Transición energética y litio: Desde la Alianza Humedales Andinos exigen recomendaciones en audiencia ante la CIDH

El 15 de noviembre se llevó a cabo una audiencia ante Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para presentar  las vulneraciones asociadas a la extracción de minerales como el litio. Se presentaron testimonios de comunidades de Colombia, Argentina, Chile y Bolivia sobre los efectos socioambientales de estas actividades en sus territorios.

La transición energética, fundamental en la lucha contra el cambio climático, ha impulsado una demanda creciente de minerales críticos como el litio, que se utiliza en la fabricación de baterías para energías renovables. Sin embargo, esta transición ha tenido un costo significativo para las comunidades de América Latina, donde la explotación de estos recursos ha generado graves consecuencias sociales y ambientales. 

Ante esta problemática, organizaciones de la Alianza Humedales Andinos solicitaron una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para visibilizar estos impactos y solicitar recomendaciones específicas para prevenir vulneraciones de derechos humanos. La instancia se llevó a cabo el 15 de noviembre, donde se presentaron testimonios de comunidades de Colombia, Argentina, Chile y Bolivia sobre los efectos socioambientales de estas actividades en sus territorios.

Felipe Pino, coordinador de Programa de ONG FIMA, abrió la jornada ante la CIDH, destacando los desafíos y contradicciones que enfrenta América Latina en el contexto de la transición energética. Pino subrayó cómo, en lugar de fortalecer las economías de las comunidades afectadas, los proyectos de extracción de minerales están debilitando la regulación ambiental y limitando la participación local, abriendo espacio para la explotación desmedida por parte de empresas transnacionales.

“Los efectos de la crisis climática ya afectan significativamente los derechos de las comunidades más vulnerables del planeta. Sus impactos se expresan de forma violenta y evidente, en la magnitud y recurrencia de eventos climáticos extremos, así como en el funcionamiento de sus actividades económicas de subsistencia”, comentó.

Además, el abogado explicó que a medida que se posicionan proyectos de transición energética, también se multiplican las voces que demandan una “transición justa”. “Esto debe interpretarse como un llamado de atención sobre la falta de coherencia de las estrategias de transición con el fundamento de la acción climática: el resguardo de las personas y los ecosistemas de nuestro planeta. Así, si bien el alcance del concepto varía según su uso, hay consenso en que una transición justa es aquella que pone en el centro el respeto de los derechos humanos, tanto en su destino como en su transcurso”, añadió.

Impacto de la extracción de litio en Chile

Diversos testimonios expusieron cómo las actividades extractivas han afectado sus ecosistemas y sus formas de vida. Un ejemplo desde Chile, fue la intervención de Lady Sandon, originaria del pueblo Atacameño Lickanantay y representante de la Comunidad Atacameña de Coyo, ubicada en la cuenca del Salar de Atacama, quien relató los impactos de la sobreexplotación del agua en su territorio, especialmente debido a la extracción de litio, y cómo las políticas estatales y privadas están vulnerando los derechos de su comunidad.

“Lo que está pasando en nuestros territorios es por incumplimiento de las obligaciones del Estado Chileno a través de Corfo, porque se están vulnerando nuestros derechos en post de extraer litio que es agua salada. Además, donde no llega el Estado, llega el privado, ofreciendo solucionar los servicios básicos, como salud, educación, agua potable, energía, como moneda de cambio por el territorio. Empresas como SQM, Albemarle y Codelco, a pesar de sus infracciones medioambientales siguen siendo actores claves para la posible estrategia nacional del litio que evapora el agua de nuestro abuelo salar”, afirmó Sandon.

Asimismo, agregó que la Estrategia Nacional del Litio es un claro ejemplo de la falta de igualdad de condiciones y acceso a la información en los procesos de consulta indígena. “Para el mundo occidental son recursos, en nuestro mundo ancestral son bienes de la naturaleza que tienen la espiritualidad del pueblo, con importancia para el mundo global tenemos la ciencia ancestral en base al agua porque los salares y sus extremófilos, son claves para afrontar la crisis ambiental y en honor a nuestros antepasados y pensando en las generaciones venideras seguiremos cuidando protegiendo y preservando nuestros derechos”, concluyó. 

Testimonios en Latinoamérica

Además de los testimonios de Chile, se compartieron otras preocupantes historias de vulneraciones de derechos humanos y ambientales provocadas por la extracción de minerales críticos en diferentes países de América Latina. En Colombia, por ejemplo, se expuso cómo las comunidades han sufrido desplazamientos forzados debido a la expansión de proyectos extractivos sin el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades indígenas. 

“Hay afectaciones a los derechos humanos de pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos en la Amazonía, que ya se están produciendo a través de la extracción legal e ilegal de minerales para la transición. Es decir, hoy hay puntos de extracción de tierras raras, de coltán, de cobre, u otros minerales estratégicos como el oro, la mayoría de los cuales operan sin ningún tipo de control estatal. Así, la transición energética ya ha llegado a los territorios amazónicos en forma de vulneraciones a los derechos humanos. No se trata de una discusión futura con consecuencias producto de la especulación”, manifestó Juan Sebastian Anaya, asesor de incidencia de la Fundación Gaia Amazonas, Colombia.

En Argentina, regiones como el Salar del Hombre Muerto en Catamarca y la Cuenca de Salinas Grandes han sido escenario de impactos devastadores. En el primero, la extracción masiva ha secado ríos y humedales, mientras que en Salinas Grandes, más de 38 comunidades indígenas ven amenazada su supervivencia debido a la contaminación y la disputa por los recursos hídricos. Pese a la riqueza de recursos naturales, las comunidades denuncian que estas actividades no solo dañan el ambiente, sino que agravan desigualdades y violan sus derechos, mientras el Estado prioriza las inversiones extranjeras por sobre la protección del territorio.

