Por María José Kaffman
Bióloga Ambiental y coordinadora del equipo de ciencias de ONG FIMA, organización parte de Alianza Humboldt.
Durante esta semana, el Comité de Ministros deliberará sobre la viabilidad del proyecto minero Dominga, una propuesta que fue rechazada en 2017 por la Comisión de Evaluación Ambiental pero que luego de varias instancias judiciales terminó por aprobarse en 2021. Organizaciones sociales y medioambientales esperan hoy, luego de sus reclamos formales, el impedimento definitivo a la operación. La siguiente columna para CIPER expone los argumentos de ONG FIMA: «Esperamos que las autoridades encargadas de tomar esta decisión no cedan a las presiones políticas y económicas provenientes de un proyecto cuyas irregularidades en su proceso de aprobación, tanto desde un punto de vista técnico-científico como aquellas ligadas directamente con casos de corrupción, han dejado en ridículo la institucionalidad del país».
Durante los próximos días se espera que el Comité de Ministros decida el futuro del proyecto portuario minero Dominga, y con esto el del Archipiélago de Humboldt [foto superior], uno de los ecosistemas más valiosos y únicos del país. Como ONG FIMA y Alianza Humboldt, esperamos que este sea rechazado, pues los antecedentes técnicos que constan en el expediente dan cuenta de que el proyecto es inviable e incompatible con la existencia de las demás actividades de la zona y con la protección de la biodiversidad.
Desde una visión científica la cuestión es tan evidente, que vemos con mucha preocupación que sean las presiones políticas, que desde hace meses viene ejerciendo la minera Andes Iron SpA, las que terminen por entregarle una aprobación inconducente, en caso de que el Comité de Ministros ceda a dichas presiones. Dominga amenaza el hábitat de más de 560 especies marinas en el Archipiélago de Humboldt, sitio que destaca por su importancia para la preservación de hábitats críticos para la recuperación de especies de interés comercial, y para la conservación de diversas especies en categoría de conservación.
La instalación de un puerto y el tránsito sostenido de embarcaciones mayores a través del tiempo, impactaría de manera irreversible un sector caracterizado por ser hábitat de alimentación y descanso de muchas de las especies que se encuentran protegidas dentro de la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt [DTO.Nº: 4/1990] y de la Reserva Marina Isla Choros y Damas [DTO.Nº: 151/2005], afectando la integridad de estas áreas protegidas y la viabilidad biológica de sus poblaciones. Sólo a modo de ejemplo, una gran cantidad de especies que actualmente habitan en el archipiélago se encontrarían altamente amenazadas de desaparecer en el corto plazo junto a este ecosistema, como el pingüino de Humboldt [Pingüino de Humboldt], dado que más del 80% de su abundancia a nivel mundial se concentra en este ecosistema marino-costero, así como el 90% de la población mundial del pato yunco [Pelecanoides garnotii] y la única colonia residente del delfín nariz de botella [Tursiops truncatus] en el país. De esta manera, de continuarse con este proyecto se atenta contra la biodiversidad local y la sustentabilidad pesquera de las comunidades.
Pese a que Dominga fue rechazado en 2017 por la Comisión de Evaluación Ambiental [COEVA] por sus graves deficiencias técnicas, Andes Iron SpA, su titular, fue capaz de revertir esta decisión luego de cuatro años en instancias judiciales. Se aprobó el 24 de agosto de 2021, durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera. Organizaciones sociales y medioambientales reclamaron ante el Comité de Ministros para revertir esta decisión. Por ahora, y a no ser que el Comité rechace su Resolución de Calificación Ambiental, el proyecto no posee impedimentos para comenzar a operar.
Exponemos a continuación las razones por las cuales consideramos que el Comité de Ministros debe rechazar Dominga y ser así responsable con la biodiversidad y calidad y formas de vida de las personas en la zona afectada.
(1)
El principal motivo contra el proyecto tal cual fue evaluado es que sus antecedentes técnicos son insuficientes y no permiten evaluar correctamente cuáles serán los impactos socio-ambientales que genere, tanto en su etapa de construcción como de operación.
Debido a esto, al momento de ser aprobado el proyecto el año 2021, tanto las organizaciones sociales como la comunidad científica, e incluso los funcionarios públicos, mostraron gran asombro y decepción por parte del funcionamiento del proceso de evaluación de impacto ambiental y su institucionalidad. Es así cómo la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio de Medioambiente [ANFUMMA], la Asociación Nacional de Funcionarios del Servicio de Evaluación Ambiental [ANFUSEA] y la Federación Nacional de Trabajadores Públicos del Medioambiente [FENATRAMA] exigieron respeto y consideración a la mirada técnica de los trabajadores públicos de los servicios con competencia ambiental, quienes en diversas instancias y desde el primer momento en que el proyecto ingresó a evaluación, han manifestado claramente y de manera sistematizada cada una de sus deficiencias, las que fueron totalmente ignoradas para ceder a las influencias políticas del gobierno de turno [FENATRAMA 2021; elmostrador.cl 2021; ANEF 2021].
