Hoy en la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Valparaíso se realizó la primera jornada de los alegatos por los Recursos de Protección que diversas organizaciones y personas naturales presentaron producto de los episodios críticos de contaminación que el año pasado se vivieron en la zona de Concón, Quintero y Puchuncaví.
En total fueron 12 acciones que fueron acumuladas en una sola causa, dando lugar una doble jornada de tribunales en la que se espera que aleguen al menos 26 abogados representantes de las diversas partes.
Durante la jornada de hoy, se escucharon 8 alegatos por parte de los demandantes, entre ellos los de la Defensoría Ambiental, Clínica de Derecho Ambiental UDP, Defensora de la Infancia y ONG FIMA, mientras que para el mañana, jueves 7 de febrero, se espera el alegato que faltó de los recurrentes y todos los de la contraparte.
Recurso presentado por ONG FIMA
Representados por ONG FIMA, 8 organizaciones hacen un detallado recuento de la serie de eventos e irregularidades que se han sucedido en la zona producto de la inacción del presidente de la República, el Ministerio de Medio Ambiente y el Servicio de Evaluación Ambiental al omitir la dictación de planes y normas de emisión, además de la no realización de las fiscalizaciones adecuadas respecto de la zona de las comunas de Puchuncaví y Quintero.
Los demandantes son las ONG: FIMA, Ecosistemas, Instituto de Ecología Política (IEP), Oceana, CODEFF, Fundación Terram, Greenpeace y Chile Sustentable.
En el recurso se indican múltiples ilegalidades cometidas por el Ministerio de Medio Ambiente, entre las que destaca la excesiva dilación del plan de Prevención y Descontaminación de la zona, el cual comenzó su revisión el año 2011 a consecuencia de la intoxicación sufrida por alumnos de la Escuela La Greda y fue presentado a Contraloría recién el 2017. Además, señalan que dicho plan es insuficiente frente a contaminantes altamente perniciosos.
Otro punto que abarca el escrito, es la omisión por parte del SEA en su labor de actualizar las Resoluciones de Calificación Ambiental de los proyectos ubicados en la zona ni el cumplimiento de normas de emisión y calidad, como tampoco la elaboración de éstas, de forma de prevenir las consecuencias que trae la falta de estas labores en la población y en el medio ambiente.
Se solicita a la Corte que ordene la realización de las acciones de actualización de RCA, la dictación de normas de calidad para diversos contaminantes y la creación de una oficina especial que se dedique a la descontaminación de la zona, debidamente financiada por el Estado para llevar a cabo las soluciones necesarias. Las organizaciones pretenden que además el cumplimiento de las acciones de descontaminación sea seguido por una mesa constituida por todas las partes, pero donde sea el Poder Judicial el que vele porque efectivamente se lleven a cabo las acciones de descontaminación.