Verónica Chávez, integrante de la comunidad de Santuario de Tres Pozos en Salinas Grandes, resume la situación: “Lo que estamos defendiendo es nuestra vida, la de las plantas, los animales domésticos y silvestres, la vicuña, la llama, etc. La vida de nuestros ancestros, lagunas y salinas, que son parte de nuestras familias, está en peligro. Todos nosotros necesitamos agua para vivir; agua limpia y un territorio sano. Nosotros estamos conscientes de que esto no es un trabajo hacia futuro. Es pan para hoy, hambre para mañana, y nosotros seremos un sacrificio para poder extraer este mineral”. 

Finalmente, la situación en Bolivia es igual de alarmante. El Salar de Uyuni, el mayor del mundo, alberga unos 21 millones de toneladas de litio, lo que lo posiciona como un centro clave para la explotación de este mineral. Adicionalmente, existen otros 26 salares reservados por norma para esta actividad. Aunque la extracción estatal del litio inició formalmente en 2024, ya se han invertido más de 1.000 millones de dólares en proyectos durante más de una década. Sin embargo, el proceso ha estado plagado de irregularidades, como problemas de corrupción y la firma de acuerdos con empresas rusas y chinas sin consultar a las comunidades locales. Esto, además, se combina con el impacto ambiental significativo de la extracción, que implica la retirada de millones de metros cúbicos de agua, amenazando los frágiles ecosistemas del altiplano. 

«Si bien en Bolivia se ha iniciado la extracción de litio recién este año ya desde hace 12 años el propio estado boliviano viene vulnerando derechos: Se han realizado 2 ‘denominadas consultas públicas’ el 2012 y 2018 en las que no se ha hecho participar a las comunidades indígenas y originarias con tierras colectivas tituladas, elaboradas sin información precisa existente, sin responder a las preguntas y preocupaciones de los participantes. Ya existen denuncias informales de comunidades que han visto significativamente disminuida la cantidad de sus vertientes y pozos”, detalló Oscar Campanini, director e investigador del Centro de Documentación e Información, Bolivia. 

Llamado a la acción: Recomendaciones urgentes

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tiene la facultad de emitir recomendaciones a los Estados para proteger los derechos humanos. En este sentido se espera que emita un informe con recomendaciones para abordar las vulneraciones de derechos humanos relacionadas con la extracción de litio en América Latina y también organice «visitas in loco» para documentar las violaciones de derechos humanos en los países afectados. 

Estas acciones serían clave para que los Estados adopten medidas eficaces que protejan a las comunidades y sus ecosistemas, promoviendo un desarrollo que respete tanto los derechos humanos como el medioambiente. La audiencia frente a la CIDH marca un hito en la lucha por una transición energética que proteja los ecosistemas y respete los derechos territoriales y culturales de las comunidades indígenas.

Revisa la audiencia aquí

¿Qué es la Alianza de Humedales Andinos?

Su objetivo principal es promover la protección y conservación de estos ecosistemas —así como del agua, la biodiversidad, los territorios y los modos de vida de comunidades indígenas y campesinas que dependen de ellos— en América Latina, con especial énfasis en Argentina, Bolivia y Chile. La alianza está integrada por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y la Asamblea PUCARÁ (Pueblos Catamarqueños en Resistencia y Autodeterminación) de Argentina; el Centro de Documentación e Información de Bolivia (CEDIB) y Empodérate de Bolivia; ONG FIMA, ONG Defensa Ambiental y Fundación Tantí de Chile; y por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), organización regional. 

Conoce más de la Alianza aquí.

Surfeando la ola de las COPs: los océanos lo conectan todo

  • Felipe Cárcamo, analista de Programa en ONG FIMA

Quienes saben surfear entienden que el ritmo de las olas es cambiante. Aferrado a la tabla, observando el océano, se decide qué ola tomar o dejar pasar, calculando la dirección. Y de pronto, sin buscarlo, ya estás de pie, deslizándote por el mar… Por el ritmo del océano, mirando al horizonte, puedes ver con claridad lo que se avecina.

Este año ha sido decisivo en la gestión de las crisis ecológicas que afectan el océano. Actualmente navegamos entre tres Conferencias de las Partes (COP) de las Naciones Unidas, dedicadas a tres convenciones diferentes de la ONU. Cada una tiene un orden del día diferente, pero también varios elementos en común. Entre ellos, el océano destaca como un tema transversal y potencialmente unificador.

Pero a pesar de su importancia central, hay un déficit de atención al océano y sus tres crisis. El cambio climático, la contaminación y la pérdida de biodiversidad en los mares ya se están manifestando en la subida del nivel del mar, temperaturas récord del agua, cambios en las precipitaciones, acidificación y desoxigenación de los océanos y declive de los ecosistemas.

Tres reuniones de la ONU dominan la agenda medioambiental de fin de año: la COP16 del Convenio sobre la Diversidad Biológica en Colombia, la COP29 de la Convención Marco sobre el Cambio Climático en Azerbaiyán y la COP16 de la Convención de Lucha contra la Desertificación en Arabia Saudita. ¿Recibirá el océano la atención que requiere?

Octubre | Biodiversidad, COP16 | Cali

En 2022, las partes del Marco Mundial Kunming-Montreal de la diversidad biológica (KMGBF, por sus siglas en inglés) fijaron el objetivo de proteger el 30% de las zonas terrestres y marinas para 2030. A mitad de camino, se reunieron en Cali, Colombia, el mes pasado, donde quedó claro que la protección mundial de los océanos está muy lejos de este objetivo.

