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Ante el inminente término del plazo legal de evaluación de 120 días del Proyecto Hidroeléctrico Aysén (HidroAysén), el próximo lunes 4 de enero, el Consejo de Defensa de la Patagonia en representación de las cerca de 60 organizaciones regionales, nacionales e internacionales que lo integran, expresa a la opinión pública lo siguiente:
- Es de alta gravedad que la institucionalidad ambiental se encuentre prácticamente acorralada por los plazos en la evaluación de un proyecto de tal envergadura, el más grande presentado ante el sistema, que además según lo informado por múltiples órganos con competencia ambiental es técnica y ambientalmente inviable.
- Vemos con preocupación que la salida que el Gobierno está manejando es extender el plazo de evaluación y enviar un nuevo Informe Consolidado de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones y Ampliaciones (Icsara) a la empresa, con lo cual se estaría desligando de la responsabilidad de decidir sobre esta controvertida iniciativa, que ha quedado demostrado que no cumple con la legislación ambiental y que es inviable en un territorio de la calidad ambiental de excepción y pristinidad como lo es la Patagonia.
- Una decisión de esta naturaleza será denunciada por las organizaciones del CDP ante la ciudadanía como una acción que demostraría que el Gobierno de Michelle Bachelet no está dispuesto a asumir la alta responsabilidad de legar a los chilenos y al mundo un territorio de alto valor ambiental y cultural, pasando a la historia como la Presidenta que sentó las bases para la destrucción de la Patagonia a una escala nunca antes vista, hipotecando así un Patrimonio Natural de la Humanidad.
- Hacemos un llamado a los actuales candidatos a la Presidencia de Chile, Eduardo Frei y Sebastián Piñera, a dar potentes señales de que en sus Gobiernos se cumplirá la legalidad vigente, en este caso la administrativa y ambiental, que en el actual proceso de tramitación de HidroAysén no se ha respetado, según lo demuestran las múltiples investigaciones que se llevan adelante tanto en los tribunales de justicia como en la Contraloría General de la República y en la Cámara de Diputados. Estamos convencidos que en la actual situación electoral un mensaje de esta naturaleza demostraría la voluntad de los futuros dirigentes del país de gobernar con apego a la institucionalidad, así como con respeto a los derechos ciudadanos y a las expectativas de transparencia de los chilenos y chilenas, lo que podría incidir de manera significativa en el resultado del la elección del 17 de enero.
- HidroAysén además de no cumplir con la legislación ambiental vigente y no estar siendo tramitado con apego a los procedimientos administrativos que corresponden, no tiene hoy la legitimidad que requiere una iniciativa de esta envergadura a la luz de que más de un 51 % de los chilenos y chilenas rechaza las represas en la Patagonia según estudios independientes. La ciudadanía rechaza HidroAysén porque sabe que este proyecto es innecesario en términos energéticos, y que su implementación bloquearía al menos por 10 años el despliegue de las energías renovables no-convencionales, que el país posee en abundancia.
- Las
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- Hoy la única decisión técnica y legal que corresponde es que se elabore el Informe Consolidado de Evaluación (ICE) y que la Comisión Regional del Medio Ambiente de Aysén rechace este proyecto en consideración a las críticas técnicas que los órganos con competencia ambiental han expresado con fuerza y claridad durante todo el proceso de evaluación, lo cual no ha sido tenido en cuenta por las instancias de decisión.
