Antonio Pulgar, Coordinador de Estudios en ONG FIMA
Santiago Correa, Economista del área de Estudios en ONG FIMA
Señor Director: En el marco de la discusión sobre el litio e hidrógeno verde, vemos con preocupación la hegemonía de dos discursos que ameritan un mayor debate.
Primero, la discusión en torno a la «permisología” busca instalar que la protección ambiental es una burocracia caprichosa. Este discurso reiterado propone facilitar un mayor desarrollo económico, simplificando los procedimientos de evaluación y desconociendo la tutela de un bien jurídico público de la mayor importancia. Quienes difunden este concepto, antojadizamente olvidan que los problemas en la evaluación ambiental muchas veces tienen directa relación con la debilidad científica de las líneas de base elaboradas por los mismos titulares, así como con el déficit de información ambiental y de espacios para la participación ciudadana.
El segundo discurso señala que para el despegue de la electromovilidad y otras tecnologías, resultan indispensables estos recursos, por lo que al extraerlos estaríamos cooperando en la disminución de emisiones globales. Lo que el discurso esconde es que los ecosistemas amenazados por estas industrias son de vital importancia. Mientras la extracción de litio pone en riesgo el frágil equilibrio de los humedales andinos, la de hidrógeno verde amenaza las turberas y océanos prístinos, que capturan más carbono que el Amazonas.
Esta lógica es ciega respecto de la distribución de costos y beneficios (local, nacional y mundial) asociados a la lucha contra el cambio climático. Son los territorios menos favorecidos por la gobernanza energética global los que deberán sacrificar sus ecosistemas por la transición energética injusta.
Carta publicada en El Mercurio – 17/09/23