Otro tratado de la ONU será un elemento clave para alcanzar este objetivo: el Acuerdo sobre la Conservación y el Uso Sostenible de la Biodiversidad Fuera de Jurisdicción Nacional, también conocido como Tratado de Alta Mar. Una vez ratificado por 60 países —actualmente solo lo han hecho 14, y muy recientemente se ha sumado Francia—, permitirá establecer zonas marinas protegidas en alta mar, los dos tercios del océano que se encuentran fuera de las jurisdicciones nacionales. Su protección complementará los esfuerzos por alcanzar el objetivo del 30% del KMGBF.

La protección de los océanos se ve reforzada por otros instrumentos internacionales negociados en los últimos años: el Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector de Puerto (MERP) y el Acuerdo sobre Subvenciones a la Pesca, orientados a combatir la pesca ilegal y promover la sostenibilidad marina.

El financiamiento, sin embargo, siguió siendo un desafío central y pendiente en la COP16 de Cali.

La Red Latinoamericana y Caribeña por un Sistema Financiero Sostenible (REDFIS) afirma que es necesario establecer el flujo de financiación destinado específicamente a la protección y conservación de la biodiversidad en cada país. La red afirma que los recursos financieros actualmente disponibles son insuficientes y que la crítica situación de los mercados de deuda en los países del Sur Global está desviando fondos que podrían combatir el cambio climático al pago de intereses. REDFIS también afirma que se necesitan mecanismos más eficaces para canalizar los fondos directamente a quienes protegen la naturaleza, en particular las comunidades locales, los pueblos indígenas y los afrodescendientes que gestionan las zonas marinas.

Noviembre | Cambio climático, COP29 | Bakú

Es de esperar que un informe reciente indique un punto de inflexión para que los debates sobre el cambio climático incorporen suficientemente el océano. Recopilado por los facilitadores del “diálogo sobre los océanos” de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el reporte subraya la necesidad de sinergias entre diversos marcos multilaterales de las Naciones Unidas. Por ejemplo, entre la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el Acuerdo sobre la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica fuera de las Jurisdicciones Nacionales y el Marco Mundial sobre la Diversidad Biológica. El informe destaca que esta colaboración es fundamental para el éxito de las políticas nacionales sobre cambio climático, incluidas las de adaptación y mitigación.

Un tema central de la COP29 será cómo poner en práctica los compromisos climáticos. El informe del diálogo sobre los océanos insta a los países a unificar sus esfuerzos para evitar la duplicación y reforzar la acción colectiva sobre los océanos. La financiación de los compromisos climáticos de los países en desarrollo ocupará un lugar destacado.

Para América Latina, es crucial establecer un Nuevo Objetivo Colectivo Cuantificado (NCQG, por sus siglas en inglés) que defina un nivel de apoyo internacional para la financiación climática que apoye efectivamente a los países en desarrollo en la protección de sus aguas. Además, los países deben integrar a los océanos en sus Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional y en sus Planes Nacionales de Adaptación para 2025. Ambos objetivos detallan los esfuerzos de los países para reducir las emisiones de dióxido de carbono y adaptarse al cambio climático.

La tecnología se está convirtiendo en un tema controvertido cuando las preocupaciones oceánicas se encuentran con el cambio climático, sobre todo en dos ámbitos. El primero es la geoingeniería para el secuestro de carbono marino, supervisada por la Organización Marítima Internacional de la ONU. Las consecuencias de estas tecnologías están aún por demostrarse. Podrían aumentar la absorción de dióxido de carbono por parte de los océanos, pero también podrían no marcar una diferencia significativa y dañar aún más a estos ecosistemas ya afectados.

El segundo ámbito es la explotación minera de los fondos marinos, supervisada por la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos. A algunos expertos les preocupa que esto pueda perturbar el secuestro de carbono en las profundidades, mientras que sus defensores afirman que es una fuente vital de elementos necesarios para la transición verde. Algunos países, entre ellos varios latinoamericanos, promueven una moratoria. Esto permitiría seguir investigando científicamente estos ecosistemas poco conocidos de las profundidades, aplicando el principio de precaución ante posibles impactos ambientales.

Para lograr avances significativos en la protección de los océanos en Bakú, es necesario llegar a un acuerdo sobre cambios concretos en todos los ámbitos mencionados.

Diciembre | Desertificación, COP16 | Riad

La conexión entre la tierra y el océano es de especial relevancia para la tercera COP de 2024: en Arabia Saudita, los miembros de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación se reunirán para celebrar su decimosexta conferencia.

Al abordar la intensificación de las sequías, la convención subraya la necesidad de alinear los esfuerzos con las conclusiones del Sexto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. El enfoque de la convención es holístico: destaca la interrelación de los ecosistemas terrestres y marinos, y fomenta un desarrollo que refuerce su resiliencia. También reconoce que las presiones sobre los ecosistemas oceánicos y los recursos hídricos están íntimamente ligadas a la necesidad de garantizar alimentos y agua para millones de personas.

Este año ha estado marcado por ciclones devastadores y un calentamiento oceánico sin precedentes, lo que nos alerta sobre el rol fundamental de los océanos en el clima y la biodiversidad. La “simultaneidad” de estas tres COP ofrece una oportunidad única para generar sinergias efectivas entre los espacios multilaterales.

Resulta esperanzador constatar que detrás de cada decisión política siempre existe una lucha activista incesante, conformada por comunidades locales, indígenas y afrodescendientes, movilizadas por la protección de los océanos.

