amenazas y hostigamiento a la dirigenta, presentando una querella contra quienes resulten responsables por presunto secuestro y/o femicidio. Julia lleva casi dos meses desaparecida.

¿Pero qué hace que una persona sea defensora ambiental? Según la definición de Michel Forst, relator especial de las Naciones Unidas, defensores ambientales son personas que, individual o colectivamente, actúan para proteger o promover los derechos humanos ambientales. Estas personas o grupos de personas pueden actuar de manera frecuente y sistemática, o temporal y esporádicamente en la defensa del ambiente, y no es necesario que cuenten con un reconocimiento legal o formal, ni que se autoidentifiquen como tales.

En este contexto surge el protocolo, el cual reconoce el deber del Estado de atender la especial necesidad de protección de quienes ejercen labores de defensa. Las instituciones suscriptoras del documento son seis: el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio Público, la Subsecretaría de Prevención del Delito, la Defensoría Penal Pública, Carabineros y la Policía de Investigaciones. Puede ser activado por cualquier persona que estime que se estaría lesionando o amenazando los derechos fundamentales de una persona defensora por causa del ejercicio de su labor de defensa. Así, si los hechos denunciados constituyen delito, los antecedentes deben remitirse al Ministerio Público. Si no son delictivos pero aplican al protocolo, se activará la Mesa de Coordinación Interinstitucional para tomar medidas de seguimiento.

Ahora bien, desde su anuncio, se identificó que la elaboración fue realizada sin ningún proceso de consulta pública, por lo que no hubo participación ciudadana ni indígena que permitiera que este instrumento se nutriera de las perspectivas de quienes son su objeto de protección. Probablemente producto de la falta de consulta, no se incluyó ninguna cláusula que permita extender la protección a otras personas que conforme igualmente el núcleo afectivo o personal del defensor y que también podrían estar en una situación de riesgo.

También existen aprensiones respecto a la facultad que le establece al Ministerio Público evaluar la derivación de las víctimas a programas de atención especializada, toda vez que dichos programas han fallado en responder adecuadamente a las necesidades de apoyo, reparación y protección de quienes son víctimas o se ven afectados por delitos.

De todos los pilares del Acuerdo de Escazú, justamente este es en el que Chile presentaba mayor retraso. Esperamos que este instrumento sea de utilidad para dar celeridad a la respuesta en situaciones de riesgo de las personas defensoras, sin embargo hacemos el llamado a las instituciones a ser más ambiciosas en la concreción de Escazú y su obligación de proteger a quienes nos protegen.

Columna publicada en Cooperativa – 30/12/24

Entra en vigencia el Protocolo de Protección a Defensores: un paso para la implementación del Acuerdo de Escazú en Chile

Entra en vigencia el Protocolo de Protección a Defensores: un paso para la implementación del Acuerdo de Escazú en Chile
Chile avanza en la protección de defensores de derechos humanos y del medio ambiente con la entrada en vigencia de un protocolo específico, enmarcado en los compromisos del Acuerdo de Escazú. Este instrumento busca garantizar su seguridad y promover un entorno que facilite la defensa de derechos fundamentales.

Las personas defensoras de los derechos humanos ambientales han trabajado históricamente en un entorno marcado por conflictos socioambientales y presiones económicas. Así se ha visto con casos emblemáticos como el de Julia Chuñil, desaparecida en la Región de Los Ríos hace dos meses y reconocida por su activismo y defensa del bosque nativo; o el de Rodrigo de la O, fundador y director de Maule-Itata Coast Keeper, quien se opuso públicamente al desarrollo de un proyecto inmobiliario en el Santuario de la Naturaleza Arcos de Calán, humedal costero de alto valor ecológico y que fue demandado sin fundamentos por la empresa con el solo propósito de hacerlo desistir de su defensa. Estos hechos ejemplifican cómo estas situaciones tienden a ser una constante para quienes buscan el cuidado del medio ambiente. 

En el mundo también se ha visto un aumento en las amenazas contra activistas, líderes comunitarios y periodistas. En 2022, según Global Witness, una persona defensora fue asesinada cada dos días en América Latina, lo que resulta en que nuestra región concentra más del 60% de estos casos con países como México, Colombia y Brasil a la cabeza. Estos informes subrayan la urgencia de implementar soluciones efectivas. En Chile, aún no hemos llegado a los niveles de nuestros vecinos, sin embargo, cada día conocemos más casos de amedrentamiento, amenazas y demandas legales. 

