[caption id="attachment_5645" align="alignleft" width="200"]Victoria Belemmi Victoria Belemmi Procuradora de Litigios[/caption]

Hace algunas semanas la mayoría de los santiaguinos abrimos los ojos antes de que sonara el despertador sin saber de dónde provenía ese olor. La respuesta fue inmediata. Las noticias informaban de un gran incendio en el relleno sanitario Santa Marta.

No está claro si sabíamos de la importancia de este relleno en nuestras vidas, o si nos fuimos enterando gracias al desfile de autoridades y científicos destacados que opinaban sobre él. Sin embargo, en cualquier caso, el incendio abrió la discusión sobre importantes temas que como sociedad no hemos resuelto.

No pretendo hablar del incendio mismo o de si Santa Marta cumplió o no con su RCA y la legislación ambiental aplicable, tampoco intento descubrir el fuego. Sólo pretendo hacer relucir discusiones que no necesariamente estaban presentes en la palestra pública, pese a parecer obvias, y de las cuales necesitamos hablar: me refiero a la justicia ambiental, al problema de la instalación de rellenos sanitarios y a la necesidad de implementar con urgencia políticas de reciclaje.

Está claro que, como país, requerimos de la existencia de rellenos sanitarios si no queremos convertir nuestros hogares en basurales y focos de infección. No obstante, nadie está dispuesto a aceptar de buenas a primeras la instalación de uno de ellos cerca de su casa. Por lo mismo, se ha vuelto un clásico en la materia la noción de “no en mi patio trasero”[1], convirtiendo a la basura en uno de esos temas que nadie quiere afrontar, porque mientras no se vea ni se huela, no existe.

He ahí uno de los problemas principales de la basura: pese a que todos nos beneficiamos con la existencia de rellenos sanitarios, sólo algunas comunidades deben lidiar con ellos, siendo invisibles para el resto, que a lo sumo nota su existencia una vez por semana al momento de arrugar la nariz por el tránsito del camión recolector. Esto es una clara manifestación del problema de justicia ambiental que existe en nuestro país, el que no solo se presenta frente a la distribución de la basura, sino que se encuentra en todo proyecto que genera impactos o daños ambientales (hidroeléctricas, termoeléctricas, forestales, mineras, empresas avícolas, mataderos, curtiembres, etc).

La justicia ambiental hace referencia al equilibrio entre las cargas y los beneficios que las comunidades deben soportar[2]. En teoría, todas las comunidades al interior de nuestro país debiesen mantener el mismo nivel de cargas ambientales, recibiendo incluso las compensaciones correspondientes en caso de no lograr minimizar los impactos ambientales. Por este motivo, se incorporó en la Ley 19.300 de Bases Generales del Medioambiente, la obligación de presentar junto con las medidas de mitigación, las medidas de compensación necesarias para la aprobación de un proyecto[3].

Sin embargo, pese a que es posible vislumbrar el reconocimiento del principio en la Ley 19.300 y a que este no es más que la manifestación del derecho a la igualdad y a la igual repartición de las cargas públicas (artículo 19 N°2 y N°20 de la Constitución Política de la República), la realidad es que en Chile las cargas y beneficios ambientales se encuentran desequilibrados y cuando surgen problemas como el incendio de Santa Marta, afloran evidentes interrogantes ¿Por qué instalar un relleno sanitario en San Bernardo y Talagante, en dónde la comunidad ya había cargado durante 30 años con el vertedero Lepanto? ¿Se ha compensado adecuadamente a las comunidades que albergan rellenos sanitarios y que reciben la basura de otros sectores del país, debiendo soportar los impactos ambientales y la devaluación de los suelos que su instalación implica?