Como saben los surfistas, hace falta equilibrio para subir a la tabla. Domar las olas del cambio exige un triple equilibrio: guiarse por los conocimientos científicos y locales, tomar medidas permanentes que sean contundentes y tener una gran ambición en la labor de mitigar el cambio climático. Hagámoslo bien y, antes de que nos demos cuenta, estaremos de pie, surfeando sobre el mar.

Publicada en Dialogue Earth – 08/11/24

Las inexplicables deudas del país con sus áreas protegidas

  • Por Silvana Espinosa (vocera de Greenpeace); Felipe Perillán (abogado de Incidencia en ONG FIMA) y Florencia Ortúzar (abogada senior en AIDA).

La reciente imagen de una ballena jorobada muerta en las mallas de un centro de cultivo de salmones, instalado al interior de la Reserva Nacional Kawésqar, es un duro recordatorio de las consecuencias que el retraso en la aplicación de la normativa ambiental implica para nuestros ecosistemas y especies.

La recién finalizada COP 16 de Biodiversidad celebrada en Cali, Colombia, reforzó la relevancia de la conservación de ecosistemas marinos. Sin ir más lejos, la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, fue designada “Champion” para destrabar las negociaciones sobre biodiversidad marina, costera e insular. En ese rol es que se logró un acuerdo respecto de modalidades para actualizar y ampliar las descripciones de las zonas marinas de importancia ecológica o biológica (EBSAS) y se instó a más países a firmar el Acuerdo sobre la Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad Marina más allá de las Jurisdicciones Nacionales (BBNJ), para que este pueda entrar en vigor.

En nuestro país, el 21 de agosto se cumplió un año de la promulgación de la Ley SBAP, que creó el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Se trata de un pilar fundamental de la institucionalidad ambiental en Chile, necesario para garantizar la conservación de nuestra biodiversidad. Sin embargo, su lenta implementación preocupa: de los 21 reglamentos necesarios para que la ley entre en vigencia plena, sólo dos han sido sometidos a consulta pública, por lo que parece difícil que se logre cumplir con el plazo fijado para el 6 de septiembre de 2025.

En el mismo sentido, el país está al debe en la creación de planes de manejo para sus áreas protegidas. Actualmente, en Chile existen 28 áreas marinas protegidas, lo que representa alrededor de un 43% de su Zona Económica Exclusiva, superando -al menos nominalmente- la llamada Meta 30×30 -una de las principales del Marco Mundial de la Diversidad Biológica- respecto de ecosistemas marinos. Sin embargo, 22 de esos 28 espacios (casi el 80%), no cuentan con un plan de manejo , lo que impide que se cumplan los objetivos de protección y conservación para los que fueron creadas, es decir, carecen de una protección y gestión efectiva.

Estas demoras y carencias impactan directamente en nuestras áreas protegidas, tan valiosas para resguardar nuestro patrimonio ambiental, darnos resiliencia frente a la crisis climática y, en general, darle chance a la naturaleza de regenerarse.

Un caso emblemático es el de la Reserva Nacional Kawésqar, expuesta desde antes de su creación a los impactos de la industria salmonera. En ella existen hoy 67 concesiones de cultivo de salmón aprobadas, mientras otras 55 están en trámite para iniciar operaciones. Varias de las concesiones muestran señales de desgaste ambiental, como condiciones anóxicas oanaeróbicas en el agua y altos índices de contaminación, y existen procesos sancionatorios contra otras tantas. La falta de un plan de manejo efectivo que gestione adecuadamente el área debilita su capacidad para cumplir su función de protección.

Chile tiene la posibilidad de sacar adelante dicho plan, destrabando el proceso participativo que las comunidades Kawésqar llevan esperando hace casi cinco años, desde la reclasificación de la Reserva Nacional Los Alacalufes en el año 2018. En esa ocasión, se ampliaron los territorios de la reserva y se reclasificó, creando el Parque Nacional Kawésqar en territorio terrestre y la Reserva Nacional Kawésqar en sus aguas marinas. Uno de los propósitos detrás de estos cambios fue proteger dichas aguas y responder a las demandas del pueblo Kawésqar. Sin embargo, el proceso de elaboración del plan de manejo para esta área protegida sigue estancado, y el plazo para realizar la consulta indígena comprometida con las comunidades ya está vencido.

El hallazgo del cadáver de una ballena jorobada enmallada en un centro de cultivo de salmones de Australis Mar S.A., dentro de la reserva, es un duro recordatorio de la urgencia de actuar. Cabe recordar que, de las 94 especies de cetáceos que hay en el mundo, 43 se encuentran en Chile y 26 habitan específicamente en la Patagonia. Pero, lamentablemente, ni nuestros mares, ni sus áreas protegidas son hoy espacios seguros para la biodiversidad marina.

A pesar de la falta de estudios y de información o registros oficiales, existen muchos casos documentados de muertes de delfines y ballenas en centros de cultivos de salmones en Chile, tanto por el enmallamiento involuntario de estas especies, como por los daños colaterales que genera el tránsito de embarcaciones de la industria en estas zonas. Al respecto, existen registros de colisiones que causan muerte o heridas graves en los cetáceos y el ruido de los barcos también les afecta a nivel fisiológico, conductual y en sus formas de comunicación.

Un oportuno plan de manejo podría aportar inmensamente en este sentido. Sin uno, esta área protegida corre el riesgo de convertirse en una declaración vacía, sin efectos reales para la conservación de nuestros ecosistemas y especies.

En este momento crítico para el planeta, donde la crisis climática y la pérdida de biodiversidad demandan respuestas inmediatas y efectivas, Chile tiene la oportunidad de liderar con el ejemplo. Hagamos de este Día de las Áreas Protegidas uno para recordar y celebrar, uno en el que Chile muestre al mundo que la protección de ecosistemas claves es prioridad.