En este contexto, el Acuerdo de Escazú, ratificado en nuestro país en 2022, marca un hito como el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe que vincula derechos humanos y medio ambiente. Este compromiso internacional además de establecer principios como el acceso a la información, la participación ciudadana y la justicia ambiental, recalca la protección prioritaria a quienes defienden el medio ambiente, reconociendo los riesgos inherentes a su labor.

En Chile, el Acuerdo ha implicado superar desafíos importantes. La necesidad de adaptar el marco legal y desarrollar políticas públicas ha llevado al país a ponerse al día en aquellas áreas donde estaba más débil, especialmente el artículo 9 del tratado que indica que “cada Parte garantizará un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad”.  Es por ello, que el Protocolo de Protección a las Personas Defensoras de Derechos Humanos, a cargo de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, significa un avance en esta materia, buscando mejorar la respuesta del Estado y establecer medidas de articulación institucional.

“El protocolo de Protección a las personas defensoras de Derechos Humanos es un avance en una materia en la que estábamos totalmente en deuda en Chile. Si bien, en su elaboración hubiésemos agradecido una mayor participación ciudadana, creemos que la puesta en marcha de esta instancia de coordinación es fundamental para visibilizar la labor que realizan quienes día a día están en los territorios trabajando por conservar nuestro medio ambiente”, señala Constanza Dougnac, Coordinadora del Proyecto Escazú y Clima de ONG FIMA.  

¿Qué es el Protocolo? 

El Protocolo, que empezó a regir a partir del 27 de diciembre, fue diseñado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en él se establecen medidas para prevenir riesgos, como la identificación temprana de amenazas y la creación de canales de denuncia accesibles y confidenciales. Además, fomenta la articulación interinstitucional y la capacitación de funcionarios en derechos humanos, asegurando que el enfoque sea integral y especializado. 

Sin embargo, el protocolo enfrenta desafíos significativos. Uno de los principales es garantizar que los recursos asignados para su implementación sean suficientes y sostenibles en el tiempo. También existe preocupación respecto a la voluntad política necesaria para asegurar que las medidas se apliquen de manera uniforme en todo el país, especialmente en contextos de conflicto socioambiental. Y aunque la participación de la sociedad civil es un elemento positivo, es crucial que esta no sea simbólica, sino que implique una influencia real en la toma de decisiones. Las organizaciones de la sociedad civil han señalado que se requieren recursos suficientes y mecanismos de seguimiento sólidos, que incluyan la participación activa de los defensores en todas las etapas.

«Se trata de un primer paso pero no es suficiente, ya que su impacto dependerá de cómo se articulen las instituciones responsables y se implemente. Hoy en día proteger a los defensores no es solo reaccionar ante amenazas, sino también reconocer públicamente su valor por alzar la voz. Este protocolo debe ser más que un documento, debe convertirse en una garantía real para que sigan trabajando sin miedo», puntualiza Carolina Palma, coordinadora de Incidencia de ONG FIMA.

Funcionarios municipales de la Región de Valparaíso finalizan capacitación en justicia ambiental

“Transferencias para el Fortalecimiento de Capacidades para el Acceso a la Justicia Ambiental”

El programa fue implementado por  ONG FIMA con el aporte del Gobierno Regional de Valparaíso para  capacitar en derecho ambiental y acceso a la justicia a funcionarios y funcionarias municipales  de la región.

 

En una ceremonia realizada en la Facultad de Derecho de la Universidad de Valparaíso, 53 funcionarios y funcionarias de 12 municipalidades de Valparaíso recibieron una certificación por su participación en el programa “Transferencias para el Fortalecimiento de Capacidades para el Acceso a la Justicia Ambiental”, un proyecto desarrollado entre 2023 y 2024 gracias al aporte de un Fondo Nacional de Desarrollo Regional del GORE de Valparaíso. 

El objetivo del programa es dejar capacidades permanentes en los municipios para que los mismos profesionales puedan hacer frente a los riesgos o afectaciones ambientales existentes en sus localidades, de modo de poder facilitar el acceso a la justicia ambiental sin la necesidad de contratar servicios jurídicos externos.

