En una declaración pública, las organizaciones firmantes hacen un llamado a generar espacios de diálogo en el que las voces de la sociedad civil y expertos sean escuchadas para evitar la grave desregulación que implicaría la aprobación de esta iniciativa.
Actualmente se encuentra en segundo trámite constitucional en el senado el proyecto de Ley de Permisos Sectoriales, el cual es parte del paquete normativo compuesto también por la reforma a la institucionalidad ambiental y la ley de administración del borde costero y concesiones marítimas, las cuales buscan flexibilizar la aprobación de proyectos en pos de la inversión. Estos intentos regulatorios, son visto con gran preocupación por un amplio espectro de Organizaciones de la Sociedad Civil, quienes identifican que se trataría de una verdadera motosierra a los estándares construídos durante los últimos 20 años para la regulación de aquellas actividades que pueden tener un impacto negativo en nuestro medio ambiente, y por lo tanto en la vida de las y los habitantes de nuestro país.
Para Diego Luna Quevedo, Especialista en Política y Gobernanza de Manomet Conservation Sciences, “si bien existe cierto consenso sobre la necesidad de mejoras hacia una institucionalidad moderna, que dinamice procesos e interoperatividad, la agenda pro-inversión que el Gobierno está impulsando a nivel legislativo y territorial, está tomando una senda que va en contra de los principios preventivo y precautorio, vulnerando así el principio de no regresión necesario para el resguardo socioambiental en un escenario de crisis ecológica”.
En la declaración, las organizaciones identifican serios retrocesos en las normas del código de aguas, sanitario y reformas a las normas de la administración del Estado que crearían una suprainstitucionalidad denominada “Oficina de Autorizaciones Sectoriales e Inversión” que quitaría las atribuciones de resguardo del medio ambiente a los Ministerios sectoriales.
“El proyecto de Ley además de cambios al Código, Sanitario, Código de Aguas y Código Minero, establece severas reformas a las normas y procedimientos de la Administración del Estado, que limita y expropia a los Ministerios sectoriales las atribuciones de resguardo de la salud de la población y el patrimonio ambiental del país”, explica Sara Larraín, Directora Ejecutiva de Chile Sustentable. “Como si esto fuera poco, crea una «Oficina» que controlará la aplicación de la ley vigente y la formulación de las nuevas regulaciones sectoriales», agrega.
Además, acusan que se trataría de una negociación llevada a cabo por los ministros Grau y Marcel para subsanar el grave fracaso de la reforma tributaria, generando un “pacto fiscal” entre el gobierno y empresarios, en el cual se ha excluido las voces de expertos y la ciudadanía organizada.
Por su parte, Pamela Poo, politóloga y directora de Políticas Públicas e Incidencia en Fundación Ecosur indica, “El proyecto de permisos sectoriales, como el de reforma al SEIA, perdieron el rumbo en su tramitación, lamentablemente relajan lo que hoy existe, lo cual es muy peligroso, debido a que el estado no cuenta con los recursos para fiscalizar bien o con la cantidad de funcionarios necesarios en los servicios para que lo que prometen dichos proyectos se cumpla. Por último, de salir como están, probablemente lo que veremos es que aumentará la conflictividad ambiental en donde se pretenden emplazar las inversiones”.