Publicada en El Dínamo – 08/11/24

Miles de vidas contaminadas

Por Constanza Dougnac, coordinadora de Comunicaciones y Redes de ONG FIMA

Miles de personas en Arica viven con el peso de una contaminación. La semana pasada se inauguró la exposición “Metales”, en el Espacio Cultural Veta de Santiago. La actividad, que es parte de la campaña #UnaVidaSinMetales de Fundación Relaves, nos recuerda la lucha de familias como la de Claudio y su hijo Isaías, un adolescente que no ha podido tener una vida como la de cualquier niño debido a múltiples enfermedades que lo afectan producto de haber vivido sus primeros años en el Cerro Chuño de Arica, población construida al lado de un depósito de desechos tóxicos traídos desde Suecia a principios de la década del 80. El objetivo de Claudio es reunir fondos para llevar a Isaís a España a realizarse un tratamiento de quelación que podría retirar los metales de su cuerpo, y así lograr que su hijo tenga la oportunidad de desarrollarse plenamente. El esfuerzo incansable de esta familia nos permite hablar nuevamente de un tema que ningún gobierno ha querido resolver, y que sigue dejando secuelas en miles de personas. 

Esta historia comenzó a finales de la década del 70’, cuando la empresa sueca Boliden entregó a la chilena Promel casi 21 mil toneladas de desechos tóxicos, los cuales, en plena dictadura y con la autorización del Servicio de Salud de Arica, fueron importados hasta esa ciudad, donde finalmente fueron abandonados en lo que se denominó “sitio F”. Entre los tóxicos se encontraban plomo, arsénico y cadmio.

Cerca del lugar ya se encontraba la población Sica Sica y con el crecimiento de la ciudad, en 1992 – ya en democracia- comenzó la construcción de las poblaciones Cerro Chuño y Los Industriales, a escasos metros del acopio de desechos tóxicos. Familias enteras se mudaron con la esperanza de empezar una nueva vida y poco a poco fueron arreglando las viviendas ocupando la tierra del cerro gris que tenían cerca, mientras niños y niñas jugaban en el depósito como si se tratara de la mejor plaza de diversiones. Al poco tiempo comenzaron a aparecer los primeros síntomas. Abortos espontáneos, niños con dificultades de aprendizajes, jaquecas, dolor de huesos y cáncer son recurrentes entre las personas que habitaron estas poblaciones.

El año 1999 más de 900 afectados demandaron al Estado de Chile, se ordenaron exámenes, perose extravió evidencia clave y se les dijo cosas como que el problema era la desnutrición de los niños. Años más tarde, en el 2007, la Corte Suprema ordenó indemnizar a 350 personas por el “daño moral” en el que habría incurrido el Estado, sin embargo, no explicó nunca por qué se determinó esa cantidad de personas ni el criterio para seleccionar a las indemnizadas. Fueron 8 millones de pesos por persona que estaban muy lejos de ser una solución para las enfermedades que enfrentaban y que dividió a toda una comunidad. 

Ese mismo año, ONG FIMA presentó una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y recién en octubre del año 2022 hubo una respuesta de parte del Gobierno allanándose a un proceso de “solución amistosa de controversias”, ante lo cual las y los demandantes presentaron un petitorio en octubre del año 2023.

En el intertanto, los metales fueron removidos a un lugar provisorio, en el que todavía continúan, y el sitio F “reparado” con una delgada carpeta de asfalto. Los vecinos fueron trasladados a nuevas viviendas, pero las antiguas no fueron demolidas y hoy, sin servicios básicos, fueron tomadas por personas sin hogar e inmigrantes. 

Lamentablemente, la historia de Arica se sigue contando y ,como si la salud de los habitantes les permitiera seguir esperando, todavía aguardan una respuesta.

Claudio e Isaías tampoco puede seguir esperando, te invitamos a sumarte a la campaña en unavidasinmetales.cl y a seguir contando esta historia para que todas estas familias no tengan que seguir esperando. 

Referentes energéticos

Por Felipe Pino Zúñiga, coordinador de Programa en ONG FIMA

Sr. Director:

Esta semana se publicó un artículo manifestando preocupación por la situación competitiva de Chile ante Brasil en términos de energías renovables, refiriéndose a este último como la “Arabia Saudita Verde”. Este seudónimo, es perfecta expresión de las contradicciones de la agenda verde que se ha impulsado en ciertos países de la región, especialmente  en Chile.

Las energías renovables son una oportunidad de resolver un problema actual va más allá de la carbono neutralidad y son una alternativa para generar sociedades más justas, equitativas y resilientes ante las múltiples crisis que nos azotan.

Si bien, somos un país “rico” en recursos renovables, nuestras experiencias previas en la gestión de estos indican que tenemos mucho que aprender. Para esto, debiésemos preguntarnos cómo no caer en los mismos errores del modelo que queremos superar. Entendiendo que la transición es mucho más que un cambio tecnológico, imitar a las potencias fósiles terminará por replicar las mismas ineficiencias e injusticias.

Chile todavía puede convertirse en un referente en esta materia, pero para ello debemos evitar ser mero exportador de energía, apostando a la transformación energética como vehículo de justicia socioambiental. Ese es nuestro verdadero potencial renovable.

Carta publicada en el Diario Financiero – 29/10/24

Huracán Milton, catástrofes naturales y cambio climático

Por María José Kaffman, investigadora de Estudios en ONG FIMA

Las noticias de los últimos meses, y en particular de las últimas semanas, han dado cuenta de la ocurrencia de diversos fenómenos naturales extremos, siendo uno de los más comentados el huracán Milton. Este huracán se posiciona como el segundo huracán más intenso registrado en el golfo de México, el cual tocó tierra en Florida, Estado Unidos, el 9 de octubre del presente año, dos semanas después del paso del huracán Helene, el segundo huracán más mortal registrado en ese país.

