A una semana de terminada la séptima reunión de negociación del acuerdo regional para la mejor implementación del Principio 10, la representante electa del público, Andrea Sanhueza y nuestra Directora de Proyectos, Gabriela Burdiles, hacen un balance de lo ganado y lo retrocedido en esta ronda. En esta oportunidad, el encuentro tuvo lugar en Buenos Aires y se negociaron los artículos 6 y 7 sobre acceso a la información pública y el artículo 8 sobre participación pública. Siendo el 7, el más complejo de negociar y donde la sensación de retroceso invadió durante algunas jornadas a los representantes del público. Así, en la carta leída el penúltimo día de negociación, Andrea Sanhueza sañalaba lo siguiente: “(…) El texto sobre acceso a la información es regresivo y por consiguiente inaceptable para el público. Nos parece necesario que se evalúe el grado de regresividad del texto hasta ahora negociado. La dirección de la negociación no puede seguir en esta línea. Queremos explicitar nuestras mínimas exigencias para participación y justicia. En participación, el texto debe GARANTIZAR el derecho a participar, pero todavía vemos países que proponen verbos como facilitar, promover y alentar. Queremos recalcar que estamos frente a un instrumento con enfoque de derechos, que los Estados tienen la obligación de garantizar. La participación debe ser temprana para efectivamente incidir en la toma de decisiones ambientales. Vemos que varios gobiernos quieren diluir el texto y no quieren hablar ni de participación temprana o de incidencia. La participación tardía, frente a hechos consumados, no es participación. Sobre el derecho al acceso a la justicia, lo fundamental es la amplia legitimación activa, que le permite a cualquier persona u organización acceder a la justicia para proteger el medio ambiente. Además, es indispensable contar con mecanismos expeditos y oportunos que permitan evitar el daño ambiental. Asimismo, el texto debe recoger plenas garantías para los defensores ambientales. Hemos llegado a un punto de inflexión. Para seguir adelante demandamos una negociación de buena fe. La buena fe implica la creación de estándares regionales que mejoren la realidad actual. Nos parece que aquellos países que no están preparados a construir estándares regionales robustos le despejen el camino a los países que sí tienen un compromiso real con el desarrollo sostenible y con la gente. Ya es hora de definir el carácter vinculante del acuerdo. El público no está dispuesto a ocupar estas sillas observando cómo se rebajan estándares y recortan derechos. Si estamos dispuestos a seguir trabajando con propuestas progresivas que recuperen la visión que inspiró esta iniciativa”. Por otra parte, la representante del público señaló que respecto de los resultados de la negociación del artículo 8 el balance es más alentador: “Entre algunos de los aspectos positivos están el que se garantiza la participación del público, no sólo para los proyectos que ingresan al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, sino también cuando estos proyectos someten a evaluación sus revisiones, reexaminaciones y/o actualizaciones. En segundo lugar, se asegura la participación en los procesos de autorizaciones ambientales (como el SEIA) que tengan o puedan tener un significativo impacto sobre el impacto en el medio ambiente y la salud de las personas. Es un avance significativo que se vinculen los impactos en el medio ambiente con los de la salud de las personas, ya que sabemos por ejemplo como la contaminación del aire y agua producto de actividades repercute directamente en la salud de las personas. En tercer lugar, se establece que el lenguaje que se utilice para informar a la ciudadanía sobre las características de los proyectos, tales como ubicación y tecnología, además de sus impactos, debe ser siempre comunicado de forma comprensible y no técnica. En cuarto lugar, los medios para informar a la ciudadanía en general y a los directamente afectados deben ser culturalmente adecuados. En quinto lugar, se establece la obligación de comunicar al público prontamente la decisión adoptada, informando sobre los motivos que la sustenta, incluyendo la consideración de las observaciones planteadas por el público. El aspecto donde no se logró una provisión sólida es aquella que se refiere a cuándo debe ocurrir la participación. Desde el público aspirábamos a que la provisión estableciera que “la participación se iniciará en etapas tempranas cuando todas las opciones estén abiertas de manera que la misma sea debidamente considerada”. Finalmente se acordó un párrafo que habla de una participación inicial, y se estableció que en la sección de definiciones del Convenio se incluirá una definición de “participación inicial” que hará referencia al momento de cuando “todas las opciones están abiertas’.” Otro factor a destacar, es la mención a la importancia de generar mecanismos para resguardar la seguridad de los defensores ambientales. Respecto a este punto, Gabriela Burdiles agrega: “Se incorporó un nuevo texto del artículo 9 bis sobre Protección de Defensores Ambientales. Este agregado fue propuesto por la delegación de Costa Rica, representada por la Vice Ministra de Medio Ambiente, sra. Patricia Madrigal, con apoyo de las organizaciones del público. En él se propone una definición de estos individuos y grupos que trabajan en la defensa del ambiente y los derechos humanos. Luego establece un deber de prevención, protección e investigación de cualquier amenaza o ataques en contra de estos grupos. Finalmente, establece un grupo de trabajo ad-hoc en el marco de este acuerdo que se dedique a abordar este tema. Los gobiernos aceptaron la incorporación del artículo propuesto al texto compilado de Cepal, para discutirlo en la próxima ronda de negociación en noviembre de este año”. Así, la invitación es a seguir atentamente esta negociación que debiera culminar este año. Si se logra un convenio sólido y ambicioso, éste tendrá un beneficio directo en la vida de las personas que habitamos América Latina y el Caribe.]]>
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- Por Comunicaciones FIMA