(2)
Ad portas de la definición del Comité de Ministros, los organismos técnicos con competencia ambiental, como la Subsecretaría del Medio Ambiente [ORD.Nº: 225175], CONAF [ORD.Nº: 317/2022], SAG [ORD.N°: 2534/2022], SUBPESCA [Oficio Nº: 926/2022] y el Ministerio de Salud [ORD.B23/Nº: 4987/2022] han redactado informes y pronunciamientos lapidarios para el proyecto. En estos pronunciamientos se observa, entre otras cosas, que:
2.1. el proyecto no aporta los antecedentes necesarios para evaluar correctamente los impactos contemplados en el literal b del artículo 11 de la ley 19.300, en relación a la estimación de sus emisiones atmosféricas. Esto, dado que no es posible establecer que todas las fuentes de emisión hayan sido incluidas en los datos de entrada del modelo de dispersión atmosférica, al no detallarse las fuentes consideradas para definir los escenarios de modelación de las fases de construcción y operación del proyecto;
2.2. el proyecto establece la no significancia de los impactos en cuanto a contaminación atmosférica utilizando normativas que actualmente no se encuentran vigentes, como es la norma primaria de calidad para material particulado respirable MP10, cuya actualización va dirigida a aumentar los estándares de salud de la población;
2.3. el proyecto cuenta con una línea de base insuficiente para caracterizar la totalidad de las especies protegidas del medio marino, y, por lo tanto, una definición inadecuada del área de influencia, lo cual desestima toda base científica. De igual manera, no se incorpora satisfactoriamente el área de influencia del proyecto en torno a sus rutas de navegación, lo que no permite descartar impactos significativos en los ecosistemas protegidos Reserva Nacional Pingüino de Humboldt y Reserva Marina Isla Choros y Damas, cuya evaluación fue eludida reiteradamente por el titular durante todo el proceso;
2.4. el análisis de impactos a la fauna marina se restringe sólo en función de posibles colisiones, sin considerar funciones clave como son la afectación directa e indirecta a sitios de alimentación, reproducción, y de desplazamiento, posible de generar extinciones locales en el corto plazo;
2.5. el proyecto presenta carencias en la estimación y modelamiento de las emisiones de ruido subacuático, tanto para el hincado de pilotes como del tráfico marítimo, lo que imposibilita dimensionar la magnitud e intensidad del espacio geográfico impactado;
2.6. no se evalúan los impactos sinérgicos y acumulativos en la fauna marítima con el proyecto Puerto Cruz Grande, con el cual existen solapamientos en el área de influencia;
2.7. el plan de manejo, que considera el rescate y aviso a centros de rehabilitación de fauna, no es suficiente para mitigar el impacto generado a la fauna, ni mucho menos para responder oportunamente a eventos de afectación masiva a la fauna marina, los que se espera pueden ocurrir por eventos de contaminación por hidrocarburos y por colisiones con embarcaciones; y
2.8. finalmente, la línea de base fue realizada hace diez años, por lo que se desconoce cuál es el estado actual del ecosistema, así como la naturaleza y magnitud de los impactos que se podrían llegar a generar en la actualidad. Muchas de las metodologías de evaluación de impacto, como los método de mitigación, reparación y compensación propuestos, se encuentran obsoletas.
(3)
Pese a todos estos antecedentes científico-técnicos que demuestran la poca rigurosidad con que se evaluó el proyecto Dominga, Andes Iron SpA se encuentra tranquilo, dado el arduo apoyo dado al proyecto por algunos medios de comunicación y figuras políticas como el alcalde de la comuna de La Higuera, Yerko Galleguillos, quien la mañana del 6 de enero cuando entregaba una carta al Ministerio de Hacienda solicitando ayuda para la ratificación del proyecto, señaló: «Confiamos en que el Gobierno cumplirá su promesa de escuchar a las comunidades y respetar las identidades y tradiciones de los territorios»; pasando así por alto la identidad y tradición de quienes actualmente viven en la zona costera de la comuna, y cuya economía se sustenta en el turismo y la pesca (además de que actualmente no se ha logrado descartar afectación para la salud de la población de La Higuera y su medioambiente).
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Esperamos que las autoridades encargadas de tomar esta decisión no cedan a las presiones políticas y económicas provenientes de un proyecto cuyas irregularidades en su proceso de aprobación, tanto desde un punto de vista técnico-científico como aquellas ligadas directamente con casos de corrupción [ver «Pandora Papers: Familias Piñera y Délano sellaron millonaria compraventa de Minera Dominga en Islas Vírgenes Británicas» en CIPER 03.10.2021] han dejado en ridículo la institucionalidad del país. Recuperar la legitimidad de los conductos públicos, hacer cumplir la ley y proteger el futuro de Chile demandan el rechazo de un proyecto como este.
Columna publicada en Ciper– 17/01/2023