Esto debiera ayudarnos a recordar uno de los principales efectos del cambio climático, advertido por los científicos: nos enfrentamos al aumento en la frecuencia e intensidad de los fenómenos meteorológicos y climáticos extremos.

En el caso de los huracanes se calcula que hoy, en relación a la era preindustrial, es 2,5 veces más probable la ocurrencia de un huracán de tales características e intensidad, lo que responde a los cambios en las condiciones climáticas, que considera entre otros el aumento de la temperatura superficial del océano.

El aumento de los riesgos asociados a estos eventos se multiplican si integramos otros fenómenos naturales cuya frecuencia e intensidad también van al alza: ciclones, sequías, inundaciones, olas de calor extremo e incendios forestales, los que en su conjunto aumentan la vulnerabilidad tanto de los grupos humanos como de los ecosistemas. De esta manera, se puede entender al cambio climático no solo en función de los cambios en los parámetros climáticos y ambientales, sino también a partir del aumento en la probabilidad que tienen las personas de vivir uno o más de estos desastres naturales de gran magnitud, a lo largo de su vida.

Sobreexplotación y degradación de los ecosistemas

A pesar de experimentar actualmente las consecuencias del cambio climático, los esfuerzos dirigidos a modificar nuestro comportamiento como sociedad, profundizan un modelo basado en el crecimiento continuo, para satisfacer necesidades ilimitadas, a costa de la sobreexplotación y degradación de los ecosistemas.

Los principales discursos sobre soluciones climáticas apuntan principalmente a mantener el modelo en base al optimismo en las mejoras tecnológicas. Así, por ejemplo, la discusión sobre la sostenibilidad en la generación y distribución energética no es transparente sobre los riesgos y vulnerabilidades que generan en los ecosistemas y las poblaciones locales.

Con la imagen reciente de los incendios forestales que asolaron la Amazonía y ad portas de nuestra temporada de verano, resulta indispensable recordar que si bien el cambio climático impacta en la conservación de los ecosistemas, también se puede afirmar que la conservación de los ecosistemas contribuye a combatir el cambio climático, tanto en mitigación como en adaptación. Insistir en arriesgar la salud de los sistemas naturales, puede conducir a reducir aún más nuestras posibilidades de gestionar y reducir los riesgos climáticos.

Columna de opinión publicada en Biobío Chile – 22/10/24

Talleres en la Región de Valparaíso enseñarán a la ciudadanía cómo hacer denuncias ambientales

Las comunas de Algarrobo, Cartagena, Viña del Mar, Quilpué, Catemu y Putaendo serán sede de una serie de talleres sobre denuncias ciudadanas y fiscalización ambiental.

¿De qué forma los vecinos y vecinas pueden involucrarse en la protección de la naturaleza? Cuidar el medio ambiente es tarea de toda la población, y una de las formas más eficaces para contribuir en esta labor es por medio de la fiscalización ciudadana.

Por ello, con el fin de dar a conocer las principales herramientas de la ciudadanía para denunciar el daño al medio ambiente y enseñar cómo utilizarlas, una serie de talleres sobre fiscalización ambiental y denuncias ciudadanas se estarán desarrollando en las comunas de Algarrobo, Cartagena, Viña del Mar, Quilpué,  Catemu y Putaendo entre el 4 y el 14 de noviembre. Esto en el marco del programa Transferencia para el fortalecimiento de capacidades para el Acceso a la Justicia Ambiental que ONG FIMA lleva a cabo con el aporte del Gobierno Regional de Valparaíso.

Los talleres serán impartidos por las funcionarias y funcionarios que fueron parte del programa durante el 2024, con la guía de profesionales de ONG FIMA dedicados a procesos de empoderamiento jurídico y participación ciudadana. Serán instancias gratuitas y abiertas a todos los vecinos y vecinas que deseen participar.

Con el fin de tener un registro aproximado de asistentes, se recomienda completar el formulario de inscripción de cada comuna.

Las fechas y lugares son:

Algarrobo

  • Fecha: 4 de noviembre
  • Hora: 16:00 a 20:00 hrs.
  • Lugar: Centro del Adulto Mayor (CAM) de Algarrobo, ubicado en calle Brasilia #1160
  • Link de inscripción

Catemu

  • Fecha: 05 de noviembre
  • Hora: 16:00 a 20:00 hrs.
  • Lugar: Salón Parroquial de la Iglesia San José, ubicada en Calle Borjas García Huidobobro s/n, Catemu
  • Link de inscripción

Quilpué

  • Fecha: 07 de noviembre
  • Hora: 17:30 a 21:00 hrs.
  • Lugar: Salón Luciano San Martín, ubicado en el tercer piso del Edificio Consistorial de la Municipalidad de Quilpué
  • Link de inscripción

Cartagena

  • Fecha: 09 de noviembre
  • Hora: 10:00 a 14:00 hrs.
  • Lugar: Casa del Adulto Mayor, ubicada en Av. Cartagena 537
  • Link de inscripción

Putaendo

  • Fecha: 14 de noviembre
  • Hora: 15:00 a 19:00 hrs.
  • Lugar: Sede Junta de Vecinos Putaendo Urbano en Ambrosio Camus 291
  • Link de inscripción

Viña del Mar

  • Fecha: 12 de noviembre
  • Hora: 16:00 a 20:00 hrs.
  • Lugar: Hotel O’Higgins (Plaza Vergara s/n, Viña del Mar)
  • Link de inscripción

Sobre el proyecto

El programa Transferencia para el fortalecimiento de capacidades para el Acceso a la Justicia Ambiental se lleva a cabo gracias al financiamiento de un Fondo Nacional de Desarrollo Regional del GORE de Valparaíso. Consta de un asesoramiento a 12 municipios de la región para que estos, ante situaciones de conflictos socioambientales, puedan tomar un rol activo en las acciones jurídicas y/o institucionales.

