Por Carolina Palma, Coordinadora de Incidencia en ONG FIMA
La discusión sobre 1.600 enmiendas presentadas por el Consejo para modificar el Anteproyecto al texto aprobado por la Comisión Experta será el punto de inflexión para el éxito o fracaso de esta tercera fase del proceso constituyente. A esto se agrega la discusión de 31 Iniciativas Populares de Norma (IPN) que lograron reunir las 10.000 firmas para habilitar su discusión en el Consejo Constitucional.
Llegado este momento, existen motivos para preocuparnos, especialmente en lo que se refiere a la (des) protección del medio ambiente y la escasa visión de futuro que han mostrado las fuerzas conservadoras en relación a esta temática. Dada la conformación del Consejo Constitucional -con una mayoría ligada al Partido Republicano-, las enmiendas que se han presentado a los artículos que tienen que ver con la protección de las personas y el medio ambiente, son un potencial retroceso en los escasos avances de las últimas décadas en esta materia, extremando nuestra vulnerabilidad frente a la crisis climática y ecológica.
En ese sentido, aún cuando el anteproyecto de la Comisión Experta no es una mejora significativa, al menos actualiza en cierto sentido la Constitución vigente, que solo menciona el medioambiente una vez en el sentido del derecho de las personas de vivir en un medio ambiente libre de contaminación.
Insuficiente y todo, las propuestas ambientales del comité experto están en aprietos ante ciertas enmiendas que deben ser discutidas por el Consejo Constitucional. Son particularmente preocupantes las propuestas que buscan condicionar la protección ambiental y la sustentabilidad al crecimiento económico del país, como si la vida de las personas estuviera por debajo de las ganancias económicas.
Esto, además de ser poco razonable, es abiertamente contrario a las preferencias ciudadanas.
En efecto, según una encuesta realizada por DataVoz en colaboración con ONG FIMA, un 71,8% de la población encuestada considera que los problemas asociados al cambio climático afectan directamente su calidad de vida y en ese sentido, entre los problemas que consideran más urgentes de resolver, se encuentran la escasez de agua y la contaminación atmosférica en las ciudades.
A la ciudadanía sí le interesa que el ambiente en el que viven esté protegido, y en ese sentido, el 61% de la población dijo estar muy dispuesta a asumir los costos económicos que pueda involucrar el cuidado por el medio ambiente, para que otras generaciones puedan tener una mejor calidad de vida. Esta encuesta es consistente con mediciones anteriores, y lo que es más importante, muestra una visión consciente de la ciudadanía respecto del entorno en que vivimos, situación que las enmiendas presentadas por grupos conservadores no se molestan en observar.
Esperamos que el nublamiento ideológico de las enmiendas presentadas no oscurezca la necesidad de tener una constitución que nos dote de las herramientas necesarias para asegurar el cuidado de nuestro medio ambiente y podamos abrir el diálogo para tener una Constitución que, acorde a la evidencia científica y la percepción ciudadana, busque proteger la salud y la vida de los hijos e hijas de Chile, para que vivan en un país mejor, en el que se puedan desarrollar plenamente y del cual se puedan sentir orgullosos y orgullosas.
Columna publicada en El Desconcierto – 02/08/23
