El año 1999 la ONG FIMA inicia un juicio contra el Estado de Chile y contra la empresa Promel Ltda. Se representó a más de mil habitantes de las tres poblaciones afectadas. Además asesoró a los afectados y realizó talleres sobre derechos civiles. En instancias nacionales el caso se resolvió el 30 de mayo de 2007, cuando la Corte Suprema determinó que el Estado debía indemnizar a 365 personas con $8 millones para cada una. Obligó a Promel Ltda. y a sus socios a reparar el daño ambiental que habían causado.
El 29 de noviembre de 2007 FIMA presentó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya que el Estado no respondió a la totalidad de afectados y las indemnizaciones entregadas no cubren los gastos de la enfermedades contraídas por los metales pesados. El caso sigue su curso y se enviaron nuevos antecedentes en septiembre de 2009.
Debido a la polémica generada a raíz de nuevos reportajes de prensa sobre el caso de contaminación en poblaciones de Arica (en los cuales FIMA tuvo una importante participación), el 14 de septiembre de 2009 el Gobierno anuncia la creación de un Plan Maestro con el cual se busca erradicar a 1880 familias de las poblaciones Cerro Chuño e Industriales. También se compromete un plan de salud para los afectados y otros beneficios.
Documentos del caso:
