Legal Ocean Watch: el proyecto que busca ser una herramienta innovadora contra la pesca ilegal en América Latina

Legal Ocean Watch: el proyecto que busca ser una herramienta innovadora contra la pesca ilegal en América Latina
En un esfuerzo sin precedentes, organizaciones de México, Panamá, Perú y Chile forman parte del proyecto Legal Ocean Watch (LOW), que busca combatir la pesca ilegal a través de herramientas satelitales y un enfoque colaborativo. La iniciativa promete marcar un antes y un después en la sostenibilidad de los ecosistemas marinos de la región.

 

La pesca en aguas continentales es una importante fuente de alimentos y en 2019 representó el 12,7% de la producción pesquera mundial, siendo también una fuente de empleo para aproximadamente 58 millones de personas. Sin embargo, su importante relevancia económica se ha visto opacada por la pesca ilegal, una actividad que, según Naciones Unidas,  representa pérdidas anuales de entre 10.000 y 23.000 millones de dólares y es el tercer negocio ilícito más lucrativo del mundo tras el tráfico de drogas y armas. 

En América Latina, esta práctica no solo amenaza los ecosistemas marinos, sino también los derechos humanos y las economías costeras. Algunas de las consecuencias de gran alcance de esta actividad incluyen la pérdida de biodiversidad, el aumento de plástico en los océanos y violaciones de los derechos humanos (incluida la pesca pirata, los conflictos por las zonas de pesca en alta mar, el trabajo infantil y forzado, y la trata de personas).

Frente a esta realidad, surge el Proyecto Legal Ocean Watch (LOW) ha desarrollarse entre el 2024 y 2026, que considera la participación de cuatro organizaciones no gubernamentales latinoamericanas y caribeñas especializadas en conservación marina y costera: Defensa Ambiental del Noroeste (DAN) de México, Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) de Panamá, Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) de Perú, y la organización líder del proyecto, FIMA de Chile.

LOW nace como una respuesta urgente y necesaria que busca comprender las principales oportunidades y desafíos en el uso de información satelital en procesos institucionales para controlar la pesca ilegal en América Latina y el Caribe. Tiene por objetivo mostrar el comportamiento de la pesca a nivel global proporcionando herramientas para recabar información sobre esta práctica ilícita y para esto, cuenta con el apoyo de la plataforma tecnológica Global Fishing Watch (GFW).

“Hoy en día la pesca ilegal amenaza fuertemente los océanos, no sólo por la depredación del recurso pesquero, el agotamiento de las pesquerías, sino también por la contaminación que eso significa y los delitos o conductas asociadas a la pesca ilegal como la trata de personas o tratos de esclavitud. Global Fishing Watch tiene una herramienta increíble para poder mapear y encontrar esa actividad en los océanos, por ello distintas organizaciones nos reunimos para comprender cómo usar los sistemas de posicionamiento satelital y monitorear la actividad humana en el mar, en específico en relación a la pesca ilegal. De esta forma,  buscamos entender cómo las organizaciones de la sociedad civil pueden usar esta información para mejorar las posibilidades de perseguir y capturar la pesca ilegal que ocurre en nuestros océanos”,  señaló Antonia Berrios, coordinadora general de ONG FIMA y coordinadora para Latinoamérica del proyecto Legal Ocean Watch.

 

Tecnología al servicio de la sostenibilidad

Uno de los pilares del proyecto es el uso de sistemas satelitales como el Sistema de Identificación Automática (AIS) y los Sistemas de Monitoreo de Buques (VMS), facilitados por GFW. Estas herramientas no solo permiten detectar embarcaciones en tiempo real, sino también recopilar datos que podrían ser utilizados en litigios o para mejorar la regulación pesquera. Para ello, las organizaciones participantes se capacitaron en jornadas de tres días para conocer la forma de utilizar estos instrumentos tecnológicos, los que serían un recurso para eventualmente presentar procesos administrativos, civiles o en otros casos penales y así disminuir la pesca ilegal. 

“En efecto, la problemática no es nada más de estos cuatro países, es a nivel mundial, y lo que está haciendo Global Fishing Watch es apoyar con herramientas de datos satelitales. La tecnología ayuda mucho a lo que es el análisis de la inteligencia para ver el comportamiento de las flotas pesqueras, ya sea supervisar las flotas pesqueras del pabellón nacional o bien ver las flotas pesqueras del pabellón extranjero que entran a las aguas originales de los países. Y con esto ellos puedan tener por lo menos insumos, reportes de eventos, tener imágenes satelitales y una serie de instrumentos que pueden ser evaluados en conjunto con otros más que pueden aportar para así levantar un caso robusto”, explicó Gabriel Caballero, oficial de Políticas de Panamá para Global Fishing Watch.

 

Innovación y colaboración

Las organizaciones participantes, no solo cuentan con experiencia en conservación marina, sino también en incidencia política y legal. Por ejemplo, DAN ha capacitado a organizaciones civiles sobre el marco legal mexicano, ha presentado denuncias sobre daños a los ecosistemas y ha exigido acciones gubernamentales para proteger especies en peligro de extinción. CIAM ha abogado por la ratificación de acuerdos internacionales, mientras que DAR ha influido significativamente en las políticas ambientales de Perú. Estas capacidades serán fundamentales para enfrentar los retos de una región donde los sistemas de trazabilidad y monitoreo siguen siendo limitados.

A esto se le suma el nuevo conocimiento de los sistemas de monitoreo, cuyas jornadas de trabajo fueron valoradas de manera positiva por las organizaciones participantes. “En esta oportunidad hemos intercambiado nuestras respectivas legislaciones, en mi caso contando  cómo es en Perú, estableciendo avances en torno al concepto de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. Si bien nuestra regulación es adecuada en cuanto a la creación de instrumentos legales, aún persiste una brecha en su implementación y fiscalización. En este sentido, la herramienta de monitoreo satelital podría ser de gran utilidad, pero es fundamental que esté acompañada de transparencia, gobernanza e institucionalidad a nivel nacional”, puntualizó Sofía Rodríguez, especialista del Programa Sostenibilidad de DAR.

Por su parte,  Joana Ábrego, gerente legal de CIAM comentó: “Es importante para Panamá ser un país modelo para otras naciones en la gestión sostenible de sus recursos pesqueros, de manera que se evite la depredación de los ecosistemas. Nuestros ecosistemas naturales, especialmente los océanos, son cruciales para los medios de vida de las comunidades y para la resiliencia ambiental, que ya enfrenta amenazas como el cambio climático, poniéndolos en grave riesgo. La presión humana ejercida sobre el medio natural, a través de una pesca no regulada o inadecuada, genera un impacto excesivo en estos ecosistemas. Por ello, es fundamental utilizar todos los recursos legales posibles, junto con las nuevas tecnologías, para proteger estos ecosistemas esenciales para el mundo”.

 

Resultados esperados y visión a futuro

A corto plazo, el proyecto aspira a fortalecer las capacidades de las organizaciones involucradas para utilizar datos satelitales en estrategias legales y administrativas. A largo plazo, se espera consolidar cambios regulatorios clave que faciliten el uso de esta información en procesos institucionales. Además, se busca promover relaciones éticas y colaborativas con comunidades locales que puedan verse afectadas por la pesca ilegal.

“Creo que el primer paso es lograr un mayor entendimiento dentro de las organizaciones que formamos parte, para luego transmitirlo hacia el exterior, ya sea a las autoridades, las comunidades o según las capacidades de cada organización. En el caso de México, donde las autoridades pesqueras no suelen ser muy transparentes, este tipo de herramientas podría ser de gran utilidad si lográramos implementarlas y utilizarlas para promover la transparencia (…).Por ello, es importante probar el sistema, evaluar cómo funciona y determinar hasta qué punto las autoridades están dispuestas a abrirse, transparentar procesos y aceptar este tipo de nuevas tecnologías”, detalló María Llano, directora del Programa de Análisis de Políticas Públicas y Legislación de DAN. 

El proyecto Legal Ocean Watch representa una oportunidad única para abordar una problemática global desde una perspectiva regional, innovadora y colaborativa. En un contexto donde la sostenibilidad de los océanos es clave para la supervivencia de las comunidades costeras, iniciativas como esta no solo son relevantes, sino también urgentes.

