Por Constanza Dougnac, Coordinadora de Comunicaciones en ONG FIMA
Ad portas de una nueva Conferencia de las Partes para el Acuerdo de Escazú, vale la pena siempre volver a los orígenes para poder evaluar tanto lo que se ha avanzado como lo que se viene por delante, no solo en Chile, también a nivel regional. Es evidente que en mayor o menor medida todos los países de América Latina y el Caribe, tienen una enorme oportunidad de mejora en lo que respecta a democracia ambiental y derechos humanos, pero el haber tomado la decisión de avanzar hacia la creación de este tratado ya es en sí misma una buena señal. Como se dice en otras disciplinas, “el primer paso es reconocer el problema”.
A 4 años desde su adopción, siguen sumándose partes, siendo las más recientes las de Chile, Granada y Belice, y sin embargo, a nivel regional, la percepción entre la sociedad civil, es que es poco lo que se ha avanzado en implementación para los 15 Estados que han ratificado.
No es posible aquí hacer un análisis desglosado respecto a lo que falta para cada uno, sin embargo hay temáticas en las que es urgente avanzar a nivel general y también hay roles que son fundamentales para que el Acuerdo de Escazú no quede en una bonita declaración de principios que nunca nadie tomó en serio.
Sobre las medidas más urgentes de implementar, sin duda el establecer un entorno seguro y propicio para las y los defensoras/es ambientales es fundamental. Si bien todos los derechos de acceso son parte de esa seguridad, lo cierto es que hoy en día la vida de quienes defienden la naturaleza, está en riesgo y no hay ningún país que pueda decir que tiene la tarea hecha al respecto. La asimetría de poder entre quienes defienden la naturaleza y los privados e incluso los Estados es una barrera que difícilmente podrá emparejarse sin que exista mecanismos especiales de protección para quienes están en situaciones de vulnerabilidad, y eso implica tomar tanto medidas preventivas como reactivas, pero por sobre todo, empoderar a las comunidades para el conocimiento y uso de sus derechos.
Relacionado con lo anterior, viene el segundo punto al que me gustaría referirme: el rol de la sociedad civil, tanto para la implementación del acuerdo en sus respectivos países como para asegurar que se cumplan los principios del tratado y se dote a este de una gobernanza sólida, que lo convierta en un tratado robusto y exigible. Este es un gran desafío, pues si bien el público siempre fue parte de las negociaciones del acuerdo, su representación no es simétrica, habiendo países en los que esta es muy fuerte, y otros en los que por diversos motivos, esta no tiene un verdadero rol incidente. Y será solo con la presión de la sociedad civil y con el ejemplo entre pares, que efectivamente lograremos consagrar los derechos de acceso en nuestra región.
Artículo escrito para el boletín «La voz de CANLA en Escazú: una mirada desde las organizaciones en la sociedad civil». Puedes leer el boletín completo aquí.
