Chile ratificó en 1994 el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), que tiene como objetivo principal la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica. Al año 2010, las partes en el convenio aprobaron el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica, incluyendo las veinte Metas de Aichi para la Biodiversidad para el período 2011-2020.
Los objetivos de este plan eran abordar las causas de la pérdida de la biodiversidad incorporándola en todos los ámbitos gubernamentales y de la sociedad, reducir las presiones directas sobre la biodiversidad y promover el uso sostenible, mejorar la situación de la diversidad biológica protegiendo los ecosistemas, las especies y la diversidad genética, aumentar los beneficios de la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas para todos y mejorar la aplicación a través de planificación participativa, gestión de conocimientos y creación de capacidad.
Entre las Metas de Aichi se encuentra, por ejemplo, la eliminación de subsidios perjudiciales y la implementación de incentivos para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad, reducir a cerca de cero la pérdida, degradación y fragmentación de los hábitats naturales, y conservar un 17% de los ecosistemas terrestres y aguas continentales y un 10% de las zonas marinas y costeras, restaurar y proteger ecosistemas que proveen agua y contribuyen a la salud, bienestar y medios de vida, considerando especialmente mujeres, comunidades indígenas y locales, pobres y vulnerables, restaurar al menos un 15% de las tierras degradadas y respetar los conocimientos, las innovaciones y las prácticas tradicionales de las comunidades indígenas y locales pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de la biodiversidad y los usos tradicionales.
El fracaso del cumplimiento de los objetivos del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica queda de manifiesto en Sexto Informe Nacional de Biodiversidad de Chile. En este informe se reconoce que la pérdida, degradación y fragmentación de los ecosistemas sigue siendo la principal amenaza para la biodiversidad, y que el cambio de uso de suelo, impulsado por la industria agrícola y forestal y la urbanización, es uno de los principales factores causantes del deterioro y pérdida de ecosistemas terrestres del país. Además, reconoce que la minería afecta ecosistemas frágiles por la extracción de aguas subterráneas, la contaminación de los acuíferos, las faenas abandonadas, paralizadas y sus residuos, incluyendo los relaves, que representan un riesgo para la vida y salud de las personas y los ecosistemas.
Identificadas las principales causas de la pérdida de ecosistemas naturales, se esperaría que se tomaran medidas urgentes para limitar el cambio de uso de suelo, proteger ecosistemas amenazados, restringir la afectación de ecosistemas frágiles y limitar la urbanización, al mismo tiempo que se promoviera la restauración ecológica de ecosistemas que proveen agua, salud, bienestar y medios de vida. A pesar de la urgencia ecológica y social que nos apremia, se continúa priorizando la visión economicista por encima del cuidado de la naturaleza y de las personas, como se refleja en el Plan Nacional de Restauración de Paisajes (2020-2030) sometido a consulta pública hasta el 14 de Febrero 2020 y en el Proyecto de Ley que crea el Ministerio de Agricultura, Alimentos y Desarrollo Rural, que busca convertir al país en una potencia agroalimentaria, pesquera, acuícola y forestal, cuando la industria agrícola y forestal son responsables de un 96% del consumo de agua a nivel nacional, y los ecosistemas naturales, las personas más desposeídas, los campesinos y los crianceros sufren las consecuencias.
Aunque Chile no ha cumplido con su compromiso internacional, el Convenio sobre la Diversidad Biológica, el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica y las Metas de Aichi se mantienen como un referente para que las políticas públicas se orienten a la sostenibilidad.