Arremetida comunicacional contra organizaciones ambientales y ONG FIMA

Arremetida comunicacional contra organizaciones ambientales y ONG FIMA

Si bien no es novedad que los medios de corte conservador y cercanos a las industrias extractivas hagan notas peyorativas sobre organizaciones de la sociedad civil, hemos observado que desde hace un tiempo esto se ha intensificado y personalizado. Algunos medios de comunicación, entre ellos notoriamente Ex Ante, han tenido una arremetida en contra de algunas organizaciones ambientales, incluida ONG FIMA.

La estrategia que observamos es sencilla y peligrosa. Consiste en levantar y presentar información descontextualizada para generar sospechas sobre nuestro trabajo, a la vez que se realizan asociaciones políticas que no son reales, para intentar señalar que detrás de nuestras organizaciones hay intereses que van más allá de la defensa del medio ambiente. Se agregan datos irrelevantes e inconexos y se hacen operaciones como sumar montos de muchos años para abultar cifras y hacer parecer realidades que no son tales. Esta estrategia además, busca explotar los sesgos cognitivos, de modo de generar confirmación en quienes ya tienen una opinión contraria a la defensa ambiental y disponibilidad para quienes no tienen esa opinión.

No sabemos a ciencia cierta cuál es la motivación para estos ataques reputacionales, pero podemos suponer que tiene relación con la molestia que provoca en ciertos sectores nuestro rol en casos emblemáticos. Entre ellos, por ejemplo, la defensa del Archipiélago de Humboldt contra el proyecto Dominga y el seguimiento de múltiples casos de incumplimientos ambientales de la industria salmonera, que han generado daños al medio ambiente. Coincidentemente, la temporalidad de las notas se relaciona con eventos importantes relativos a estos casos.

Entre los intentos de denostar a ONG FIMA, una táctica que ha sido utilizada constantemente es poner en duda la legalidad y legitimidad de los contratos que tenemos con algunos municipios que han solicitado nuestro apoyo para la defensa de los intereses de sus vecinos en materia ambiental, así como del proyecto que realizamos desde enero 2023 hasta diciembre de 2024 con el Gobierno Regional de Valparaíso, relativo también al empoderamiento jurídico para el acceso a la justicia y el derecho al ambiente sano.

Todos estos contratos corresponden a labores realizadas para distintos municipios, en distintas temporalidades, durante más de una década, y no ha existido conflicto de interés o problemas de ejecución en ninguno de ellos. Conscientes de que no existen problemas de legalidad, el modo de enlodar nuestra labor es mediante estas acusaciones genéricas. Por nuestra parte, tenemos un compromiso con la transparencia, y toda la información de las organizaciones con las que trabajamos, nuestros ingresos y memorias anuales, está disponible en nuestra página web.

Corren tiempos difíciles, en que ciertas personas y organizaciones creen que minar la credibilidad de organizaciones de la Sociedad Civil y dañar el tejido social es una buena estrategia para sus intereses particulares. Pero sin perjuicio del daño que se nos provoque, queremos hacer un llamado a la responsabilidad y la paz cívica entre los distintos estamentos de la sociedad.

Las organizaciones de la sociedad civil tienen un rol fundamental en la defensa de intereses diversos, entendemos que ello puede ser incómodo para ciertos grupos de poder económico y político, pero queremos remarcar que nuestra organización trabaja en niveles de alto profesionalismo y ejerciendo las herramientas legales que nuestra institucionalidad reconoce.

Por anacrónico que suene en esta era, queremos concluir esta declaración pidiendo a todos los actores sociales, incluidos gremios y medios de comunicación, una razonabilidad mínima que nos permita procesar nuestras diferencias de manera institucional, en lugar de embarcarnos en prácticas de enlodamiento y agudización de las diferencias. La promoción de la desinformación y las campañas de desprestigio de personas y sus labores son un riesgo para la democracia, la estabilidad y la convivencia social.

