El pasado 4 de junio fueron presentados los resultados para Chile del Environmental Democracy Index (Índice de Democracia Ambiental), el cual evaluó el progreso de 70 países en la promulgación de leyes que promuevan la democracia ambiental.
El trabajo realizado por FIMA – y elaborado por primera vez el año 2014 – se divide en tres pilares: acceso a la información, a la participación, y a la justicia; y su medición compuesta por dos conjuntos de indicaciones: 76 en carácter de norma, y 24 en índices de práctica.
La presentación del Índice de Democracia Ambiental contó con las exposiciones de Giorgio Jackson, Diputado por Santiago Centro; Gabriela Burdiles, Directora de Proyectos de la Corporación Fiscalía del Medio Ambiente (FIMA); Luis Cordero Vega, Doctor en Derecho; y Andrés Pavón, Jefe de la Unidad Normativa del Consejo para la Transparencia.
Gabriela Burdiles, quien además se desempeña como Directora de Proyectos de FIMA y académica de la Clínica de Justicia Ambiental UDP, explicó que el objetivo de este Índice es medir la calidad de las leyes y reglas relacionadas a proteger los derechos de acceso a la información, transparencia y participación pública en la toma de decisiones en materia ambiental.
Señaló que Chile se ubica en la 23° posición del ranking – el cual es liderado por países como Lituania, Rusia, Sudáfrica y Estados Unidos – y que a nivel latinoamericano se ubica en el noveno lugar.
En este contexto, el Diputado Giorgio Jackson precisó que “el cómo ser vinculantes y generar procesos donde uno sepa que aporte hace y que peso tiene su decisión, es fundamental para que la gente se involucre en los procesos de participación. Cuando uno no tiene la claridad de nuestra voz influye en las decisiones finales, el concepto de participación pierde relevancia”.
En tanto, el abogado Luis Cordero señaló que los datos que recoge Chile son bajo el contexto de implementación de reformas normativas que impactan directamente en aquellos factores que están vinculados al índice. Puntualizó que “no tenemos en el Estado un régimen de fondos públicos o de financiamiento destinado a poder llevar a cabo litigios, por lo que existe una brecha que de no cubrir los indicadores seguirán arrojando malos resultados”.
]]>