“Los municipios son, sin duda, el primer lugar al que recurren los ciudadanos y ciudadanas cuando tienen problemas o conflictos relacionados con el medio ambiente”, señaló Ezio Costa, abogado y director ejecutivo de ONG FIMA. “Al conversar con las y los participantes y ver cómo han recibido todos los elementos del programa, creo que efectivamente esto les va a permitir tener un rol más activo en proteger sus territorios y en ayudar a las personas que viven en esas comunas a llevar adelante tanto proyectos y procesos de protección ambiental, como a solucionar sus conflictos”, agregó.

Felipe Perillán, abogado de ONG FIMA y coordinador del programa, destacó que ha sido un trabajo muy arduo que “se traduce en frutos, en productos, que pueden ser relevantes para abordar las problemáticas que puedan tener los distintos municipios, generar capacidades a nivel de funcionarios municipales y también generar herramientas y entregar metodologías para poder trabajar con las comunidades locales y relevar sus sentires y sus preocupaciones”.

Un proceso de dos años

Para la selección de quienes fueron parte del programa, por un lado, se invitó a participar a los municipios en cuyos territorios existiera algún conflicto socioambiental identificado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Por otra parte, también se llevó a cabo una convocatoria entre otras municipalidades de la Región de Valparaíso que tuvieran interés en ser parte. Finalmente, las comunas beneficiadas fueron Algarrobo, Cartagena, Catemu, Concón, Nogales, Petorca, Puchuncaví, Putaendo, Quilpué, Quintero, San Antonio y Viña del Mar.

Uno de los participantes del programa fue Vladimir Vicencio, encargado de Asuntos Hídricos de la Municipalidad de Petorca, quien se refirió a los próximos desafíos ambientales ante una nueva administración edilicia. “Es importante podamos extrapolar las herramientas conseguidas gracias a este proyecto a la nueva administración y que en conjunto podamos conseguir los resultados que buscamos, que es que todas las industrias y las empresas que están trabajando y desarrollando riquezas en Petorca cumplan con la normativa ambiental sin perjudicar a ningún vecino ni vecina”, comentó.

Por su parte, Daniela Albornoz, del Departamento de Medio Ambiente de Catemu y parte de Catemu en Movimiento, fue otra de las 53 personas que recibieron el certificado por haber completado su participación en el proyecto. Durante la ceremonia destacó el rol de la ciudadanía en la protección del territorio. “Necesitamos que la población, en general, tenga un pronunciamiento respecto de estos temas y, para que esto ocurra, necesitamos que la gente se interese y pueda tener la confianza y la seguridad de saber que, con las capacidades que tiene, puede abordar un proceso de evaluación ambiental, por ejemplo”. Agregó también que existe una responsabilidad institucional de parte de los municipios como tomarse un espacio para difundir sobre un proyecto, sobre la participación ciudadana, etcétera, pero es mutuo, porque a veces la ciudadanía puede tener muchas ganas pero no tiene las herramientas”.

Los resultados del proyecto

La implementación del programa Transferencias para el Fortalecimiento de Capacidades para el Acceso a la Justicia Ambiental comenzó en marzo de 2023 con la capacitación a funcionarios y funcionarias de 6 comunas de Valparaíso en temas de derecho ambiental. Las primeras municipalidades beneficiadas fueron: Concón, Nogales, Petorca, Puchuncaví, Quintero y San Antonio, quienes luego realizaron talleres abiertos a la comunidad sobre fiscalización ciudadana y denuncias ambientales, haciendo uso de los nuevos conocimientos adquiridos.

Este mismo proceso se repitió durante 2024 con los municipios de Algarrobo, Cartagena, Catemu, Putaendo, Quilpué y Viña del Mar.

Como resultado general, a lo largo del proyecto se realizaron 96 sesiones de capacitación para 80 funcionarios y funcionarias además de otras 60 sesiones para el co diseño de 14 talleres abiertos a la comunidad.

Sumado a lo anterior, el programa también incluyó un trabajo para la identificación de ecosistemas dañados, así como la realización de un informe de diagnóstico sobre su estado. Para esto, se generó un cuestionario ciudadano enfocado en las 12 comunas participantes, aunque no excluyente, a través del cual se logró identificar 180 ecosistemas de la región de Valparaíso con algún tipo de daño o intervención. Algunos de los más mencionados por los habitantes de la región fueron las Dunas de Concón, el Estero La Cigüeña, el Estero Marga Marga, el Humedal Ojos de Mar, el Río Putaendo y la Laguna El Peral. 