Para que no queden dudas, dejamos aquí algunas aclaraciones:

  • ONG FIMA fue fundada en 1998 por un grupo de abogados preocupados por la situación ambiental de Chile y porque las personas y comunidades puedan ejercer su derecho de acceso a la justicia en materia ambiental.
  • Nuestra organización no tiene ningún vínculo con ningún partido político.
  • Como Organización no gubernamental, ONG FIMA no tiene dueño ni fines de lucro. Las personas que trabajan en nuestra ONG solo reciben su remuneración.
  • Nuestra organización nunca ha sido sancionada con ocasión de alguna relación contractual con organismos del Estado.
  • La sustentabilidad de nuestra organización se basa principalmente en la adjudicación de fondos internacionales para proyectos específicos relacionados con la protección del medio ambiente, la investigación en esta materia y el acompañamiento a comunidades entre otros.
  • ONG FIMA implementó entre 01 de enero de 2023 y 31 de diciembre de 2024 el proyecto “Transferencias para el Fortalecimiento de Capacidades para el Acceso a la Justicia Ambiental”, el cual tiene sus rendiciones de cuentas al día sin mayores inconvenientes ni cuestionamientos y ahora se encuentra en proceso de rendición final.

 

La urgencia de proteger a quienes nos protegen

Por Carolina Palma, coordinadora de Incidencia en ONG FIMA

El 27 de diciembre marcó un hito para quienes protegen el medio ambiente en Chile, con la entrada en vigencia del Protocolo de Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos, el cual es parte de la implementación del Acuerdo de Escazú, el primer tratado en reconocer y exigir a los Estados garantizar un entorno seguro y propicio para las personas defensoras de derechos humanos ambientales.

En América Latina la situación de quienes ejercen este rol es crítica, siendo reconocida por Global Witness como la región más peligrosa para quienes se dedican a proteger la Tierra. En nuestro país, actualmente el caso más emblemático es la desaparición de Julia Chuñil, defensora ambiental mapuche de la Región de Los Ríos, de 72 años, quien luchaba por defender 900 hectáreas de bosque nativo. Su familia acusa amenazas y hostigamiento a la dirigenta, presentando una querella contra quienes resulten responsables por presunto secuestro y/o femicidio. Julia lleva casi dos meses desaparecida.

¿Pero qué hace que una persona sea defensora ambiental? Según la definición de Michel Forst, relator especial de las Naciones Unidas, defensores ambientales son personas que, individual o colectivamente, actúan para proteger o promover los derechos humanos ambientales. Estas personas o grupos de personas pueden actuar de manera frecuente y sistemática, o temporal y esporádicamente en la defensa del ambiente, y no es necesario que cuenten con un reconocimiento legal o formal, ni que se autoidentifiquen como tales.

En este contexto surge el protocolo, el cual reconoce el deber del Estado de atender la especial necesidad de protección de quienes ejercen labores de defensa. Las instituciones suscriptoras del documento son seis: el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio Público, la Subsecretaría de Prevención del Delito, la Defensoría Penal Pública, Carabineros y la Policía de Investigaciones. Puede ser activado por cualquier persona que estime que se estaría lesionando o amenazando los derechos fundamentales de una persona defensora por causa del ejercicio de su labor de defensa. Así, si los hechos denunciados constituyen delito, los antecedentes deben remitirse al Ministerio Público. Si no son delictivos pero aplican al protocolo, se activará la Mesa de Coordinación Interinstitucional para tomar medidas de seguimiento.

Ahora bien, desde su anuncio, se identificó que la elaboración fue realizada sin ningún proceso de consulta pública, por lo que no hubo participación ciudadana ni indígena que permitiera que este instrumento se nutriera de las perspectivas de quienes son su objeto de protección. Probablemente producto de la falta de consulta, no se incluyó ninguna cláusula que permita extender la protección a otras personas que conforme igualmente el núcleo afectivo o personal del defensor y que también podrían estar en una situación de riesgo.

También existen aprensiones respecto a la facultad que le establece al Ministerio Público evaluar la derivación de las víctimas a programas de atención especializada, toda vez que dichos programas han fallado en responder adecuadamente a las necesidades de apoyo, reparación y protección de quienes son víctimas o se ven afectados por delitos.

De todos los pilares del Acuerdo de Escazú, justamente este es en el que Chile presentaba mayor retraso. Esperamos que este instrumento sea de utilidad para dar celeridad a la respuesta en situaciones de riesgo de las personas defensoras, sin embargo hacemos el llamado a las instituciones a ser más ambiciosas en la concreción de Escazú y su obligación de proteger a quienes nos protegen.

Columna publicada en Cooperativa – 30/12/24