Gobiernos de 18 países de América Latina y El Caribe se reunieron en San José de Costa Rica los días 10 y 11 de septiembre para avanzar hacia un instrumento que asegure a la ciudadanía acceder a información de interés público, participar en las decisiones de desarrollo, y tener acceso a la justicia en materia ambiental.
En la cita, se acordaron las bases y los estándares mínimos sobre los derechos de acceso a la información, la participación y la justicia en asuntos ambientales que los Gobiernos deberán cumplir en un convenio vinculante que se espera sea firmado por todos los países asistentes.En representación de FIMA, asistió Gabriela Burdiles, Directora de Proyectos de nuestra organización: «Desde que se inició este proceso Fima ha sido parte como miembro de la sociedad civil, por lo que para nosotros era muy importante poder estar presentes y entregar nuestros aportes para el documento. En ese sentido, estamos contentos con el trabajo realizado, pero nos hubiese gustado poder concretar los contenidos del convenio vinculante que se firmará en noviembre, sin embargo algunos países todavía necesitan discutir con sus especialistas antes de aprobar el documento final».
Entre los asistentes a la reunión, estuvieron representantes de:- Fundación Ambiente y Recursos Naturales. Argentina
- Artículo 19.Brasil
- Asociación Ambiente y Sociedad. Colombia
- Centro de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales (Cedarena) Costa Rica
- Fiscalía del Medio Ambiente. Chile
- Centro Ecuatoriano de Derecho Ambiental. Ecuador
- Unidad Ecológica Salvadoreña. El Salvador
- Instituto de Honduras de Derecho Ambiental. Honduras
- Cultura Ecológica. México
- Comunicación y Educación. México
- Centro Mexicano de Derecho Ambiental. México
- Centro de Incidencia Ambiental. Panamá
- Andrea Sanhueza. Miembro individual. Chile.
Origen de la iniciativa
La iniciativa surge debido a la falta de respeto por el medio ambiente y que ha desencadenado el aumento significativo en los conflictos socio-ambientales en los países de la región, lo cual amenaza la gobernabilidad democrática y la paz social, además de la pérdida y deterioro de los recursos naturales de la región.
Frente al aumento del nivel de conflictividad y a la necesidad de avanzar hacia un desarrollo sostenible debido a la crisis ambiental de la región, resulta necesario contar con un tratado internacional con obligaciones claras y robustas, fundado sobre los siguientes elementos claves:- Sin la garantía del derecho a la vida, a vivir en un medio ambiente sano, al agua y la salud no habrá desarrollo sostenible posible.
- Los derechos de acceso (los tres pilares del Principio 10) son esenciales para la democracia. El desarrollo sostenible no es un proceso vertical de toma de decisiones, sino que exige la participación informada de la sociedad para lograr una ciudadanía activa y comprometida con el desarrollo.
- El instrumento sobre el Principio 10 debe establecer estándares mínimos que los Estados deban cumplir para fortalecer progresivamente cada uno de los derechos de acceso, así como mecanismos efectivos que aseguren su cumplimiento.