En tercer lugar, en el marco del proyecto se desarrolló el sitio web Poder Ambiental, una plataforma con información legal para proteger el medioambiente explicada de forma clara y sencilla, a fin de poder acercar la normativa chilena a quienes buscan defender sus territorios. Actualmente la página cuenta con diversas entradas sobre temas como conservación de ecosistemas, contaminación, derecho al agua y gestión ambiental local. Finalmente, con el objetivo de difundir el trabajo de los municipios, la academia y la sociedad civil en la protección del medio ambiente, se grabó el podcast Diálogos por la Justicia Ambiental, que consta de 16 capítulos de entrevistas con distintos actores, principalmente de la Región de Valparaíso. Los episodios se están emitiendo a través de Radio Valparaíso y están disponibles también a través de Spotify.

“Transferencias para el Fortalecimiento de Capacidades para el Acceso a la Justicia Ambiental”
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Sobreproducción de salmones en áreas protegidas

Por Estefanía González, subdirectora Campañas Greenpeace; Florencia Ortúzar, directora del Programa Clima AIDA; Sofia Barrera, encargada de litigios ONG FIMA, Erwin Sandoval, presidente CODESA

Sr. Director,

Que Cooke Aquaculture acuse a la SMA de incurrir en un “grave incumplimiento” por ejercer sus funciones demuestra una profunda falta de respeto a los territorios y a la institucionalidad, considerando el enorme historial de infracciones con el que carga la empresa.

Cabe recordar que en 2020, Sernapesca informó a la SMA que el centro Huillines 3 (operado por Cooke en el Parque Nacional Laguna San Rafael) alcanzó una producción total de 5.163 toneladas de salmones, 5.038 toneladas por sobre lo autorizado (más de 4.000%).

Y esta no fue la primera vez: ya se habían detectado importantes sobreproducciones en 2012, 2014 y 2016, lo que evidencia un historial de infracciones reiteradas dentro de un Parque Nacional. Lejos de asumir responsabilidad y enfocarse en tomar medidas correctivas para cumplir con la normativa, la empresa ha respondido acusando persecución, animadversión y conspiración, por parte de las organizaciones que han denunciado las irregularidades.

En este contexto, la SMA, cumpliendo con su rol fiscalizador, inició un procedimiento sancionatorio (que ha sido suspendido reiteradamente con acciones legales iniciadas por Cooke) solicitando al Tercer Tribunal Ambiental la paralización de las operaciones del centro mientras se resuelve el proceso, considerando que la empresa no sólo sobreproduce sino que también elude nuestro sistema de evaluación ambiental.

Que Cooke acuse un “incumplimiento grave” de parte de la SMA no sólo es una aberración, sino que se trata de una actitud francamente ofensiva hacia nuestros territorios, comunidades y toda la institucionalidad nacional, y demuestra la nula intención de la empresa de ajustarse a la legislación vigente.

Carta al Director publicada en El Mercurio – 22/12/24

La porfía contra la evidencia

Por Antonio Pulgar, Coordinador de Estudios en ONG FIMA

Este lunes, casi a un año de que el Primer Tribunal Ambiental acordara el fallo del caso Dominga, la sentencia fue publicada. En ella se ordena, por segunda vez, un nuevo pronunciamiento de la Administración, el tercero sobre este caso. Anteriormente, el 2021 y durante el gobierno de Sebastián Piñera, se ordenó una nueva votación de la COEVA, luego del rechazo por el Comité de Ministros en el mandato de Bachelet. Al respecto, algunas reflexiones.

Primero, los hechos indesmentibles: hablamos de un proyecto que ha sido rechazado tres de las cuatro veces que ha sido calificado por los órganos competentes, en distintos gobiernos y temporalidades. A diferencia de lo que se ha planteado, la causa de la evaluación negativa no es algún tipo de rencilla política, sino que los órganos sectoriales y técnicos han determinado que la información presentada por el titular es deficiente. El proyecto no integra de buena manera las consideraciones ambientales y la fragilidad de la biodiversidad del Archipiélago de Humboldt y la comuna de La Higuera, sin lograr descartar los impactos ambientales significativos, ni acreditar la suficiencia de las medidas de mitigación, compensación o reparación propuestas. En simple, es un proyecto que no alcanza los estándares mínimos de la regulación ambiental.