Junto con lo anterior, surgen preguntas sobre la instalación de rellenos sanitarios y la falta de políticas territoriales al respecto. Tanto San Bernardo como Talagante son comunas con vocaciones agrícolas, especialmente San Bernardo en que la cultura vitivinícola se mantiene con fuerza. ¿Por qué entonces instalar vertederos en ese sector, existiendo la posibilidad de malos olores y de infiltración de napas subterráneas, y con ello de afectación de la actividad económica del sector? ¿Es razonable hipotecar los pocos sectores verdes que la Región Metropolitana tiene con la instalación de un relleno sanitario?

Ciertamente son preguntas que no tienen respuestas únicas y que están mediadas por diferentes factores. Desde el punto de vista de la comunidad de San Bernardo y Talagante, tal como se ha reconocido por las autoridades y quedó en evidencia el día 19 de enero pasado, la instalación de rellenos sanitarios afecta la calidad de vida y la actividad económica del sector, porque no sólo implica malos olores y riesgos de daño ambiental, sino que también conlleva el tránsito constante de camiones y una desvalorización de los suelos del sector. Desde la otra vereda, bajo el punto de vista de los Municipios, que son los encargados de hacer frente al aseo y ornato de la comuna y quienes deben administrar los recursos municipales; es necesario que los rellenos sanitarios se instalen en sectores medianamente cercanos, pues de otra manera los costos de traslados de la basura harían impracticable su labor.

Cómo elegir y determinar la instalación es materia de urbanistas y geógrafos. Sin embargo, más allá de lo técnico y de los modelos de instalación que se puedan generar, sí podemos reclamar como ciudadanos la existencia de políticas territoriales adecuadas. Poco sabemos de las vocaciones económicas y sociales de cada sector, por lo que difícilmente somos capaces de respetarlas y evitar que se instale un vertedero en una zona agrícola. Pero, en la medida en que estos temas sean parte de nuestro diario vivir, podemos generar conciencia de la importancia de ellos para alcanzar una mejor comunidad.

Finalmente, el conocimiento de que el relleno sanitario Santa Marta tiene autorización para recibir 60 mil toneladas de basura mensuales[4], que Chile produce casi 17 millones de toneladas de basura al año[5] y que sólo el 17% de los chilenos recicla[6], nos ha hecho pensar en qué está Chile con sus políticas de reciclaje. Hemos descuidado una materia importante que debiese formar parte de las primeras líneas medioambientales, de la mano de la noción de desarrollo sustentable. Poco sirve proclamar la conservación del medioambiente y el aprovechamiento sustentable de nuestros recursos, si esa consigna no va de la mano con políticas de reciclaje adecuadas que permitan reducir la cantidad de basura que producimos y con ello nuestra huella como pasajeros del mundo.

Esto no se trata de la pelea de los hippies abraza-arboles contra la gente seria, como muchas veces parece plantearse el tema. Se trata de entender que si queremos evolucionar como humanidad y evitar que el vivir entre la basura se haga realidad, necesitamos minimizar los daños ambientales que provocamos para que los que vengan puedan seguir respirando. Cualesquiera sean las opciones que tomemos, la reducción de las toneladas de basura que generamos como país será un aporte para la conservación de nuestro medioambiente, la protección de la salud y el devenir de las futuras generaciones.

[1] Not in My Backyard, o NIMBY.

[2] HERVE ESPEJO, Dominique. 2010. Noción y elementos de la justicia ambiental: directrices para su aplicación en la planificación territorial y en la evaluación ambiental estratégica. Revista de Derecho. Vol, XXIII-N°1-Julio 2010. p,17.

[3] Artículo 16 de la Ley 19.300.

[4] COREMA RM. Resolución Exenta N°433 del 2001.

[5] CONAMA. Primer reporte sobre manejos de residuos sólidos en Chile. 2010. (Basado en el Proyecto “Levantamiento, Análisis, Generación y Publicación de Información Nacional sobre Residuos Sólidos de Chile) p, 4.

[6] En línea: http://www.adimark.cl/es/estudios/documentos/reciclaje%20en%20chile.pdf [Consulta: 02.2016]

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