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Ezio Costa Cordella
Abogado
Director Ejecutivo de FIMA[/caption]
La OCDE entregó a Chile el resultado de su Evaluación de Desempeño Ambiental 2005-2016. Ejercicio en el que la organización evaluó al país contrastando las “mejores prácticas” con las políticas públicas ambientales nacionales.
La relevancia del informe se manifiesta desde dos perspectivas. Primero, nos da una mirada externa a los problemas sobre los cuales tanto discutimos y con ello nos ayuda a ponerlos en su adecuada dimensión. Segundo, este documento seguramente servirá en la práctica –así lo declaró el ministro Badenier en el lanzamiento- como carta de navegación para el mejoramiento de las políticas ambientales nacionales.
Resulta importante, entonces, relevar el lugar que la Justicia Ambiental debiera tener en esta fase que se emprende, y que además coincide afortunadamente con un proceso de modificación constitucional que en sus primeros resultados mostró contundentemente que el medio ambiente es uno de los principios, derechos y deberes que tiene mayor relevancia para la ciudadanía.
La Justicia Ambiental en términos distributivos, es recogida por la OCDE tanto en lo que se refiere a los beneficios del medio ambiente, como a las cargas ambientales. Así, por ejemplo, el organismo observa que nuestra repartición del agua no permite asegurar que todos accedamos a ella –vulnerando el derecho humano al agua- y que no se ha hecho suficiente por propender a la innovación y la capacitación de personas en aras de una economía más “verde”. Esto último puede parecer más complejo, pero es muy relevante. Nuestra economía dependiente de los recursos naturales unida al sistema de propiedad chileno, son causa fundamental de las desigualdades y por lo tanto una modificación en nuestra matriz de desarrollo podría resultar trascendental. Desde el punto de vista de las cargas ambientales, probablemente lo más importante que remarca la OCDE es la deficiencia que a la fecha tenemos en términos de adaptación al cambio climático. Sumarle a nuestra alta vulnerabilidad país, el hecho de que probablemente los que resulten más afectados por este fenómeno sean quienes menos han contribuido a él –personas en situaciones personales y económicas más vulnerables- hace imperativo poner el foco en que esas personas puedan adaptar sus vidas y economías.
La distribución en materia ambiental tiene además una perspectiva intergeneracional y en ese sentido, varias de las recomendaciones de la OCDE apuntan a honrar el deber ético de conservar el planeta en un estado, que si no es mejor que como lo encontramos, al menos sea funcionalmente adecuado para las generaciones que vendrán. Chile falla aquí, en su poco ambicioso compromiso de mitigación en el cambio climático, la falta de conocimiento suficiente y normativa de fondo en materia de biodiversidad y la escasa protección que la regulación de aguas le da al ciclo del agua, estando esta principalmente enfocada en su uso productivo y en el derecho de los usuarios, en desmedro de los caracteres de bien público del recurso. Esta mirada de largo plazo es sin dudas la más difícil, pero también la que de mejor manera pone a prueba el carácter cooperativo de nuestra especie y por lo tanto, la más urgente.
En tercer lugar, podemos analizar el Informe en términos de acceso a la justicia, donde ya no nos referimos a ella en términos de distribución, sino de retribución y por lo tanto a la posibilidad de una persona, un grupo de personas o del Estado, de detener un daño ambiental. En esta materia no hay dudas del avance de Chile en la última década y la creación de los Tribunales Ambientales y la Superintendencia de Medio Ambiente son la muestra fehaciente de ello. Ello no obsta que existan desafíos en esta materia, los que pasan por cuestiones tanto sustantivas como materiales. En el primer grupo, la creación de delitos penales ambientales es una de las recomendaciones de la OCDE. En el segundo, observa la organización que el financiamiento que se ha dado a la Superintendencia de Medio Ambiente dista de ser suficiente, lo cual queda de manifiesto en la incapacidad que ha tenido ese organismo de fiscalizar adecuadamente la gran cantidad de denuncias que recibe.
Este informe de la OCDE marca el que probablemente sea un nuevo comienzo en la discusión de políticas públicas ambientales. Así como en otras áreas, es fundamental que en materia ambiental la discusión esté cruzada y dirigida por una lógica de justicia, que nos permita desde este espacio irremediablemente común al que llamamos medio ambiente, construir otros en los que el reconocimiento del otro como un igual en dignidad y derechos nos conduzca no sólo a crecer, sino también a desarrollarnos.
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