En segundo término, conviene recordar el rol de los tribunales ambientales dentro de la institucionalidad. Como tribunal de control de legalidad, en estas instancias los tribunales deben revisar si las decisiones de la Administración están tomadas dentro de los límites de sus atribuciones legales, pero considerando una limitación -álgidamente discutida en el Congreso- presente en el artículo 30 de la Ley 20.600: los tribunales ambientales no puede sustituir las competencias de los órganos técnicos, quienes de manera siempre técnicamente justificada deben tomar las decisiones ambientales que la ley les señala.

Ciertamente su rol no es aprobar o rechazar proyectos, eso corresponde al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, donde los antecedentes presentados por los titulares son evaluados técnicamente por los organismos competentes. Al tribunal le corresponde analizar si la decisión tomada por el Comité de Ministros es conforme a derecho, pero en ningún caso fijar medidas sobre cómo estos deben resolver. Precisamente ahí se encuentra el gran problema de la sentencia publicada esta semana, en que se le indica cómo debe razonar, se restringen los temas a revisar y se da un plazo muy acotado para que el Comité vote nuevamente el proyecto. Todo eso le otorga un contenido discrecional y político a la sentencia, extralimitándose en las funciones del tribunal.

Más allá de las posiciones personales sobre el diseño institucional, hay una cuestión que no podemos perder de vista: el respeto por el Estado de Derecho implica que los organismos respeten sus funciones. Las reglas del juego, que han sido establecidas para todos por igual, deben ser cuidadas para tener una razonable vida en sociedad. Varios comentaristas olvidan esto y parecen creer que en nombre de la inversión, cualquier cosa es justificable.

Ya van once años de este caso y la demora en su decisión final no responde al ejercicio de las funciones de los servicios públicos ni a la judicialización por parte de sus opositores. Más bien, su problema es la porfía de seguir empujando un proyecto incapaz de justificar que es viable y razonable.

Columna publicada en la sección Frente a Frente de La Tercera – 13/12/24

También puedes escuchar la columna en formato podcast:

Tribunal Ambiental excede sus atribuciones para favorecer a Dominga y ordena al Comité de Ministros votar nuevamente el proyecto

  • Será la tercera vez que la instancia ministerial califique la iniciativa de Andes Iron
  • Alianza Humboldt, agrupación que reúne a organizaciones de la sociedad civil a nivel nacional, junto a las comunidades locales, anuncian que impugnarán el fallo ante la Corte Suprema

Santiago, 9 de diciembre, 2024. En una inédita sentencia, el 1er Tribunal Ambiental de Antofagasta acogió la reclamación presentada por Andes Iron, empresa titular de Dominga, y ordenó al Comité de Ministros votar nuevamente el proyecto minero portuario, poniéndole una serie de condiciones que exceden sus atribuciones.

“Nos parece que esta sentencia contiene claras ilegalidades, el Tribunal ha excedido sus facultades de manera notoria. No aprueban directamente el proyecto, pero hacen una orden detallada para forzar la voluntad del Comité de Ministros, lo que en la práctica es lo mismo y una evidente vulneración de la ley”, aseveró Ezio Costa, director ejecutivo de FIMA. “El tribunal ambiental olvida su rol que es el de revisar si las decisiones que ha tomado el Comité de Ministros están dentro de la legalidad o no y, en su lugar, pretende que la forma en que el propio tribunal analiza los antecedentes técnicos es la forma correcta, eso es inadecuado y es un incumplimiento directo de la ley 20.600 que crea los tribunales ambientales, esperamos que la Corte Suprema conozca y finalmente anule”, agregó el abogado que representa a la organización de conservación marina Oceana en el litigio.

La sentencia establece que en un plazo máximo de 15 días, el Comité de Ministros debe emitir una nueva resolución sobre el proyecto Dominga “considerando que se presentaron antecedentes suficientes y se evaluaron correctamente los impactos asociados a las emisiones de MPS, a los recursos hídricos, a las AMERB, al medio marino, al valor turístico y al efecto sinérgico entre los proyectos Dominga y Puerto Cruz Grande”, además de “dictarse con una integración de ministros que no se encuentren afectos a situaciones que comprometan su imparcialidad y probidad administrativa”.