El programa comenzó en marzo de 2023 a través de la capacitación de funcionarios municipales de Concón, Nogales, Petorca, Puchuncaví, Quintero y San Antonio, así como con la elaboración de un diagnóstico sobre el estado de ecosistemas relevantes para la zona. 

Durante 2024, se capacitó en derecho ambiental a funcionarias y funcionarios municipales ligados al área de medio ambiente de las comunas de Algarrobo, Cartagena, Viña del Mar, Quilpué, Catemu y Putaendo. Los talleres de fiscalización ambiental y denuncias ciudadanas son una de las últimas etapas de este trabajo de acompañamiento.

Nuevo Policy Brief de la Alianza de Humedales Andinos: Análisis de la Estrategia Nacional del Litio

La Alianza de Humedales Andinos ha publicado un segundo Policy Brief titulado «Red de Salares Protegidos: Análisis crítico de la implementación de criterios de la Estrategia Nacional del Litio». 

En este documento se evalúan los criterios empleados para la priorización de la Estrategia, identificando brechas que favorecen la explotación por sobre la protección ambiental. Los salares, fundamentales para el equilibrio socioecológico, enfrentan riesgos no evaluados adecuadamente, lo que podría generar impactos irreversibles en estos ecosistemas ya vulnerables.

Entre las conclusiones principales, se identifican cinco aspectos claves que no están siendo considerados: el balance entre criterios productivos y ecológicos, la protección de ecosistemas vulnerables, adecuada participación ciudadana y consulta indígena, la transparencia en la información pública y comprender adecuadamente la interconexión entre los salares y acuíferos subterráneos.

Alianza de Humedales Andinos

La Alianza de Humedales Andinos reúne a organizaciones de la sociedad civil, comunidades locales y movimientos socioambientales en Argentina, Bolivia y Chile, entre ellas ONG FIMA, cuyo objetivo es la protección, conservación y defensa de los humedales andinos en territorios campesinos e indígenas. El enfoque del trabajo de la alianza se basa en la conservación ambiental, el respeto a los derechos humanos y la justicia ambiental ante la crisis ecológica y climática.
Conoce más en www.humedalesandinos.org

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Hacia la carbono-neutralidad: Comité entrega informe para acelerar la transición energética en Chile

El documento entrega 14 propuestas, entre las que se mencionan temas como la seguridad hídrica, economía circular, reducción de emisiones y la modificación del impuesto al carbono.

El Comité de Carbono-Neutralidad y Resiliencia fue creado en marzo de 2024 convocado por los ministerios de Economía, Medio Ambiente, Energía, Ciencia, Agricultura y Obras Públicas, cuya finalidad fue desarrollar propuestas que impulsen la economía del país hacia la carbono-neutralidad y la resiliencia climática. Este comité, conformado por 19 expertos provenientes del sector privado, la academia y la sociedad civil, entre los que se encuentran el Director Ejecutivo de ONG FIMA, Ezio Costa, entregó su informe final, marcando un hito en el camino hacia una transición energética en el país.

El informe fue producto de un trabajo consensuado y participativo entre diversos actores, entregando 14 propuestas que abordan aspectos como la seguridad hídrica, reducción de emisiones, economía circular y, marcado como una de las más relevantes, la modificación del impuesto al carbono para reflejar de manera progresiva las externalidades de las emisiones, incentivando la innovación y el desarrollo de tecnologías limpias. 

Para Ezio Costa la transición hacia la carbono-neutralidad no solo debe ser eficiente económicamente, sino que “también debe propender hacia un sistema más justo donde los beneficios sean repartidos de manera equitativa, se proteja al medio ambiente, la salud y calidad de vida de las personas”.

Respecto al factor de participación ciudadana, en el informe se recoge que debido a tiempo acotado de elaboración, no se realizó un proceso formal, sin embargo, el Comité mantuvo a la ciudadanía informada mediante reuniones virtuales y una plataforma web abierta a sugerencias, lo que aportó a la creación de las propuestas.

Finalmente, las y los comisionados transparentan que para que estas propuestas puedan ser llevadas a cabo, deben existir ciertas condiciones, tales como voluntad política, planificación, integración con políticas públicas, financiamiento, comunicación y transparencia.

“Chile ha hecho esfuerzos por encaminarse hacia la carbono neutralidad y me parece que eso puede ser fuente de orgullo, pero ese camino solo es sostenible en el tiempo si en él cabemos todos y todas, para lo cual hay que mirar en detalle las vulnerabilidades que existen y abordarlas. Hay muchos discursos que intentan tomar las soluciones climáticas para generar mayor acumulación, o que no miran que las nuevas tecnologías bajas en carbono pueden producir otros daños. Hay que seguir avanzado, con velocidad, pero con cuidado e inclusión”, señala Costa.

