El fallo otorga nuevas esperanzas para la protección del Santuario de la Naturaleza Achibueno y entrega un mayor nivel de certeza al acceso a la justicia, al establecer los plazos para tramitar las solicitudes de invalidación de los proyectos a los que la administración debe acogerse. Santiago, 27 de julio 2017. El máximo tribunal del país dictó sentencia a favor de la ONG FIMA respecto a una solicitud de invalidación presentada por dicha organización, en contra de la Resolución de Calificación Ambiental del proyecto «Central Hidroeléctrica Achibueno». Con esto, el Servicio de Evaluación Ambiental se ve obligado a abrir el procedimiento de invalidación y pronunciarse sobre el fondo de la solicitud, la que apunta a corregir los vicios en que incurrió la administración al aprobar el proyecto. El fallo además de conceder una nueva oportunidad para la defensa del Santuario de la Naturaleza Cajón del Río Achibueno, en el que se pretenden instalar dos centrales de pasada; significa un importante cambio para la jurisprudencia ambiental y el acceso a la justicia por parte de la ciudadanía. “Lo que la Corte Suprema señala es que la invalidación solicitada por un interesado que no haya participado de la evaluación ambiental de un proyecto, obliga a la administración a tramitar siempre el procedimiento administrativo respectivo en la medida que haya sido interpuesta dentro de los dos años siguientes a la dictación de la RCA”, explica Diego Lillo, Coordinador de Litigios de ONG FIMA. Para el abogado, esto es muy importante porque ordena y asienta una jurisprudencia que permite de forma efectiva compatibilizar las distintas acciones existentes en la Ley de Tribunales Ambientales. “Estamos felices, porque por un lado, vemos más posibilidades de que este proyecto que desde el principio ha estado mal planteado y peor evaluado no se haga; y por otra porque se está asegurando un mayor nivel de certeza frente a la justicia para la ciudadanía”, sentenció Lillo. El proyecto El Proyecto Hidroeléctrico Achibueno, calificado favorablemente por la Comisión Regional del Medio Ambiente en Enero de 2011, consiste en la construcción y operación de dos centrales hidroeléctricas de pasada en serie, con una potencia total instalada de 135 MW, y una línea eléctrica de 66 kv. Para los opositores, ya desde su evaluación se manifestaron vicios al no ser debidamente consideradas las observaciones ciudadanas. Además, su aprobación se realizó pese a que existían claros informes entregados por la Dirección General de Aguas (DGA) y el Ministerio del Medio Ambiente, indicando que existían importantes inconsistencias en el proyecto, como la falta de caudal ecológico y el encontrarse al interior de una zona protegida como es un parque nacional. Ver fallos:
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