Desde Alianza Humboldt criticaron la sentencia y la directora ejecutiva de Oceana en Chile, Liesbeth van der Meer, afirmó que “el tribunal cuestiona la probidad de los ministros y ministras que rechazaron el proyecto, una afirmación osada y que está fuera de sus atribuciones”. “Si entramos en el terreno de la probidad, hubiera sido bueno que el tribunal se pronunciara entonces sobre los múltiples casos en los que el proyecto Dominga se ha visto envuelto precisamente por conflictos de interés y corrupción”, añadió.

Alejandra Donoso, directora de Defensoría Ambiental, parte de Alianza Humboldt, aseguró que “nos preocupa la decisión del tribunal ambiental, creemos que se equivoca en varios de sus argumentos, y, en consecuencia, deja en desprotección al ecosistema del archipiélago de Humboldt y a las actividades económicas sustentables que las comunidades que allí habitan realizan desde tiempos inmemoriales”. “Vamos a presentar las acciones correspondientes ante la Corte Suprema para solicitarle que revise la decisión del tribunal ambiental de Antofagasta, que lamentablemente no se ajusta a derecho”, agregó la abogada representante de las comunidades locales que se oponen al proyecto minero portuario de Andes Iron.

Dominga: Una historia sin fin

En 2013, el proyecto minero portuario Dominga, que consiste en dos minas a rajo abierto, un mega puerto, una planta desaladora, un depósito de relaves para la extracción de hierro y concentrado de cobre en un periodo de 22 años, entró a evaluación ambiental. En 2017, tanto la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo como el Comité de Ministros, definieron el rechazo del proyecto minero portuario de Andes Iron, argumentando que éste presentaba una deficiente línea de base del medio marino, subestimaba su área de influencia y no caracterizaba las rutas de navegación, poniendo en riesgo uno de los ecosistemas marinos más biodiversos de toda la corriente de Humboldt y donde, recordemos, se creó la reciente área marina costera protegida de múltiples usos Archipiélago de Humboldt.

Desde entonces, la empresa Andes Iron decidió buscar la aprobación del proyecto por vías judiciales, las que hasta ahora han fracasado. De hecho, Dominga ha sido rechazada dos veces por el Comité de Ministros, y en dos oportunidades la Corte Suprema ha revisado las sentencias del Tribunal Ambiental; la primera vez, estableció que el rechazo entregado al proyecto en 2017 fue legal, al contrario de lo que proponía la empresa, y ordenó al Tribunal Ambiental referirse a los aspectos técnicos que motivaron ese rechazo. En la segunda oportunidad, la Suprema determinó que el caso debía resolverse a nivel administrativo, es decir, dejó la decisión en el Comité de Ministros, instancia que rechazó por segunda vez el proyecto Dominga, resolución ante la cual la empresa volvió a apelar ante el 1TA, cuya resolución se da a conocer ahora.

Frente a este nuevo escenario de incertidumbre son nuevamente las comunidades locales las más afectadas. Rodrigo Flores, presidente de la Mesa Consultiva del Archipiélago de Humboldt afirmó que no hay apoyo para la minera en la comunidad. “Nosotros llevamos décadas trabajando en un turismo sostenible y en nuestras áreas de manejo, tenemos una economía local que va de la mano con la protección del medio ambiente, y no estamos dispuestos a que se destruya todo lo que hemos construido en este territorio” afirmó Flores.

Por su parte, desde del Movimiento en Defensa del Medioambiente, Modema, aseguraron que, pese a todo el tiempo de lucha por la defensa de esta área, continuarán trabajando por frenar la iniciativa de Andes Iron. “Por años hemos sido testigos de las irregularidades de Dominga en nuestra comuna, intentando comprarse a la gente por medio de regalías. Dominga es parte de los casos de corrupción más bullados del último tiempo en Chile, y no es posible que se le deje la puerta abierta en una zona que, además, tiene un valor ambiental reconocido a nivel mundial”, señaló Carolina Bahamondes, presidenta de Modema, una de las agrupaciones locales que son parte de Alianza Humboldt.