A partir de ayer, representantes de los países de América Latina y el Caribe se reúnen en Chile para la Cuarta Reunión de Puntos Focales del Principio 10 de la Declaración de Río sobre Desarrollo y Medio Ambiente.
En este contexto, las organizaciones de la sociedad civil, agrupadas en la Iniciativa de Acceso, están impulsando que los países establezcan un convenio vinculante que los obligue a hacer todo lo que esté a su alcance para asegurar la participación, información y acceso a la justicia en las materias ambientales.
Es por esto, que la ONG FIMA y la Fundación Casa de la Paz, representantes de la Iniciativa de Acceso en Chile, desarrollaron un evento titulado el “Rol de la Sociedad Civil en las Negociaciones y Aplicación de Acuerdos Internacionales”. La jornada contó con tres destacados invitados, quienes expusieron respecto a la experiencia europea en la negociación de la Convención de Aarhus, que desde el 2005 rige en ese continente.
“En la práctica, aspiramos a que este instrumento contenga estándares exigentes en cuanto a cómo debe entregarse la información en materia ambiental, cómo debe concretarse la participación en procesos y decisiones en este ámbito y cómo debe accederse a la justicia”, explicó Gabriela Burdiles, Directora de Proyectos de FIMA.
Por su parte, Pablo Valenzuela de Casa de La Paz, comentó que “el desafío es que las decisiones de desarrollo que afectan a la ciudadanía y a los ecosistemas se lleven acabo con mayor participación. Para ello se requiere establecer legislaciones, normativas y salvaguardias adecuadas para que el desarrollo no vaya en perjuicio del medio ambiente y de las comunidades locales.”.
Expositores:
· Jonas Ebbeson, Doctor en Derecho. Promotor y miembro de la comisión de Aarhus. Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Estocolmo.
· Magda Tóth NAGY, Doctora en Economía. Consultora de Regional Environmental Center (REC). Participante de las negociaciones del convenio de Aarhus.
Principio 10
El Principio 10 de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo busca asegurar que todas las comunidades tengan acceso a la Información, a la Participación y a la justicia en relación a proyectos que los afecten.
“El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes”.
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