Las propuestas

  1. Acelerar la implementación del sistema de certificación voluntaria para huella de carbono establecido en el Art. 30 de la Ley 21.455, en línea con estándares internacionales.
  2. Agricultura climáticamente inteligente.
  3. Aumentar la resiliencia de las ciudades y aumentar su captura de GEI.
  4. Aumento de captura de carbono en sector agroforestal y prevención de incendios forestales.
  5. Diseñar e implementar un enfoque territorial integrado y multi-actor para la seguridad hídrica en cuencas de las regiones de Coquimbo (Elqui, Limarí y Choapa), Valparaíso (La Ligua-Petorca), Metropolitana de Santiago (Maipo) y Los Lagos (isla cuenca de Chiloé).
  6. Disminuir las emisiones derivadas del consumo energético en las ciudades.
  7. Impulsar economía circular en ciudades.
  8. Impulsar la transición de una economía basada en materias primas fósiles a una fundada en recursos biobasados renovables.
  9. Impulsar recursos energéticos distribuidos para minimizar el consumo de energía de fuentes fósiles.
  10. Modificar el impuesto al carbono de manera que refleje adecuada y progresivamente las externalidades que generan sus emisiones, y que sea capaz de orientar inversiones y gatillar innovaciones para la reducción de emisiones en todas las industrias.
  11. Promover construcción en madera.
  12. Protección y valorización del Capital Natural y fomento de Soluciones basadas en la Naturaleza.
  13. Reacondicionamiento de la Industria con foco en eliminación de combustibles fósiles.
  14. Reacondicionamiento de la Industria con foco en eliminación de combustibles fósiles.

El Comité

Compuesto por Paloma Ávila, directora de CNN; Olga Barbosa, académica y consejera de WWF-Chile; Alex Berg, director ejecutivo de la Unidad Desarrollo Tecnológico (UDT) de Universidad de Concepción; Marcela Bravo, gerente general de Acción de Empresas; Claudio Castro, alcalde de Renca; Amparo Cornejo, directora de Sonami; Ezio Costa, director ejecutivo de ONG FIMA y subdirector del Centro de Derecho Ambiental (CDA); Lorenzo Gazmuri, presidente de ICARE; Mónica Gazmuri, directora ejecutiva de la Asociación Nacional de Empresas de Eficiencia Energética (ANESCO); Sara Larraín, directora de Chile Sustentable; Ismaela Magliotto, joven negociadora de Chile para la COP27; Marcelo Mena, exministro de Medioambiente; Gonzalo Muñoz, exChampion de la COP25; Francisco Ruiz-Tagle, gerente general de CMPC; María Teresa Ruiz-Tagle, directora ejecutiva de Corporate Leaders Group for Climate Action, CLG-Chile; Bárbara Saavedra, directora de Wildlife Conservation Society (WCS); Carolina Schmidt, exministra de Medioambiente; Claudio Seebach, decano de Ingeniería y Ciencias Universidad Adolfo Ibáñez, y Javier Torrejón, director de la Cámara Regional de Comercio de Valparaíso.

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Acceso a la justicia y fortalecer la normativa ambiental: el trabajo de ONG FIMA

Por Ezio Costa, Director Ejecutivo de ONG FIMA

Recientemente en su medio y otros de la región se ha replicado una carta enviada por el Sr. Carlos Odebret, presidente de los salmonicultores de Magallanes, preguntándose por qué ONG FIMA realiza capacitación de funcionarios públicos en normativa ambiental. Se lo pregunta a propósito del curso gratuito que nuestra organización impartirá en Magallanes.

Es una buena oportunidad para informar a la opinión pública de nuestro trabajo, que por 25 años ha estado centrado en el progreso del derecho ambiental y la protección de la naturaleza y las personas, de modo de propender a un desarrollo nacional armónico. Como organización sin fines de lucro, esta labor se realiza de distintas maneras, entre las cuales está la colaboración con el Estado en el cumplimiento de sus objetivos en materia ambiental, razón por la cual hemos realizado asesorías e impartido cursos en centenares de ocasiones. La mayoría de esas actividades se han desarrollado de manera gratuita para los asistentes, pues por nuestra parte hacemos el esfuerzo de conseguir la inversión para que esas acciones puedan realizarse.

Otra de nuestras labores es acompañar con abogados a quienes buscan justicia ambiental. Contrario a lo que el señor Odebret señala, ONG FIMA generalmente no judicializa permisos de funcionamiento ni se encuentra a favor o en contra de ninguna actividad en particular. Nuestro trabajo es proveer de acceso a la justicia a quienes lo necesitan, en aquellas áreas en que dicho acceso es relevante para asegurar el cumplimiento del derecho ambiental y la protección del bien común. Esta es, precisamente, otra forma de contribuir al desarrollo de estándares que generen certeza jurídica y protejan el futuro del país. 

Pero me permito una reflexión, en tiempos en que pareciera que lanzar acusaciones infundadas y generar polémicas artificiales es la mejor forma de comunicar. Esta reflexión tiene que ver precisamente con la pregunta que nos hicimos sobre si contestar o no la carta del señor Odebret y la observación de cómo lamentablemente ha existido desde algunos sectores de la industria salmonicultora un ánimo por denostar a las organizaciones de la sociedad civil, culpándolas de sus problemas. 

Esa estrategia difícilmente contribuye al desarrollo del país, sino todo lo contrario. Las ONG cumplimos un rol en la sociedad y dentro de él está colaborar porque la normativa ambiental proteja efectivamente a la naturaleza y las personas. Parte de ese rol, en el caso de la ONG FIMA, es propiciar la educación en derecho ambiental entre todos los actores, incluyendo especialmente a los funcionarios públicos. 

El avance y adecuado cumplimiento de la normativa ambiental es muy relevante para el país, las personas, las generaciones futuras, y también las industrias, incluída la salmonicultora que debe cumplirla para asegurar la calidad de sus productos. Para eso, necesitamos de un buen funcionamiento del derecho y las instituciones; es en ese espíritu que la ONG FIMA realiza sus labores.

Carta publicada en el medio SalmonExpert – 4/10/24