Certeza y modificaciones a la regulación ambiental

[caption id="attachment_6084" align="alignleft" width="300"] Ezio Costa Cordella
Abogado
Director Ejecutivo de FIMA[/caption] Columna publicada el 04.08.17 en El Mostrador En diversas publicaciones y alocuciones recientes, los gremios empresariales y especialmente la SOFOFA, han ingresado a la arena de las políticas públicas pidiendo básicamente dos cosas: simplificación regulatoria y modificaciones al sistema de evaluación ambiental. Ninguna de las peticiones han sido suficientemente detalladas, pero a simple vista hay algunas observaciones que debiéramos hacer. Respecto de la simplificación regulatoria, si ella se da en el marco de un proceso de mejora como el que viene hace años empujando la OCDE, pareciera una iniciativa muy loable. Finalmente, lo que se busca es que la regulación sea creada de manera razonable, con objetivos, costos y beneficios claros y con participación ciudadana. Además, la mejora regulatoria busca que la regulación existente sea simple y comprensible para los ciudadanos, lo que significaría que, por ejemplo, cualquier persona pueda leer de corrido y entender una circular del Servicio de Impuestos Internos o una notificación judicial; cuestiones que hoy en día utilizan un lenguaje técnico incomprensible para la mayoría de los ciudadanos y que obscurecen nuestra relación con las instituciones públicas. Esa misma simplificación le sirve, por supuesto, a las empresas, que en la medida en que tengan que atenerse a regulaciones más claras, deben incurrir en menores costos de comprensión y de cumplimiento. Lo que la simplificación regulatoria no significa ni puede significar, es desregulación o baja en los estándares de protección de derechos. Lo que la regulación hace en los mercados, es intentar balancear la libertad económica y el uso de la propiedad con los objetivos de política pública. Esos objetivos pueden ser técnicos o políticos, pero necesariamente debieran estar ligados a la manifestación de la voluntad popular y por lo tanto el espacio en que la democracia se hace presente. A veces, la regulación los balancea simplemente corrigiendo fallas de mercado y confiando en que este mismo maximice el bienestar. En otras ocasiones, la regulación actúa alterando de alguna manera un mercado para proteger otros intereses de la política pública, como la protección de personas en posiciones de desventaja. Sin embargo, en el contexto actual, es especialmente preocupante el hecho de que se vincule la simplificación regulatoria a una posible reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). La primera preocupación arranca de la experiencia, normalmente cuando se habla de modificar el SEIA, en realidad se está hablando de bajar estándares. La segunda preocupación es la fuente que se pretende usar para esta modificación. En 2016, el gobierno formó una comisión asesora presidencial para proponer modificaciones al SEIA y esta, en su inmensa mayoría, estaba conformada por personas cercanas a los titulares de proyectos, existiendo una pequeña representación académica y de la sociedad civil, parte de la cual renunció a mitad de camino alertada precisamente por este desbalance. El informe de dicha comisión deja claro que el espíritu modificatorio que se tiene en mente, se basa en bajar exigencias y con ello disminuir plazos. Bajo el discurso de la certeza, se pretende traspasar riesgos e incertidumbres a los ciudadanos, a pesar de que estos tienen poco o nada que ganar en estos procesos. En paralelo, una comisión de Organizaciones de la Sociedad Civil, parlamentarios y los sindicatos de funcionarios de la institucionalidad ambiental (estos últimos, quienes en realidad evalúan los proyectos), elaboró otro informe con propuestas de mejoras al SEIA, para dotarlo efectivamente de capacidad de protección del medio ambiente y otorgar mayores certezas a todos los involucrados y no solo a los titulares de proyectos. El informe (disponible aquí), plantea reformas mucho más relevantes, como es la despolitización del SEIA, la autonomía de los organismos de evaluación, la necesaria participación de las municipalidades y la creación de un ordenamiento territorial vinculante. La certeza jurídica en materia ambiental, se lograría si se mejoraran los estándares y respetaran las normas. Si pudiéramos estar seguros de que no se va a autorizar un proyecto que afecte una reserva o un parque nacional, o que tenga la potencialidad de afectar a una especie en peligro de extinción, o que ponga una carga ambiental desmedida sobre una comunidad. La certeza debiera estar en que al presentar un proyecto como los antes descritos, ciertamente no sería aprobado. Entonces, ningún titular tendría que gastar su tiempo y dinero en presentar algo así. Mientras tanto, las personas y comunidades podrían tener la certeza de que sus vidas no se verán fuertemente alteradas por voluntades externas sobre las que no tienen ningún control. En definitiva, si realmente se planteará una reforma al SEIA, el gobierno debe cuidar la certeza de todos los ciudadanos y no sólo de aquellos ciudadanos que presentan proyectos al sistema. Simplificar la regulación para darnos la seguridad de que podremos desarrollarnos en un medio ambiente sano y vivir una vida digna.]]>